Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132888
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
UREY CLAUDIO ZENON C/
VIALCO S.A. S/ DESPIDO.
Los señores Jueces doctores Torres y Soria y la señora Jueza doctora Budiño dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 con asiento en la ciudad de Zárate, perteneciente al Departamento Judicial de Zárate-Campana, declaró la caducidad de la instancia en la acción entablada por el señor Claudio Zenón Urey contra Vialco S.A., por la cual procuraba el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de naturaleza laboral (v. sent. de fecha 12-VI-2024).
Para así decidir, juzgó que en el caso se encontraban configurados los presupuestos establecidos en el art. 12 de la ley 11.653.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo revocatoria y, subsidiariamente, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 24-VI-2024). El a quo rechazó el primero de los medios de impugnación y admitió el restante en el marco de la excepción contemplada en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (v. resolución de fecha 4-VII-2024).
En su presentación alega cuestión federal. Plantea la inconstitucionalidad del art. 161, apartado 3 inc. "a" de la Constitución provincial. Asimismo, cuestiona la validez constitucional de los arts. 278 y 280 del Código Procesal Civil y Comercial y del art. 55 de la ley 11.653.
Sustancialmente, el interesado se agravia de la decisión del sentenciante que decretó la perención de la instancia. Sostiene que, contrariamente a lo dispuesto en el fallo, ha realizado actividad procesal útil para continuar con las actuaciones. En este marco, alega arbitrariedad y excesivo rigor formal al valorar las constancias de la causa, en el entendimiento de que la caducidad constituye una medida excepcional y de aplicación restrictiva. Asimismo, individualiza las normas, los principios y la doctrina legal que considera transgredidos en el pronunciamiento impugnado.
III. El recurso no prospera.
III.1. Antes de ingresar en el tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, corresponde formular una consideración inicial.
De la lectura y análisis de la postulación recursiva se desprende la interposición por el actor del remedio ordinario de revocatoria -que fue desestimado en la instancia de origen- y, en subsidio, el de inaplicabilidad de ley.
A propósito de ello, es oportuno memorar que esta Suprema Corte ha declarado que los recursos extraordinarios deben bastarse a sí mismos, y su adecuada fundamentación no puede inferirse de lo que pueda decirse al fundar otros recursos deducidos ni interponerse en subsidio de éstos (causa L. 89.615, "Ortigosa", sent. de 28-V-2008; L. 118.307, "Flores", resol. de 26-III-2015; L. 126.684, "Duarte", resol. de 7-IV-2022 y L. 130.295, "Gómez Alaniz", resol. de 23-XI-2023).
En virtud de lo expuesto en la presentación del día 24 de junio de 2024 con relación al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, se observa que éste cuenta con fundamentación autónoma, cumpliendo, de tal modo, con el señalado criterio que habilita a este Tribunal a conocer y pronunciarse respecto del canal impugnativo en cuestión.
III.2. Luego, corresponde señalar que el planteo de inconstitucionalidad del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial deviene abstracto en razón que, en virtud de lo establecido en el art. 22 de la ley 11.653, el trabajador goza del beneficio de gratuidad. Por lo tanto, está exceptuado de cumplir con la carga prevista en el mencionado precepto legal.
III.3. Sentado lo anterior, se impone observar que, en el sub examine , el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado en el caso por el importe reclamado en la demanda- no supera el mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141; causa L. 131.692, "Llamas", resol. de 27-IX-2024). Por esa razón, tal como lo sostuvo el órgano de grado, el tratamiento del canal deducido sólo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo, in fine , de la ley 11.653 -aplicable a la fecha de la articulación del recurso extraordinario- (causas L. 127.604, "Díaz", resol. 20-XII-2021; L. 129.902, "Leihner", resol. de 10-IV-2023 y L. 130.306, "Mangiapane", resol. de 21-VI-2023).
Asimismo, debe indicarse que el impugnante no expuso razones suficientes que ilustren -en el caso- la presencia de un agravio federal que autorice el conocimiento del recurso sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478; causas L. 118.518, "Berg", resol. de 1-VII-2015; L. 125.642, "Eseiza", resol. de 4-III-2021; L. 128.521, "Bruzzo", resol. de 29-VI-2022 y L. 132.705, "Robles", resol. de 27-III-2025).
En este contexto, respecto de los planteos de inconstitucionalidad traídos, sin perjuicio de otras consideraciones, corresponde recordar que esta Suprema Corte ha dicho que el presente carril se concede con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan (art. 161 inc. 3 "a" de la Constitución local) y su limitación, no vulnera derechos y garantías constitucionales resultando compatible con el citado art. 161, pues no impide deducir el recurso extraordinario previsto, sino que lo condiciona a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa y sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio (causa L. 132.874, "Márquez", resol. de 27-IX-2024).
En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede precisamente en un caso similar (causas L. 124.135, "Bergara", resol. de 11-VI-2020; L. 125.781, "Mora", resol. de 17-II-2021 y L. 123.296, "González", resol de 15-II-2023).
III.2. Siendo así, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, toda vez que las doctrinas contenidas en el escrito recursivo -además de haber sido elaboradas sobre la base de presupuestos fácticos disimiles- remiten a cuestiones estrictamente procesales -como lo es, la referida al instituto de la caducidad de instancia- y, como tales, detraídas de revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el ya citado precepto adjetivo (causas L. 123.923, "Diamante", resol. de 16-VI-2020; L. 128.443, "Sosa", resol. de 29-VI-2022 y L. 131.000, "Gómez", resol. de 8-IV-2024).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de forma (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005 y L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 125.904, "Almada", resol. de 1-IX-2021; L. 124.100, "Goncalves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 126.656, "Núñez", resol. de 17-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/05/2025 13:14:46 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/05/2025 10:20:49 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/05/2025 12:27:37 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/05/2025 18:21:21 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/05/2025 08:29:40 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 23/05/2025 10:03:51 hs. bajo el número RR-496-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia