Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 129942
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, y se revoca el fallo impugnado en cuanto admitió la procedencia parcial de la demanda entablada, la que se rechaza.
Costas de ambas instancias a la vencida (arts. 24, ley 15.057; Resol. 1.840/24 y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 129.942, "Ascallia, Ernesto Pedro contra Sindicato Único de Trabajadores de Espectáculos Públicos y Afines y otro. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Budiño .
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar parcialmente a la demanda deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. sentencia de 19-X-2022).
Se interpuso, por la codemandada Sindicato Único de Trabajadores de Espectáculos y Afines, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 1-XI-2022).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente —por mayoría— hizo lugar parcialmente a la demanda iniciada por Ernesto Pedro Ascallia y condenó al Sindicato Único de Trabajadores de Espectáculos Públicos y Afines (SUTEP) a abonarle la suma que especificó en concepto de indemnizaciones derivadas del despido, agravamientos indemnizatorios, diferencias salariales, resarcimiento previsto en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345), y a entregarle la certificación de servicios contemplada en la última disposición legal citada. Rechazó, en cambio, la pretensión dirigida a obtener la extensión de condena solidaria respecto del codemandado Miguel Ángel Paniagua.
Para así decidir, tras valorar los escritos constitutivos de la litis, con base en las constancias obrantes en autos (según expuso: informes remitidos por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el Banco Itaú, la prueba pericial contable y documental acompañada por las partes), entendió probado que el actor prestó servicios dependientes para el sindicato accionado en la Delegación Mar del Plata en la categoría "boleteros-cajeros-mensualizados"; realizando tareas de atención de afiliados, control de obras y espectáculos, reclamos de índole gremial por parte de afiliados, inspecciones realizadas a través del Ministerio de Trabajo, entre muchas otras; en jornada legal. Asimismo, juzgó verificado que, simultáneamente, y durante los períodos detallados en el informe pericial contable, el actor resultó electo secretario gremial de la referida delegación y, luego, secretario adjunto.
Concluyó que el señor Ascallia cumplió para la accionada dos funciones específicas diversas: de un lado, como trabajador dependiente, y del otro, en calidad de representante sindical.
En relación con el modo en que operó la extinción del vínculo de trabajo, juzgó que se produjo el día 4 de diciembre de 2020 en virtud del despido indirecto dispuesto por el accionante fundado en justa causa, con motivo en el desconocimiento de la relación laboral y la falta de pago de haberes que se le atribuyó a la asociación sindical en su denunciado rol de empleadora.
Con todo, declaró —como se anticipó: por mayoría— la procedencia de la demanda iniciada contra el mencionado sindicato con el alcance descripto inicialmente.
II. El Sindicato Único de Trabajadores de Espectáculos Públicos y Afines dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 16, 17, 18 y 33 de la Constitución nacional; 57 de la Ley de Contrato de Trabajo; 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial local; y de la doctrina legal que cita.
Afirma que la relación anudada entre el accionante y el sindicato demandado fue de carácter institucional —no laboral dependiente— y se rigió por el estatuto social de la entidad gremial, la ley 23.551 y el decreto reglamentario 467/88.
Postula que la decisión de grado conculca la doctrina legal que emerge de los antecedentes que identifica, también la jurisprudencia que indica proveniente de la Corte federal.
Esencialmente, cuestiona por absurda la valoración de la prueba efectuada por el tribunal de grado —en su voto mayoritario— desde que de ellas se arriba a una conclusión adversa a la plasmada en el fallo de origen.
Señala que del informe emitido por la AFIP (v. presentación electrónica de 27-IV-2022) y de la prueba documental acompañada en la contestación de la demanda, se desprende que el actor se desempeñó ininterrumpidamente desde el 12 de septiembre de 2003 como secretario gremial, hasta ser ungido secretario adjunto de la seccional Mar del Plata del SUTEP, extendiéndose su mandato por el período 2018/2022.
Asevera que de dichas constancias y de la pericia contable producida en autos, no surge una vinculación dependiente, antes bien, se evidencia que las sumas percibidas por el reclamante entre los meses de julio de 2005 y diciembre de 2019 se corresponden con la licencia gremial que usufructuó en la empresa donde prestaba servicios. Adiciona que en razón del cargo electivo que desempeñaba el actor, el sindicato tenía la obligación de depositarle los aportes y contribuciones correspondientes, respetando su categoría, antigüedad y demás condiciones de contratación que tenía con su empleadora al momento de ser electo, asignándole estatutariamente una "renta", no un sueldo.
Sostiene que no se diferenció que, de haber trabajado el actor en relación de dependencia para el sindicato, el Convenio Colectivo aplicable debió haber sido el 736/16 "UTEDYC" y no el 313/75 "Diversiones públicas" que se consideró para respetar los ingresos y al que hizo referencia la AFIP al describir la modalidad del contrato en el que el actor estuvo inmerso.
Objeta que los magistrados que conformaron la decisión mayoritaria hayan declarado que el actor laboraba "en jornada legal", sin aclarar cuál sería dicha extensión horaria.
Destaca que el promotor del pleito en el escrito de demanda reconoció que "su cargo era de dirigente gremial" y que —además— a lo largo del proceso, no logró demostrar que recibiera órdenes de sus pares dirigentes gremiales, nada de lo cual fue meritado por el a quo .
Recalca que en el informe pericial contable se informó que la categoría denunciada ante la AFIP es "...Boleteros-Cajeros-mensualizados, Puesto: Dirigentes y Administradores de organizaciones de empleadores, de trabajadores y otras..."; que el actor "...se encuentra asentado en el libro de sueldos y jornales. Respecto al acta n° 135 del 19/12/2019 esta nombrado y se le revoca la renta asignada. También en el acta nº 33 del 13/12/2007 se lo reconoce como de la seccional Mar del Plata y se autoriza al pago de la renta. Ídem del Acta n° 55 de fecha 06/09/2011, como así también en el resto de las actas a las cuales he tenido acceso y está el actor reconocido en ellas y se le autoriza al pago de la renta..."; asimismo, que "...el actor percibe una retribución monetaria por recibo de sueldos por sus tareas sindicales como secretario adjunto de la Seccional Mar del Plata del SUTEP..." (rec., pág. 23).
Aclara que el libro de sueldos y jornales, es el único habilitado para asentar las "rentas compensatorias" de los dirigentes gremiales, desde que la ley no hace distingo, ni prevé un asiento especial (v. rec., pág. 24).
Impugna la sentencia de grado en cuanto allí se resolvió que la resolución contractual se produjo por despido indirecto dispuesto por el trabajador fundado en justa causa, conclusión que —aduce el quejoso— no se compadece con las constancias probatorias de la causa.
Enfatiza que no se acreditó la supuesta simultaneidad de funciones que el tribunal de trabajo estimó corroborada.
Puntualiza que conforme se desprende del acta n° 135 de la Comisión Directiva Central de fecha 19 de diciembre de 2019, lo único que oportunamente le fue revocado al actor, fue la "renta" que percibía, desde que con posterioridad continuó ejerciendo el cargo de secretario adjunto en la seccional de Mar del Plata.
Señala que conforme se desprende de la pieza postal que identifica con el número 81.117.585 del 18 de diciembre de 2020 el actor se dirigió al sindicato en su carácter de secretario adjunto, con lo cual mal pudo haberse considerado despedido con motivo de una relación laboral inexistente.
Agrega que el propio actor en el intercambio telegráfico reconoció el vínculo real que tuvo con la entidad gremial.
Expone que, en autos, ante el desistimiento de la prueba testimonial, el reclamante no logró demostrar que recibiera órdenes de sus pares dirigentes gremiales.
Afirma que el juzgador omitió analizar las posiciones absueltas por el accionante, las cuales —en su criterio— corroboran la naturaleza no dependiente de la relación habida entre las partes.
Destaca que en ejercicio de las facultades conferidas por el art. 28 inc. "m" del Estatuto Social de la entidad sindical, y conforme surge de las resoluciones de la Comisión Directiva Central y del acta que individualiza, en sucesivas oportunidades se resolvió reconocer y abonar una "renta" mensual al actor (entre otros dirigentes) hasta que la misma Comisión Directiva Central y/o el Secretariado Nacional dispusieran lo contrario. Al respecto, explica que en sintonía con lo resuelto por esta Suprema Corte en la causa L. 88.417, "Roldán" (sent. de 23-II-2005), es habitual que la asociación sindical compense los haberes dejados de percibir por quienes asumen una función gremial, trasladándose hacia aquella.
Denuncia violación del principio de congruencia porque -sostiene- el órgano de la instancia de grado no abordó las defensas opuestas por la accionada ni evaluó correctamente la prueba producida en la causa.
Considera quebrantada la teoría de los actos propios, pues debió tenerse en consideración la anterior conducta del señor Ascallia en orden a su inserción en una actividad ajena a una relación de empleo dependiente, a la cual el juzgador, sin basamento fáctico y jurídico, le asignó naturaleza laboral.
Postula que pesaba sobre el actor la carga de acreditar la supuesta relación de trabajo habida entre las partes, y que no logró demostrar ninguna de sus notas tipificantes.
III. El recurso prospera.
III.1. Esta Suprema Corte tiene dicho que la determinación acerca de la existencia de una relación de dependencia o subordinación laboral, así como la calificación del vínculo habido entre las partes, constituyen típicas cuestiones de índole fáctica, reservadas en principio a la potestad de los magistrados de trabajo y por lo tanto no susceptibles de revisión en esta instancia, salvo que se demuestre absurdo (causas L. 121.476, "Parise", sent. de 14-VII-2020; L. 122.177, "Maccari", sent. de 12-II-2021 y L. 122.222, "Novoa", sent. de 4-III-2024; e.o.).
En cuanto a la existencia del señalado vicio invalidante, es sabido que supone la comprobación de circunstancias que bien pueden calificarse de extremas y que exceden el marco del mero disentimiento o la discrepancia de criterio personal, porque se requiere algo más: el error grave, un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica o una grosera desinterpretación de la prueba producida que conduzcan a conclusiones claramente insostenibles o inconciliables con las constancias de la causa (causas L. 123.501, "Consorcio de Gestión Puerto La Plata", sent. de 21-X-2022; L. 123.383, "Linares", sent. de 22-XI-2022 y L. 125.370, "Salazar", sent. de 30-V-2023).
III.2. Acierta el recurrente cuando denuncia que la labor axiológica desplegada por las magistradas que integraron la opinión mayoritaria registrada en el fallo de grado se halla teñida de absurdo.
III.2.a. Más allá de ciertas expresiones volcadas en su comunicación por la autoridad oficiada, de los datos objetivos obrantes en la documentación adjunta en el informe brindado en autos por la AFIP (v. oficio electrónico de 27-IV-2022), se observa que en relación con el actor, en los tramos temporales que interesan, desde el mes de mayo de 2007 hasta el de agosto de 2008, surge registrada la "razón social" Nancy Alvarado (sin sumas informadas en concepto de "remuneración" ni aportes pero asentándose "pago" lo referido a la contribución de obra social) y asimismo el sindicato accionado (con "remuneración" declarada y aportes y contribuciones pagos); y desde octubre de 2008 hasta septiembre de 2017 la firma Clubbing4 SRL (en sustancia, sin sumas informadas en concepto de "remuneración", ni aportes pero asentándose "pago" lo referido a la contribución de obra social) y a su vez —por un lapso más extenso— a la asociación gremial de autos (con "remuneración" declarada y aportes y contribuciones pagos).
Por su lado, en la pericia contable (presentada digitalmente en el expediente el día 6-XII-2021 y ponderada como una prueba relevante en el voto mayoritario del tribunal de grado) el experto informó que tuvo a la vista diversas actas emanadas de la Comisión Directiva Central y del Secretariado Nacional del sindicato en las cuales consta que hubo de autorizarse el pago al actor de sumas en concepto de "rentas" que le fueren asignadas, junto a otras a través de las cuales más adelante en el tiempo se habría revocado su pago. Constató también actas del sindicato mediante las cuales se designó al actor como secretario gremial de la Delegación Mar del Plata y luego, secretario adjunto. Además, detalló allí el perito la presencia de una nómina de miembros de la Comisión Directiva del SUTEP dados de alta en la AFIP y que también percibían una "renta" por parte del sindicato.
Y en este contexto, ocupa además poner de relieve que se avizora en los recibos atribuidos al sindicato y acompañados junto con el escrito de demanda, que cuando se consigna la tarea desarrollada por el actor se detalla la de "dirigente", dato que se corresponde con lo informado por el experto contable, quién también aludió a que por sus labores gremiales como secretario adjunto el demandante percibía una "retribución monetaria" instrumentada mediante recibo de haberes.
III.2.b. Lo expuesto en los párrafos anteriores ha de integrarse con distintas incorrecciones que surgen del fallo recurrido y que en su conjunto evidencian la configuración del absurdo denunciado en la actividad valorativa del tribunal frente a las pruebas.
En efecto, continuando con el análisis del caso, cabe recordar que si bien en el pronunciamiento en crisis el a quo refirió haber ponderado los oficios contestados por el Banco Itaú (v. presentaciones electrónicas de fechas 7-III-2022 y 11-V-2022), no mencionó —ni al menos tangencialmente— qué extremo relevante habría considerado de dicha prueba para fundar su decisiva conclusión. Para más, dable es tener presente que, de la lectura de lo instruido por el mentado establecimiento bancario, en rigor, no surge información alguna que abone la tesitura blandida por el tribunal del trabajo.
Otro tanto puede decirse de la mera referencia efectuada en el voto mayoritario del tribunal laboral en orden a la ponderación de las constancias documentales aportadas por las partes, pues tal expresión se encuentra desprovista de todo desarrollo argumentativo.
Tampoco se detecta prueba alguna que permita inferir, con el grado de precisión con que lo describió el tribunal de grado, que el señor Ascallia hubiese realizado en favor del sindicato recurrente "...tareas de atención de afiliados, control de obras y espectáculos realizados en la ciudad, reclamos de índole gremial por parte de afiliados, inspecciones realizadas a través del ministerio de trabajo pcial. y nacional, entre muchas otras; en jornada legal...". Máxime cuando según da cuenta el acta labrada con motivo de la audiencia de vista de la causa, no hubo de producirse en el juicio prueba testimonial; y tampoco tales conclusiones buscan hallar sostén en presunción legal alguna.
Y concretamente —como también lo indica el impugnante— en lo tocante a la jornada de trabajo supuestamente cumplida por el actor en el marco del vínculo que receptó el a quo , se detecta una total ausencia de respaldo probatorio.
III.2.c. A esta altura, y a tenor de la doctrina legal que invoca el interesado, no está demás memorar que esta Suprema Corte ha declarado que las funciones ejercidas por los miembros de la comisión directiva de una asociación sindical determinadas por la ley de asociaciones sindicales y el estatuto del sindicato al que representan, no configuran un contrato de trabajo subordinado, pues son cumplidas en virtud de un mandato electivo político sindical, regido por disposiciones legales y estatutarias ajenas por su naturaleza jurídica a las que inspiran una relación de trabajo dependiente (conf. causas L. 62.951, "Juárez", sent. de 10-IV-2001; L. 86.418, "Maldonado", sent. de 27-XII-2006; L. 104.394, "Borgogno", sent. de 7-IX-2011 y L. 112.466, "Allary", sent. de 20-III-2013).
Ahora bien, en el pronunciamiento atacado se arribó a la conclusión mayoritaria que estableció que el actor estaba ligado al sindicato accionado por una vinculación laboral dependiente y por otro lado desarrollaba funciones gremiales. Y si este aspecto fáctico dota de peculiaridad al caso en su cotejo con los presupuestos que contribuyeron a forjar las directrices jurisprudenciales forjadas en los precedentes citados, no lo es menos que, debiéndose revocar el fragmento del fallo puesto en crisis en razón del absurdo evidenciado, aquella doctrina deviene operativa.
III.2.d. Con todo, ningún elemento de autos condice a avalar la conclusión del a quo que recoge el planteo inserto en la demanda.
En consecuencia, el medio de impugnación ha de progresar, debiéndose casar el pronunciamiento objetado en cuanto en él se declaró la existencia de relación laboral entre el señor Ascallia y el sindicato demandado y se admitió la acción intentada, la que se desestima.
III.3. Finalmente, y toda vez que lo dicho es suficiente para dar respuesta favorable a la impugnación ensayada, no corresponde ingresar en el análisis de los restantes embates traídos.
IV. En virtud de lo expuesto, debe hacerse lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y revocar el fallo impugnado en cuanto admitió la procedencia de la demanda entablada, la que se rechaza.
Costas de ambas instancias a la vencida (arts. 24, ley 15.057; Resol. 1.840/24 y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, y se revoca el fallo impugnado en cuanto admitió la procedencia parcial de la demanda entablada, la que se rechaza.
Costas de ambas instancias a la vencida (arts. 24, ley 15.057; Resol. 1.840/24 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/03/2025 10:12:14 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/03/2025 15:11:17 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/03/2025 13:10:50 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/03/2025 15:11:20 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/03/2025 08:31:03 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 27/03/2025 10:57:42 hs. bajo el n
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