Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132726
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (art. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres y Soria y la señora Jueza doctora Budiño dijeron
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora hizo lugar parcialmente a la acción promovida por Laura Lorena González y, en consecuencia, condenó al Colegio Luis Vernet S.R.L. a pagar la suma que especificó en concepto de sueldo anual complementario y vacaciones proporcionales correspondientes al año 2021. Por el contrario, la desestimó en cuanto perseguía el cobro de la indemnización por despido y otros rubros de linaje laboral. Asimismo, también rechazó íntegramente la acción respecto de Lina Carmen Picirillo (v. veredicto y sentencia de fecha 11-VI-2024 y 12-VI-2024, respectivamente).
Para así decidir, evaluando el material probatorio, juzgó injustificado el despido indirecto en que se colocó la trabajadora.
Por otro lado, concluyó que carecía de causa legal que le diera sustento el pedido de extensión de responsabilidad de Lina Carmen Picirillo.
En cuanto al modo de calcular las pretensiones que le corresponden abonar a la accionada, entendió que las mismas debían integrarse -desde la fecha del distracto y hasta el efectivo pago- con intereses calculados conforme la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta -30- días vigentes en los distintos períodos de aplicación, denominada tasa pasiva digital o BIP.
II. Contra dicha decisión, la legitimada activa interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de fecha 2-VII-2024), el que fue concedido por el a quo (v. resol. de fecha 3-VII-2024).
En lo que resulta materia de análisis en esta instancia, con denuncia de absurdo, se agravia, en primer lugar, de la conclusión del fallo con arreglo a la cual se tuvo por demostrado que la extinción del contrato de trabajo, por parte de la actora, fue apresurada.
Luego, objeta el rechazo de la demanda respecto de la codemandada Picirillo, exponiendo las razones por las cuales la considera solidariamente responsable.
Asimismo, cuestiona la tasa de interés fijada por el sentenciante. A tal efecto, solicita la aplicación de la doctrina legal sentada en la causa C. 124.096, "Barrios" (sent. de 17-IV-2024), la cual requirió al momento de alegar en la audiencia de vista de la causa con el pedido de declaración de inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928.
Finalmente, objeta la desestimación de la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la ley 20.744.
III. El recurso no prospera.
III.1. Cuestiones de orden metodológico imponen examinar la concurrencia de los requisitos de admisibilidad del recurso articulado, particularmente en lo que respecta al valor del litigio.
Es menester destacar que en atención a que los cuestionamientos traídos por la recurrente versan sobre pretensiones independientes, deducidas en una misma demanda (acumulación objetiva), se constata que una de ellas -la vinculada a la aplicación de la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo- resulta de valor indeterminado (causas L. 119.769, "Corbari", sent. de 29-VIII-2017; L. 121.919, "Cabrera", sent. de 12-II-2020; L.122.013, "Vitale", sent. de 4-III-2020 y L. 132.077, "Salto Monje", resol. de 15-X-2024).
III.1.a. Liminarmente, cabe destacar que, en la especie, la compareciente no especifica, a tenor de los agravios desplegados en la vía impugnativa, como estaría representado el valor del litigio ni cuantifica su importe, prescindiendo demostrar -en consecuencia- que lo cuestionado ante esta sede casatoria supere el mínimo establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141).
En este sentido, esta Corte ha declarado expresamente que recae sobre la parte que deduce el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el imperativo de acreditar que la cuantía económica de los agravios excede el monto fijado por la ley como recaudo de admisibilidad (causas L. 123.865, "R.M.P.A.", sent. de 13-VII-2021; L. 122.636, "Romero", sent. de 15-VI-2022; L. 127.682, "Scarlata", sent. de 30-V-2023 y L. 132.336, "Ferreyra", resol. de 28-XI-2024; e.o.).
III.1.b. En estas condiciones, corresponde ingresar al análisis de los agravios que porta el presente recurso en el marco de la excepción contemplada en la última parte del primer párrafo del art. 55 de la ley 11.653 -aplicable a la fecha de interposición del recurso extraordinario-. De allí que la función revisora extraordinaria se circunscriba a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha fijado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 124.084, "Vecchio", sent. de 5-V-202; L. 124.102, "Jose", sent. de 21-X-2022; L. 126.044, "López", sent. de 27-II-2023 y L. 132.689, "Mesito", resol. de 12-III-2025).
III.2.a. En el contexto indicado, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral, en relación al primer agravio reseñado, se impone nítida, desde que mediante la denuncia de violación de doctrina legal, la impugnante trae a consideración agravios relacionados a cuestiones cuya definición es privativa del sentenciante de grado, y relativas a la valoración de los hechos y las pruebas, al cumplimiento de las formalidades del art. 243 de la Ley de Contrato de Trabajo, así como al supuesto absurdo en que habría incurrido el Tribunal de Trabajo al meritar las circunstancias probatorias de la litis, asuntos ajenos al acotado margen por el que transita el presente remedio procesal (causas L. 125.484, "Ríos", resol. de 21-XII-2020; L. 126.513, "Romero", resol. de 6-VIII-2021; L. 128.893, "Paz", resol. de 1-IX-2022 y L. 131.612, "Coronel", resol. de 29-VII-2024).
III.2.b. Luego, tampoco se verifica el indicado excepcional supuesto cuando la doctrina legal que se denuncia transgredida se relaciona con la interpretación de preceptos de carácter adjetivo (como lo atingente a las normas que regulan la atribución de la carga de la prueba; causas L. 119.693, "Tapia", resol. de 15-VI-2016; L. 121.347, "Burgos", resol. de 6-VI-2018: L. 123.666, "Santarelli", resol. de 27-V-2020 y L. 125.750, "Di Tullio", resol. de 15-IV-2021).
III.2.c. No mejora la suerte de la impugnación las citas jurisprudenciales efectuadas en el recurso que aluden a presupuestos fácticos distintos a los de las presentes actuaciones (causas L.120.051, "Romero", resol. 19-X-2016; L. 122.363, "Del Negro", 5-VI-2019 y L. 128.723, "Murua", resol. de 1-VIII-2023).
III.3. Respecto del agravio vinculado con la extensión de responsabilidad que pretende la atacante, tampoco se observa el excepcional supuesto habilitante, en tanto que, en la pieza recursiva, la única doctrina que se denuncia como vulnerada se refiere al vicio de absurdo, no resultando -como se anticipó- idónea a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el citado art. 55 de la ley ritual (causas L. 125.045, "Almeida", resol. de 14-XII-2020; L. 128.173, "Quinteros", resol. de 7-VI-2022 y L. 127.398, "Ricci", resol. de 27-II-2023).
Cabe destacar, en este aspecto, que no constituye doctrina legal la que deriva de los pronunciamientos de la Corte nacional (causas L. 114.725, "Cruz", resol. de 13-VII-2011; L. 121.113, "Albarracín", resol. de 11-IV-2018; L. 125.472, "Ávila", resol. de 12-II-2021; L. 127.414, "Cardoso", resol. de 29-XI-2021 y L. 130.801, "Castellucci", resol. de 22-XII-2023).
III.4. También resulta carente de idoneidad el agravio planteado en cuanto a la denuncia de errónea aplicación de la doctrina legal sentada en la causa C. 124.096 "Barrios", (sent. de 17-IV-2024).
Sin dejar de advertir que la doctrina legal que la interesada trae como sustento de su reproche ha sido sentada con posterioridad al dictado de la sentencia de grado, aunque -ha declarado este Tribunal- siendo sobreviniente no corresponde dejar de atender a su contenido (causas L. 122.063, "Cáceres", sent. de 9-II-2021; L. 121.823, "De la Iglesia", sent. de 4-VII-2022 y L. 126.882, "Jara", sent. de 20-IX-2023; e.o.), lo cierto es que la impugnación resulta ineficaz, desde que se limita a su simple mención, sin explicar cómo o en qué forma aquella resultaría vulnerada (art. 279, CPCC).
En este sentido, es oportuno recordar que es carga específica de la recurrente no sólo denunciar la doctrina legal violada o erróneamente aplicada, sino que acompañar tal invocación con la explicación concreta sobre el modo en que dicha infracción o yerro se habría producido (causas L. 121.311, "Encina", resol. de 26-IX-2018; L. 122.559, "De Asúa", resol. de 8-V-2019; L. 129.714, "Rodríguez", resol. de 27-X-2022 y L. 131.691, "Sequeira", resol. de 9-VIII-2024).
III.5. Respecto del reproche relativo a la preterición denunciada, sin perjuicio de otras consideraciones, corresponde señalar que, por principio general, la eventual omisión en el tratamiento de una cuestión esencial resulta materia ajena al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y propio del de nulidad (causas L. 118.051, "Rossi", sent. de 19-IX-2018; L. 119.347, "Bernardi", sent. de 14-VIII-2019; L. 120.699, "Caputo", sent. de 6-XI-2019; L. 127.083, "González", resol. de 7-X-2021 y L. 131.925, "Urrutia Castillo", resol. de 24-II-2025).
IV.a. Por otro lado, ningún reparo admite en cuanto a su admisibilidad, el embate dirigido a censurar aquella parcela del pronunciamiento que rechazó la sanción prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, pues el importe de la penalidad establecida en la citada norma legal sería el equivalente a las remuneraciones que se devengaron mensualmente a favor del trabajador, con igual periodicidad a la del salario, hasta que el empleador acreditara de modo fehaciente el ingreso efectivo de los montos retenidos, lo que torna al litigio, a los fines del recurso, como de monto indeterminado (art. 55, ley 11.653; causas L. 115.021, "Mazza", sent. de 27-XI-2013; L. 117.532, "Norese", resol. de 1-VII-2015; L. 122.784, "Eguren", resol. de 18-IX-2019; L. 126.825, "Cherchyk", resol. de 17-VIII-2021; L. 122.768, "Piangatelli", sent. de 7-III-2022 y L. 123.153, "Páez", sent. de 27-II-2023).
IV.b. Sentado ello, esta Corte ha señalado que determinar -con arreglo a las constancias adunadas en la causa- si se verifican los requisitos a los cuales la citada norma del art. 132 bis de la ley 20.744 subordina la aplicación de la sanción allí prevista, constituye una facultad privativa del tribunal de trabajo, y las conclusiones que al respecto se formulen no son susceptibles de revisión ante la Suprema Corte, salvo el supuesto excepcional de absurdo (art. 55, ley 11.653; L. 120.003, "Peralta", 24-IV-2019, L. 122.784, "Eguren", resol. de 18-IX-2019 y L. 123.851, "Irazoqui", resol. de 27-V-2020).
Ello requiere la acreditación del error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021; L. 121.726, " Herrera", resol. de 27-III-2023 y L. 129.594, "Andrada", resol. de 21-VI-2023), ya que no cualquier equívoco, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurarlo (causas L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021; L. 121.726, " Herrera", resol. de 27-III-2023 y L. 129.594, "Andrada", resol. de 21-VI-2023).
IV.c. En el caso, el órgano judicial de grado rechazó la pretensión de la accionante tendiente a percibir la citada sanción conminatoria. En tal sentido, juzgó que, en el informe pericial contable, el experto manifestó que la empresa empleadora había ingresado a un plan de pago fiscal correspondiente a los períodos noviembre 2009 a octubre 2019, y que dichos planes de facilidades se encontraban vigentes. Agregó que la firma demandada estaba cumpliendo con el pago de las cuotas respectivas, en el marco del concurso preventivo de acreedores al que se sometiera.
IV.d. Así, las conclusiones expuestas en la sentencia impugnada no logran ser descalificadas por la recurrente. Ello así, puesto que las alegaciones formuladas no exteriorizan más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos de aquella tarea llevada a cabo por los magistrados, apoyándose en su propia versión sobre los hechos y de cómo -en su opinión- debieron apreciarse las pruebas agregadas a la causa, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (causas "Girimonti", resol. de 5-VI-2019; L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020; L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021 y L. 126.986, "Giménez", resol. de 29-XI-2021).
En suma, el agravio traído revela la ausencia de idoneidad para rebatir la decisión adoptada en la instancia de origen, pues no aporta ningún elemento convincente que demuestre que la solución dada al caso sea absurda, o el error en la aplicación de las normas que se denuncian violadas.
IV.e. Siendo ello así, se impone confirmar lo decidido sobre el punto en la sentencia atacada, toda vez que la retención de aportes, y la consecuente falta de ingreso de ellos a los organismos correspondientes, es el presupuesto fundamental para la procedencia de la sanción conminatoria establecida en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, extremo que -como se dijo- no resultó demostrado en autos.
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar, en lo concerniente a lo manifestado en el punto III.2.b., que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005 y L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-21 y L. 125.904, "Almada", resol. de 1-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/06/2025 11:31:26 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/06/2025 14:41:08 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/06/2025 10:42:25 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/06/2025 13:36:50 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/06/2025 13:57:38 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 11/06/2025 14:30:41 hs. bajo el número RR-594-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia