Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132995
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar a la queja deducida y dejar sin efecto, con el alcance aludido, la decisión dictada el 19 de agosto de 2024 (art. 292 del CPCC; 89, ley 15.057; Acuerdo 4.068/2022; Resol. 24/20 y Resol. 1.840/24).
Costas por su orden, dada la forma en que se resuelve (art. 68, seg. párrafo, CPCC).
I. En el caso, el Tribunal de Trabajo n° 6 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la demanda promovida por Ovidio Melgarejo Gauto y, en consecuencia, condenó a Uniquim S.R.L. al pago de la suma que especificó en concepto de indemnización por despido y otros rubros de naturaleza laboral (v. sent. de 29-V-2024).
Interesa destacar que, además, propuso regular los honorarios de los profesionales intervinientes conforme lo normado en el art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. ley 24.432), tomando como base el monto del capital de condena al cual se le adicionarían los intereses que resulten de la liquidación que practicaría, aclaró, el Actuario del siguiente modo: Dr. Julián Eloy Crugnale por su actuación en la etapa de inicio y prueba en el equivalente en IUS al once por ciento -11%-; Dra. María Cristina Martínez por su actuación en la etapa de inicio, prueba y vista de causa en el equivalente en IUS al ocho por ciento -8%- con más los porcentajes de ley -arts. 9, 18, 21, 23, 24, 28 inc. f), 43 y 51, ley 14.967; arts. 12 inc. a) y e), ley 6.716 modificada por ley 8.455- una vez percibidos los honorarios regulados, los letrados intervinientes deberán acreditar en autos el pago del bono ley y el jus previsional, bajo apercibimiento de efectuar las comunicaciones correspondientes. Los del perito contador Luis Eduardo Pombo en un tres por ciento -3%- con más los porcentajes de ley -arts. 175, 193 y 207, ley 10.620) y los del perito informático Claudio José Maccio en un tres por ciento -3%- con más los porcentajes de ley.
Más adelante, el secretario del tribunal de origen practicó la liquidación correspondiente al capital de condena, tasa de justicia y sobretasa de justicia (v. liquidaciones de 3-VI-2024 y 3-IX-24, respectivamente), ocasión en que justipreció en moneda de curso legal únicamente aquellos determinados en la sentencia respecto de los peritos intervinientes.
II. Contra el pronunciamiento final de la causa, la demandada interpuso recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. escrito de 18-VI-2024). El Tribunal de grado, a su turno, denegó el primero de ellos por no encontrarse configurados los presupuestos normativos contenidos en los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y concedió el segundo de los mencionados (v. resol. de 19-VIII-2024).
Ante esta última decisión, la impugnante dedujo el recurso de queja previsto en el art. 292, del Código Procesal Civil y Comercial, ocasión en que denuncia que el tribunal de grado, al resolver como lo hizo, vulneró el derecho federal en juego, así como los principios de igualdad ante la ley y debido proceso legal (v. escrito electrónico de 26-VIII-2024).
III. La queja prospera.
Respecto a la vía intentada frente a la denegatoria del recurso extraordinario de nulidad interpuesto, se evidencia que el tribunal de grado excedió su competencia al formular un juicio vinculado a la procedencia de la señalada vía extraordinaria, materia privativa de esta Suprema Corte (causas L. 123.558, "Ruíz de Galarreta", resol. de 21-IX-2020; L. 125.164, "Sindicato de trabajadores de la industria del hielo", resol. de 22-X-2020 y L. 125.493, "Razquin", resol. de 30-XI-2020; e.o.) pues, éste debió limitarse a juzgar si se reunían o no los requisitos de admisibilidad de aquel libelo recursivo (arts. 82, 83 y 89 de la ley 15.057; y 281, CPCC), los que se advierten cumplidos en la especie.
IV. Ahora bien, radicados los autos principales ante esta sede, de un detenido análisis de la totalidad de los requisitos formales exigidos por el legislador para acceder a la revisión del fallo puesto en crisis, se observa que no se encuentran en estado de ser resueltos.
IV.1. Ello así, desde que, cabe recordar, en el supuesto de sentencia condenatoria el art. 56 de la ley 11.653 -aplicable a la fecha de interposición del recurso extraordinario- establece como carga ineludible para la admisibilidad de los remedios extraordinarios -sin distinción alguna de cuál de éstos- el depósito previo de capital, intereses y costas, cuya finalidad es la de asegurar al trabajador la posibilidad de hacer efectivo sin dilaciones su crédito, del que la sentencia recurrida constituye fuerte presunción favorable (causas L. 120.609, "Arraigada", resol. de 6-XII-2017; L. 121.405, resol. de 20-XII-2017; L. 119.966, "Diehl", sent. de 3-V-2018 y L. 130.482, "Lema", resol. de 1-VIII-2023).
Asimismo, que el mencionado depósito debe ser integrado en término -dentro de los diez días, a partir de la notificación de la liquidación- y en su totalidad, desde que los plazos otorgados para su cumplimiento son perentorios e improrrogables (causas L. 114.832, "Pérez", resol. de 13-VII-2011; L. 115.561, "González", resol. de 7-III-2012; L. 120.407, "Genovese", resol. de 5-IV-2017 y L. 126.414, "Formigo", resol. de 16-VII-2021).
IV.2. En atención a ello, sabido es que a los fines de tener o no por acreditada la carga pecuniaria prevista en la norma ritual laboral, a efectos de efectuar el juicio de admisibilidad para acceder a la instancia de casación local, es menester contar con la liquidación prevista en el art. 48 del ordenamiento procesal citado, aplicable a la fecha de interposición del recurso extraordinario.
En la especie, del análisis de sus constancias surge que, en ocasión de realizar el estudio de admisibilidad del recurso extraordinario intentado, la suma total sobre la cual calcular el monto a depositar por la recurrente se encontraba parcialmente indeterminada, desde que los honorarios regulados a los letrados de las partes intervinientes no fueron determinados en la suma equivalente al valor expresado en la unidad arancelaria Jus, a la fecha de su liquidación (v. estimación de fecha 3 de junio de 2024). Por lo tanto, siendo que esta última ha sido confeccionada en forma parcial, aún en la efectuada con posterioridad (v. liquidación de 3-IX-2024) el tribunal de origen no pudo analizar los requisitos formales de admisión del remedio deducido por la parte demandada (causas Ac. 91.014, "Acosta Machado", resol. de 6-IV-2005; L. 120.659, "Municipalidad de Necochea", resol. de 7-VI-2017; L. 121.223, "Molina" resol. de 3-III-2018; L. 124.184, "Marao", resol. de 23-X-2019; L. 126.893, "Aguirre", resol. de 1-XI-2021; L. 127.482, "López", resol. de 13-XII-2021; L. 128.956, "Bazan", resol. de 19-IX-2022 y L. 132.356, "Olmedo", resol. de 28-X-2024).
En consecuencia, corresponde hacer lugar a la queja traída, declarar que el dictado del auto de fecha 19 de agosto de 2024 ha resultado prematuro, dejar sin efecto, con el alcance considerado en los parágrafos precedentes, la denegatoria del recurso extraordinario de nulidad y la concesión del de inaplicabilidad de ley interpuestos por Uniquim S.R.L., así como de aquéllas decisiones a él vinculadas y devolver los autos al tribunal de origen a fin que, una vez practicada y notificada dicha liquidación a la fecha indicada precedentemente, se expida respecto de la admisibilidad de las vías extraordinarias a la luz de lo establecido en los arts. 55 y 56 de la ley citada, aplicable a la fecha de interposición de los recursos extraordinarios (causas L. 50.117, "Donatucci", sent. de 29-IX-1992; Ac. 91.014; L. 116.579; L. 120.659, L. 126.310 y L. 126.064, cits.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar a la queja deducida y dejar sin efecto, con el alcance aludido, la decisión dictada el 19 de agosto de 2024 (art. 292 del CPCC; 89, ley 15.057; Acuerdo 4.068/2022; Resol. 24/20 y Resol. 1.840/24).
Costas por su orden, dada la forma en que se resuelve (art. 68, seg. párrafo, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/10/2025 11:21:19 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/10/2025 11:28:48 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/10/2025 13:44:42 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/10/2025 06:31:57 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/10/2025 08:36:43 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 15/10/2025 16:36:12 hs. bajo el número RR-1255-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia