Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132903
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres y Soria y la señora Jueza doctora Budiño dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar parcialmente a la demanda incoada por el señor Marcelo Adrián Méndez y, en consecuencia, condenó a Papelera Horizonte S.R.L., a pagar la suma que especificó en concepto de indemnización por despido y otros rubros de linaje laboral. Por el contrario, la rechazó respecto de Papelera San Luis S.A.C.E.I., Ana Laura Bonanno, Daniela Alejandra Bonanno y Daniel Luis Bonanno (v. pronunciamiento de fecha 29-V-2024).
Para así decidir, juzgó no acreditados los presupuestos legales para decretar la extensión de responsabilidad respecto de Papelera San Luis S.A.C.E.I., Daniel Luis Bonanno, Ana Laura Bonanno y Daniela Alejandra Bonanno.
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 14-VI-2024), el que fue concedido por el a quo (v. resol. de fecha 26-VI-2024).
En rigor, se agravia de que el sentenciante no extendió la responsabilidad, en forma solidaria, al resto de los codemandados.
En lo esencial, alega absurdo en la valoración de la prueba y sostiene que el juzgador quebrantó las reglas de la carga de la prueba.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, debe señalarse que el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -representado por el capital de condena cuya extensión solicita-, no excede el monto mínimo fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, aplicable al momento de la interposición del remedio procesal (causa L. 129.900, "Peñalva", resol. de 27-VI-2023; L. 131.154, "Maldonado", resol. de 15-IV-2024 y L. 131.479, "Olea", resol. del 27-VI-2024).
Así, en el caso, la función revisora de la Suprema Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha fijado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 117.666, "Madrid", sent. de 11-III-2015; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020 y L. 123.296, "González", resol de 15-II-2023).
III.2. Realizado el examen conforme los lineamientos anteriormente enunciados, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado desde que el recurrente trae a consideración agravios relacionados con cuestiones cuya definición es privativa del sentenciante de grado y relativos a la valoración de los hechos y las pruebas, asuntos detraídos de la revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto antes señalado (causas L. 124.457, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020; L. 130.381, "Ordas", resol. de 24-X-2023 y L. 130.641, "Areco", resol. de 22-XII-2023 y L. 132.539, "Reyes", resol. de 3-IV-2025).
No mejora la suerte de la impugnación la mención de las doctrinas referidas al vicio de absurdo, en tanto no resultan idóneas a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 118.068, "Gudiño", resol. de 20-11- 2014 y L. 118.239, "González", resol. de 19-II-2015).
III.3. Asimismo, corresponde advertir que no se verifica el excepcional supuesto de admisibilidad cuando los precedentes traídos se encuentran relacionados con cuestiones estrictamente procesales como lo es la relativa a la distribución de la carga de la prueba (causas L. 121.519, "Gómez", resol. 6-VI-2018; L. 121.631, "Sosa", resol. de 27-II-2019; L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020 y L. 132.697, "Lazarte", resol. de 27-III-2025).
III.4. Finalmente, es dable recordar que esta Corte tiene dicho que la doctrina legal es la que emana de sus propios fallos y no la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia (causas L. 121.514, "Pardo", resol. de 26-IX-2018; L. 125.472, "Ávila", resol. de 12-II-2021; L. 126.551, "Arias", resol. de 4-III-2021 y L. 130.081, "Torres", resol. de 27-III-2023).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar, en lo concerniente a lo manifestado en el tercer párrafo del punto III.3., que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005 y L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 125.904, "Almada", resol. de 1-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 30/05/2025 13:29:20 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 30/05/2025 13:59:28 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/06/2025 14:58:11 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/06/2025 17:04:17 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/06/2025 08:38:43 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 04/06/2025 09:36:37 hs. bajo el número RR-566-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia