Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 133437
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar a la queja traída, y dejar sin efecto, con el alcance aludido, la denegatoria de 7 de octubre de 2024 (arts. 292, CPCC y 89, ley 15.057; Acordada 4.068/2022, Resol. 24/20 y Resol. 1.840/24).
I. En el caso, el Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Pergamino hizo lugar a la demanda promovida por Christian Javier Cardón y, en consecuencia, condenó a Maxsegur S.R.L. al pago de la suma que especificó en concepto de indemnización por despido y otros rubros de naturaleza laboral (v. pronunciamiento de 21-VIII-2024).
Para así decidir, en lo que interesa destacar por ser materia de agravio, decretó la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928, según ley 25.561, y aplicó los lineamientos de la doctrina legal sentada por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en el precedente "Barrios" ( rectius : C. 124.096, "Barrios", sent. de 18 de abril de 2024) a los fines de actualizar el crédito debido al actor, atento la pérdida de valor generada por el paso del tiempo.
II. Contra lo así resuelto, la legitimada pasiva interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 9-IX-2024), ocasión en que sostuvo que el tribunal laboral, al decretar la inconstitucionalidad de la prohibición de indexar y actualizar el crédito laboral en la especie, incurrió en el vicio de absurdo al apartarse de lo pretendido en el escrito liminar por el actor, conculcando el principio de congruencia y los artículos 34 inc. 4 y 163, inc. 6, del Código Procesal Civil y Comercial. Alegó sobre el error en el que considera incurrió el tribunal en la interpretación del precedente de la Suprema Corte de Justicia in re "Barrios", (sent. de 18 de abril de 2024) y, a los fines de eximirse de cumplimiento del depósito previo de capital, intereses y costas de condena regulado en la normativa procesal, invocó la doctrina emanada del precedente in re "Troche Báez, Prostacio c. Salvador Olivadese e Hijos SRL", (sent. de 26-VIII-1997), ofreciendo prueba documental a fin de comprobar la imposibilidad de hacer frente con el depósito previo a recurrir (v. acápite VII y Anexo 2 -archivo adjunto-).
III. A su turno, el a quo denegó el recurso extraordinario intentado, con fundamento en la insuficiencia del valor del litigio y la ausencia de configuración de la excepción prevista en el art. 82 de la ley 15.057 (v. resol. de 7-X-2024), lo que motivó la articulación de la presente queja (art. 292, CPCC; v. escrito electrónico de 14-X-2024).
IV. La queja prospera, con el siguiente alcance.
IV.1. De inicio, sin perjuicio de las motivaciones dadas por el sentenciante de grado para denegar la impugnación traída, corresponde memorar que esta Suprema Corte ha dicho que, en caso de sentencia condenatoria, el art. 83 de la ley 15.057 -aplicable a la fecha de interposición del recurso extraordinario, según Resol. 1.840/24- establece, como carga ineludible para la admisibilidad de los recursos extraordinarios, el depósito previo de capital, intereses y costas, cuya finalidad es la de asegurar al trabajador la posibilidad de hacer efectivo sin dilaciones su crédito, del que el fallo atacado constituye fuerte presunción favorable, y que el mencionado depósito debe ser integrado en término y en su totalidad, desde que los plazos otorgados para su cumplimiento son perentorios e improrrogables (causa L. 132.937, "Moreno", resol. de 27-IX-2024; L. 135.294, "Parra", resol. de 29-V-2025 y L. 135332, "Páez", resol. de 4-VI-2025; e.o.).
IV.2. Ahora bien, corresponde observar -para despejar equívocos- que, como se desprende de la detenida lectura de los antecedentes de la causa, al interponer el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, tal como se anticipó, la demandada alegó la imposibilidad económico-financiera de afrontar el depósito previo para recurrir, con el propósito de que se lo dispense del pago de la mentada carga, ofreciendo prueba de ello (v. escrito de 9-IX-2024, acápite VII).
En este tránsito, se advierte que el tribunal debió, y no lo hizo, expedirse a su respecto. En tal sentido, esta Corte ha dicho, respecto de lo regulado en la norma procesal aludida, que la desproporcionada magnitud del monto con relación a la capacidad económica del impugnante y la falta comprobada e inculpable de los medios para afrontar dichas erogaciones, constituyen supuestos de excepción al mencionado dispositivo normativo (causas CSJN, "Troche Báez, Prostacio c/ Olivadese e Hijos S.R.L., Salvador", agosto, 26-1997; Ac. 101.291, "Nierez Duarte", resol. de 31-X-2007; Ac. 103.263, "Godoy", resol. de 16-IV-2008 y Ac. 103.497, "Porciuncula González", resol. de 3-IX-2008).
Así, el principio general que marca aquella norma ritual puede sufrir excepciones cuando el atacante demuestra cabalmente y sin ninguna hesitación la imposibilidad para efectuar el depósito de marras (causas Ac. 104.299, "Gómez", resol. de 8-X-2008; Ac. 103.497, cit. y L. 125.804, "Cattaneo", resol. de 26-V-2021).
IV.3. En la especie, siendo que la recurrente alegó verse impedida de efectivizar la carga procesal impuesta en la citada norma y ofreció prueba para demostrarlo -tal como se referenció en los acápites precedentes-, y en atención a que el a quo soslayó sustanciarla a fin de acreditar la alegada imposibilidad según establece la doctrina legal de esta Corte, al no abrir a prueba el incidente (causas Ac. 94.115 "Maidana", res. de 9-VIII-2006; L. 105.908 "Bernardello", res. de 30-IX-2009; L. 111.240 "Cadorini Zampini", res. de 22-IX-2010; L. 116.373 "Dib", res. de 27-VI-2012; L. 118.891 "Palomeque", res. de 21-X-2015; entre otras muchas), corresponde -en este aspecto- hacer lugar a la queja traída, dejar sin efecto la denegatoria del recurso extraordinario articulado y devolver los autos al órgano de grado para que, nuevamente integrado, sustancie la prueba y decida, en consecuencia, lo que corresponda (causa L. 120.086, "Magallanes", resol. de 13-X-2016).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar a la queja traída, y dejar sin efecto, con el alcance aludido, la denegatoria de 7 de octubre de 2024 (arts. 292, CPCC y 89, ley 15.057; Acordada 4.068/2022, Resol. 24/20 y Resol. 1.840/24).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. art. 1 acápite 3 "c", Resol. 10/20) y vuelvan los autos al tribunal de origen para que obre de conformidad con lo decidido.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/07/2025 09:44:50 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/07/2025 12:39:51 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/07/2025 12:43:45 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/07/2025 10:38:09 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/07/2025 11:21:37 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 14/07/2025 13:14:18 hs. bajo el número RR-767-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia