Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 133163
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que el planteo introducido en el punto III.2., no reúne los requisitos esenciales, y el tratado en el III.3. ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres y Soria y la señora Jueza doctora Budiño dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el señor Gustavo Alberto Bugñar y, en consecuencia, condenó a Expreso Marplatense S.R.L. -hoy su quiebra- al pago de la suma que especificó en concepto de indemnización por omisión de entrega de certificado de trabajo. En cambio, rechazó los reclamos tendientes al cobro de las indemnizaciones por despido y otros rubros de naturaleza laboral (v. pronunciamiento de fecha 20-VIII-2024).
II. Contra dicha decisión, el accionante dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de 4-IX-2024) y el legitimado pasivo interpuso recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. presentación de 3-IX-2024), habiendo el a quo denegado los remedios incoados por la demandada y concedido el articulado por el actor (v. resol. de fecha 12-IX-2024).
En el único remedio que debe ser abordado por esta Corte, el interesado, denuncia absurdo, cita las normas y doctrina legal que considera transgredidas en el fallo impugnado.
En lo esencial, cuestiona la conclusión del sentenciante, en cuanto juzgó que el contrato de trabajo se extinguió por voluntad concurrente de las partes en los términos del art. 241 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Por lo demás, se agravia del rechazo de la pretensión tendiente al cobro de la sanción prevista en el citado art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
III. El recurso no prospera.
III.1. Cuestiones de orden metodológico imponen examinar la concurrencia de los requisitos de admisibilidad del recurso, particularmente en lo que respecta al valor del litigio.
En el caso, los cuestionamientos traídos versan sobre pretensiones independientes deducidas en una misma demanda (acumulación objetiva), constatándose que una de ellas -la sanción conminatoria del art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo- debe juzgarse como de monto indeterminado (causas L. 121.919, "Cabrera", sent. de 12-II-2020; L.122.013, "Vitale", sent. de 4-III-2020 y L. 127.398, "Rizzo", sent. de 27-II-2023).
III.2.a. En cambio, la admisibilidad respecto de los restantes agravios propuestos - cuyo valor se encuentra representado por el monto de los rubros reclamados en la demanda de cuyo rechazo se agravia el recurrente-, no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 82 de la ley 15.057 -aplicable a la fecha de interposición del recurso extraordinario- de modo que la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido debe ser analizado dentro del marco definido en el art. 82, segundo párrafo, de la mencionada ley ritual del fuero (causa L. 131.508, "Sosa", resol. de 3-VI-2024).
Así, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020; L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020 y L. 130.284, "Silvero", resol. de 21-VI-2023).
III.2.b. En ese contexto, la exclusión de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, toda vez que no es idónea la mera cita de doctrina legal que trae el recurso y que incumple con la carga prevista en el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, esto es, de explicar de qué manera se configura su violación o el error en su aplicación (causas L. 119.957, "Bellani", resol. de 7-IX-2016; L. 115.570, "Recofsky", resol. de 21-XII-2020 y L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021 y L. 128.154, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2022).
III.3.a. Ningún reparo admite en cuanto a su admisibilidad, el embate dirigido a censurar aquella parcela del pronunciamiento que rechazó la imposición de la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, pues el importe de la penalidad establecida en la citada norma legal sería el equivalente a las remuneraciones que se devengaron mensualmente a favor del trabajador, con igual periodicidad a la del salario, hasta que el empleador acreditara de modo fehaciente el ingreso efectivo de los montos retenidos, lo que torna al litigio, a los fines del recurso, como de monto indeterminado (causas L. 115.021, "Mazza", sent. de 27-XI-2013; L. 117.532, "Norese", resol. de 1-VII-2015; L. 122.784, "Eguren", resol. de 18-IX-2019 y L. 126.825, "Cherchyk", resol. de 17-VIII-2021).
III.3.b. Sentado ello, esta Corte ha señalado que determinar -con arreglo a las constancias adunadas en la causa- si se verifican los requisitos a los cuales la citada norma del art. 132 bis de la ley 20.744 subordina la aplicación de la sanción allí prevista, constituye una facultad privativa del tribunal de trabajo, y las conclusiones que al respecto se formulen no son susceptibles de revisión ante la Suprema Corte, salvo el supuesto excepcional de absurdo (causas L. 120.003, "Peralta", resol. de 24-IV-2019, L. 122.784, "Eguren", resol. de 18-IX-2019 y L. 123.851, "Irazoqui", resol. de 27-V-2020).
Ello requiere la acreditación del error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021; L. 121.726, " Herrera", resol. de 27-III-2023 y L. 129.594, "Andrada", resol. de 21-VI-2023), ya que no cualquier equívoco, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurarlo (causas L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021; L. 121.726, " Herrera", resol. de 27-III-2023 y L. 129.594, "Andrada", resol. de 21-VI-2023).
III.3.c. En este contexto, el órgano judicial de grado rechazó la pretensión del trabajador tendiente a percibir la citada sanción conminatoria, señalando que el accionante no logró acreditar que la demandada no ingresara efectivamente los importes retenidos.
De esta manera, las conclusiones expuestas en la sentencia impugnada no logran ser descalificadas por el recurrente. Ello así, puesto que las alegaciones formuladas no exteriorizan más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos de aquella tarea llevada a cabo por los magistrados, apoyándose en su propia versión sobre los hechos y de cómo -en su opinión- debieron apreciarse las pruebas agregadas a la causa, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (causas "Girimonti", resol. de 5-VI-2019; L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020; L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021 y L. 126.986, "Giménez", resol. de 29-XI-2021).
En suma, el agravio traído revela la ausencia de idoneidad para rebatir la decisión adoptada en la instancia de origen, pues no aporta ningún elemento convincente que demuestre que la solución dada al caso sea absurda, o el error en la aplicación de las normas que se denuncian violadas.
La señora jueza doctora Kogan dijo:
A tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.) y dejando a salvo mi opinión expuesta en las causas L. 97.082, "Santisteban" (sent. de 30-III-2011) y L. 108.498, "Carabajal" (sent. de 22-V-2013); entre otras, acompaño lo decidido por mis colegas preopinantes en el punto III.1. de su propuesta.
Luego, también adhiero a lo expuesto en los restantes apartados del voto inaugural del Acuerdo.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que el planteo introducido en el punto III.2., no reúne los requisitos esenciales, y el tratado en el III.3. ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/07/2025 19:01:56 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/07/2025 09:54:32 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/07/2025 13:31:31 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/09/2025 00:18:51 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/09/2025 08:32:14 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 01/09/2025 13:29:37 hs. bajo el número RR-818-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia