Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131858
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de nulidad, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos, y desestimar el de inaplicabilidad de ley en atención a que los cuestionamientos traídos no reúnen los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 298 y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en la ciudad de Tres Arroyos, hizo lugar parcialmente a la demanda incoada por el señor Alfredo Daniel Rodríguez y, en consecuencia, condenó a la empresa Tostex S.A., a pagar la suma que especificó en concepto de las indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de naturaleza laboral (v. pronunciamiento de fecha 21-XI-2023).
Para así decidir, en lo que resulta materia de agravio, juzgó que el actor pudo demostrar los motivos que invocó como causal de injuria para disolver el contrato de trabajo que lo unía con su empleador.
Asimismo, sostuvo que, habiéndose acreditado la falta de ingreso en debida forma de la totalidad de los importes retenidos del salario del trabajador a los organismos respectivos, correspondía admitir la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la ley 20.744.
II. Contra dicha decisión, la legitimada pasiva dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentaciones de 6-XII-2023 y 11-XII-2023, respectivamente), los que fueron concedidos por el a quo (v. resol. de 12- XII-2023), habiéndose conferido vista al Procurador General (v. dictamen de 28-VII-2024).
III.1. En la vía extraordinaria de nulidad, y con denuncia de violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución local, la interesada alega, por un lado, que el sentenciante de grado incurrió en omisión de cuestiones que juzga esenciales para arribar a la correcta resolución del pleito y, por otro, denuncia ausencia absoluta de fundamentación legal del fallo atacado.
En primer término, sostiene, que la sentencia no exhibe la formulación de los interrogantes que eran menester plantear para dirimir adecuadamente la presente causa.
Seguidamente, objeta que el juzgador de grado soslayó valorar correctamente el intercambio telegráfico que se cursaron las partes en relación a las causales que fueron invocadas para extinguir el vínculo de trabajo.
Luego, afirma que el a quo no abordó el planteo oportunamente formulado vinculado con la transgresión del principio de invariabilidad de la causa de despido consagrado en el art. 243 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Finalmente, acusa que el pronunciamiento lesiona el art. 171 de la Carta local.
III.2. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no prospera.
III.3. En principio, corresponde recordar que el remedio extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. prov.; causas L. 121.026, "Autalan", resol. de 3-V-2018; L. 125.420, "Avit", resol. de 6-XI-2020; L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021 y L. 128.677, "Martín", resol. de 13-VII-2022).
III.4.a. En torno al primer agravio, corresponde señalar que tiene dicho esta Corte que, establecer en el fallo a dictarse el preguntario correspondiente para la correcta solución del litigio y las conclusiones que de los mismos deben deducirse, es facultad reservada a los jueces de la instancia ordinaria (causas L. 46.664, "Mendoza Manriquez", sent. de 10-IX-1991; L. 94.689, "Coronel", sent. de 22-XII-2008; L. 88.289, "Lara", sent. de 19-IX-2007 y L. 103.825, "Benítez", sent. de 18-IV-2011), y la eventual discrepancia de las partes con los interrogantes planteados, reviste materia ajena a la presente vía impugnativa.
No obstante ello, la simple lectura de la sentencia atacada da cuenta que la única cuestión a decidir planteada por el tribunal de grado resultó suficientes para dar cabal respuesta a las temáticas que conformaban el núcleo de la litis, lo cual sella la suerte adversa del presente cuestionamiento.
III.4.b. De igual modo, y en sentido opuesto a lo alegado por la interesada, no se advierte que el juzgador hubiera omitido el tratamiento de las cuestiones esenciales denunciadas en los términos del citado art. 168 de la Constitución provincial, pues la que se alega como preterida fue explícitamente tratada en el pronunciamiento de grado, en sentido adverso a la proposición de la recurrente.
En este sentido, es oportuno recordar que ha establecido esta Corte que es infundado el recurso extraordinario de nulidad si las cuestiones cuya preterición se invoca fueron abordadas en el fallo dictado, sin que importe, a los efectos del recurso, la mayor o menor extensión de los fundamentos expuestos o el acierto jurídico de la decisión, tema propio del de inaplicabilidad de ley (causas L. 86.849, "Montolivo", sent. de 3-IX-2008; L. 125.493, "Razquin", resol. de 30-XI-2020; L. 129.872, "Vespri", resol. de 27-II-2023 y L. 130.057, "Bettini", resol. de 20-IX-2024).
Por lo demás, las restantes argumentaciones y reproches que formula la interesada -vinculadas al análisis de la forma en que el juzgador abordó y resolvió el asunto sometido a su consideración en torno a las injurias invocadas como causal del distracto- contiene la imputación de un error de juzgamiento, y sabido es que los presuntos errores in iudicando son extraños al ámbito del recurso extraordinario de nulidad, siendo materia propia del de inaplicabilidad de ley (causas L. 120.774, "Mansilla", sent. de 4-IX-2019; L. 120.384, "Rocha", sent. de 19-II-2020; L. 120.924, "Cipolla", sent. de 6-X-2020 y L. 131.974, "Costagliola", resol. de 15-X-2024).
III.4.c. Del mismo modo, ha dicho este Tribunal que el agravio relacionado con la supuesta variabilidad de la causal del despido en violación al art. 243 de la Ley de Contrato de Trabajo- resulta ajeno al remedio intentado cuando -como en el caso- se fundan en la eventual imputación de un error de juzgamiento (causas L. 124.859, "González", resol. de 28-VIII-2020; L. 125.368, "Cañete", resol. de 9-XI-2021 y L. 120.418, "Buccetti", resol. de 29-VI-2022).
III.4.d. Finalmente, tampoco son atendibles los argumentos concernientes a la pretendida violación del referido art. 171 de la Constitución local citada, desde que dicho precepto sólo se infringe cuando el pronunciamiento carece de toda fundamentación jurídica, de suerte que aquél aparezca sin otro sustento válido que el mero arbitrio del juzgador (causas L. 123.633, "Miño", resol. de 30-XI-2020; L. 126.568, "Insaurralde", resol. de 21-X-2022 y L. 127.398, "Rizzo", resol. de 27-II-2023), hipótesis que no concurre en la especie.
IV.1 En el remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley, la compareciente denuncia el incumplimiento del deber de los jueces de motivar sus decisiones a lo largo de todo el pronunciamiento. Asimismo, alega absurdo y la transgresión de las normas y de la doctrina legal que identifica.
En esencia, la crítica se orienta a cuestionar la decisión del órgano judicial de grado de tener por acreditadas los motivos que invocó el actor al considerarse injuriado y despedido. En tal sentido, alega que el fallo incurrió en violación de la invariabilidad de la causa de distracto y del principio de conservación del contrato de trabajo.
Por consiguiente, cuestiona la procedencia del reclamo por diferencias salariales por el período comprendido entre los meses de junio 2019 a junio de 2021, convencida de que el sentenciante de origen realizó una absurda interpretación de la prueba rendida.
Por último, objeta el acogimiento de la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la ley 20.744.
IV.2. El recurso tampoco prospera.
IV.3. Liminarmente, es dable observar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria, representado por el capital de condena -proveniente de los importes que han sido liquidados en concepto de las indemnizaciones derivadas del despido, diferencias salariales y la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo-, no excede el importe mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141).
Si bien esta Corte ha sostenido reiteradamente que el embate dirigido a censurar aquella parcela del pronunciamiento que receptó la sanción del art. 132 bis de la ley citada, torna al litigio, a los fines del recurso, como de monto indeterminado, pues el importe de la penalidad establecida en la citada norma legal sería el equivalente a las remuneraciones que se devengaron mensualmente a favor del trabajador, con igual periodicidad a la del salario, hasta que el empleador acreditara de modo fehaciente el ingreso efectivo de los montos retenidos (causas L. 123.845, "Contreras", resol. de 11-III-2020; L. 123.846, "Rodríguez", sent. de 22-II-2021; L. 122.768, "Piangatelli", sent. de 7-III-2022; L. 123.153, "Páez", sent. de 27-II-2023 y L. 130.449, "Borda", resol. de 29-X-2024), el dato revelador, en el caso, para apartarse de dicho criterio es que el tribunal de grado cuantificó el importe de la referida sanción, circunscribiéndolo a un período que determinó con precisión (comprendido entre agosto de 2021 y febrero del año 2023), pues -sostuvo- al mes de marzo del 2023 la accionada no adeudaba importe alguno en concepto de aportes y contribuciones de ley (v. sent. pág. 8).
Por tal razón, el tratamiento del remedio procesal deducido sólo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 -aplicable a la fecha de interposición del recurso extraordinario- (causas L. 127.604, "Díaz", resol. 20-XII-2021; L. 129.902, "Leihner", resol. de 10-IV-2023 y L. 130.306, "Mangiapane", resol. de 21-VI-2023).
IV.4. Así, entonces, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020; L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020 y L. 130.284, "Silvero", resol. de 21-VI-2023).
También luce infructuoso el planteo de inconstitucionalidad del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, en tanto esta Suprema Corte tiene dicho, en forma reiterada, que las limitaciones establecidas por las normas procesales en cuanto al valor del litigio para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales, desde que el art. 161 apartado 3 inc. "a" de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece que el conocimiento y resolución del indicado remedio procesal compete a este Tribunal con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan (causas L. 125.004, "Fernández", resol. de 13-X-2020; L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020 y L. 129.268, "Senger", resol. 15-II-2023).
IV.5.a. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que la impugnante trae a consideración agravios relacionados a cuestiones cuya definición es privativa del sentenciante de grado y relativos a la valoración de los hechos y las pruebas -tales como son las vinculadas a la interpretación de la injuria con aptitud para justificar la rescisión del contrato de trabajo, la existencia de si se acreditaron -o no- diferencias salariales y si se verifican los requisitos a los cuales la citada norma del art. 132 bis de la ley 20.744 subordina la aplicación de la sanción allí prevista, así como al supuesto absurdo en que habría incurrido el tribunal de trabajo al meritar las circunstancias probatorias de la litis-, asuntos detraídos de la revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto antes citado (causas L. 123.851, "Irazoqui", resol. de 27-V-2020; L. 118.595, "Machado", resol. de 9-IX-2021; L. 127.700, "Guinea", resol. de 10-II-2022; L. 129.740, "Miceli", resol. de 27-II-2023 y L. 132.062, "Maza", resol. de 27-IX-2024).
IV.5.b. Por lo demás, cabe agregar que los precedentes de este Tribunal que se denuncian infringidos no resultan idóneos a los fines pretendidos, en tanto no guardan relación con las motivaciones del pronunciamiento, o fueron elaborados a partir de presupuestos disímiles a los del caso en juzgamiento (causas L. 119.192, "Artigau", sent. de 21-VI-2018; L. 120.423, "Bocanegra", sent. de 27-XI-2019; L. 121.303, "Vargas", sent. de 12-II-2020; y L. 131.761, "Maisonobe", resol. de 29-VII-2024).
IV.5.c. Además, corresponde añadir que no deviene idónea, a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el mencionado excepcional conducto, la doctrina referida al vicio de absurdo (causas L. 124.023, "Albide", resol. de 30-VI-2020; L. 124.463, "Gamero", resol. de 14-VII-2020; L. 125.418, "Marín", resol. de 12-II-2021; L. 128.393, "Berna", resol. de 7-VI-2022 y L. 130.803, "Martindale", resol. de 26-XII-2023).
IV.3.d. De igual manera, resta recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020; L. 130.536, "Lo Nano", resol. de 20-IX-2023 y L. 131.733, "Delapiaza", resol. de 29-VII-2024).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de nulidad, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos, y desestimar el de inaplicabilidad de ley en atención a que los cuestionamientos traídos no reúnen los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/12/2024 11:26:28 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/12/2024 23:59:46 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/12/2024 13:46:57 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/12/2024 09:56:04 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/12/2024 11:03:48 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 30/12/2024 12:01:54 hs. bajo el número RR-1661-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia