Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 133139
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 12.961), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora hizo lugar, por mayoría, a la demanda promovida por el señor Germán Alberto Porfidio contra Roberto Daniel Amondarain, por la que procuraba el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido. Por otro lado, rechazó la acción respecto de Nicolás Roberto Amondarain (v. pronunciamiento de fecha 11-X-2023).
Para así decidir, tras evaluar los elementos probatorios agregados a la causa tuvo por probada la existencia de un contrato de trabajo entre el accionante y el codemandado Roberto Daniel Amondarain, en razón de verificarse sus notas características de subordinación jurídica, económica y técnica.
II. Contra dicha decisión, el legitimado pasivo -Roberto Daniel Amondarain- dedujo recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley, ocasión en la que planteó la inconstitucionalidad del art. 56 de la ley 11.653 y solicitó se lo exima de cumplir con el depósito previo previsto en la citada norma, por encontrarse imposibilitado económicamente para abastecerlo, ofreciendo prueba de ello (v. presentación de fecha 1-XI-2023).
A su turno, el órgano de grado desestimó la invalidez constitucional planteada y, luego de sustanciar la prueba, otorgó el beneficio peticionado. Finalmente, rechazó el recurso extraordinario de nulidad y concedió el de inaplicabilidad de ley (v. resol. de fecha 3-IX-2024).
III. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestiona la conclusión de grado con arreglo a la cual los magistrados de origen juzgaron demostrado el vínculo de trabajo entre el accionante y el recurrente. En ese orden, controvierte por absurda la valoración de la prueba efectuada por el sentenciante en cuanto la consideró eficaz para acreditar tal extremo.
IV. El recurso no prospera.
IV.1. De modo liminar, no es ocioso recordar que esta Corte ha sostenido reiteradamente el criterio de que el art. 56 de la ley 11.653 -aplicable al momento de interposición del recurso- no conculca derechos o garantías constitucionales, pues constituye, por su finalidad, una razonable medida precautoria prevista en salvaguarda del interés social comprometido y de la celeridad procesal, colocando al trabajador en condiciones de hacer efectivo sin dilaciones su crédito, del que la sentencia en embate constituye fuerte presunción favorable, sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio, toda vez que se impone de igual modo a todos los que se encuentran en las mismas circunstancias (cfr. doctr. causas L. 114.814, "Machuca", resol. del 13-VII-2011; L. 110.617, "Fonseca", resol. del 5-V-2010 y L. 129.889, "Caruso", resol. de 4-XII-2023).
IV.2.a. Sentado lo anterior, corresponde señalar que, sabido es que determinar la existencia de relación de dependencia o subordinación, típica del vínculo contractual de linaje laboral, constituye una cuestión reservada en principio- en forma privativa a los magistrados de trabajo y, por lo tanto, no resulta susceptible de revisión en esta instancia extraordinaria, salvo la cabal demostración de absurdo (causas L. 124.022, "Wojtowicz", resol. de 29-VI-2020; L. 129.209, "Galperín", resol. de 5-XII-2022; L. 130.724, "Ballesteros", resol. de 4-XII-2023 y L. 131.177, "Rodríguez", resol. de 8-IV-2024).
Ello exige la verificación de un error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal, o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 121.844, "Sandoval", resol. de 13-II-2019; L. 124.111, "Ferreyra", resol. de 16-VI-2020; L. 124.997, "Petri", resol. de 4-II-2021 y L. 130.621, "Fersio", resol. de 22-XII-2023), ya que no cualquier equívoco, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones alcanzan para configurarlo (causas L. 121.001, "Ledesma", resol. de 7-III-2018; L. 121.844, "Sandoval", resol. de 13-II-2019; L. 124.997, "Petri", resol. de 4-II-2021 y L. 130.746, "Gallego", resol. de 26-XII-2023).
IV.2.b. En el caso, valorando la prueba producida en la causa -especialmente la testimonial-, el sentenciante concluyó que pudo comprobarse la existencia de un vínculo de naturaleza laboral entre el trabajador y el codemandado Roberto Daniel Amondarain.
A criterio del juzgador, las declaraciones de los testigos propuestos por la parte actora resultaron espontáneas, desinteresadas, veraces, coincidentes y convincentes. Por el contrario, sostuvo que las declaraciones de los testigos aportados por la parte demandada evidenciaron un notorio interés en favorecer su postura.
IV.2.c. Estas esenciales conclusiones del fallo no logran ser conmovidas por el recurrente, pues si bien invoca absurdo, cierto es que no logra demostrarlo, desde que -en rigor- su exposición sólo traduce su disconformidad con la solución arribada en el fallo, revelando la insuficiencia del remedio bajo análisis (causas L. 122.043, "Navoni", resol. de 8-V-2019; L. 122.373, "Yamanga", resol. de 5-VI-2019; L. 124.121, "Sánchez", resol. de 11-III-2020; L. 128.234, "Zaccaro", resol. de 19-IX-2022 y L. 129.884, "Emanuele", resol. de 23-XI-2023).
Ello así, pues apartándose de la línea reflexiva y de la apreciación probatoria que en conciencia llevó a los jueces de grado a plasmar la decisión expuesta en la sentencia, se limita a elaborar un nuevo análisis de los hechos y constancias probatorias según su propio criterio valorativo, argumentos estos que no logran demostrar concretamente la grave anomalía invocada (causas L. 121.616, "Lareu", resol. de 5-XII-2018; L. 122.643, "Casali", resol. de 23-X-2019; L. 123.185, "Romero", resol. de 19-II-2020; L. 128.442, "Cirmi", resol. de 7-VI-2022 y L. 129.267, "Elicabe", resol. de 7-IX-2023).
Cabe recordar, en ese sentido, que reiteradamente esta Corte ha declarado que es insuficiente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si las apreciaciones que en él se vierten no van más allá de disentimientos personales o de la exteriorización de un criterio meramente discrepante con el del juzgador, sin rebatir en forma concreta, directa y eficaz las esenciales motivaciones del fallo (causas L. 121.538, "Cabral", resol. de 26-IX-2018; L. 122.683, "Aguado", resol. de 16-VI-2020 y L. 129.803, "Amigo", resol. de 6-XII-2023).
Una formulación de ese tenor sólo trasunta la intención de cuestionarle al sentenciante las potestades privativas que le asisten en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 124.883, "Couto", resol. de 16-X-2020; L. 125.035, "Gutiérrez", resol. de 9-XII-2020; L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021 y L. 130.600, "Parente", resol. de 20-IX-2023).
IV.3. Finalmente, corresponde destacar que no resulta hábil el cuestionamiento afincado en la ponderación de la prueba oral, pues la valoración de las declaraciones testimoniales recibidas en la audiencia de vista de la causa queda reservada a los jueces de grado, y ello así, tanto en lo que concierne al mérito como en lo relativo a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo, que el interesado no logra acreditar (causas L. 114.635, "Enrique", resol. de 17-VIII-2011; L. 119.849, "Rojas", resol. de 4-VIII-2016 y L. 128.469, "Areco", resol. de 21-VI-2023).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 12.961), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 30/05/2025 13:29:24 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 30/05/2025 13:59:32 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/06/2025 14:58:13 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/06/2025 17:04:19 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/06/2025 08:38:44 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 04/06/2025 09:37:34 hs. bajo el número RR-569-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia