Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 131170
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 131.170, "Fitipaldi, Griselda Rosa contra Navone, Hugo José. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Budiño.
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín rechazó la acción promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. vered. y sent. de fecha 13-VI-2023).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 4-VII-2023).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal interviniente rechazó la demanda promovida por Griselda Rosa Fitipaldi —continuada, luego de su fallecimiento, por su cónyuge supérstite, Amilcar Varela, y sus hijos, María Celeste y Cristian Varela— contra José Hugo Navone —seguida, tras su deceso, contra sus herederas Nelly Haydee Boschi, su cónyuge supérstite, y sus hijas Rosana Estela y Patricia María Rosa Navone y Boschi— en cuanto pretendía el cobro de haberes adeudados, sueldo anual complementario y vacaciones proporcionales, indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva del preaviso, integración del mes de despido, las contempladas en los arts. 8, 11 y 15 de la ley 24.013; 1 y 2 de la ley 25.323; sanción por conducta temeraria y maliciosa, daños y perjuicios fundados en el art. 1 de la ley 23.592; daño moral, daño psíquico, el resarcimiento normado en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345) y la entrega de las certificaciones previstas en la última norma citada.
Para así decidir, en el veredicto, el sentenciante de grado, por mayoría, consideró que en tanto no resultó controvertida la relación laboral habida entre las partes hasta la renuncia de la trabajadora ocurrida el 28 de febrero de 2010, debía tenerse por acreditada (nunca fue dubitada) hasta ese momento.
Por el contrario, entendió que ninguna prueba produjo la accionante que permitiera siquiera inferir, con algún tipo de duda, la invocada continuidad del vínculo laboral con posterioridad a la renuncia reconocida por ambas partes.
A partir de esta conclusión, y en vista a que la pretendida prestación de tareas alegada por la actora desde el 28 de febrero de 2010 hasta el 28 de octubre de 2013, había sido negada reiterada y enfáticamente por el demandado —tanto en el intercambio epistolar como en los presentes actuados— consideró que no podía tenerse por probada la o las injurias esgrimidas por la demandante en su misiva de fecha 23 de octubre de 2013, menos por aplicación de la presunción contenida en el art. 39 de la ley 11.653.
En razón de lo expuesto, ya en la etapa de sentencia, dispuso el rechazo de la demanda en todas sus partes.
II. La legitimada activa interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia violación de la Constitución nacional; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará); la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; los arts. 10 y 171 de la Constitución provincial y la ley 26.485. Asimismo, invoca transgredida la doctrina legal que cita.
Asevera que la decisión mayoritaria del órgano de grado vulnera las reglas que imponen la distribución de la carga de la prueba y la doctrina legal de esta Corte elaborada en torno a los arts. 55 de la Ley de Contrato de Trabajo y 39 de la ley 11.653, desde que —manifiesta— correspondía a la accionada —y no la actora— aportar las probanzas contrarias a las afirmaciones que bajo juramento quedaron expuestas en el escrito de demanda. Tal como, postula, fue señalado en el voto de la minoría.
Aduce que, contrariamente a lo sostenido en el fallo, de los elementos probatorios (entre otros, telegramas, acta notarial, recibos, depósito de llave, certificados médicos) e indicios obrantes en la causa, los cuales —según alega— no fueron valorados por la mayoría del tribunal sentenciante, surge evidenciado que la relación habida entre los litigantes se desarrolló ininterrumpidamente desde el año 1975 hasta el año 2013.
Señala que las pruebas mencionadas no fueron ponderadas, ni sometidas a la perspectiva de género y discapacidad que debe proteger los derechos de la actora, dada su especial situación, marcada por múltiples vulnerabilidades (ya que —alega— al momento del despido, su capacidad estaba disminuida y se encontraba cursando una enfermedad). Con apoyo en la transcripción parcial de precedentes que adjudica a un órgano jurisdiccional de la Provincia de Mendoza, argumenta sobre la aplicación al caso del principio de amplitud probatoria.
Insiste en señalar que el tribunal de grado soslayó lo expuesto por el perito contador, quien en su informe señaló que la accionada no le exhibió el libro del art. 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, por lo que —aduce— el juzgador debió disponer la operatividad de la regla in dubio pro operario y el juramento previsto en el referido art. 39 de la ley procesal antes citada.
Afirma que esta Corte ha resuelto que la soberanía axiológica que tienen los magistrados de grado en la apreciación de la prueba, no les permite apartarse arbitrariamente de las conclusiones arribadas por el experto. Menciona las causas que individualiza como "L. 30.531, sent. de 27-X-1981" y "L. 29.819 del 20-X-1981" y doctrina autoral (v. rec., pág. 13).
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, cabe señalar que el medio de impugnación deducido fue concedido por el tribunal de grado —en decisión que no resultó objetada— en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (aplicable al caso), toda vez que el valor del litigio —representado por el monto reclamado— no supera la suma determinada por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial local.
En consecuencia, la competencia revisora de esta Suprema Corte queda acotada a verificar si lo resuelto en autos contradice su doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede en un caso similar (causas L. 126.466, "Antuña", sent. de 22-XII-2022; L. 127.429, "Sack", sent. de 23-VIII-2023 y L. 128.810, "Enciza", sent. de 26-II-2024).
III.2. Bajo dichas premisas, el agravio destinado a cuestionar la conclusión esencial del fallo relativa a la falta de prueba sobre la continuidad de la relación laboral entre la actora y el demandado con posterioridad a la renuncia reconocida por ambas partes, no puede examinarse en el acotado marco de revisión antes indicado.
En efecto, la crítica orientada —esencialmente— a cuestionar la valoración de las constancias documentales agregadas a la causa y de la pericia contable efectuada por el sentenciante, impone necesariamente renovar el examen de los hechos y pruebas que concurren en el caso, cuestión esta que —como es sabido— se encuentra excluida del ámbito de la casación por la ya mencionada vía de excepción (causas L. 120.539, "Gauna", sent. de 6-XI-2019; L. 121.213, "Roldan", sent. de 12-II-2020; L. 127.786, "Martínez", sent. de 27-VI-2023 y L. 129.668, "Britos", sent. de 28-XI-2024).
Luego, es dable señalar que los únicos precedentes de este Tribunal que la recurrente denuncia infringidos, no guardan relación con las motivaciones del pronunciamiento, ni se trata de situaciones similares atento su diferente contenido fáctico (causas L. 118.976, "Veroisa Muñoz", sent. de 28-II-2018; L. 120.253, "Pastor", sent. de 2-V-2019; L. 127.103, "Borba", sent. de 27-VI-2023 y L. 128.736, "Moreda", sent. de 20-XI-2024).
Tampoco resulta idóneo acudir —como lo hace la compareciente— a las argumentaciones vertidas en un voto que ha quedado en minoría, puesto que solo traduce la convicción personal de uno de los magistrados, mas no constituye el fundamento del fallo estructurado sobre la mayoría de opiniones (causas L. 124.100, "G. A. L.", sent. de 20-X-2021; L. 127.067, "Splett", sent. de 4-X-2023 y L. 128.464, "Supermercados Mayoristas Makro S.A.", sent. de 30-IV-2024).
Por lo demás, no es ocioso recordar que la opinión de autores y los pronunciamientos emanados de otros tribunales de justicia, quedan excluidos del concepto de doctrina legal contenido en el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 123.405, "D'Ascenzo", sent. de 14-III-2022; L. 127.286, "Riveros", sent. de 7-IX-2023 y L. 126.860, "Lombardi", sent. de 3-VI-2024).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
El señor Juez doctor Soria y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez Torres, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/08/2025 16:27:20 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/08/2025 12:33:39 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/08/2025 09:33:18 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/09/2025 00:36:55 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/09/2025 08:51:36 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 01/09/2025 13:47:03 hs. bajo el número RS-76-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia