Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132346
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art.289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de Mar del Plata rechazó íntegramente la acción por consignación de la liquidación final, certificación de servicios y de trabajo promovida por el señor Esteban Cristian Ladanaj contra el señor Santiago José Palma. Por otra parte, hizo lugar parcialmente a la demanda entablada por el señor Palma en concepto de indemnización por despido y otros rubros de linaje laboral. Finalmente, la desestimó en cuanto perseguía diferencia de haberes, las multas y sanciones que especificó (v. pronunciamiento de fecha 25-III-2024).
Para así decidir, en lo que interesa por ser materia de agravio, juzgó no acreditada la existencia de comisiones o pagos sin registrar.
II. Contra dicha decisión, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de fecha 18-IV-2024), el que fue concedido por el tribunal de grado (v. resol. de fecha 22-IV-2024).
En su presentación relata los antecedentes de la causa. Cita las normas y la doctrina que considera vulneradas. Alega absurdo en la valoración de la prueba. Menciona las garantías constitucionales que aduce conculcadas. En sustancia, cuestiona que el sentenciante consideró no comprobadas la comisiones y pagos sin registrar que denunció haber recibido del empleador.
III. El recurso no prospera.
II.1. Liminarmente, se impone observar que -en el caso- el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria por conducto del remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley -representado por los rubros reclamados en la demanda que no prosperaron y que son materia de agravio- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, razón por la cual, la admisibilidad de la impugnación en examen sólo puede justificarse en el estrecho marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 -aplicable a la fecha de la interposición del recurso extraordinario- (causas L. 128.869, "García", resol. de 5-XII-2022; L. 129.894, "Montiel", resol. de 12-X-2023 y L. 131.106, "Flores", resol. de 6-III-2024).
III.2. Sentado lo anterior, cabe precisar que luce infructuoso el planteo de inconstitucionalidad del art.280 del Código Procesal Civil y Comercial, rectius : 278, en tanto esta Suprema Corte tiene dicho, en forma reiterada, que las limitaciones establecidas por las normas procesales en cuanto al valor del litigio para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales, desde que el art.161 apartado 3 inc. "a" de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece que el conocimiento y resolución del indicado remedio procesal compete a este Tribunal con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan (causas L. 125.004, "Fernández", resol. de 13-X-2020; L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020 y L. 131.510, "Ramos", resol. de 29-VII-2024).
III.3. Ahora bien, y a propósito de los argumentos desplegados por el interesado, cabe destacar que el tenor del planteo ensayado no permite considerar involucrada -de manera directa e inmediata- una cuestión de naturaleza federal que autorice el conocimiento del recurso sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la CSJN in re "Strada" (Fallos: 308: 490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478; causas L. 125.836, "Espinoza", resol. de 6-XI-2020; L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020 y L. 127.681, "Maluendez", resol. de 10-II-2022).
III.3. En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.416, "Tévez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020; L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020 y L. 130.899, "Montenegro", resol. de 26-II-2024).
En este marco, no se advierte configurado, en la especie, el supuesto habilitante previsto en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 -aplicable a la fecha de interposición del recurso extraordinario- desde que, mediante la denuncia de violación de doctrina legal, se intenta ingresar a consideración de esta Suprema Corte agravios relacionados a cuestiones cuya definición es privativa del sentenciante de grado y relativos a la valoración de los hechos y las pruebas, así como al supuesto absurdo en que habría incurrido el tribunal de trabajo al meritar las circunstancias probatorias de la litis (causas L. 120.677, "Merlo", resol. de 27-IX-2017, L. 124.122, "Barrionuevo", resol. de 16-VI-2020 y L. 125.830, "Galaschi", resol. de 12-IV-2021), asuntos detraídos de la revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto antes citado.
Por lo demás, la doctrina legal citada por el impugnante ha sido elaborada sobre la base de presupuestos disímiles a los que se verifican en la causa bajo juzgamiento (causas L. 119.933, "Botto", sent. de 27-VI-2018; L. 121.303, "Vargas", sent. de 12-II-2020; L. 121.841, "Sanchioni", sent. de 21-IV-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art.289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/12/2024 15:55:30 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/12/2024 18:45:08 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/12/2024 23:57:43 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/12/2024 07:24:59 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/12/2024 08:50:56 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 30/12/2024 12:00:03 hs. bajo el número RR-1628-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia