Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 133932
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Kohan dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n°3 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, decretó la caducidad de la instancia en la causa iniciada por la señora Cynthia Mariel Aranda contra Arquiceica S.A. en concepto de indemnización por despido y otros rubros de naturaleza laboral (v. pronunciamiento de fecha 23-IV-2024).
Para así resolver, juzgó que, en el caso, se encontraban configurados los presupuestos legalmente establecidos a los fines de declarar la procedencia del mencionado instituto.
II. Contra dicha decisión, la legitimada activa dedujo revocatoria (v. presentación de fecha 1-V-2024) y recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 13-V-2024). La reposición fue desestimada (23-V-2024) y el remedio extraordinario fue concedido por el a quo (v. resol. de fecha 3-IX-2024).
En su presentación, relata los antecedentes de la causa. Plantea la inconstitucionalidad del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial. En sustancia, se agravia de la decisión del tribunal de grado que decretó la perención de la instancia. En este marco, alega absurdo. Asimismo, individualiza las normas y la doctrina legal que considera transgredidas en el pronunciamiento impugnado.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, corresponde señalar que el planteo de inconstitucionalidad del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial deviene abstracto en razón que, en virtud de lo establecido en el art. 22 de la ley 11.653, aplicable a la fecha de interposición del recurso extraordinario, el trabajador goza del beneficio de gratuidad. Por lo tanto, está exceptuado de cumplir con la carga prevista en el mencionado precepto legal.
III.2. Sentado lo anterior, se impone observar que, en el sub examine , el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado en el caso por el importe reclamado en la demanda- no supera el mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141; causa L. 131.692,"Llamas", resol. de 27-IX-2024). Por tal razón, el tratamiento del canal deducido sólo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 -aplicable, como se adelantó, a la fecha de la articulación del recurso extraordinario- (causas L. 127.604, "Díaz", resol. 20-XII-2021; L. 129.902, "Leihner", resol. de 10-IV-2023; L. 130.306, "Mangiapane", resol. de 21-VI-2023 y L. 133.385, "Conti", resol. de 14-VII-2025).
Asimismo, debe indicarse que el impugnante no expuso razones suficientes que ilustren -en el caso- la presencia de un agravio federal que autorice el conocimiento del recurso sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478; causas L. 118.518, "Berg", resol. de 1-VII-2015; L. 125.642, "Eseiza", resol. de 4-III-2021; L. 128.521, "Bruzzo", resol. de 29-VI-2022 y L. 132.705, "Robles", resol. de 27-III-2025).
En este contexto, corresponde recordar que esta Suprema Corte ha dicho que el presente carril se concede con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan (art. 161 inc. 3 "a" de la Constitución local) y su limitación, no vulnera derechos y garantías constitucionales resultando compatible con el citado art. 161, pues no impide deducir el recurso extraordinario previsto, sino que lo condiciona a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa y sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio (causa L. 132.874, "Márquez", resol. de 27-IX-2024).
En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede precisamente en un caso similar (causas L. 124.135, "Bergara", resol. de 11-VI-2020; L. 125.781, "Mora", resol. de 17-II-2021; L. 123.296, "González", resol. de 15-II-2023 y L. 133.597, "Espinoza", resol. de 1-VII-2025).
III.3. En ese contexto, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado, toda vez que las citas jurisprudenciales efectuadas por el recurrente remiten a una cuestión estrictamente procesal, como lo es la referida al instituto de la caducidad de instancia, y, como tal, detraída de revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el ya citado precepto adjetivo (causas L. 120.509, "Torres", resol. de 12-IV-2017; L. 120.258, "Caiguara", sent. de 17-X-2018; L. 127.957, "Tecera", resol. de 7-IV-2022; L. 131.000, "Gómez", resol. de 8-IV-2024).
III.4. Para más, dable es memorar, que la doctrina legal referida al vicio de absurdo no resulta idónea a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el citado precepto legal (causas L. 119.427, "De Santo", sent. de 21-II-2018; L. 120.430, "González", sent. de 2-V-2019; L. 127.812, "Casas", resol. de 7-III-2022 y L. 128.456, "Germiniani", resol. de 29-VI-2022 y L. 133.918, "Selva", resol. de 12-III-2025).
Por lo demás, cabe recordar que no constituye doctrina legal -en los términos y con los alcances señalados por esta Suprema Corte- la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia (causas L. 119.596, "López", sent. de 29-VIII-2017; L. 121.429, "Maravilla", sent. de 19-IX-2019; L. 127.240, "Banegas", sent. de 21-III-2024).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar que si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de forma (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005 y L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 125.904, "Almada", resol. de 1-IX-2021; L. 124.100, "Goncalves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 126.656, "Núñez", resol. de 17-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/09/2025 13:09:39 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 05/09/2025 13:30:20 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/09/2025 12:39:07 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/09/2025 15:03:01 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/09/2025 08:54:08 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 17/09/2025 10:18:20 hs. bajo el número RR-1037-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia