Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132129
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la actora, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
2Respecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por el doctor Salvador Pedro Maio, por derecho propio y en representación de Laboratorios de Análisis Clínicos Integrados S.R.L., se desestima con relación a los cuestionamientos tratados en el punto IV.4. en atención a que han sido desestimados en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). En cambio, se declara procedente respecto del planteo desarrollado en el punto IV.3. Con costas por su orden (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC). En consecuencia, se revoca la sentencia de grado en cuanto impuso las costas a la actora con el beneficio de gratuidad establecido en el art. 22 de la ley 11.653 y se remiten los autos al tribunal de origen para que obre conforme lo aquí resuelto.
El cincuenta por ciento -50%- de los depósitos efectuados por el doctor Maio y por Laboratorios de Análisis Clínicos Integrados S.R.L. (LACI S.R.L.) (v. constancias de depósitos acompañadas con las presentaciones de fecha 26-II-2024 y 24-IX-2024) serán restituidos a los interesados (art. 294, 2da. parte, CPCC), quedando el resto perdido para los recurrentes (art. 294, segundo párr, CPCC), debiendo el Tribunal de Trabajo dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 …
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, rechazó íntegramente la demanda promovida por la señora Miriam Scarafia contra Laboratorios de Análisis Clínicos Integrados S.R.L. (LACI S.R.L.), el señor Norberto Marino Menghini y las señoras Marcela Inés Taffetani y Diana Cristina Hernández, mediante la cual procuraba el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de naturaleza laboral. Asimismo, impuso las costas a la vencida con el beneficio previsto en el art. 22 de la ley 11.653 (v. veredicto y sentencia de fecha 22-XI-2023).
Para así decidir, tras valorar las pruebas producidas, juzgó que la accionante no logró acreditar la existencia de la relación laboral invocada. En este marco, consideró demostrado que los servicios pautados con la demandante estuvieron motivados en causas ajenas a un contrato de trabajo.
Respecto a la imposición de costas, si bien el sentenciante de grado aclaró que el beneficio que otorga el art. 22 de la aludida ley procesal laboral no protege a quienes no demuestren en juicio la existencia de un vínculo laboral, decidió que, en la especie, la actora se encuentra amparada por aquella norma, pues en virtud de las características de la vinculación, ésta pudo considerarse con derecho a reclamar.
II. Contra dicho pronunciamiento, en lo que interesa, la legitimada activa y el doctor Salvador Pedro Maio, por derecho propio y en representación de Laboratorios de Análisis Clínicos Integrados S.R.L., dedujeron sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. presentaciones de fechas 11-XII-2023 y 5-XII-2023, respectivamente), los que fueron concedidos por el a quo (v. resoluciones de fechas 27-II-2024 y 20-II-2024, respectivamente).
III. En su escrito impugnativo, la accionante denuncia absurdo en la apreciación de las pruebas y violación de los principios del derecho laboral que cita. En lo esencial, se agravia de la decisión con arreglo a la cual, el sentenciante consideró no probada la relación de trabajo, invocando vulnerados los arts. 9 y 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, 39 de la ley 11.653 y 375 del Código Procesal Civil y Comercial.
En este sentido, sostiene que el juzgador de grado omitió expedirse sobre cuestiones esenciales probatorias. Asimismo, denuncia que se encuentra vulnerado el art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
III.1. El recurso no prospera.
III.1.a. Sabido es que determinar la existencia de la relación de dependencia o subordinación, típica del vínculo contractual de linaje laboral, constituye una cuestión reservada -en principio- en forma privativa a los magistrados del trabajo y, por lo tanto, no resulta susceptible de revisión en esta instancia, salvo que se demuestre absurdo (causas L. 124.729, "Ríos", resol. de 6-XI-2020; L. 125.849, "Saúl", sent. de 23-II-2022 y L. 130.013, "Cepede", resol. de 4-XII-2023).
Ello exige la acreditación de la existencia de un error grave, grosero y manifiesto, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 121.844, "Sandoval", resol. de 13-II-2019; L. 124.111, "Ferreyra", resol. de 16-VI-2020; L. 124.997, "Petri", resol. de 4-II-2021 y L. 128.958, "Sindicato de Trabajadores de la Industria del Hielo", resol. de 11-VII-2023).
III.1.b. En el caso, el a quo -con apoyo en los elementos de juicio obrantes en la causa (escritos constitutivos de la litis y pruebas testimoniales, pericial contable y documental)- juzgó no acreditados los requisitos de la relación laboral de dependencia, esto es, la subordinación técnica, económica y jurídica entre las partes.
Por el contrario, tuvo por demostrado que el desembolso de dinero que realizaba la accionada en favor de la actora, se correspondía al pago de honorarios por los servicios profesionales y por los cuales Scarafia emitía facturas en su calidad de monotributista, conforme trabajos efectuados en forma autónoma. En definitiva, para el órgano judicial de grado, la prueba de autos reveló la existencia de una vinculación de carácter civil, ajena totalmente a un contrato de trabajo.
III.1.c. Esta esencial conclusión del fallo, no logra ser conmovida por la recurrente, que, si bien invoca absurdo, no cumple con la carga de acreditar dicho vicio, ya que sus críticas transitan sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el tribunal de origen debió ponderar los hechos y las pruebas aportadas al proceso (causas L. 124.886, "Luna", resol. de 16-X-2020; L. 126.954, "Aquino", resol. de 23-VIII-2021; L. 128.830, "Garabato", resol de 4-X-2022; L. 130.600, "Parente", resol. de 20-IX-2023 y L. 131.712, "Putruele", resol. de 9-VIII-2024), en tanto sus argumentaciones se disipan en un reproche que tan sólo traduce una mera discrepancia subjetiva con el criterio seguido por el tribunal de origen. Una formulación de ese tenor sólo trasunta la intención de cuestionarle al sentenciante las potestades privativas que le asisten en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 124.846, "Rollhaiser", resol. de 21-IX-2020; L. 126.058, "Córdoba", resol. de 17-V-2021; L. 128.152, "Andrés", resol. de 5-V-2022; L. 129.501, "Fariñes", resol. de 10-IV-2023 y L. 131.447, "Blanco", resol. de 3-VI-2024).
III.2. Por su parte, la impugnante tampoco evidencia que el fallo luzca apartado de la directiva impuesta por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, toda vez que, conforme tiene establecido esta Corte, dicho precepto sólo se quebranta cuando el juzgador, alterando las reglas del onus probandi , impone a una parte la obligación de acreditar hechos cuya prueba correspondía a la otra (causas L. 124.364, "Benavidez", resol. de 29-VI-2020; L. 128.307, "Marenchino", resol. de 23-V-2022; L. 130.169, "Uruzuna", resol. de 4-XII-2023 y L. 131.040, "Figueroa", resol. de 21-III-2024), hipótesis expresamente descartada en el sub lite .
Por lo demás, este Tribunal tiene dicho que queda desvirtuada la presunción iuris tantum que surge del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, si la prueba producida demuestra -como concluyó el a quo - que las tareas prestadas no lo fueron en relación de dependencia (causas L. 124.345, "Greco", resol. de 19-VIII-2020; L. 127.462, "Cohen", resol. de 6-XII-2021; L. 123.922, "Fernández", sent. de 7-III-2022; L. 129.661, "Manzella", resol. de 21-VI-2023), definición esta última que -a tenor de lo dicho- no ha resultado conmovida.
III.3. Por otro lado, en cuanto a la denuncia de transgresión al art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, cabe señalar que esta Corte tiene dicho que no resulta de aplicación la regla in dubio pro operario si los jueces manifestaron su plena convicción, sin evidenciar ninguna duda en el pronunciamiento respecto de la apreciación del material probatorio (causas L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021; L. 130.840, "Aranda", resol. de 1-XI-2023 y L. 131.590, "Melo", resol. de 29-VII-2024).
III.4. Tampoco se configura en el caso la transgresión del art. 39 de la ley 11.653, habida cuenta que constituye condición previa e indispensable para su aplicación que se demuestre la existencia de una relación laboral entre las partes, careciendo de validez tal dispositivo para acreditar el vínculo contractual (causas L. 120.142, "Casabella", resol. de 8-II-2017; L. 120.842, "Gramigna", resol. de 29-VIII-2017 y L.125.423 "Maldonado", resol. de 12-IV-2021).
III.5. Asimismo, cabe señalar que la eventual infracción del art. 171 de la Constitución provincial resulta impropia del recurso en tratamiento (causas L.124.859 "González", resol. de 28-VIII-2020; L. 129.542, "Bustos", resol. de 10-IV-2023 y L. 131.156, "Oliveros", resol. de 3-VI-2024).
IV.1. En la vía extraordinaria incoada por el doctor Salvador Pedro Maio, por derecho propio y en representación de LACI S.R.L., cuestiona, por un lado, que se condenó a la actora al pago de costas con el beneficio de gratuidad.
Por otro, critica que, en la sentencia recurrida, el a quo omitió indicar la base económica que tuvo en cuenta para regular los estipendios de los profesionales intervinientes. En este marco, sostiene que ante el rechazo íntegro de la acción debió aplicarse el art. 23 de la ley 14.967.
IV.2. El recurso prospera parcialmente.
IV.3.a. En relación al primer agravio, cabe recordar que este Tribunal ha dicho que deben distinguirse dos aspectos relacionados con los gastos del proceso que, si bien están vinculados, son diferentes. Uno es el que se relaciona con la imposición de las costas que, como regla general, deben recaer sobre la parte vencida en el juicio, de conformidad con el art. 19 de la ley 11.653 y, otro, el referido al "beneficio de gratuidad" consagrado en el art. 22 del mismo texto legal, el cual, sin modificar en lo más mínimo la imposición de las primeras, favorece al litigante que logre acreditar en el proceso laboral la existencia del contrato de trabajo invocado en sustento de sus pretensiones (causas L. 87.742, "Bordoy", sent. de 29-VIII-2007; L. 104.646, "Jorquera", sent. de 17-VIII-2011 y L. 119.012 "Gutiérrez Rellan", sent. de 16-V-2018).
Luego, aun cuando la accionante pudiera haberse considerado con derecho a demandar, esa circunstancia no resulta válida para justificar en el caso la concesión del beneficio contemplado en el art. 22 de la ley 11.653 (v. causa L. 119.012, cit.).
IV.3.b. Como fuera expuesto, el juzgador consideró que no quedó demostrada la existencia de la relación laboral denunciada al demandar, decisión que -conforme lo resuelto al abordar el recurso de la accionante- debe permanecer firme, por lo que asiste razón al apelante cuando alega que, al imponer las costas en la forma y modo en que lo ha hecho, el tribunal ha transgredido el citado art. 22 de la ley 11.653.
De esta manera, el beneficio de gratuidad que consagra dicha norma, sólo favorece al litigante que logre probar en el proceso laboral la existencia del contrato de trabajo invocado en sustento de sus pretensiones, presupuesto -éste último- que no se ha configurado en autos (causas L. 75.750, "Espíndola", sent. de 11-VI-2003; L. 76.769, "Barbari", sent. de 16-VII-2003; L. 103.678, "Boulanger", sent. de 29-VI-2011; L. 119.012, cit. y L. 129.209, "Galperín", resol. de 5-XII-2022).
IV.4. a. Por otra parte, los cuestionamientos vinculados a la regulación de los honorarios profesionales no resultan atendibles.
IV.4.b. Ello por cuanto, corresponde apuntar que, la sociedad anónima demandada carece de interés para cuestionar la decisión del fallo en ese orden, lo que sella la suerte adversa de la crítica en ese aspecto (causas L. 126.937, "Delbaso", resol. de 26-V-2021; L. 127.958, "Godoy", resol. de 7-IV-2022 y L. 130.850, "Freites", resol. de 29-V-2024).
IV.4.c. Sentado lo anterior, con respecto al nombrado profesional también debe rechazarse. Ello en tanto, bajo sus expresiones, sostiene que el a quo debió regular los honorarios aplicando el art. 23 de la ley 14.967. Sin embargo, no aporta argumento idóneo alguno orientado a evidenciar un error en el razonamiento empleado por el tribunal de grado en cuanto entendió aplicable, las pautas que determinó, máxime teniendo en cuenta la cita del art. 1255 CCyCN, respecto del cual no se hizo cargo.
En ese contexto, resulta de aplicación la doctrina de esta Corte que tacha de insuficiente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si las apreciaciones que en él se vierten no van más allá de los disentimientos personales o de la exteriorización de un criterio meramente discrepante con el del juzgador, sin rebatir adecuadamente las esenciales motivaciones del fallo (causas L. 126.770, "Herrera", resol. de 6-VIII-2021; L. 126.767, "Avalos", sent. de 5-XII-2022; L. 126.356, "Atencio", sent. de 27-III-2023 y L.128.436, "Franco", sent. de 20-IX-2024).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la actora, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
2. Respecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por el doctor Salvador Pedro Maio, por derecho propio y en representación de Laboratorios de Análisis Clínicos Integrados S.R.L., se desestima con relación a los cuestionamientos tratados en el punto IV.4. en atención a que han sido desestimados en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). En cambio, se declara procedente respecto del planteo desarrollado en el punto IV.3. Con costas por su orden (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC). En consecuencia, se revoca la sentencia de grado en cuanto impuso las costas a la actora con el beneficio de gratuidad establecido en el art. 22 de la ley 11.653 y se remiten los autos al tribunal de origen para que obre conforme lo aquí resuelto.
El cincuenta por ciento -50%- de los depósitos efectuados por el doctor Maio y por Laboratorios de Análisis Clínicos Integrados S.R.L. (LACI S.R.L.) (v. constancias de depósitos acompañadas con las presentaciones de fecha 26-II-2024 y 24-IX-2024) serán restituidos a los interesados (art. 294, 2da. parte, CPCC), quedando el resto perdido para los recurrentes (art. 294, segundo párr, CPCC), debiendo el Tribunal de Trabajo dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto según resol. 3.135/13).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 14/11/2025 12:51:46 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 14/11/2025 12:59:51 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/11/2025 11:44:56 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/11/2025 16:45:05 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/11/2025 08:49:10 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 26/11/2025 13:25:50 hs. bajo el número RR-1891-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia