Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 121296
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, rechazó íntegramente la demanda promovida por la señora Vanesa Paola Cardella contra la Municipalidad de Tigre por la que perseguía el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de naturaleza laboral (v. pronunciamiento de fecha 27-VIII-2024).
Para así decidir, juzgó acreditado que las tareas prestadas por la actora en favor de la accionada fueron en el marco de una locación de servicios.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 13-IX-2024), el que fue concedido por el a quo en el marco de la excepción prevista en el art. 82 de la ley 15.057 (v. resolución de fecha 17-IX-2024).
En sustancia, critica que el sentenciante consideró no acreditada la relación laboral invocada. Cita las normas y la doctrina que considera vulneradas. Cuestiona la validez constitucional del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial. Denuncia violados los derechos constitucionales que menciona y absurdo en la valoración de la prueba.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, corresponde señalar que el planteo de inconstitucionalidad del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial deviene abstracto en razón que, en virtud de lo establecido en el art. 27 de la ley 15.057, el trabajador goza del beneficio de gratuidad. Por lo tanto, está exceptuado de cumplir con la carga prevista en el mencionado precepto legal.
III.2. Sentado lo anterior, se impone observar que- que en el caso -tal como lo adelanto el órgano de grado- el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por la suma reclamada en la demanda- no excede el mínimo fijado por el art. 82 de la ley 15.057, aplicable a la fecha de interposición del recurso, según Resolución 1.840/2024.
Asimismo, debe indicarse que la impugnante no expuso razones suficientes que ilustren en el caso- la presencia de un agravio federal que autorice el conocimiento del recurso sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478; causas L. 118.518, "Berg", resol. de 1-VII-2015; L. 125.642, "Eseiza", resol. de 4-III-2021 y L. 128.521, "Bruzzo", resol. de 29-VI-2022).
En este contexto, sin perjuicio de otras condiciones, corresponde recordar que esta Suprema Corte ha dicho que el presente carril se concede con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan (art. 161 inc. 3 "a" de la Constitución local) y su limitación, no vulnera derechos y garantías constitucionales resultando compatible con el citado art. 161, pues no impide deducir el recurso extraordinario previsto, sino que lo condiciona a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa y sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio (causa L. 132.874, "Márquez", resol. de 27-IX-2024).
En consecuencia, en la especie, la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la doctrina elaborada en torno al alcance de la excepción contenida en el citado art. 82 de la ley 15.057 (cfr. causa L. 132. 789, "Testone ", resol. de 20-IX-2024).
De suyo, entonces, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020).
III.3. En ese contexto, sin perjuicio de otras consideraciones, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida desde que, en rigor, la impugnante, mediante la denuncia de violación de doctrina legal, trae a consideración cuestiones cuyo análisis está reservado a los jueces de la instancia ordinaria -tales como la valoración de la prueba producida en la causa a los fines de determinar la existencia o no de una relación de dependencia o subordinación, típica del vínculo contractual de linaje laboral- detraídas de revisión en el acotado margen por el que transita el recurso (causas L. 119.860, "Rodríguez", sent. de 30-XI-2020; L. 125.849, "Saúl", sent. de 23-II-2022; L. 123.922, "Fernández", sent. de 7-III-2022).
A lo expuesto, corresponde añadir que esta Corte ha declarado reiteradamente que la doctrina relacionada al vicio de absurdo no resulta idónea a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el citado art. 82 (causas L. 119.427, "De Santo", sent. de 21-II-2018; L. 120.430, "González", sent. de 2-V-2019; L. 127.812, "Casas", resol. de 7-III-2022 y L. 128.456, "Germiniani", resol. de 29-VI-2022 y L. 133.918, "Selva", resol. de 12-III-2025).
III.4. Finalmente, cabe recordar que esta Corte tiene dicho que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 127.641, "Maidana", resol. de 28-XII-2021; L. 128.413, "Núñez", resol. de 7-VI-2022 y L. 130.536, "Lo Nano", resol. de 20-IX-2023; e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 29/08/2025 09:56:30 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/08/2025 14:58:51 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/09/2025 16:59:31 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/09/2025 12:27:14 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/09/2025 13:39:23 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 15/09/2025 14:55:16 hs. bajo el número RR-985-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia