Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132970
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres y Soria y la señora Jueza doctora Budiño dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda incoada por Bruno Ariel Domínguez contra Roberto Macri y, en consecuencia, lo condenó a pagar la suma que especificó en concepto de sueldo anual complementario, vacaciones proporcionales y la sanción prevista en el art. 80 de la ley 20.744 (texto según ley 25.345). Contrariamente, la desestimó en cuanto pretendía las reparaciones derivadas del despido y otros rubros de naturaleza laboral. Asimismo, rechazó íntegramente la pretensión deducida respecto de los codemandados Industrias Ferpak S.A., Fernando Macri, Pablo Macri y Vanesa Macri (v. pronunciamiento de fecha 3-VII-2024).
Para así decidir, en lo que interesa, juzgó que el despido dispuesto por el trabajador en torno a las circunstancias que describió resultó injustificado.
En relación a la extensión de condena solicitada, juzgó no acreditada la participación de Fernando Macri, Pablo Macri y Vanesa Macri en la sociedad Industrias Ferpak S.A., ni la actividad u objeto social de ésta por medio alguno.
II. Contra dicha decisión, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 2-VIII-2024), el que fue concedido por el a quo en el marco de la excepción contenida en el art. 82 de la ley 15.057 (v. pronunciamiento de fecha 2-VIII-2024).
En sustancia, bajo la denuncia de absurdo en la valoración de la prueba, controvierte lo decidido respecto a la extinción del vínculo laboral, que derivó en las desestimaciones de diversas indemnizaciones, multas por deficiente registración laboral, haberes adeudados y diferencias salariales reclamadas. Además, impugna la decisión del órgano de grado en cuanto declinó el pedido de responsabilidad solidaria de los coaccionados. Asimismo, asegura que el juzgador no aplicó la presunción contenida en el art. 39 de la ley 11.653 y vulneró el principio de congruencia.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, corresponde observar que el remedio procesal en examen fue concedido en el marco de la excepción prevista en el art. 82 de la ley 15.057 -aplicable a la fecha de interposición del recurso extraordinario- por juzgar el tribunal de grado insuficiente el monto de lo cuestionado (v. resol. de 2-VIII-2024), decisión que, debidamente notificada a las partes, no mereció objeciones del aquí recurrente.
De suyo, entonces, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 128.119, "Barragán", resol. de 4-VII-2022; L. 126.806, "Giles", resol. de 21-VI-2023 y L. 131.809, "Girardi", resol. de 20-IX-2024).
III.2. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, toda vez que el interesado -a través de un embate en el que objeta por absurda la evaluación de las pruebas- sólo trae a consideración de esta instancia casatoria cuestionamientos de índole fáctica, como lo son aquellos vinculados a las circunstancias en las que se desenvolvió y extinguió el vínculo laboral (puntualmente las relativas a la fecha de ingreso, remuneración, existencia y apreciación de la injuria legitimante del despido), así como a la extensión de responsabilidad que pretende el atacante. Cuestiones éstas -como es sabido- detraídas de revisión en el estrecho marco cognitivo del remedio procesal intentado (causas L. 119.582, "Dam", sent. de 3-V-2018; L. 116.928, "Acuña", sent. de 5-VI-2019 y L. 121.381, "Abagnale", sent. de 31-VIII-2020; L. 129.600, "Pascucci", resol. de 14-III-2023 y L. 132.539, "Reyes", resol. de 3-IV-2025).
III.3. De todos modos, las citas jurisprudenciales efectuadas por el impugnante han sido elaboradas sobre la base de presupuestos fácticos distintos a los que se verifican en el presente y, por lo tanto, resultan ineficaces para habilitar la revisión del pronunciamiento de origen por el estrecho conducto antes citado (causas L. 118.712, "Grecco", resol. de 2-IX-2015; L. 125.234, Moccio, resol. de 9-XII-2020; L. 126.436, "Cuello", resol. de 26-V-2021 y L. 130.741, "Perniola", resol. de 26-II-2024).
III.4. Luego, importa recordar que reiteradamente ha declarado esta Corte que la doctrina legal referida al vicio de absurdo no resulta idónea a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional marco que prevé la norma ritual laboral (causas L. 120.430, "González", sent. de 2-V-2019; L. 127.812, "Casas", resol. de 7-III-2022; L. 128.456, "Germiniani", resol. de 29-VI-2022 y L. 131.612, "Coronel", resol. de 29-VII-2024).
III.5. Tampoco resulta útil, en el excepcional canal de revisión en tratamiento, la cita de precedentes que versan sobre la obligación que tienen los jueces de fundar sus sentencias (causas L. 125.286, "Sánchez", resol. de 13-XI-2020; L. 125.476, "Pellegrini", resol. de 9-XII-2020; L. 127.182, "Acosta", resol. de 1-XI-2021 y L. 131.781, "Gómez", resol. de 20-VIII-2024).
III.6. Asimismo, corresponde advertir que no se verifica el excepcional supuesto de admisibilidad cuando los precedentes traídos se encuentran relacionados con la supuesta alteración de las reglas del onus probandi y la interpretación de preceptos de carácter adjetivo, como lo es el art. 39 de la ley 11.653 (causas L. 121.519, "Gómez", resol. 6-VI-2018; L. 121.631, "Sosa", resol. de 27-II-2019; L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020 y L. 128.903, "Lineros", resol. de 19-IX-2022).
III.7. Respecto a la denuncia de violación de doctrina legal vinculada al principio de congruencia, debe señalarse que esta Corte tiene dicho que su examen se encuentra marginado de la instancia extraordinaria en el marco de la excepción enunciada (causas L. 115.449, "Gamaleri", sent. de 5-III-2014; L. 111.776, "Vanetti", sent. de 25-II-2015; L. 123.315, "Prado", resol. 26-XII-2019; L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020; L. 126.656, "Núñez", resol. de 17-XI-2021 y L. 129.117, "García", resol. de 10-V-2023).
III.8. Por lo demás, corresponde recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia (causas L. 128.586, "Arana", resol. de 15-VI-2022; L. 128.521, "Bruzzo", resol. de 29-VI-2022 y L. 131.733, "Delapiaza", resol. de 29-VII-2024).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar -respecto de lo expuesto en los apartados III.6. y III.7.- que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021; L. 125.904, "Almada", resol. de 1-XI-2021; L. 130.189, "Asenjo", resol. de 1-XI-2023).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/06/2025 10:12:18 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/06/2025 09:28:37 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/06/2025 14:12:36 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/07/2025 06:57:38 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/07/2025 11:10:50 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 01/07/2025 11:57:46 hs. bajo el número RR-672-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia