Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132230
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en tanto no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de Mar del Plata rechazó íntegramente la demanda promovida por los señores Fernando Marcelo Alegre, Manuel Alejandro Alegre, Bienvenido Cabral, Miguel Julián González, Raúl Horacio Giménez, Jorge Horacio Oyarburu, Juan Carlos Valdez y Víctor Manza - luego continuada por su sucesora- contra la Cooperativa de Trabajo La Nueva Unión Ltda., Giorno S.A. y el tercero citado Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata en concepto de indemnización por despido y otros rubros de naturaleza laboral (v. pronunciamiento de fecha 29-II-2024).
Para así decidir, juzgó no acreditado que los actores hubieran prestado tareas para la nombrada sociedad anónima ni para el consorcio convocado al proceso en los términos del art. 94 del Código Procesal Civil y Comercial. Asimismo, precisó que, si bien los accionantes se vincularon laboralmente con la mencionada cooperativa mediante contratos eventuales, dichos enlaces jurídicos se extinguieron cuando se agotó el objeto que motivó su origen. Finalmente, consideró no demostrado que se le adeudara salarios por dichas prestaciones.
II. Frente a lo así resuelto, los legitimados activos dedujeron recurso extraordinario de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 20-III-2024), los que fueron concedidos por el a quo , el segundo de ellos, en el marco de la excepción contenida en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (v. resolución de fecha 9-IV-2024), habiéndose conferido vista al señor Procurador General (v. dictamen de fecha 22-XI-2024).
III.1. Luego de realizar un significativo esfuerzo por interpretar los argumentos esgrimidos en el escrito impugnativo -plagado de los defectos que adelantó en su dictamen el señor Procurador General y que en honor a la brevedad damos aquí por reproducidos-, se infiere que en la primera de las vías intentadas los atacantes sostienen que el sentenciante omitió tratar cuestiones esenciales. En sustancia, manifiestan que el juzgador no mencionó que los accionantes eran trabajadores de la estiba, ni indicó la fecha del despido dispuesto por la parte demandada. Alegan absurdo en la valoración de la prueba. Por último, denuncian vulnerado el art. 171 de la Constitución provincial en tanto consideran que el fallo no se fundó en forma adecuada.
III.2. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no prospera.
III.3. Al respecto, sin perjuicio de otras consideraciones, corresponde señalar que la vía prevista en el art. 161 apartado 3 inc. "b" de la Constitución provincial, únicamente puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. cit.; causas L. 121.277, "Jara", resol. de 7-III-2018; L. 124.784, "Córdoba", resol. de 2-XI-2020; L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021; L. 128.000, "Flores", resol. de 19-IX-2022 y L. 130.716, "Pereyra", resol. de 15-IV-2024).
En este marco, se impone precisar que, si bien los impugnantes afirman que el órgano de grado omitió expedirse sobre cuestiones esenciales, lo cierto es que no denuncian la conculcación del art. 168 de la Constitución provincial.
Ahora bien, más allá de la referida deficiencia técnica, entre otras que podrían señalarse, en el caso, la impugnación articulada resulta improcedente desde que -sin emitir juicio acerca de la nota de esencialidad que se le adjudica- la preterición a que se refiere el art. 168 de la Carta local ocurre cuando el juzgador ha excluido el tema por descuido o inadvertencia pero no cuando las cuestiones se encuentran desplazadas de consideración como consecuencia de la solución a la que arribó el tribunal a quo (causas L. 121.355, "Castillo", resol. de 4-VII-2018; L. 122.228, "Vera", resol. de 13-III-2019; L. 122.226, "Campan", resol. de 5-VI-2019 y L. 128.297, "Vera", resol. de 9-VIII-2022).
III.4. Cabe agregar a ello que las alegaciones referidas a la apreciación y valoración del material probatorio, como a su deficiente examen por el tribunal de grado, no pueden ser canalizadas mediante la vía extraordinaria de nulidad intentada (causas L. 124.188, "Moreda", resol. de 17-VI-2020; L. 125.039, "Peralta", resol. de 12-II-2021 y L. 128.778, "Basualdo", resol. de 29-V-2023).
Por otro lado, sabido es, que la supuesta configuración del vicio de absurdo no puede ser abordada mediante el presente carril de impugnación extraordinario (causas L. 92.137, "Fiumara", sent. de 31-X-2007; L. 94.686, "Álvarez", sent. de 9-IV-2008; L. 96.679, "Cisneros", sent. de 2-III-2011; L. 120.333, "Rosales", resol. de 27-XII-2017; L. 124.835, "Gavilán", resol. de 16-X-2022 y L. 128.778, cit.).
III.4. Tampoco ha de tener cabida el reproche sustentado en la vulneración del art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en tanto lo que la referida norma sanciona con la nulidad es la ausencia de base legal de las decisiones judiciales, más no su incorrecta, desacertada o deficiente fundamentación (causas L. 123.718, "Kollrich Borsani", resol. de 9-VI-2020; L. 124.835, "Gavilán González", resol. de 16-X-2020; L. 126.258, "Alterino", resol. de 26-V-2021 y L. 128.380, "Moran", resol. de 10-V-2023).
IV. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley los apelantes identifican las garantías constitucionales que consideran vulneradas.
IV.1. El recurso tampoco prospera.
IV.1. Liminarmente, sin perjuicio de otras observaciones, cabe señalar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado (v. resol. de fecha 8-IV-2024), la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina legal (causas L. 117.035, "Abregú", resol. de 25-IX-2013; L. 117.813, "Doufour", sent. de 1-VII-2015; L. 124.706, "Álvarez", resol. de 15-IX-2020 y L. 130.271, "Denegri", resol. de 20-VIII-2024), hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 121.663, "Cordero", resol. de 5-VI-2019; L. 124.135, "Bergara", resol. de 11-VI-2020; L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021 y L. 131.829, "Verón Portillo", resol. de 20-VIII-2024).
III.2. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que los recurrentes no citan transgredida doctrina legal alguna de esta Suprema Corte, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por conducto de este excepcional carril de impugnación (causas L. 120.087, "Gorosito", resol. de 21-XII-2016; L. 122.906, "Valentini", resol. de 11-III-2020; L. 125.162, "Navarro", resol. de 12-II-2021; L. 128.392, "Raiteri", resol. de fecha 13-VII-2022 y L. 131.798, "Castaño", resol. de 20-IX-2024).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en tanto no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/02/2025 19:42:48 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/02/2025 11:12:38 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/02/2025 12:06:32 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/03/2025 12:39:33 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/03/2025 13:46:28 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 12/03/2025 14:46:59 hs. bajo el número RR-68-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia