Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 129336
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 129.336, "Balbuena, Gladis Estela contra Consorcio de Propietarios Galería Geminix y otro/a. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres , Kogan, Soria, Budiño, Natiello.
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. vered. y sent. de fecha 13-IV-2022).
Se interpuso, por la aseguradora demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 2-V-2022).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En lo que resulta relevante, el tribunal interviniente hizo lugar a la demanda promovida por la señora Gladis Estela Balbuena contra Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la prestación dineraria del art. 14, inc. 2, apartado "a" de la ley 24.557 por la minusvalía definitiva parcial y permanente derivada de la enfermedad laboral contraída.
Para así decidir, con sustento en la pericia médica, juzgó acreditado que como consecuencia de la violencia psicológica sufrida en ocasión del trabajo (conf. arts. 5 inc. 2 y 6, ley 26.485 y 6 inc. "c", dec. 1.011/10), la actora padece "síndrome de tipo depresivo y reactivo con importantes componentes ansiosos y somáticos", presentando una incapacidad permanente, parcial y definitiva del 27,36% del índice de la total obrera; cuya primera manifestación invalidante se produjo el día 26 de agosto de 2011 (v. vered. y sent., pág. 8).
Teniendo en consideración que la dolencia no se hallaba prevista en el listado del decreto 659/96, declaró la inconstitucionalidad del art. 6 de la ley 24.557 en cuanto excluye la reparación de aquellas incapacidades causadas por infortunios laborales que no se encuentran específicamente tabuladas; ello, por considerarlo incompatible con los arts. 14 bis, 16, 17 y 19 de la Constitución nacional.
Por otra parte, señaló que el decreto 1.278/00 autorizaba la inclusión de enfermedades profesionales no mencionadas en dicho listado, constituyendo la misma una facultad propia del órgano jurisdiccional (en virtud de la declarada invalidez constitucional asimismo de los arts. 21 y 22, LRT; v. vered. y sent., última pág. cit.).
En oportunidad de definir el ingreso base mensual, el juzgador se pronunció de oficio por la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, disponiendo que la liquidación de la prestación establecida en el citado art. 14, inc. 2, apartado "a" se practicase con arreglo al salario devengado en el mes de marzo de 2022 ($40.879) y no conforme al correspondiente a la fecha de la primera manifestación invalidante ($4.027; v. vered. y sent., pág. 10).
Para así decidir, con apoyo en lo expresado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa A.374.XLIII, "Ascua" (sent. de 10-VIII-2010), sostuvo que en el caso resultaba irrazonable que la tarifa se calculase con apoyo en un valor histórico depreciado, pues —en esa situación— la indemnización dejaría de cumplir adecuadamente con su función de resarcir de modo completo la pérdida de la capacidad de ganancia de la víctima, que —destacó— es el objetivo de las leyes especiales sobre accidentes de trabajo (v. vered. y sent., última pág. cit.).
Bajo esos lindes, y fundado en los argumentos expuestos por esta Suprema Corte en las causas L. 120.521, "Monchiero" (sent. de 30-VIII-2021); L. 120.485, "Medina" y L. 120.648, "Amaya" (sents. de 31-VIII-2021), arribó a la conclusión de que aplicar lisa y llanamente el art. 12 de la ley 24.557 daba como resultado una indemnización que no reparaba satisfactoriamente el daño padecido, provocando una injustificada reducción del crédito de carácter alimentario, vulnerando los arts. 14 bis y 17 de la Constitución nacional (v. vered. y sent., págs. 11/12).
A partir de ello, declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 —en cuanto al período computable— e hizo lugar a la demanda por el pago de la prestación por incapacidad laboral parcial y permanente prevista en dicho régimen legal, el cual debía ser calculado a partir un ingreso base mensual de $27.388,93 ($40.879 x 67%).
Merced a tales directrices, fijó la indemnización por incapacidad permanente parcial y definitiva del art. 14, inc. 2, apartado "a" de la ley 24.557 en la suma de $611.628,55.
En lo que respecta a los intereses moratorios, siguiendo los lineamientos expuestos por esta Corte en la causa C. 120.536, "Vera" (sent. de 3-V-2018), por tratarse de un capital discernido a valor actual, estableció que el guarismo debía ser incrementado mediante un interés a tasa "pura" que fijó en el 6% anual, desde la primera manifestación invalidante hasta el dictado de la sentencia ($388.384,12; v. vered. y sent., págs. 12/13).
II. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, la aseguradora denuncia la violación del art. 17 de la Constitución nacional y de la doctrina legal que identifica (v. escrito electrónico de fecha 2-V-2022).
II.1. Se agravia por cuanto sostiene que ha sido condenada por un supuesto contemplado en la ley 26.485 (Ley de Protección integral a las mujeres) y no en la Ley de Riesgos del Trabajo.
Alega que el objeto del pleito se trató estrictamente en un incumplimiento de la patronal a los deberes y protecciones que emanan de la Ley de Contrato de Trabajo.
II.2. Manifiesta que la sentencia es arbitraria por cuanto no consideró la falta de legitimación pasiva opuesta por su parte.
Señala que las patologías que presenta la trabajadora no se encuentran incluidas en el listado de enfermedades profesionales (dec. 658/96), por lo que no podían ser consideradas resarcibles.
Menciona la doctrina legal delineada en la causa L. 47.438, "Cirone" (sent. de 10-XII-1991), donde esta Suprema Corte sostuvo que el contrato de seguro debe interpretarse literalmente en los supuestos en que la cobertura esté expresada claramente, no siendo posible otorgarle una interpretación extensiva.
II.3. Objeta la declaración de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557. Aduce que, conforme lo establecido en los arts. 9 y 10 de la ley 24.241, la base imponible en los aportes tiene un tope. De este modo, las remuneraciones que exceden dicho limite no están sujetas a contribuciones por parte del empleador y, por lo tanto, no integran la base sobre la cual se efectúa el cálculo del ingreso base mensual previsto en el mencionado art. 12.
Expresa que el cumplimiento de la condena le generaría a su parte un gravamen irreparable en tanto tendría que desafectar una importante cantidad de dinero —perteneciente a las reservas que se utilizan para afrontar contingencias de sus asegurados— para solventar "aventuras judiciales" sustentadas en supuestos no pactados en el contrato de seguro.
Por otro lado, afirma que el tribunal descartó la pericia contable efectuada y realizó el cálculo de la indemnización teniendo en cuenta la escala salarial del convenio colectivo de trabajo de la actividad, sin tener en cuenta la fecha del siniestro.
Asimismo, cuestiona que el tribunal no solo tomó otro ingreso base mensual, sino que aplicó una tasa de interés del 6% anual desde la primera manifestación invalidante, lo que resulta ser una doble actualización.
III. El recurso no prospera.
III.1. Corresponde señalar que el valor del litigio no supera el límite establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, razón por la cual la admisibilidad del remedio deducido, en principio, solo puede justificarse en el estricto marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine de la ley 11.653, aplicable al momento de interposición del recurso.
En consecuencia, la competencia revisora de esta Suprema Corte debe quedar acotada a verificar si lo resuelto en autos contradice su doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede en un caso similar (causas L. 126.466, "Antuña", sent. de 22-XII-2022; L. 125.466, "Fraccaro", sent. de 3-V-2023; L. 127.429, "Sack", sent. de 23-VIII-2023 y L. 128.810, "Enciza", sent. de 26-II-2024; e.o.).
Sin embargo, no puede soslayarse que el agravio dirigido a rebatir la declaración de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 involucra el análisis de una cuestión federal que, con prescindencia del valor del litigio, amerita a su respecto la apertura de la instancia extraordinaria sin limitación alguna en cuanto a su examen.
En tal sentido, tiene dicho este Tribunal que aun cuando el monto de lo cuestionado no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653 —aplicable caso— corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490, in re "Strada" y 311:2478, in re "Di Mascio"), es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
Por consiguiente, únicamente dicho embate habrá de ser abordado despojado de los límites establecidos en las leyes procesales locales.
III.2.a. Sentado ello, la exclusión de la hipótesis habilitante respecto al primer agravio se impone nítida ni bien se repara en que la interesada omite denunciar la eventual violación de doctrina legal relacionada con el tópico, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por conducto de la vía de impugnación de referencia (causas L. 124.037, "López", sent. de 31-V-2021; L. 125.939, "Ostertag", sent. de 27-III-2023; L. 126.812, "Villalba", sent. de 17-IV-2023 y L. 127.286, "Riveros", sent. de 7-IX-2023; e.o.).
III.2.b. Luego, la segunda de las críticas ensayadas resulta inatendible en tanto la única doctrina legal citada (causa L. 47.438, "Cirone", sent. de 10-XII-1991) está elaborada en torno al contrato de seguro de responsabilidad civil reglado por la ley 17.418 y leyes de accidentes que precedieron a la Ley de Riesgos del Trabajo, por lo que no resulta aplicable en la especie, dada la ausencia de similitud de los presupuestos en debate (causas L. 103.075, "Vallejos", sent. de 21-XII-2011; L. 116.450, "B., A. F.", sent. de 2-VII-2014; L. 117.997, "Martínez", sent. de 19-X-2016 y L. 121.073, "Medina", sent. de 2-X-2019; e.o.).
Por lo demás, tampoco advierto que el planteo que se examina se halle orientado a cuestionar la declaración de inconstitucionalidad del art. 6 de la Ley de Riesgos del Trabajo que porta el fallo de grado.
III.3. La restante crítica, vinculada a la declaración de invalidez constitucional del art. 12 de la ley 24.557, tampoco puede tener favorable recepción, toda vez que no satisface mínimamente los recaudos previstos por el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial.
Debe recordarse que el eventual acogimiento del recurso extraordinario se encuentra condicionado a la comprobación de su suficiencia técnica. Ello exige la elaboración de una crítica, razonada y precisa, que abarque los fundamentos del pronunciamiento atacado y que apunte a la totalidad de las normas en que aquel se apoya. En definitiva, el recurso estudiado debe bastarse a sí mismo.
Se sigue de ello que la impugnación, además, debe vincularse con los aspectos de la sentencia que causan el agravio que se invoca, cuya demostración incumbe —de modo excluyente— a quien acude a esta vía recursiva.
En el caso, lejos de desarrollar una crítica frontal de las motivaciones desarrolladas en la sentencia, el cuestionamiento ensayado por la impugnante se aparta del razonamiento desplegado por el órgano judicial de grado, no cumpliendo —de este modo— con la carga de una adecuada fundamentación, pues no se ocupa de rebatir ninguno de los argumentos del pronunciamiento que resultan factores esenciales en la decisión adoptada.
En fin, son aplicables las directrices de esta Suprema Corte que tachan de estéril al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que omite rebatir concreta, adecuada y eficazmente las conclusiones medulares del pronunciamiento de grado (causas L. 120.374, "Brufau", sent. de 29-VIII-2018; L. 120.086, "M., A. V.", sent. de 7-III-2022; L. 127.053, "Mielnieczuk", sent. de 6-XII-2023 y L. 128.647, "Hernández", sent. de 6-III-2024; e.o.).
Entonces, la insuficiencia en la fundamentación del agravio traído (que se proyecta sobre otras manifestaciones realizadas dentro del mismo y que carecen de toda línea argumental), sella su suerte adversa, no quedando margen para que este Tribunal pueda ingresar en el análisis del acierto sustancial de lo decidido.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votó en el mismo sentido.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Como lo expresa mi distinguido colega doctor Torres en su sufragio, el valor de lo cuestionado no supera el monto mínimo previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial.
Siendo ello así, la función revisora de este Tribunal debe circunscribirse a verificar si concurre en la especie la particular hipótesis receptada en el art. 55, primer párrafo in fine de la ley 11.653 —aplicable al momento de interposición del recurso—, que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 126.044, "López", sent. de 27-II-2023; L. 127.782, "Marino", sent. de 30-V-2023 y L. 127.103, "Borba", sent. de 27-VI-2023; e.o.).
No obsta a lo señalado que en el medio extraordinario de impugnación se cuestione lo juzgado por el tribunal de grado en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 —en su versión anterior a la ley 27.348—, puesto que al respecto nada argumenta el impugnante con el objeto de evidenciar eventualmente la presencia de un supuesto excepcional que —fuera del expresamente previsto en la ley de procedimiento laboral— autorice a desplazar el requisito de admisibilidad referido al valor de lo cuestionado.
I.2. Sentado ello, en lo tocante a los dos primeros cuestionamientos, comparto lo expuesto por el ponente en el punto III.2. de su voto.
I.3. Luego, corresponde desestimar el agravio vinculado con la mencionada declaración de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 efectuada por el a quo , en tanto carece de toda denuncia orientada a evidenciar la violación de doctrinal legal.
Por lo demás, corresponde recordar que la opinión de los autores no es apta a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto intentado, en tanto, no constituyen la doctrina legal a la que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 124.100, "G., A. L.", sent. de 20-X-2021; L. 124.683, "Notti", sent. de 15-IX-2022 y L. 128.823, "Sardinas", sent. de 23-XI-2023; e.o.).
II. En virtud de lo expuesto, cabe desestimar el recurso deducido. Con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
La señora Jueza doctora Budiño y el señor Juez doctor Natiello , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/02/2025 12:57:50 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/02/2025 10:50:34 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/02/2025 10:42:23 - NATIELLO Carlos Angel ([email protected]) - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/02/2025 12:46:59 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/02/2025 19:06:07 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/02/2025 08:29:45 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 24/02/2025 09:35:21 hs. bajo el número RS-5-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia