Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132575
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar parcialmente a la demanda incoada por la señora María José Santiago y, en consecuencia, condenó al Colegio San Andrés de Mar del Plata a pagar la suma que especificó en concepto de diferencias salariales, indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de naturaleza laboral. En cambio, desestimó la acción deducida contra la señora Ermelinda Moreno y Educare S.A. (v. pronunciamiento de fecha 7-XII-2023).
Para así decidir, en lo que resulta de interés por ser materia de agravio, el sentenciante juzgó que la actora no logró acreditar que la señora Moreno obró como su empleadora.
Por otro lado, consideró no comprobada vinculación jurídica alguna entre la empleadora Colegio San Andrés de Mar del Plata S.A. y Educare S.A., ni que entre ellas medió transferencia del establecimiento.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 19-XII-2023), el que fue concedido por el tribunal de grado (v. resolución de fecha 21-XII-2023).
En su impugnación, la apelante relata los antecedentes de la causa. Cita las normas y la doctrina legal que considera vulnerada. Alega absurdo en la valoración de las pruebas.
En esencia, cuestiona que el tribunal de origen consideró no probada la calidad de empleadora de la señora Moreno ni la cesión del establecimiento laboral en favor de Educare S.A. En este marco, señala conculcado del principio de primacía de la realidad.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, se impone observar que -en el caso- el valor de lo cuestionado ante esta instancia por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -representado por la suma del capital de condena cuya extensión solidaria pretende- no excede el monto mínimo fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial -texto según ley 14.141- (causa L. 121.975, "Mansilla", resol. de 5-VI-2019 y L. 123.059, resol. de 14-VIII-2019). Por tal motivo, el tratamiento de la impugnación bajo examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción del art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 -aplicable a la fecha de interposición del recurso extraordinario- (causas L. 128.042, "Blanco", resol. de 1-IV-2022; L. 130.348, "Retamosa", resol. de 7-IX-2023 y L. 131.785, "Escobar", resol. de 20-IX-2024).
III.2. Ahora bien, y a propósito de los argumentos desplegados por la interesada, cabe destacar que el tenor del planteo ensayado no permite considerar involucrada -de manera directa e inmediata- una cuestión de naturaleza federal que autorice el conocimiento del recurso sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la CSJN in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478; causas L. 125.836, "Espinoza", resol. de 6-XI-2020; L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020 y L. 129.861, "Báez", resol. de 6-II-2023).
Asimismo, luce infructuoso el planteo de inconstitucionalidad del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, en tanto esta Suprema Corte tiene dicho, en forma reiterada, que las limitaciones establecidas por las normas procesales en cuanto al valor del litigio para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales, desde que el art. 161 apartado 3 inc. "a" de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece que el conocimiento y resolución del indicado remedio procesal compete a este Tribunal con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan (causas L. 125.004, "Fernández", resol. de 13-X-2020; L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020 y L. 129.268, "Senger", resol. 15-II-2023).
III.3. En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020; L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020; L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021 y L. 130.197, "Quintana", resol. de 7-IX-2023).
III.4. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que la recurrente, en apoyo de su pretensión, trae doctrinas referidas a cuestiones de índole fáctica y probatoria -como lo son, en la especie, la determinación de la existencia de una relación de linaje laboral entre las partes, así como si existió o no transferencia de establecimiento y la consecuente solidaridad que para tal supuesto la legislación impone- asuntos detraídos de revisión de esta Suprema Corte en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto procesal citado (causas L. 121.519, "Gómez", resol. 6-VI-2018; L. 121.631, "Sosa", resol. de 27-II-2019, L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020 y L. 128.000, "Flores", resol. de 19-IX-2022).
Además, cabe señalar que reiteradamente ha declarado esta Corte que las doctrinas referidas al vicio de absurdo no resultan idóneas a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el citado art. 55 de la ley ritual (causas L. 116.942, "Novelli", sent. de 28-X-2015; L. 119.427, "De Santo", sent. de 21-II-2018; L. 120.430, "González", sent. de 2-V-2019; L. 124.463, "Gamero", resol. de 14-VII-2020; L. 125.418, "Marín", resol. de 12-II-2021 y L. 129.265, "Rodríguez", resol. de 3-XI-2022; L. 131.821, "Mendez", resol. de 20-VIII-2024).
Finalmente, cabe recordar que esta Corte tiene dicho que la doctrina legal es la que emana de sus propios fallos y no la que deriva de la opinión de los autores (causas L. 121.514, "Pardo", resol. de 26-IX-2018; L. 125.472, "Ávila", resol. de 12-II-2021; L. 126.551, "Arias", resol. de 4-III-2021 y L. 130.081, "Torres", resol. de 27-III-2023).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/03/2025 20:47:18 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 28/03/2025 12:48:36 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/04/2025 14:38:27 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/04/2025 16:54:42 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/04/2025 08:41:52 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 03/04/2025 10:01:12 hs. bajo el número RR-249-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia