Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 131610
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n°3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L.131.610, "Velazco, Rocío Soledad y otros contra Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y otro/a. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n°1 del Departamento Judicial de Dolores, con asiento en dicha ciudad, rechazó la acción instaurada, imponiendo las costas del modo que especificó (v. sent. de fecha 20-X-2023 y aclaratoria de fecha 7-XII-2023).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 7-XII-2023).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal del trabajo interviniente desestimó la demanda promovida por Rocío Soledad Velazco, Maria Cecilia Velazco, Esteban Abelardo Velazco y Alicia Beatriz Domecq -en calidad de herederos del señor Abelardo Desiderio Velazco- contra la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), por la que procuraban el cobro de diferencias salariales, vacaciones proporcionales, haberes adeudados; así como la percepción de las indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva del preaviso e integración del mes de despido; entre otros rubros (v. sent. de fecha 20-X-2023).
Para así decidir, luego de analizar los escritos constitutivos, sostuvo que no resultó controvertido que Abelardo Desiderio Velazco ocupó diversos cargos gremiales desde el 1 de febrero de 2002 y hasta el 19 de octubre de 2019, en la seccional Chascomús de UATRE, donde también funciona la obra social accionada.
Seguidamente, analizando la prueba, comenzó por señalar que, con las copias de las resoluciones de la Justicia Electoral Nacional acompañadas con la contestación de demanda de la UATRE, se acreditó la participación y elección del causante en distintas elecciones desde el año 1999. Explicó que, si bien la accionante desconoció tales documentos, aquella simple negativa formulada, no acompañada de una impugnación concreta, no era suficiente para impedir su valoración, al menos como prueba indiciaria, no siendo coherente -agregó- "...reconocer que Velazco fue electo Secretario General y a la vez negar la documentación que lo demuestra, aun cuando, como se alega en la demanda, se haya tratado de una maniobra para encubrir una relación de empleo." (v. vered. pág. 4).
Refirió que contribuyó a formar su convicción, que una de las actoras -Rocío Soledad Velazco- en el expediente que indicó -de trámite por ante el mismo tribunal laboral y cuya mención fue efectuada en el escrito de inicio de estas actuaciones-, reconoció sin ningún tipo de limitación o aclaración que su padre fue el Secretario General de la seccional Chascomús de UATRE.
Luego, ponderó los testimonios rendidos en autos y dijo que las señoras Maza e Igarategui no aportaron ningún dato de interés en el punto, también desechó por variados fundamentos los testimonios brindados por los señores Larrarte y Epullanca.
Apreció que tampoco la prueba documental adjunta a la demanda -entre las que mencionó a las credenciales sindicales, actas de inspección y contrato de locación- acreditó la alegada relación laboral.
En ese orden, afirmó que "...resulta inadmisible para el ordenamiento jurídico cuestionar, poner en duda o desconocer que Velazco actuó en todo momento como dirigente gremial, tal como lo alegó él mismo en las misivas y luego sus herederos en la demanda" (v. vered. pág. 9), pues implicaría una contradicción con sus propios actos anteriores, jurídicamente relevantes y plenamente eficaces. Bajo tal entendimiento, consideró que el causante se presentó voluntariamente a cada llamado a elecciones, obrando con discernimiento intención y libertad, no habiendo alegado ni demostrado que en momento alguno haya sido compelido, obligado o coaccionado a hacerlo.
A su vez, destacó que resultaba contradictorio que los accionantes que se presentaron en calidad de herederos del original demandante cuestionen las aptitudes de éste para ser candidato -invocando no cumplir con determinados requisitos legales, estar jubilado- y concluyó que cada una de las elecciones en las que aquel se presentó desde el año 1999, fue aprobada por la junta electoral de la UATRE y sus candidaturas y elección no fueron impugnadas por las vías pertinentes.
En este marco, juzgó acreditado que el señor Velazco fue representante gremial, electo por los afiliados a la demandada para cubrir el cargo de Secretario General, entre otros cargos sindicales. A la par, entendió no acreditada la existencia de una relación dependiente con la necesaria subordinación técnica, económica y jurídica (v. vered. pág. 11).
Con todo, desestimó la demanda promovida, impuso las costas a la vencida y reguló los honorarios (v. sent. pág. 6). En relación con esto último, ante la posterior presentación formulada por la actora, el a quo modificó los estipendios fijados y los readecuó -dijo- conforme lo dispuesto en el art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. res. aclaratoria de fecha 7-XI-2023).
II. La parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo, arbitrariedad y la violación de los arts. 16 y 18 de la Constitución nacional; 15 y 39 inc. 3 de la Constitución provincial; 34 incs. 4 y 5, 332, 334, 354 inc. 1, 356, 375, 377 y 395 del Código Procesal Civil y Comercial; 18 y 41 de la ley 23.551; 10, 54, 57 y 69 del Estatuto de la UATRE; 6, 20 y 29 del decreto 467/88; 9, 12, 14, 23, 55 y 58 de la Ley de Contrato de Trabajo; 26, 29, 44 y 63 de la ley 11.653; 163 inc. 6 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial; 263 y 314 del Código Civil y Comercial; y de la doctrina legal que identifica (presentación electrónica de fecha 7-XI-2023).
II.1. Reprocha la valoración de la prueba efectuada por el órgano de grado para concluir en que no hubo de acreditarse la existencia del vínculo laboral denunciado en la demanda.
II.1.a. Objeta que el juzgador haya considerado no controvertido que el señor Velazco ocupó diversos cargos gremiales en la seccional Chascomús de la UATRE, cuando -alega- en el escrito de inicio se afirmó que aquel cumplía tareas como "encargado de filial", encubriendo las demandadas el vínculo laboral a través de la figura de Secretario General (v. rec., pág. 9).
II.1.b. Sostiene que el actor no era un dirigente gremial, en tanto no reunía los requisitos contemplados en los arts. 18 inc. "c" de la ley 23.551 y 54 del estatuto de la UATRE que establecen que "...los candidatos a ocupar cargos electivos por primera vez, deberán acreditar haberse desempeñado en la actividad por lo menos dos años inmediatamente anteriores a la elección..." (v. rec. pág. 10). Al respecto, afirma que quedó demostrado con la prueba testimonial que no se configuró tal extremo; además, que era carga de la accionada demostrar tal circunstancia y ninguna prueba produjo para desvirtuar lo expuesto por el accionante, como así tampoco para acreditar que demandante desempeñara las funciones previstas en el art. 81 del citado estatuto.
Desde otro costado, manifiesta que siendo que el causante se encontraba jubilado desde el 22 de junio del 2007 (según -precisa- el informe emitido por la ANSES agregado el día 12-IX-2022) no podía ser elegido u ocupar cargos como Delegado Gremial en razón de lo previsto en los arts. 6 del decreto 467/88 y 10 del mencionado estatuto (v. rec. pág. 12).
Concluye que el sentenciante soslayó considerar los principios de primacía de la realidad, in dubio pro operario y iura novit curia , al no haber tenido en cuenta al momento de fallar las limitaciones que la propia ley 23.551, decreto reglamentario 467/88 y Estatuto de la UATRE disponen a aquellas personas que pretenden ocupar cargos electivos, como así también la presunción del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. rec. pág. 15).
II.1.c. Cuestiona que se hayan considerado válidas las resoluciones de la Junta Electoral Nacional acompañadas por la coaccionada UATRE, toda vez que fueron expresamente desconocidas por la contraparte. Aduce que el argumento brindado en el fallo para tener por válida dicha documental -afincado en que la parte actora no efectuó una explicación o impugnación concreta al respecto- resulta absurdo y violatorio del art. 34 inc. 5 apartado "c" del Código Procesal Civil y Comercial, pues la carga procesal de demostrar su autenticidad recaía en la propia accionada.
Postula, a su vez, que es absurdo afirmar que el señor Velazco se presentó voluntariamente a cada llamado a elecciones (v. rec. pág. 17), cuando no fueron acompañados los pedidos de oficialización de listas en las que figuren datos de puño y letra de aquel. Con sustento también en la prueba testimonial, expresa que, en definitiva, no se demostró que el demandante haya prestado conformidad para integrarlas las mencionadas listas.
Agrega que tampoco resultan válidas las resoluciones apuntadas, pues la UATRE no demostró la pertinente remisión al Ministerio de Trabajo y Seguridad de la Nación como lo establece el art. 57 del respectivo estatuto y el art. 20 del decreto 467/88.
II.1.d. Sostiene que el órgano de grado violó el principio de defensa en juicio y el de la congruencia al incorporar a la causa la mención de una "supuesta nota" obrante a fs. 11 de cierto expediente judicial, en el punto, el recurrente expresa que se desconoce tal documental por no visualizarse de forma digital, no haber emanado del señor Velazco, ni haber sido incorporada o mencionada por las partes.
Insiste en que sin perjuicio de la afirmación a la que hace referencia el juzgador con base en aquellas actuaciones (en cuanto a que la aquí coaccionante Rocío Soledad Velazco hubiera expresado que su padre era el Secretario General de la seccional), el causante no cumplió los requisitos legales para ocupar los cargos gremiales, concurriendo una clara simulación del contrato de trabajo.
II.2. En otro orden, se agravia de la regulación de los honorarios profesionales, ya que considera que no se contempló el límite legal previsto en la ley 24.432, modificatoria del art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo.
II.3. Finaliza su discurso insistiendo en que el pronunciamiento viola el principio de contradicción, de preclusión y de defensa en juicio y cita en apoyo de sus afirmaciones doctrina legal referida a la carga probatoria y el absurdo.
III. El recurso no prospera.
III.1. No son de recibo los cuestionamientos que trae el interesado vinculados sustancialmente con la labor axiológica desplegada por el tribunal de grado en torno a la prueba.
III.1.a. Enseña la jurisprudencia de esta Suprema Corte que la evaluación del material probatorio, como la determinación de las circunstancias fácticas que en cada caso concurren para establecer si entre las partes medió un contrato de trabajo, corresponde privativamente a los magistrados de los tribunales de trabajo, y su decisión al respecto no es revisable salvo la demostración del absurdo (causas L. 122.965, "Juárez", sent. de 23-II-2021; L. 130.336, "Cimbaro", resol. de 12-IX-2023; L. 128.695 "Baiz", sent. de 20-IV-2024).
III.1.b. Aquel extremo y excepcional vicio valorativo no es evidenciado por el quejoso, quien en su despliegue argumental se desentiende de la línea reflexiva del fallo y de las motivaciones que sustentan al análisis realizado por el a quo , limitándose a reiterar conceptos ya vertidos en el curso del proceso -replicando en su mayoría argumentos plasmados en el escrito de inicio- los que fueron considerados y descartados en el pronunciamiento de grado, así, aquellos referidos a las condiciones del causante en su vinculación con los recaudos que rodean al desempeño gremial.
En ese marco, devienen inatendibles las alegaciones del recurso referidas a aquel aspecto del caso. Ha de enfatizarse: aquellos cuestionamientos representan una crítica notablemente insuficiente a la luz de las motivaciones que situó el tribunal en el veredicto, una muestra de ello puede divisarse en aquellas expresiones del a quo en las que dijo que las resoluciones emanadas de la Junta Electoral Nacional podían ser merituadas como "prueba indiciaria", y que las actuaciones ponderadas lo fueron a los fines de contribuir a formar su convicción.
El quejoso ha diseñado su exposición a partir de su subjetiva opinión respecto al modo en que debieron evaluarse los hechos y las pruebas de la causa, aunque sin ocuparse de la prueba en su conjunto, que es -en definitiva- la que contribuyó a definir el ánimo de los magistrados que votaron en sentido contrario a sus pretensiones (causas L. 111.160, "Soria", sent. de 27-II-2013; L. 117.470, "Burcez", sent. de 11-X-2017 y L. 123.542, "Atalaya S.A.", sent. de 15-VI-2022).
En definitiva, las motivaciones que definen el contenido de la crítica se reducen a un simple enfoque subjetivo contrario a la decisión adoptada, y tal formulación, tiene dicho esta Corte, no es base idónea para demostrar el absurdo (causas L. 120.646, "Maldonado", sent. de 10-VIII-2020; L. 125.306, "Jacobo", sent. de 22-XI-2022 y L. 128.964, "Calvo", sent. de 30-IV-2024).
Cabe recordar, además, que aun cuando el análisis efectuado por el tribunal sobre cuestiones de hecho y de prueba pueda resultar opinable o discutible, esa sola circunstancia no es suficiente para tener por demostrada aquella anomalía, habida cuenta que lo que habilita la revisión casatoria no es cualquier equívoco o disentimiento. Antes bien, es necesario que se configure un desarreglo en la base del pensamiento, una falla palmaria del raciocinio, es decir, un error extremo (causas L. 125.637, "Barragán", sent. de 3-XI-2022; L. 127.849, "Tumini", sent. de 27-III-2023; L. 130.787, "Fernández y Rosales", sent. de 23-VI-2025; e. o.). Ello, de suyo, no ha sido evidenciado por recurrente.
III.1.c. En nada mejora la suerte del recurso las parcelas de la impugnación emparentadas con la pretendida aplicación de la presunción contemplada en el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, la aludida violación del art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial y la vulneración de la doctrina citada.
Esta Corte tiene dicho que queda desvirtuada la presunción iuris tantum que surge del primero de los preceptos legales mencionados, si la prueba producida demuestra que las labores prestadas por el actor no lo fueron en relación de dependencia (causas L. 118.951, "Arias", sent. de 26-X-2016; L. 120.081, "Mercuri", sent. de 25-IV-2018; L. 125.637, "Barragán", sent. de 3-XI-2022; e. o.).
En la especie, aun cuando el tribunal endilgó a la actora no haber acreditado la relación laboral invocada, lo cierto es que los motivos que lo llevaron a rechazar la demanda se forjaron a partir de la valoración integral de las pruebas arrimadas a la causa, que dieron cuenta -a su juicio- que el vínculo entre aquellas careció de los elementos que lo tipifican, cuando, en cambio, quedó demostrado que el señor Abelardo Desiderio Velazco actuó siempre en su rol sindical.
Y a partir de ello es que pierde también vigor la pretendida infracción del art. 375 del citado digesto adjetivo.
III.1.d. De suyo que la invocación de la regla in dubio pro operario carece de idoneidad, pues es sabido que la duda a que alude el art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo es un estado de ánimo que se produce -o no- en el juzgador al tiempo de dictar sentencia; por lo tanto, no resulta de aplicación si -como acontece en el caso- los jueces manifestaron su plena convicción, sin evidenciar ninguna incertidumbre en el pronunciamiento (causas L. 123.427, "Argañaraz", sent. de 14-XII-2020; L. 125.306, "Jacobo", sent. de 22-XI-2022 y L. 126.682, "Mocherniuk", sent. de 11-VII-2023).
III.1.e. En suma, no habiendo la interesada acreditado la configuración del vicio del absurdo, ni la violación de la normativa y doctrina legal que pretende conculcadas, la decisión impugnada debe permanecer incólume.
III.2. Finalmente cabe señalar que el agravio dirigido a cuestionar la regulación de honorarios efectuada en la sentencia definitiva ha perdido virtualidad, ya que, como se anticipó, mediante la resolución aclaratoria de fecha 7 de noviembre de 2023 -mismo día en que fue presentado el recurso en estudio-, motivado por la presentación realizada por la actora el día 30 de octubre de 2023, el órgano de grado modificó los referidos estipendios de conformidad -señaló- con lo dispuesto por el art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, pronunciamiento que no recibió objeción alguna.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la segunda cuestión también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/10/2025 11:23:35 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/10/2025 11:33:32 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/10/2025 13:47:34 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/10/2025 06:42:29 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/10/2025 08:44:48 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 15/10/2025 16:40:04 hs. bajo el número RS-101-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia