Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132557
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art.292 del CPCC; art. 89, ley 15.057; Ac. 4.068/2022, Resol. 24/20 y Resol. 1.840/2024).
Las costas se difieren para el momento en que se resuelva el mérito del recurso que se concede y la regulación de honorarios para su oportunidad.
2Rechazar el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido desestimados en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (art. 298, CPCC).
I. En el caso, el Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, en el marco de una acción por despido incoada por Juan Carlos Méndez contra Jorge Ariel Roldán y, solidariamente, contra la Municipalidad de Carlos Casares, se declaró incompetente para entender en las actuaciones y ordenó su remisión al juzgado en lo Contencioso Administrativo (v. pronunciamiento de 13-V-2024).
Resolvió de esta manera por entender que la relación laboral pretendida y reclamada lo fue contra una persona física y el Municipio de Carlos Casares, intentando vincularlo solidariamente como empleado público, y como tal, excluido de la Ley de Contrato de Trabajo. Además, destacó que los rubros reclamados por el trabajador son propios de la materia contencioso administrativa, sujeta a la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia.
Sobre tales premisas, concluyó que, en atención a la naturaleza de los derechos subjetivos invocados en el escrito liminar, el conocimiento de la pretensión indemnizatoria planteada con sustento en la Ley de Contrato de Trabajo, teniendo en cuenta la índole administrativa del vínculo -sujeto a un régimen de derecho público local-, constituye materia de la competencia contencioso administrativa en el marco de la doctrina legal del Superior Tribunal que individualizó.
II. Contra dicha decisión, el actor interpuso recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. escrito de 23-V-2024), los que fueron denegados atento la ausencia de definitividad del pronunciamiento atacado (v. resol. de 28-V-2024), dando lugar a la articulación de la presente queja (art. 292, CPCC; v. escrito electrónico de 8-VI-2024).
En el recurso de hecho deducido de modo directo ante esta sede, con apoyo en la doctrina legal que individualiza, el impugnante sostiene que en la especie se configura un supuesto de excepción al principio general de no definitividad de las decisiones dictadas en materia de competencia. En tal sentido, argumenta que en el caso el tribunal laboral se pronunció sobre la naturaleza de la relación jurídica que vincula a las partes expidiéndose sobre la suerte o existencia del derecho de fondo, activando así -a su criterio- la excepción a la regla descripta.
III. La queja prospera.
III.1. De inicio, corresponde observar, tal como lo destaca el impugnante, que este Tribunal ha resuelto reiteradamente que las decisiones dictadas en materia de competencia no revisten carácter de definitivas -en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial- en la medida que no atribuyan el conocimiento de la causa a una jurisdicción extraprovincial, denieguen la competencia federal o se pronuncien sobre la naturaleza de la relación que vincula a las partes, incidiendo sobre la suerte o existencia del derecho de fondo (causas L. 111.358, "Mollard", resol. de 7-VII-2010; L. 109.402, "Cuellar", sent. de 4-V-2011; L. 121.358, "Ojeda", sent. de 7-VIII-2019; e.o.).
Ahora bien, le asiste razón al trabajador en cuanto sostiene que, en el sub judice , se observa configurado uno de los supuestos de excepción mencionados, pues al declararse incompetente el a quo definió la relación que vincula a los litigantes como de derecho público revistiendo la decisión impugnada, por consiguiente, carácter de definitiva en los términos del referido art. 278 (conf. doct. causas Ac. 98.435, "Pedrozo", resol. del 11-VII-2007; Ac. 94.236, "Utilducto S.A.", resol. 13-XII-2006; Ac. 98.074, "Braillard", resol. del 29-XI-2006 y L. 116.682, "Suko", resol. de 29-V-2013; e.o.).
III.3. En consecuencia, dadas las particulares circunstancias señaladas, corresponde destacar que la decisión cuestionada, en el contexto reseñado, resulta equiparable a definitiva, desde que resuelve sobre cuestiones respecto de las que no cabe la posibilidad de un replanteo posterior (art. 278, CPCC) y en tal sentido hacer lugar a la queja traída (arts. 292, CPCC y 89, ley 15.057; Ac. 4.068/22, Resol. 24/20 y Resol. 1.840/24).
IV. Ingresando en el estudio del recurso extraordinario de nulidad, se observa a todas luces improcedente. Aduce el impugnante, con sustento en el contenido del art. 168 de la Constitución provincial, que el pronunciamiento puesto en tela de juicio, no abastece el requerimiento constitucional de que sea dictado por acuerdo mayoritario de sus miembros. Ello así, destaca, desde que luego del voto fundado del magistrado que abre el mismo, sus colegas concitaron una simple adhesión al mismo.
IV.1. De inicio, cabe recordar que el recurso extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. prov.; causas L. 122.156, "Godio"; L. 121.033, "Aguirre", ambas sents. de 9-XI-2020; L. 122.346, "Amaya", sent. de 20-X-2021 y L. 130.217, "Requelme", resol. de 4-X-2023).
IV.2. En esa inteligencia, en lo que atañe a la ausencia de acuerdo señalada por el recurrente, corresponde destacar que el pronunciamiento recurrido no ha vulnerado la formalidad exigida por el citado art. 168 de la Constitución de la Provincia, ya que es criterio constante de este Tribunal que el voto de adhesión (v. pág. 3 del pronunciamiento de 13-V-2024) es constitucionalmente válido (conf. doct. causas L. 95.983; "González", sent. del 16-IX-2009; L. 96.575, "La Polla", sent. del 13-VIII-2008, e. o.), pues significa que el juez que lo emite comparte los fundamentos de su colega preopinante, a los que se remite, pero por una razón de simplicidad obvia su repetición, integrándose de esa manera la mayoría requerida por la Carta provincial.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art.292 del CPCC; art. 89, ley 15.057; Ac. 4.068/2022, Resol. 24/20 y Resol. 1.840/2024).
Las costas se difieren para el momento en que se resuelva el mérito del recurso que se concede y la regulación de honorarios para su oportunidad.
2. Rechazar el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido desestimados en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (art. 298, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y pasen los autos a despacho.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/03/2025 13:38:06 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/03/2025 10:59:55 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/03/2025 17:09:35 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/03/2025 17:01:45 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/03/2025 08:21:48 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 13/03/2025 09:44:10 hs. bajo el número RR-141-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia