Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132561
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúnen los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal del Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar parcialmente a la demanda deducida por Orlando Jesús Gabriel Moreyra y condenó a Frigorífico Bermejo S.A. al pago de la indemnización por antigüedad, sustitutiva del preaviso, integración del mes de despido, vacaciones, sueldo anual complementario proporcionales, y las multas contempladas en los arts. 2 de la ley 25.323 y 80 de la Ley Contrato de Trabajo. Por el contrario, la desestimó en cuanto perseguía el cobro de la sanción conminatoria del art. 132 bis de la citada ley. Asimismo, también rechazó íntegramente la acción contra la coaccionada Etelvina Inés Santandreu (v. pronunciamiento de fecha 8-V-2024).
Para así decidir, concluyó que la decisión del trabajador de considerarse despedido resultó justificada, en tanto se probó en autos la falta de pago de los salarios que el actor hubo de reclamar.
Además, juzgó que ninguna prueba se produjo a fin de acreditar la supuesta relación laboral con la codemandada Santandreu.
En cuanto al modo de calcular las indemnizaciones que le correspondían al demandante, por mayoría, concluyó, con sustento en la doctrina legal sentada por esta Corte en la causa C. 124.096, "Barrios" (sent. de 17-IV-2024), que debían ser actualizadas tomando como parámetro el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables -RIPTE-.
Finalmente, respecto de la sanción conminatoria establecida en el citado art. 132 bis de la referida Ley de Contrato de Trabajo, entendió no verificada la intimación fehaciente requerida legalmente.
II. El legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 27-V-2024), el que fue concedido en el marco de la excepción contenida en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (v. resolución de 28-V-2024).
Alega que se encuentran configurados en autos los presupuestos para la procedencia de la sanción prevista en el mencionado art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Al respecto, manifiesta que se ha adunado a la causa el telegrama mediante el cual se intimó fehacientemente a la empleadora, y que se probó la retención de los aportes con destino a los organismos de seguridad social y sindicales.
En otro orden, objeta que no se haya juzgado probada la relación laboral denunciada con la codemandada Santandreu. En este sentido, señala que la absolución de las posiciones en rebeldía resulta ser una prueba categórica a fin de tener por acreditado el vínculo contractual.
Finalmente, objeta la decisión de grado que utilizó como parámetro de actualización el índice RIPTE en lugar del "IPC" que entiende más adecuado para resolver el caso. Sobre el punto, denuncia erróneamente aplicada la doctrina sentada en la causa C. 124.096, "Barrios" antes citada y en la que el tribunal de grado fundó este tramo del fallo.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, ocupa observar que el recurso en examen fue concedido en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 -aplicable a la época de su interposición-; ello, por juzgar el sentenciante de grado insuficiente el monto de lo cuestionado, en una decisión que no fue objeto de cuestionamiento alguno por parte del interesado.
Luego, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con su doctrina legal (causas L. 113.436, "Núñez", resol. de 16-III-2011; L. 117.035, "Abregú", resol. de 25-IX-2013; L. 117.813, "Doufour", sent. de 1-VII-2015; L. 123.066, "Núñez", resol. de 14-VIII-2019 y L. 129.122, "Albornoz", resol. de 22-III-2023). Dicha hipótesis, cabe recordar, se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020; L. 130.284, "Silvero", resol. de 21-VI-2023 y L. 131.890, "Otero", resol. de 28-XI-2024).
III.2. En lo tocante al primer agravio, no se observa en la especie la concurrencia del mentado supuesto excepcional, desde que la definición relativa a la concurrencia de los presupuestos a los que el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo subordina la aplicación de la sanción conminatoria allí prevista, constituye un asunto detraído de revisión en el acotado marco cognitivo en el que transita el análisis del recurso (causas L. 118976, "Veroisa", resol. de 28-II-2018; L. 127.202, Navone, resol. de 29-XI-2021 y L. 129.122, "Albornoz", resol. de 22-III-2023).
III.3. Análoga conclusión merece el reproche dirigido a objetar el rechazo de la acción contra la codemandada Santandreu, toda vez que mediante la denuncia de violación de doctrina legal en verdad el impugnante trae a consideración objeciones emparentadas con cuestiones fácticas y probatorias, vinculadas con la determinación de la existencia de una relación de linaje laboral entre el actor y aquella coaccionada, y al supuesto absurdo en que habría incurrido el tribunal de grado al meritar las circunstancias probatorias de la litis, todos asuntos ajenos al acotado marco de revisión por el que transita el recurso (causas L. 124.122, "Barrionuevo", resol. de 16-VI-2020; L. 128.058, "Callegari", resol. de 23-V-2022 y L. 132.318, "Rodriguez Corrente", resol. de 20-XI-2024).
III.4. En cuanto a la denuncia fundada en el precedente C. 124.096, "Barrios" (sent. de 17-IV-2024), cabe destacar que en el restringido ámbito en el que fue concedido el medio de impugnación, la crítica tampoco resulta apta, ya que bajo la denuncia de violación de doctrina legal lo que en rigor pretende el impugnante -mediante su mera discrepancia- es la revisión de un tópico por regla privativo del sentenciante de grado, así, aquel que refiere a la elección del mecanismo de actualización del crédito, labor que -debe destacarse- es fruto de la ponderación de la plataforma de hecho que está en la base del litigio.
III.5. Por lo demás, corresponde recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de lis autores, de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 128.586, "Arana", resol. de 15-VI-2022; L. 128.521, "Bruzzo", resol. de 29-VI-2022 y L. 131.733, "Delapiaza", resol. de 29-VII-2024).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúnen los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/08/2025 12:02:23 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/08/2025 10:15:03 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/08/2025 11:36:00 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/09/2025 00:28:09 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/09/2025 08:44:14 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 01/09/2025 13:33:47 hs. bajo el número RR-886-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia