Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132449
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 12.961), con costas (art. 289, CPCC).
I. El tribunal de trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, desestimó la demanda promovida por Ana Laura Gestido contra Mariana Melcon, en cuanto procuraba el cobro de distintos rubros salariales e indemnizatorios derivados de la extinción del vínculo que -según invocó- la ligaba a la accionada (v. pronunciamiento de fecha 14-VIII-2020).
Para así decidir, entendió que en el caso no había resultado demostrada la existencia de la relación laboral invocada en el escrito de inicio.
II. Contra dicha decisión, la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 4-IX-2020), el que fue concedido por el a quo (v. resol. de fecha 14-IX-2020).
En su presentación, cita las normas y la doctrina legal que considera transgredidas en el pronunciamiento impugnado.
En sustancia, critica la decisión de grado con arreglo a la cual los magistrados de origen juzgaron no demostrado el vínculo de dependencia alegado por la accionante. En ese orden, controvierte, por absurda, la valoración de la prueba efectuada por el a quo en cuanto hubo de considerarla ineficaz para acreditar tal extremo.
En otro orden, controvierte la imposición de costas. Asimismo, señala que en el fallo en crisis se excede el límite que establece el art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo respecto de la responsabilidad por el pago de las mismas.
III. El recurso no prospera.
III.1. Sabido es que determinar la existencia de relación de dependencia o subordinación, típica del vínculo contractual de linaje laboral, constituye una cuestión reservada -en principio- en forma privativa a los magistrados de trabajo y, por lo tanto, no resulta susceptible de revisión en esta instancia extraordinaria, salvo la cabal demostración de absurdo (causas L. 125.849, "Saúl", sent. de 23-II-2022; L. 123.922, "Fernández", sent. de 7-III-2022; L. 131.177, "Rodríguez", resol. de 8-IV-2024).
Ello exige la verificación de un error grave, grosero y manifiesto, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal, o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 121.376, "Aguirre", sent. de 14-XII-2020; L. 127.198, "Nitsch", sent. de 23-XI-2023; L. 125.135, "Romero", sent. de 15-IV-2024).
III.2. En el caso, el vicio denunciado no logra patentizarse, ya que las argumentaciones expuestas por la recurrente no exteriorizan más que su mera discrepancia con la decisión atacada, tendiente a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, efectuando un nuevo análisis de las circunstancias fácticas y probatorias de la causa según su propio y personal criterio valorativo, que no logran desvirtuar la conclusión del a quo respecto a la inexistencia de relación laboral entre las partes.
En efecto, la impugnante se limita a señalar eventuales falencias en la evaluación realizada por el sentenciante de las constancias de la causa, pretendiendo -al cabo- hacer prevalecer su opinión sobre la del juzgador de grado en lo que atañe a la facultad de seleccionar, jerarquizar e interpretar las probanzas del proceso.
En ese orden, las alegaciones que formula con relación a la idoneidad y aptitud probatoria de las declaraciones testimoniales recibidas en la audiencia de vista de la causa, resultan inhábiles para demostrar la existencia del vicio de absurdo alegado.
Cabe recordar, además, que esta Corte ha expresado reiteradamente, en el marco de la ley 11.653 -aplicable al momento de la interposición del recurso extraordinario- que la valoración de la prueba testimonial queda reservada a los jueces del trabajo, quienes gozan de amplias facultades en razón del sistema de apreciación "en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones (causas L. 120.636, "López", sent. de 18-VIII-2020; L. 129.398, "Contreras", sent. de 30-IV-2024; L. 127.960, "Nebelung", sent. de 3-VI-2024).
En definitiva, el recurso no logra aportar elementos convincentes con virtualidad para descalificar el contenido del fallo, derivando la crítica en una mera contraposición de criterios que, como tal, no resulta idónea a los fines del recurso deducido (causas L. 120.802, "Mandagaran", sent. de 28-VIII-2019; L. 122.881, "Maños", sent. de 30-XII-2021).
III.3. Finalmente, permaneciendo firmes los fundamentos en que se sustentó la decisión de grado, no es atendible la sucinta manifestación con relación a las costas.
Sin perjuicio de ello, a mayor abundamiento, es dable memorar que su imposición, distribución, así como su eximición es, como regla, una facultad privativa de los jueces de grado y -como tal- no revisable en casación, salvo el supuesto de absurdo (causas L. 121.299, "Bernoi", sent. de 29-IV-2020; L. 126.528, "Aieta", resol. de 7-III-2022; 130.336, "Cimbaro", resol. de 12-IX-2023), vicio que, en este tramo del escrito recursivo, ni siquiera denuncia la recurrente.
Sentado ello, cabe señalar que la sola mención de la base regulatoria que el recurrente propone -que, contrariamente a lo manifestado, no concuerda con el monto total reclamado en la demanda- en modo alguno resulta suficiente a los fines de evidenciar que el a quo hubiera transgredido las normas y la doctrina legal invocadas respecto al alcance de la responsabilidad por el pago de las costas.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 12.961), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/07/2025 14:19:31 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 14/07/2025 11:02:46 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/07/2025 12:41:22 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/07/2025 15:40:35 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/07/2025 08:29:20 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 16/07/2025 09:15:08 hs. bajo el número RR-776-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia