Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 133256
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Trenque Lauquen , hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta por la señora Gabriela Verónica Pérez Fernández y, en consecuencia, condenó a la Cooperativa Ltda. de Servicios Eléctricos y Comunitarios de Pehuajó a abonar la suma que especificó en concepto de diferencias en la indemnización por despido. Asimismo, fijó los intereses en la forma que especificó. Por otro lado, rechazó la acción promovida contra la mencionada cooperativa y las citadas Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A y Federación Patronal Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA. en cuanto procuraba el cobro de una reparación por la incapacidad derivada de la enfermedad profesional que denunció padecer. Finalmente impuso las costas a la actora por los rubros desestimados (v. vered. y sent. de fecha 26-IV-2024).
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 13-V-2024), el que fue concedido por el a quo en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (v. resol. de fecha 24-V-2024).
En su presentación, relata los antecedentes de la causa. Plantea la inconstitucionalidad del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial. En primer lugar, cuestiona la tasa de interés que aplicó el juzgador de grado sobre el rubro por el que prosperó la demanda. Luego, critica que el sentenciante consideró prescripta la acción por la minusvalía laboral que manifestó sufrir. Por último, se agravia de la condena en costas.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. Liminarmente, corresponde observar que el remedio procesal en examen fue concedido en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 -aplicable a la fecha de interposición del recurso extraordinario-, por juzgar el tribunal de grado insuficiente el monto de lo cuestionado (v. resolución de fecha 24-V-2024), decisión que, debidamente notificada a las partes, no mereció objeciones de la aquí recurrente.
III.1.b. Luego, y a propósito de los argumentos desplegados por la impugnante en su presentación, es preciso afirmar que no se encuentra involucrada como denuncia- una cuestión de naturaleza federal que autorice el conocimiento de la impugnación sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la CSJN in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478).
III.1.c. Sentado ello, y respecto del planteo de inconstitucionalidad del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, esta Suprema Corte tiene dicho, en forma reiterada, que las limitaciones establecidas por las normas procesales en cuanto al valor del litigio para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales, desde que el art. 161 apartado 3 inc. "a" de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece que el conocimiento y resolución del indicado remedio procesal compete a este Tribunal con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan (causas L. 116.461, "Arriola Camacho", sent. de 31-VII-2013; L. 117.666, "Madrid", sent. de 11-III-2015; L. 124.765, "Trescher", resol. de 23-IX-2020 y L. 131.317, "Martínez", resol. de 26-XII-2023).
III.1.d. En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 128.119, "Barragán", resol. de 4-VII-2022; L. 126.806, "Giles", resol. de 21-VI-2023 y L. 130.155, "Alcaraz", resol. de 11-VII-2023; e.o.).
III.2.a. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que en relación al primer agravio, dirigido a cuestionar la tasa de interés que fijó el órgano de grado, los precedentes invocados por la interesada en apoyo de su pretensión no guardan correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de su decisión, ni refieren a situaciones similares, atento su distinto contenido fáctico (causas L. 122.320, "Beneyto", resol. de 19-XII-2018; L. 122.363, "Del Negro", resol. de 5-VI-2019; L. 125.499, "Cabrera", resol. de 16-VI-2020; L. 126.871, "Salvador", resol. de 17-VIII-2021 y L. 128.387, "Rocha", resol. 26-IV-2022).
III.2.b. Por lo demás, respecto de los restantes cuestionamientos tampoco se observa la concurrencia del mencionado supuesto excepcional, toda vez que la interesada omite citar como vulnerada doctrina legal alguna de esta Suprema Corte, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 124.429, "López", resol. de 21-IX-2020; L. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020; L. 125.492, "Sartor", resol. 29-III-2021 y L. 130.088, "Irizar", resol. de 26-IV-2023).
III.3. Para terminar, es dable recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia ni los de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018, L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020; L. 128.892, "Moreno", resol. de 19-IX-2022 y L. 129.401, "Orione", resol. de 17-IV-2023).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/05/2025 11:26:06 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/05/2025 12:24:14 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/05/2025 07:04:06 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/05/2025 15:11:02 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/05/2025 08:52:33 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 29/05/2025 10:11:54 hs. bajo el número RR-533-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia