Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132590
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Soria y Torres y la señora Jueza doctora Budiño dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Azul, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el señor Diego Armando Prieto y, en consecuencia, condenó a Azul Natural Beef S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de las indemnizaciones derivadas del despido. En cambio, en lo que interesa, la desestimó respecto a la pretensión por daño moral (v. veredicto de fecha 3-IV-2024; sentencia de fecha 15-IV-2024 y aclaratoria de fecha 23-IV-2024).
Para así decidir, en lo que resulta relevante por ser materia de agravio, consideró no acreditado más allá del accionar antijurídico de la empleadora (ya sancionado por el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo), ningún acto de corte discriminatorio por las razones que menciona la denominada la ley 23.592.
En esa línea de pensamiento, concluyó que tampoco se acreditó la existencia de algún indicio serio, de cuyas resultas se pudiere invertir la carga de la prueba, dado que lo único demostrado fue la enfermedad del actor.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 7-V-2024), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de fecha 9-V-2024).
En su presentación relata los antecedentes de la causa. Objeta que el sentenciante no juzgó configurado el despido discriminatorio denunciado y desestimó el reclamo por daño moral efectuado por el accionante. En este marco, cita las normas y la doctrina que considera transgredida en el pronunciamiento impugnado. Alega vulnerado el principio de congruencia y absurdo en la ponderación de la prueba.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, se impone observar que -en el caso- el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria por conducto del remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley -representado por el rubro reclamado en la demanda que no prosperó y que es materia de agravio- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, razón por la cual, la admisibilidad de la impugnación en examen sólo puede justificarse en el estrecho marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 -aplicable a la fecha de la interposición del recurso extraordinario- (causas L. 128.869, "García", resol. de 5-XII-2022; L. 129.894, "Montiel", resol. de 12-X-2023 y L. 131.106, "Flores", resol. de 6-III-2024).
III.2. En consecuencia, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 124.135, "Bergara", resol. de 11-VI-2020 y L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021; L. 129.162, "Antocci", resol. de 10-XI-2022; L. 129.813, "Gramajo", resol. 10-IV-2023 y L. 131.129, "Suarez", resol. de 15-IV-2024; e.o.).
III.3. Realizado el examen conforme los lineamientos anteriormente enunciados, no se observa en la especie la concurrencia del mentado supuesto excepcional, desde que los agravios que nutren la crítica aluden a cuestiones de índole fáctica y probatoria, cuya definición es privativa de los jueces de grado, como lo es, la determinar si el despido del trabajador resultó -o no- un acto discriminatorio, asuntos detraídos de revisión de esta Suprema Corte en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto procesal citado (causas L. 125.606, "Maldonado", resol. de 29-III-2021; L. 126.864, "López", resol. de 13-VII-2021; L-128745, "Menna", resol. de 15-VII-2022 y L. 131.576, "Ruiz Díaz", resol. de 29-VII-2024), sumado a que la doctrina de esta Corte que el recurrente invoca como infringida ha sido elaborada sobre la base de presupuestos fácticos diferentes de los que se ventilan en la causa bajo examen (causas L. 125.657, "Durand", resol. de 2-III-2021; L. 129.442, "Pereyra", resol. de 19-XII-2022; L. 129.670, "Verón", resol. de 14-III-2023 y L. 130.501, "Aceituno", resol. de 7-IX-2023; e.o.).
III.4. Asimismo, corresponde recordar que reiteradamente ha sostenido este Tribunal que tampoco se observa la concurrencia de la excepción prevista por el art. 55 de la ley 11.653, en el sentido y alcance establecido por esta Suprema Corte, cuando los precedentes que se invocan como violados se vinculan a disposiciones de naturaleza procesal, como son aquellas relativas a la carga de la prueba (art. 375, CPCC; causas L. 123.666, "Santarelli", resol. de 27-V-2020 y L. 125.750, "Di Tullio", resol. de 15-IV-2021).
III.5. Por lo demás, corresponde recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 128.586, "Arana", resol. de 15-VI-2022; L. 128.521, "Bruzzo", resol. de 29-VI-2022 y L. 131.733, "Delapiaza", resol. de 29-VII-2024).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar, en lo concerniente a lo manifestado en el punto III.4., que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005 y L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. del 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. del 29-X-21 y L. 125.904, "Almada", resol. del 1-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/03/2025 13:38:16 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/03/2025 11:00:01 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/03/2025 17:09:37 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/03/2025 17:01:48 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/03/2025 08:21:51 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 13/03/2025 09:44:16 hs. bajo el número RR-146-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia