Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 133284
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
GARCÍAÁGATA CAMILA C/ BLANCO MICAELA YANEL Y OTRO/A S/ DESPIDO.
I. El Tribunal de Trabajo n°3 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por la señoraÁgata Camila García y, en consecuencia, condenó a Russian Wife S.A. y a Micaela Yanel Blanco, en forma solidaria, a pagar la suma que especificó en concepto de sueldo anual complementario, vacaciones proporcionales, salarios adeudados de los meses de julio, agosto y septiembre 2020, diferencias salariales de octubre 2019 a junio 2020 y las sanciones previstas en los arts. 53 ter ley 11.653 y 80 de la ley 20.744 (texto según ley 25.345). Contrariamente, la desestimó en cuanto pretendía las reparaciones derivadas del despido (v. pronunciamiento de fecha 10-VI-2024).
Para así decidir, en lo que interesa, tuvo por no probado que la demandada hubiera recibido el telegrama impuesto por la actora con fecha 13 de agosto de 2020, el cual contenía la intimación para que registre el contrato de trabajo y le abone los rubros adeudados, con el apercibimiento que, en caso de incumplimiento, se consideraría despedida. A partir de ello, juzgó que no podía prosperar el reclamo por el pago de las indemnizaciones legales por despido y sus derivados, en tanto no se podía considerar efectivizada la comunicación previa a romper el vínculo laboral.
En cuanto al modo de calcular las indemnizaciones que le correspondían a la demandante, concluyó, con sustento en la doctrina legal sentada por esta Corte, que debían ser actualizadas tomando como parámetro el salario establecido por la resolución 4/20 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente a la fecha de la sentencia.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de fecha 1-VII-2024), el que fue concedido por el a quo en el marco de la excepción contenida en la ley ritual del fuero (v. pronunciamiento del 12-VII-2024).
En su presentación relata los antecedentes de la causa. Cita las normas y la doctrina que considera vulneradas.
En primer lugar, bajo la denuncia de absurdo en la valoración de la prueba, controvierte lo decidido respecto a la extinción del vínculo laboral, que derivó en las desestimaciones de diversas indemnizaciones y multas por deficiente registración laboral.
Por otro lado, sostiene que el tribunal aplicó erróneamente el art. 11 de la ley 24.013, en cuanto exige la remisión de las respectivas comunicaciones tanto al empleador como a la AFIP.
Finalmente, denuncia vulnerada la doctrina legal que individualiza en el apartado III.3 de su impugnación, agraviándose del parámetro utilizado por el tribunal de origen para calcular los rubros que prosperaron. Al respecto, alega que debió actualizarlos empleando alguna de las distintas alternativas que consigna el fallo del Superior Tribunal provincial, es decir, el Coeficiente de Estabilización de Referencia del Banco Central de la República Argentina (CER), el Índice de Precios al Consumidor (I.P.C.) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), o bien el índice de las Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, se impone señalar que -tal como lo manifestó el órgano de grado- el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por los rubros que fueron rechazados, así como las diferencias de calcular los que prosperaron del modo como pretende la recurrente- no excede el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), razón por la cual la admisibilidad de la impugnación en examen sólo puede justificarse en el estrecho marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 -aplicable a la fecha de la interposición del recurso extraordinario- (causas L. 124.888, "Ciganda", resol. de 24-XI-2020; L. 125.052, "Barreto", resol. de 30-XI-2020; L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020 y L.132.680 "Morales", resol. de 12-V-2025).
De suyo, entonces, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 128.119, "Barragán", resol. de 4-VII-2022; L. 126.806, "Giles", resol. de 21-VI-2023; L. 131.809, "Girardi", resol. de 20-IX-2024 y L. 133.356, "Franco", resol. de 14-VII-2025).
III.2.a. Realizado el examen conforme los lineamientos anteriormente enunciados, se observa que, respecto del primer agravio, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que mediante la denuncia de doctrina legal, la impugnante trae a consideración agravios relacionados con cuestiones cuya definición es privativa del sentenciante de grado y relativos a la valoración de los hechos y las prueba, así como al supuesto absurdo en que habría incurrido el tribunal de grado al meritar las circunstancias probatorias de la litis, asuntos detraídos de la revisión en el acotado carril por el que transita el recurso (causas L. 117.894, "Silvero López", resol. de 10-XII-2014; L. 118.681, "Núñez", resol. de 1-VII-2015; L. 121.975, "Mansilla", resol. de 5-VI-2019; L. 125.287, "Seguel", resol. de 13-XI-2020; L. 126.743, "Ricardini", resol. de 6-VIII-2021; L. 127.150, "Romano", resol. de 17-IV-2023 y L. 132.539, "Reyes", resol. de 3-IV-2025).
Resulta útil recordar que esta Corte ha declarado reiteradamente que la doctrina relacionada al vicio de absurdo no resulta idónea a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el citado art. 82 de la ley ritual (causas, L. 123.817, "Juncos", sent. 28-IV-2021; L. 132.697, "Lazarte", sent. 27-III.2025 y L. 132.970, "Domínguez", resol. de 1-VII-2025).
III.2.b. Análoga conclusión merece el reproche dirigido a objetar la errónea aplicación de la Ley Nacional de Empleo, en tanto la impugnante omite denunciar la conculcación de doctrina legal alguna relacionada con el agravio que expone, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 121.119, "Sosa", resol. de 11-IV-2018; L. 124.429, "López", resol. de 21-IX-2020; L. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020; L. 125.492, "Sartor", resol. 29-III-2021; L. 130.055, "Mier Vique", resol. de 10-IV-2023 y L. 132.451, "Fernández", resol. de 15-IV-2025).
III.2.c. En cuanto a la denuncia fundada en el precedente que individualiza (v. pág. 9 del escrito de fecha 1-VII-2024), cabe destacar que, en el restringido ámbito en el que fue concedido el medio de impugnación, la crítica tampoco resulta apta, ya que bajo la denuncia de violación de doctrina legal lo que en rigor pretende el impugnante -mediante su mera discrepancia- es la revisión de un tópico por regla privativo del sentenciante de grado, así, aquel que refiere a la elección del mecanismo de actualización del crédito, labor que -debe destacarse- es fruto de la ponderación de la plataforma de hecho que está en la base del litigio (causa L. 132.561, "Moreyra", resol. de 1-IX-2025).
III.3. Por lo demás, es dable señalar que no constituye doctrina legal la que deriva de la de la opinión de los autores, de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas y L. 130.536, "Lo Nano", resol. de 20-IX-2023 y L. 131.733, "Delapiaza", resol. de 29-VII-2024; e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 29/09/2025 11:54:26 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/09/2025 10:20:09 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/09/2025 13:15:48 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 02/10/2025 12:19:02 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/10/2025 13:06:04 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 02/10/2025 15:03:11 hs. bajo el número RR-1148-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia