Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 130254
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a sus efectos.
Las costas de la instancia ordinaria se imponen a la actora por los rubros que aquí se rechazan, y las de esta sede extraordinaria, por su orden, atento la procedencia parcial de la impugnación (arts. 24, ley 15.057; resol. 1.840/24; 68, segundo párr., y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 130.254, "Salina, Américo Omar contra Oruza, Juan Carlos. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Budiño .
El Tribunal del Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar parcialmente a la acción promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. pronunciamiento de fecha 15-IV-2021).
Se dedujo, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 4-V-2021).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal del trabajo interviniente hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Américo Omar Salina y condenó a Juan Carlos Oruza a abonarle las sumas de dinero que especificó en concepto de indemnización por antigüedad, sustitutiva del preaviso, integración del mes de despido, sueldo anual complementario y vacaciones proporcionales, y de indemnizaciones y sanciones previstas en los arts. 10 y 15 de la ley 24.013; 2 de la ley 25.323; 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y 53 ter de la ley 11.653. La rechazó, en cambio, en cuanto perseguía el cobro de montos en razón de diferencias salariales y viáticos denunciados como adeudados.
Para así resolver juzgó acreditado que el actor ingresó a prestar servicios en relación de dependencia con el accionado en el mes de octubre de 2008, percibiendo una remuneración mensual de $11.038, desempeñándose en la categoría de auxiliar especializado "B" del convenio colectivo 130/75 y que la relación se extinguió por despido indirecto el día 9 de octubre de 2018 (v. vered., primera y segunda cuestión).
Al analizar las circunstancias en la que se produjo el despido, sostuvo que el accionante intimó a su empleador -entre otros requerimientos- a la correcta registración de la relación laboral, el pago de viáticos por kilómetros recorridos y diferencias salariales, y que, frente a dicho reclamo, la patronal alegó haber respondido la intimación, pese a que la recepción de dicha respuesta -dijo- se hallaba controvertida. No obstante, advirtió que, en esa contestación, la patronal negó los parámetros denunciados por coincidir con los asentados en los respectivos recibos de haberes, agregando que analizaría los libros y registros en el plazo normado por la ley 24.013. Relató que luego el actor dirigió una nueva intimación, reclamando la diferencia salarial correspondiente al mes de julio de 2018, la que fue rechazada por el empleador aduciendo un acuerdo de reducción horaria. (v. sent., pág. 15). Señaló que, con posterioridad, el trabajador acudió ante el Ministerio de Trabajo y que atento la inasistencia de la patronal, envió otra epístola mediante la cual se consideró despedido.
Luego, en su estudio de las causales de injuria, afirmó que siendo la tarea del actor el transporte de mercaderías a otras provincias -y regresando a su domicilio a la semana siguiente de su partida-, resultaba imposible que su jornada fuera de tiempo parcial, y que la notable diferencia en ese aspecto de la registración junto con las diferencias salariales reclamadas en su consecuencia, se tradujeron en injuria justificante del despido.
Agregó que tampoco surgía de los recibos de haberes que se le hubiera abonado el adicional por kilómetros recorridos previsto en el art. 36 del convenio aplicable y reclamado en la misiva oportunamente enviada por el actor, rubro que declaró no cancelado con el pago de los gastos que emergen de las planillas glosadas a fs. 30/81.
En este contexto, juzgó que aquella errónea registración, así como la falta de pago de los rubros reclamados y la persistencia de tales incumplimientos, constituyeron injuria suficiente para justificar la ruptura del contrato de trabajo (v. sent., págs. 17/18).
Seguidamente, el a quo precisó que no soslayaba que la primera comunicación remitida por el dependiente carecía de la expresión de cuál sería su proceder ante el incumplimiento de lo intimado, sin embargo, dijo que la interpretación de dicha conducta devenía evidente frente a la sistemática renuencia patronal a satisfacer sus obligaciones registrales, cuando además, pudo ejercer su derecho de defensa (v. sent., pág. 18/19). Detalló que mediante su respuesta inicial la patronal rechazó genéricamente el reclamo, pero también adujo que los parámetros denunciados coincidían con los asentados en los recibos de haberes y consecuentemente negó lo reclamado, adicionando que analizaría los registros en el plazo legal; y finalmente mediante despacho de fecha 18 de octubre de 2018, concluyó por el definitivo rechazo del reclamo basándose en el idéntico fundamento situado en que los parámetros denunciados coincidían con los asentados en los recibos de haberes. Continuó expresando que a simple vista se constataba que ni la extensión de la jornada denunciada lucía coincidente con la asentada en tales recibos, ni tampoco surgía de estos el rubro "adicional por kilómetros recorrido", por lo que la respuesta al concreto reclamo lejos se encontró de resultar tal, traduciéndose en una evasiva violatoria del deber de buena fe.
En torno a la recepción de dicha misiva, dijo que resulta abstracto su tratamiento, siendo que finamente la demandada negó los reclamos del trabajador y que fue con posterioridad a esa categórica negativa y no antes, que el trabajador efectivizó su "autodespido".
Empleando jurisprudencia de este Tribunal, consideró que bajo la plataforma del caso la exigencia apuntada en orden al modo en que el dependiente hubo de efectuar su intimación, aparecía como un exceso ritual sin respaldo normativo alguno.
Concluyó que, acreditado que el trabajador intimó en dos oportunidades su debida registración y que frente a tales emplazamientos la accionada desconoció su reclamo, la decisión rupturista devenía ajustada a derecho (v. sent., pág. 20).
Sentado ello, al determinar la mejor remuneración mensual, normal y habitual, tuvo en cuenta el salario básico del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 correspondiente a mayo de 2018, mes que fue el "período" en el cual -expresó- el actor devengó el mayor adicional por kilómetros recorridos previsto convencionalmente y la antigüedad del trabajador (v. sent., págs. 22/23).
Luego, procedió a calcular las indemnizaciones que integraron la condena de autos, acogiendo, en particular, los resarcimientos normados en los arts. 10 y 15 de la Ley Nacional de Empleo, por estimar verificados los requisitos que viabilizan su procedencia (v. sent., pág. 26/27).
Finalmente, no obstante haber constatado que el actor percibía una remuneración inferior a la devengada, rechazó las diferencias salariales peticionadas en base a la extensión de la jornada de labor que estimó acreditada, y a la asignación convencional arriba mencionada por haberse reclamado sin efectuar un detalle y de manera global (v. sent., pág. 27).
II. La parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 384 del Código Procesal Civil y Comercial; 9 y 10 de la ley 24.013; 10, 62, 242 y 243 de la Ley de Contrato de Trabajo y de la doctrina legal que cita.
II.1. Postula que el despido no resultó ajustado a derecho toda vez que durante el intercambio telegráfico previo el trabajador nunca expresó que en caso de silencio o en el supuesto de hacerse caso omiso a sus reclamos, procedería a extinguir el vínculo.
Expone que entonces, no pueden tenerse por cumplidos los principios de buena fe, conservación del contrato y el derecho constitucional de defensa, máxime cuando la relación laboral era de añosa antigüedad, y no existió reclamo anterior alguno del trabajador, a quien siempre se le liquidaron y abonaron sus haberes de la misma manera; entiende que la conducta seguida por el accionante es contraria a sus propios actos.
Esgrime que, contrariamente a lo resuelto por el tribunal de grado, el comportamiento seguido por el demandante no "devenía evidente"; a lo que añade que la doctrina del "exceso ritual manifiesto" referenciada por el juzgador no es válida para convalidar la omisión de exteriorizar el apercibimiento previo en orden a que, en caso de incumplimiento con lo intimado, procedería a considerarse en situación de despido indirecto.
Arguye que las misivas enviadas por el reclamante fueron contestadas por la patronal, quién expone al dar respuesta a la primera informó que procedería a analizar los parámetros denunciados con la documentación obrante en su poder, solicitando al trabajador tenga a bien allegar una liquidación particularizada a fin de tomar conocimiento de lo reclamado.
Cita doctrina legal de esta Corte que entiende violada, vinculada a la necesidad de explicitar en la intimación que remita el dependiente con anterioridad al distracto, su voluntad de no consentir la situación en el caso de ignorarse sus requerimientos.
II.2. Por otro lado, objeta que se juzgaran procedentes las indemnizaciones contempladas en los arts. 10 y 15 de la ley 24.013.
Alega que de los recibos de haberes glosados a fs. 14/29 y del informe pericial contable surge que el actor se encontraba inscripto en el libro del art. 52 de la Ley de Contrato de Trabajo conforme los datos que hubo de denunciar en su primera epístola, por lo que no se verifica en la especie un supuesto de deficiente registración.
Argumenta que de adeudarse al trabajador debidamente registrado diferencias salariales "y/o" algún rubro convencional, ello no es configurativo del tipo descripto en el referido art. 10 de la ley 24.013, por lo que tampoco resulta de aplicación -asegura- el agravamiento dispuesto en el art. 15 de esa misma ley.
En suma, subraya que el pago insuficiente del salario no lleva a concluir que la relación estuviera deficientemente inscripta.
Añade que, tratándose de una disposición de carácter sancionatorio, debe interpretarse de manera restrictiva.
II.3.a. Sostiene que lo resuelto por el tribunal de grado vulnera el principio de congruencia, ya que hizo lugar al reclamo vinculado con las indemnizaciones por despido fundado en que no se abonaron diferencias salariales y viáticos, pero a la vez, en la misma sentencia rechazó estos dos últimos rubros.
II.3.b. En este segmento de la impugnación, cuestiona también el cálculo efectuado en la instancia en concepto de "viáticos".
Efectuando su interpretación del art. 36 del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 explica cómo a su entender debieron computarse los kilómetros pertinentes para cuantificar el adicional regulado en la norma convencional.
Controvierte, igualmente, los kilómetros que el juzgador estimó recorridos por el accionante, pues alega que en el mes de abril de 2018 efectuó una cantidad menor que la determinada por el tribunal.
Añade que el a quo omitió "compensar" del monto al que erróneamente arribó por el concepto en tratamiento, lo abonado al trabajador en compensación de viáticos y horas extras, conforme se desprende -expone- de las planillas antes referenciadas, reconocidas por la parte demandada.
III. El recurso prospera parcialmente.
Sólo como liminar aclaración, ocupa señalar que a los fines de dar respuesta a los agravios, por razones de método habré de apartarme del orden en que han sido propuestos.
III.1. Cabe desestimar la crítica en la que se alega que el despido indirecto no resultó ajustado a derecho por no haber expresado el trabajador en el intercambio telegráfico previo que, en caso de incumplimiento con lo reclamado, procedería a considerarse injuriado y a finalizar el vínculo.
III.1.a. Reiteradamente ha dicho este Superior Tribunal que tanto la interpretación del intercambio telegráfico, así como la evaluación de la conducta de las partes previa a la rescisión del vínculo laboral y la determinación de las circunstancias en que se produjo la extinción del contrato de trabajo, constituyen facultades privativas de los jueces de grado, excluidas -en principio- de la revisión extraordinaria, salvo la demostración de absurdo (causas L. 117.678, "Falcón", sent. de 17-XII-2014; L. 119.701, "Parrotta", sent. de 9-VIII-2017; L. 121.448, "Soria", sent. de 2-VI-2020 y L. 125.509, "Cuello", sent. de 22-XI-2022).
III.1.b. Bajo dichas directrices, la impugnación traída no es suficiente para obtener la modificación de este aspecto de la decisión.
En el pronunciamiento en crisis el tribunal brindó los argumentos en virtud de los cuales juzgó que, no obstante que la inicial comunicación remitida por el dependiente carecía de la expresión de cuál sería su proceder ante el incumplimiento de lo intimado, igualmente la extinción del contrato resultaba justificada. Y esa conclusión, fruto de la ponderación del comportamiento asumido por los sujetos intervinientes en aquel tramo final del vínculo laboral, no logra ser neutralizada por el recurrente mediante la tacha de absurdo que genéricamente invoca.
Dable es recordar, que no cualquier error, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurar aquel vicio valorativo; es necesario, en cambio, que se demuestre un desarreglo en la base del pensamiento, un desajuste manifiesto e inconciliable con los elementos objetivos de la causa (causas L. 118.470, "Castro", sent., de 24-VIII-2016 y L. 119.786, "Gómez Jiménez", sent. de 27-VI-2018).
Tales extremos no son evidenciados por el quejoso, quien, para más, propone ahora una línea reflexiva novedosa y por ello inatendible (causas L. 116.602, "Ramos", sent. de 12-VII-2017 y L. 124.715, "Martínez", sent. de 14-XII-2020), desde que nada dijo en oportunidad de contestar la demanda acerca de la omisión que ahora le endilga a la respectiva comunicación cursada por el dependiente con anterioridad a que el vínculo feneciese.
III.2. Es inatendible el agravio fundado en la violación del principio de congruencia.
En este tramo del recurso el interesado intenta poner en evidencia una supuesta contradicción interna que le atribuye al fallo de grado, no obstante, de configurarse esa hipótesis, lejos se encontraría de constituir la infracción a aquel postulado procesal que invoca con cita de doctrina de este Tribunal. Luego, también aquí se incumple la carga prevista en el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial.
III.3. No son de recibo las críticas esgrimidas frente al cálculo que realizó el tribunal de kilómetros recorridos a la luz de lo reclamado y de los montos a los que arribó.
Es que, pretendiendo ingresar en una cuestión privativa por regla del tribunal de grado, tampoco aquí evidencia el quejoso la configuración del vicio de absurdo. No logra tal cometido frente a una impugnación que no se encarga de atacar idóneamente el razonamiento plasmado en el fallo, y adoptado, en una valoración conjunta de la prueba testimonial y de concretos documentos que individualizó (v. fs. 39/41) apontocada en los kilómetros que -dijo el tribunal- efectuó el trabajador en el mes de mayo del año 2018 y no en otro.
Luego, y sin que ello implique emitir juicio alguno sobre el acierto de la tarea desplegada por el tribunal, este aspecto de la decisión debe permanecer incólume.
III.4.a. En cambio, corresponde dejar sin efecto la decisión de grado en cuanto hizo lugar a las indemnizaciones previstas en los arts. 10 y 15 de la ley 24.013 (en su texto anterior a la sanción de la ley 27.742).
Ello, debido a que asiste la razón al recurrente cuando señala que la primera de las normas citadas contempla la situación que acontece ante la deficiente registración de la retribución del dependiente, y no aquella vinculada con la existencia de diferencias salariales.
La argumentación encuentra respaldo en la doctrina legal. Este Tribunal tiene dicho que el art. 10 de la ley 24.013 aplicado en la instancia impone una sanción pecuniaria al empleador que consigne en la documentación laboral una remuneración menor que la percibida por el trabajador (causas L. 114.804, "Mena", sent. de 18-IX-2013 y L. 121.517, "Iborra", sent. de 9-VI-2020), supuesto que no se verifica en el caso. Puntualmente, y en concordancia con tales señalamientos, también ha declarado que el hecho generador que motiva la procedencia de la indemnización prevista en la referida norma es el cobro por el trabajador de un sueldo superior al consignado en los registros del empleador, y no la omisión del pago integral de la remuneración (causa L. 117.382, "Centurión", sent. de 8-IV-2015).
Fácilmente se advierte el yerro en el que incurrió el juzgador de la instancia de grado al acoger el concepto analizado, tal como lo expone el quejoso.
III.4.b. Igual suerte ha de correr la objeción emparentada con el art. 15 de la Ley Nacional de Empleo.
El órgano jurisdiccional de grado receptó favorablemente dicho concepto porque entendió acreditada en el caso una deficiente registración. Sin embargo, a la luz de lo expuesto en el acápite precedente, tal conclusión luce apartada de los incumplimientos a los que alude la citada ley 24.013 (conf. art. 15, segundo párr.).
III.4.c. Con todo, debe revocarse lo resuelto por el tribunal del trabajo y disponer el rechazo del reclamo fundado en las indemnizaciones previstas en los referidos arts. 10 y 15 de la ley citada.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso deducido, revocar la sentencia atacada con el alcance delineado en el párrafo que antecede y devolver las actuaciones al órgano de origen a sus efectos.
Las costas de la instancia ordinaria se imponen a la actora por los rubros que aquí se rechazan, y las de esta sede extraordinaria, por su orden, atento la procedencia parcial de la impugnación (arts. 24, ley 15.057; resol. 1.840/24; 68, segundo párr., y 289, CPCC).
Con los alcances expuestos, voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a sus efectos.
Las costas de la instancia ordinaria se imponen a la actora por los rubros que aquí se rechazan, y las de esta sede extraordinaria, por su orden, atento la procedencia parcial de la impugnación (arts. 24, ley 15.057; resol. 1.840/24; 68, segundo párr., y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/04/2025 11:05:26 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/04/2025 11:18:28 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/04/2025 17:32:09 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/04/2025 16:20:25 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/04/2025 08:51:21 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 15/04/2025 10:44:23 hs. bajo el número RS-29-2025 p
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