Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 130633
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 130.633, "Sixto, Mauricio contra Autopistas de Buenos Aires y otros. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Plata acogió la demanda deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. sent. de 31-VII-2020).
Se dedujo, por el codemandado Fisco de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica del día 6-IX-2020).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por Mauricio Sixto y condenó a Coviares S.A. y a CCI Construcciones S.A. al pago de las sumas que estableció en concepto de haberes adeudados, vacaciones, sueldo anual complementario e indemnizaciones derivadas del despido; así como las multas contempladas en los arts. 8 y 15 de la Ley Nacional de Empleo, el incremento indemnizatorio del art. 2 de la ley 25.323 y las sanciones establecidas en los arts. 80 y 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
En lo que interesa, reputó responsable de la rescisión contractual producida a la codemandada Autopistas Buenos Aires S.A. —AUBASA—, y la condenó en forma solidaria al pago de los montos determinados.
Para así decidir, valorando los escritos constitutivos de la litis, las pruebas producidas y el estado de rebeldía de las accionadas Coviares S.A. y CCI Construcciones S.A., consideró probado el vínculo laboral denunciado en la demanda entre el actor y las "...empresas del Grupo Construcciones Civiles J.M. Aragón S.A., CCI Construcciones S.A. y Coviares S.A.", como así también la fecha de ingreso registrada respecto de cada uno, las tareas desempeñadas y las circunstancias en que transcurrió la relación, que —según valoró— fue sin solución de continuidad (v. vered., págs. 5/8).
Tuvo por acreditado que mediante el decreto 419/13, de fecha 2 de julio de 2013, la Provincia de Buenos Aires rescindió el contrato de concesión "...para la construcción, mejora, reparación, conservación, mantenimiento, administración y explotación de la Autopista Buenos Aires - La Plata" con la coaccionada Coviares S.A., por su exclusiva culpa, y que, en el art. 9, respecto del personal de la empresa concesionaria, facultó al Ministerio de Infraestructura para que en conjunto con el Ministerio de Trabajo "...establezcan con las organizaciones gremiales representativas de los trabajadores la transferencia de los mismos a la sociedad concesionaria AUBASA", creada por el decreto 409/13 de fecha 27 de junio de 2013.
Asimismo, estimó comprobado —con el informe brindado por la Unión de Empleados de la Construcción y Afines de la República Argentina (v. fs. 619/629)—, que existieron reuniones en la sede del Ministerio de Trabajo entre las partes involucradas, con el fin de efectivizar el traspaso de los trabajadores de la empresa Coviares S.A., lo que, finalmente se cumplió al incorporar a Autopistas Buenos Aires S.A. a los empleados mencionados en el listado de personal que entregó el gremio, respetando su antigüedad, su categoría profesional y el convenio colectivo de trabajo aplicable. Agregó que el accionante no se encontraba incluido en aquel listado, pese a haberse demostrado que pertenecía a la planta permanente de Coviares S.A. (v. vered., págs. 9 y 10).
Con el intercambio telegráfico habido entre las partes, tuvo por reconocido que con fecha 29 de agosto de 2013 el actor se consideró injuriado y despedido ante el silencio de las codemandadas Coviares S.A. y CCI Construcciones S.A. y la negativa de la coaccionada Autopistas Buenos Aires S.A., frente a la intimación efectuada con el fin de que se aclarara su situación laboral, se le otorgaran tareas y se le abonaran los salarios adeudados.
Ya en la sentencia, reputó justificado el despido indirecto en que se ubicó el reclamante, por lo que estimó procedentes los rubros indemnizatorios y salariales pretendidos.
Determinó que las empresas codemandadas CCI Construcciones S.A. y Coviares S.A. resultaban solidariamente responsables por las obligaciones nacidas de las sucesivas transferencias del contrato de trabajo del señor Sixto, conforme lo normado por los arts. 225 a 228 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Puesto a analizar la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires y su responsabilidad solidaria, sin dejar de tener presente lo previsto en los arts. 2 y 230 de la Ley de Contrato de Trabajo, el sentenciante, con apoyo en la doctrina legal de esta Suprema Corte que citó, recordó que, cuando el Fisco provincial se subordina a normas de carácter laboral, no puede sustraerse de sus consecuencias, en el caso, someterse a la solidaridad legal establecida por dicha ley en virtud del contrato de concesión, al cual su personal resulta ajeno.
En esta línea, consideró que, si bien la concesión como contrato de derecho público, excluye —en principio— la aplicación de la solidaridad establecida en la señalada Ley de Contrato de Trabajo, las circunstancias referidas en el fallo de los hechos resultaban distintas, toda vez que, al momento de la rescisión del contrato de concesión se puso especial énfasis en el traspaso del personal o en el destino de este, en virtud de lo contemplado en el art. 9 del mencionado decreto 409/13. Y, además, porque dada la precisa finalidad, luego de las reuniones celebradas ante el Ministerio de Trabajo, Autopistas Buenos Aires S.A. asumió el pago de los salarios de los trabajadores a partir del 12 de julio de 2013 y su incorporación respetando la antigüedad, categoría profesional y aplicación del CCT 660/13, lo que —según concluyó el sentenciante— "...no es otra cosa que el sometimiento de la relación laboral con los trabajadores pertenecientes a la concesionaria Coviares S.A." (v. sent., pág. 35) lo que hace que deba interpretarse la solidaridad legal impuesta en la legislación laboral.
En función de ello, refiere que mediante los aludidos decretos se instrumentó un acto de derecho público mediante el cual el Estado provincial encomendó a una persona jurídica privada, Autopistas Buenos Aires S.A., la continuación del personal, bajo las mismas condiciones de trabajo, respetando tanto la categoría profesional de cada uno de ellos, su antigüedad y el convenio colectivo aplicable.
Por tales motivos, concluyó que la referida empresa resultaba responsable de la rescisión contractual producida por el actor de autos, rechazó la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta, y, en consecuencia, la condenó a responder en forma solidaria, con las restantes accionadas, por los rubros por los que declaró procedente la acción.
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el Fisco de la Provincia de Buenos Aires denuncia absurdo y arbitrariedad en la valoración de la prueba y la violación de los arts. 44 inc. "d" de la ley 11.653; 225 a 228 de la Ley de Contrato de Trabajo; y de la doctrina que cita.
II.1. Sostiene que el órgano de grado incurrió en error al desestimar la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta al contestar la acción y determinar que se verificó una transferencia de establecimiento de acuerdo a lo previsto por los arts. 225 y 228 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Alega que tanto de la prueba documental, como de la informativa y de la testimonial, surge que "AUBASA" no es continuadora de Coviares S.A., sino que adquirió en forma originaria la explotación de un servicio público adjudicado por el Estado provincial a través de un acto administrativo —decreto 419/13— por haberse extinguido la concesión anterior. En razón de ello —según afirma— no se configuró una transferencia de establecimiento según la Ley de Contrato de Trabajo, sino una sustitución de la concesión otorgada al originario empleador del actor, adjudicándosele la explotación del servicio público a Autopistas Buenos Aires S.A., sin tener vinculación o nexo jurídico con Coviares S.A.
Indica que el fallo conculcó la doctrina legal establecida por esta Suprema Corte en las causas L. 89.381, "Vivas" (sent. de 3-IX-2008) y L. 33.846, "Perroti" (sent. de 14-V-1985), en tanto en dichos precedentes se dijo que no se configura el supuesto previsto por el art. 228 de la Ley de Contrato de Trabajo cuando es el Estado el que interviene otorgando la concesión de un servicio público a una nueva empresa concesionaria que no tiene vinculación jurídica con la anterior.
II.2. Califica como absurda y errónea la interpretación efectuada por el órgano actuante de lo dispuesto en el art. 9 del decreto 419/13.
Refiere que la mencionada norma "no impone en cabeza de AUBASA la obligación de absorber los empleados de la anterior concesionaria", sino que "simplemente faculta a la autoridad de aplicación" —Ministerio de Infraestructura— para que, en conjunto con el Ministerio de Trabajo y las asociaciones gremiales representativas de los trabajadores, dispongan la transferencia de los mismos a la sociedad concesionaria (v. rec., pág. 10).
De tal manera, afirma que, según se verificó con la prueba testimonial, los gremios que participaron entregaron un listado para el traspaso del personal, en el que no estaba incluido el actor, limitándose a asumir el compromiso solo respecto de los trabajadores que allí se encontraban.
Explica que el contrato de trabajo que vinculaba al señor Sixto con el concesionario originario, no continuó con AUBASA pues esta no es continuadora de la exconcesionaria Coviares S.A., ni dicha obligación le fue impuesta por ley.
III. El recurso no prospera.
III.1. El agravio que inaugura el medio de impugnación carece de argumentos aptos para obtener el resultado que se persigue.
III.1.a. De la simple lectura de los antecedentes reseñados surge evidente que la impugnante soslaya confrontar los motivos centrales que hubo de esgrimir el juzgador para establecer la responsabilidad solidaria de la codemandada Autopistas Buenos Aires S.A.
En efecto, el sentenciante consideró que la propia codemandada, al incorporar a los trabajadores pertenecientes a la concesionaria Coviares S.A., se sometió al régimen laboral, respetando su categoría profesional, su antigüedad y la aplicación del CCT 660/13 que los regía, lo que —según refiere— hace que deba interpretarse la "solidaridad legal" prevista en la legislación laboral. Ello, más allá del cuestionamiento sobre la existencia de solidaridad por transferencia del establecimiento en los términos del art. 228 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Tal fundamento que —indudablemente— constituyó el núcleo de la decisión sobre este punto, ha sido —sin abrir juicio alguno respecto de su acierto— ignorado por el recurrente, quien —anteponiendo su propio criterio— no logra desvirtuarlo, y —por ende— ha de permanecer incólume.
Dable es recordar que esta Corte reiteradamente ha sostenido que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuya línea argumental evidencia un desencuentro con el fundamento del fallo apelado omitiendo descalificar las conclusiones de hecho y de derecho del pronunciamiento del tribunal de origen (causas; L. 73.227, "Silva", sent. de 4-IV-2001; L. 102.993, "Mulle", sent. de 7-IX-2011; L. 122.369, "Chiodi", sent. de 30-XII-2021 y L. 129.635, "Carabetta", sent. de 3-VI-2024).
III.1.b. Cabe agregar que, ante el fracaso del cuestionamiento tratado en los párrafos que anteceden, en nada varía la suerte del recurso lo argumentado con apoyo en los precedentes L. 89.381, "Vivas" (sent. de 3-IX-2008) y L. 33.846, "Perroti" (sent. de 14-V-1985), elaborados bajo distintas plataformas a las que la que exhibe el caso examinado.
III.1.c. A mayor abundamiento, se advierte que los fundamentos que postulan que el acto administrativo dictado por la Provincia de Buenos Aires —en referencia al decreto 419/13— "no constituyó una adjudicación derivada de concesión, sino una adquisición originaria" (v. rec., págs. 8 y 9), han sido esgrimidos por primera vez ante esta instancia extraordinaria, y —en consecuencia— de manera novedosa y extemporánea.
Cobran virtualidad así las directrices que establecen que resultan ineficaces para habilitar la vía del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley los argumentos novedosos —fruto de una reflexión tardía— que no fueron introducidos oportunamente como objeto de la discusión ante el tribunal de grado (causas L. 116.602, "Ramos", sent. de 12-VII-2017; L. 123.291, "Longo", sent. de 30-VIII-2021; L. 125.824, "Falero", sent. de 15-II-2023 y L. 131.343, "Fratelli Branca Destilerías S.A.", sent. de 15-IV-2025).
III.2. Tampoco es de recibo el agravio que califica como absurda y errónea la interpretación efectuada por el tribunal actuante de lo dispuesto en el art. 9 del decreto 419/13.
III.2.a. Esta crítica se apoya en la particular interpretación que ensaya el recurrente respecto del alcance "facultativo y no obligacional" de la mentada norma, en tanto entiende que Autopistas Buenos Aires S.A. no tenía la obligación de continuar con los dependientes de la anterior concesión al no operar una transferencia de personal por imperio legal.
En este sentido, indica que resulta absurda la conclusión del sentenciante que determina que el Estado provincial encomendó a la referida sociedad la continuación del personal, toda vez que tal interpretación es contraria a la letra de la disposición del mentado decreto.
III.2.b. En tales condiciones, el embate ensayado no resulta eficaz, desde que este se limita a oponer a las conclusiones sentadas por el órgano de origen la propia interpretación del quejoso —naturalmente, favorable a sus intereses— sobre los hechos y las pruebas de la causa, ignorando que la mera exhibición de un criterio discrepante, o la crítica basada solo en razones de preferencia o conveniencia personal distan, en mucho, de constituir una técnica idónea para demostrar el absurdo (causas L. 118.470, "Castro", sent. de 24-VIII-2016; L. 122.965, "Juárez", sent. de 23-II-2021; L. 127.967, "Paguegui", sent. de 18-IX-2023 y L. 127.960, "Nebelung", sent. de 3-VI-2024).
Tampoco debe olvidarse que no cualquier error, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurar el absurdo, pues este hace referencia a la existencia de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica en el razonamiento efectuado por el juzgador o una grosera desinterpretación material de la prueba (causas L. 94.368, "Casella", sent. de 18-VIII-2010; L. 117.599, "Escobar", sent. de 27-V-2015; L. 117.867, "Vigliero", sent. de 17-V-2017; L. 126.835, "Ayala", sent. de 23-XI-2023; e.o.), extremos que no han sido acreditados.
III.2.c. Para más, en línea con lo valorado en el apartado III.1.a., el órgano de grado, para arribar a la solución, no solo se refirió al texto del art. 9 del decreto 419/13, que —según resaltó— puso especial énfasis en el destino del personal, sino que ponderó, con sustento en la prueba documental que detalló, lo actuado en consecuencia de aquella norma por las partes involucradas ante el Ministerio de Trabajo.
En este sentido, dable es recordar que es requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley impugnar concreta, directa y eficientemente las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que ella se asienta (causas L. 124.850, "Rodríguez", sent. de 13-X-2021; L. 123.921, "Cimalando", sent. de 15-II-2022; L. 120.086, "Magallanes", sent. de 7-III-2022; L. 128.642, "Municipalidad de San Cayetano", sent. de 27-II-2024; e.o.).
III.3. En consecuencia, sin que ello implique expedirse sobre el mérito de lo decidido, lo cierto es que el fallo debe permanecer incólume ante la inhabilidad de los agravios planteados.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/09/2025 13:40:13 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/09/2025 11:52:26 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 15/09/2025 12:41:38 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/09/2025 14:59:56 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/09/2025 08:57:47 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 17/09/2025 10:21:08 hs. bajo el número RS-88-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia