Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 133118
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y la señora Jueza doctora Budiño dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Dolores decretó la caducidad de la instancia en la causa iniciada por Jesús Reinaldo Montenegro contra Eduardo Melidone, Sebastián Zajdman, Juan Favale, Favio Curretti, Lof Producciones S.A. y Deck Asociados en procura del cobro de los rubros salariales e indemnizatorios que reclamó (v. pronunciamiento de fecha 10-VII-2024).
Para así resolver, juzgó que, en el caso, se encontraban configurados los presupuestos legalmente establecidos a los fines de declarar la procedencia del mencionado instituto.
II. Contra dicha decisión, el accionante dedujo revocatoria (v. presentación de fecha 29-VII-2024) y recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 8-VIII-2024), el primero fue desestimado (v. resolución de fecha 31-VII-2024) y el restante fue concedido por el a quo en el marco de la excepción contenida en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (v. resol. de fecha 27-VIII-2024).
En sustancia, se agravia de la decisión del tribunal de grado que decretó la perención de la instancia. Alega absurdo. Asimismo, individualiza las normas y la doctrina legal que considera transgredidas en el pronunciamiento impugnado.
Por último, se agravia de la imposición de costas.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, se impone señalar que - tal como lo manifestó el propio apelante (v. presentación de fecha 8-VIII-2024) y lo adelantó el órgano de grado (v. resol. de fecha 27-VIII-2024)- el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por la suma reclamada en la demanda con más el importe de las costas cuya imposición se agravia- no excede el mínimo fijado por el art. 82 de la ley 15.057, aplicable a la fecha de interposición del recurso, según Resolución 1.840/2024.
En consecuencia, en la especie, la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la doctrina elaborada en torno al alcance de la excepción contenida en el citado art. 82 de la ley 15.057 (cfr. causa L. 132. 789, "Testone ", resol. de 20-IX-2024).
De suyo, entonces, la función revisora de esta Sede queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 128.119, "Barragán", resol. de 4-VII-2022; L. 126.806, "Giles", resol. de 21-VI-2023 y L. 130.155, "Alcaraz", resol. de 11-VII-2023; e.o.).
III.2.En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, toda vez que las doctrinas contenidas en el escrito recursivo -además de haber sido elaboradas sobre la base de presupuestos fácticos disimiles- remiten a cuestiones estrictamente procesales -como lo es, la referida al instituto de la caducidad de instancia- y, como tales, detraídas de revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el ya citado precepto adjetivo (causas L. 122.878, "Galeano", resol. de 21-VIII-2019; L. 123.923, "Diamante", resol. de 16-VI-2020; L. 128.443, "Sosa", resol. de 29-VI-2022 y L. 131.000, "Gómez", resol. de 8-IV-2024).
III.3. Para más, dable es memorar, que la doctrina legal referida al vicio de absurdo no resulta idónea a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el citado precepto legal (causas L. 119.427, "De Santo", sent. de 21-II-2018; L. 120.430, "González", sent. de 2-V-2019; L. 127.812, "Casas", resol. de 7-III-2022 y L. 128.456, "Germiniani", resol. de 29-VI-2022 y L. 133.918, "Selva", resol. de 12-III-2025).
III.4. Asimismo, corresponde señalar que en su lacónico reproche final que formula el recurrente, respecto de la imposición de costas, prescinde citar como transgredida doctrina legal alguna de esta Suprema Corte, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 121.119, "Sosa", resol. de 11-IV-2018; L. 124.429, "López", resol. de 21-IX-2020; L. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020; L. 125.492, "Sartor", resol. 29-III-2021 y L. 130.055, "Mier Vique", resol. de 10-IV-2023).
III.5. Finalmente, cabe recordar que esta Corte tiene dicho que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 127.641, "Maidana", resol. de 28-XII-2021; L. 128.413, "Núñez", resol. de 7-VI-2022 y L. 130.536, "Lo Nano", resol. de 20-IX-2023; e.o.).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de forma (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005 y L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 125.904, "Almada", resol. de 1-IX-2021; L. 124.100, "Goncalves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 126.656, "Núñez", resol. de 17-XI-2021).
Poor ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/05/2025 12:51:30 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/05/2025 13:18:24 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/05/2025 12:22:17 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/05/2025 14:48:16 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/05/2025 08:18:41 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 12/05/2025 11:03:36 hs. bajo el número RR-436-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia