Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132533
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por María de los Ángeles Coronel y, en consecuencia, condenó a María Ester Dip, Verónica Laura Alessio, Paola Gisele Lorences y los sucesores universales de José María Lorences al pago de la indemnización por despido y otros rubros de naturaleza laboral. Asimismo, en lo que interesa, la desestimó en cuanto perseguía el cobro de diferencias salariales, indemnización del art. 15 de la ley 24.013 y la sanción prevista en el art. 53 ter de la ley 11.653 (v. pronunciamiento de fecha 23-XI-2023).
Para así decidir, en lo concerniente a la extinción del contrato de trabajo habido entre las partes, juzgó configurada la injuria laboral -falta de pago de haberes- que provocó la ruptura del vínculo por decisión de la trabajadora.
II. Contra dicha decisión, la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 13-XII-2023), el que fue concedido por el a quo (v. resol. de fecha 19-XII-2023).
En sustancia, controvierte la conclusión relativa a la determinación del monto del salario de la accionante, señalando que es producto de la absurda apreciación de las pruebas obrantes en la causa y, como consecuencia de ello, cuestiona además la base salarial establecida para liquidar los rubros cuya procedencia declaró el a quo .
A partir de ese razonamiento, censura el rechazo del reclamo por diferencias salariales, y las sanciones establecidas en los arts. 53 ter de la ley 11.653 y 15 de la ley 24.013.
Asimismo, solicita que no se aplique el límite a la responsabilidad de la condenada en costas con relación al monto del impuesto al valor agregado (IVA) sobre los honorarios regulados a la letrada apoderada de la accionante.
III. El recurso no prospera.
III.1. De modo liminar, corresponde analizar la concurrencia de los requisitos de admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y, más precisamente, lo relativo al valor del litigio.
En este sentido, se observa que la recurrente no ha cumplido con la carga procesal que recae sobre ella de acreditar que eventualmente el monto del litigio -representado por la diferencia entre la suma pretendida en concepto de remuneración y la establecida en la sentencia y su proyección en el cálculo de los rubros que reclama, así como el reproche con relación a las costas- supera el umbral establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 116.898, "Pereyra", sent. de 2-VII-2014; L. 118.130, "Paz", sent. de 12-IV-2017; L. 125.335, "Rocha Rattel", resol. de 12-II-2021; L. 130.640, "Gallardo", resol. de 1-XI-2023).
Por lo tanto, resultando que, en la especie, no ha satisfecho tal imperativo de su propio interés, corresponde ingresar al análisis de los agravios que porta el remedio deducido en el estrecho carril previsto en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, aplicable a la fecha de interposición del recurso extraordinario.
III.2. En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 124.135, "Bergara", resol. de 11-VI-2020; L. 125.781, "Mora", resol. de 17-II-2021; L. 127.372, "Faure", sent. de 27-III-2023).
En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida desde que la crítica esencialmente remite a cuestiones fácticas y probatorias -como lo es la vinculada a la facultad que le asiste a los jueces de fijar el salario que le corresponde al trabajador sobre cuya base, además, debía practicarse la liquidación de los rubros salariales e indemnizatorios reclamados- ajenas al acotado margen por el que transita el recurso (causas L. 120.699, "Caputo", sent. de 6-XI-2019; L. 131.872, "Vivacqua", resol. de 27-IX-2024).
Por lo demás, los precedentes de este Tribunal que se denuncian infringidos tampoco resultan idóneos a esos fines, en tanto no guardan relación con las motivaciones del pronunciamiento, o fueron elaborados a partir de presupuestos disímiles a los del caso en juzgamiento (causas L. 121.303, "Vargas", sent. de 12-II-2020; L. 122.771, "Pécora", sent. de 11-V-2021; L. 119.962, "Laurenzo", sent. de 27-VI-2023).
Cabe añadir a lo expuesto que la doctrina que emerge de las causas que cita la impugnante referida al vicio de absurdo, no es idónea a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el art. 55 de la ley ritual (causas L. 123.817, "Juncos", sent. 28-IV-2021; L. 124.115, "Sabels", sent. de 13-XII-2021; L. 131.128, "Carboni", resol. de 8-IV-2024).
Finalmente, con relación a los agravios relativos a las sanciones contempladas en las leyes 11.653 y 24.013 y el referido al límite a la responsabilidad por el pago de las costas, sin perjuicio de otras consideraciones que pudieran efectuarse, cabe señalar que se ha omitido citar como vulnerada doctrina legal alguna de esta Suprema Corte vinculada con dichos tópicos, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 121.119, "Sosa", resol. de 11-IV-2018; L. 124.429, "López", resol. de 21-IX-2020 y L. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020).
En ese orden, cabe recordar que no constituye doctrina legal -en los términos y con los alcances señalados por esta Suprema Corte- la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia ni de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 119.596, "López", sent. de 29-VIII-2017; L. 121.429, "Maravilla", sent. de 19-IX-2019; L. 127.240, "Banegas", sent. de 21-III-2024).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/08/2025 11:01:21 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/08/2025 20:12:41 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/08/2025 11:08:10 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/09/2025 00:21:19 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/09/2025 08:35:40 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 01/09/2025 13:31:57 hs. bajo el número RR-843-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia