Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131120
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos, y denegar el de inaplicabilidad de ley, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
2Desestimar el planteo efectuado mediante escrito electrónico de fecha 5 de julio de 2024 por improcedente.
I. El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Necochea hizo lugar parcialmente a la demanda incoada por el señor Mario Santiago Ferreyra y, en consecuencia, condenó a José Luis Arrate a abonar la suma que especificó en concepto de sueldo anual complementario correspondiente al segundo semestre del año 2020 y primero del 2021, diferencias salariales, vacaciones proporcionales y la multa establecida en el art. 80 de la ley 20.744, declarando, asimismo, la procedencia de la obligación de hacer contenida en el tercer párrafo del último precepto legal citado. Desestimó, en cambio, el progreso de las indemnizaciones derivadas de la disolución de la relación de trabajo que unió a las partes, al igual que el de otros rubros de naturaleza salarial (v. veredicto de 2-VI-2023 y sentencia de 16-VI-2023).
Para así resolver, tras evaluar el material probatorio aportado al proceso, juzgó que la conducta asumida por la demandada no había configurado una injuria tal que justifique dar por concluida la relación laboral.
En ese sentido, valoró que no había sido acreditada la fecha de ingreso, la remuneración ni la jornada laboral invocada por el trabajador.
Por otro lado, a partir del análisis del intercambio telegráfico, concluyó que la empleadora había actuado acorde al principio de conservación del empleo, accediendo a los pedidos del accionante, en concordancia con el deber impuesto a ambas partes en el art. 63 de la Ley de Contrato de Trabajo.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo interpone recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. presentaciones electrónicas de fecha 26-VI-2023), los que fueron concedidos por el a quo (v. resolución de 4-VII-2023), habiéndose conferido vista al señor Procurador General (v. dictamen de fecha 24-IV-2024).
III.1. En el primero de los remedios procesales interpuestos, con sustento en la evocada infracción del art. 168 de la Carta local, el recurrente denuncia que el tribunal a quo ha decidido la controversia omitiendo tratar el planteo introducido por el accionado en su escrito de contestación de demanda, puntualmente la reconvención allí deducida.
III.2. De conformidad con lo dictaminado por el representante del Ministerio Público, el recurso no puede prosperar.
III.3.a. Sabido es que, la vía prevista en el art. 161 apartado 3 inc. "b" de la Constitución provincial, únicamente puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. cit.; causas L. 121.277, "Jara", resol. de 7-III-2018; L. 124.784, "Córdoba", resol. de 2-XI-2020; L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021; L. 129.595, "Palenzona", resol. de 10-IV-2023 y L. 134.202, "Urbanski", resol. de 2-X-2025).
III.3.b. En tal sentido, y sin dejar de observar que el recurrente carece de interés para denunciar la ausencia de abordaje de una cuestión traída por la otra parte, lo cierto es que la improcedencia del remedio procesal elegido se exhibe nítida ni bien se repara que la cuestión que se dice preterida ha sido resuelta por el tribunal de grado.
En efecto, de la lectura del pronunciamiento se puede observar que no solo lo enunció al relatar los antecedentes de la causa, sino que, al pronunciarse sobre la procedencia de los reclamos impetrados, tuvo presente el pago en consignación efectuado por el accionado, dejando sentado que, incluso, las sumas habían sido dadas en pago y a cuenta de lo que resultare del proceso.
En consecuencia, resulta evidente que, contrariamente a lo afirmado en el recurso, la crítica se dirige a objetar el modo como el tribunal abordó y resolvió las cuestiones ventiladas en autos, y bien es sabido que no corresponde, en el ámbito de la vía extraordinaria en estudio, realizar la revisión del acierto o desacierto jurídico de la decisión impugnada, pues ello es materia propia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 121.360, "Gómez", resol. de 11-VII-2018; L. 125.439, "Juárez", resol. de 2-XI-2020; L. 128.630, "Acevedo", resol. de 12-X-2023 y L. 132.722, "Sergio", resol. de 1-VII-2025).
IV.1. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el interesado relata los antecedentes, y cita las normas y la doctrina legal que considera vulneradas, a la vez que denuncia absurdo.
En esencia, la crítica se orienta a cuestionar la decisión del órgano judicial de grado de tener por no acreditadas ninguna de las causales que invocó el trabajador para considerarse injuriado y despedido.
En este orden, sostiene que el sentenciante no tuvo en cuenta los propios reconocimientos efectuados por el empleador en cuanto a la fecha de ingreso y la extensión de la jornada laboral.
Asimismo, alega que encontrándose acreditada la existencia de diferencias salariales, la falta de pago de dichas acreencias constituye suficiente causal de injuria.
Por otro lado, se agravia de la tasa de interés aplicada, entendiendo que vulnera lo dispuesto en la ley 14.399, en tanto modifica el art. 48 de la ley 11.653.
IV.2. Este medio de impugnación también debe ser desestimado.
IV.3.a. De manera preliminar, se impone recordar que establecer la fecha de ingreso y la jornada laboral del trabajador, así como interpretar y valorar el intercambio postal, los escritos constitutivos, las pruebas producidas y evaluar las conductas de las partes previas a la rescisión del vínculo laboral, para establecer la existencia o no de injuria, constituyen cuestiones reservadas a la función axiológica de los jueces de grado. Las conclusiones que al respecto formulen sólo pueden revisarse por la Suprema Corte si se demuestra que la ponderación no ha sido efectuada con la prudencia que la ley exige, o se ha incurrido en absurda apreciación de los hechos y las pruebas (causas L. 116.458, "Noguera", resol. de 3-V-2012; L. 118.056, "Tartarone", resol. de 13-XII-2014; L. 119.734, "Scott", resol. de 1-VI-2016; L. 129.423, "Sánchez", resol. de 22-XI-2022; L. 130.120, "Torres", resol. de 10-IV-2023 y L. 131.590, "Melo", resol. de 29-VII-2024).
En cuanto a este vicio lógico, cabe recordar que para tenerlo por configurado debe acreditarse el error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 124.435, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020; L. 130.621, "Fersio", resol. de 22-XII-2023 y L. 133.007, "Della Santina", resol. de 14-VII-2025).
No cualquier yerro, o la aplicación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente, alcanzan para tenerlo por verificado, sino que se requiere algo más; esto es, el vicio lógico del razonamiento o la grosera desinterpretación material de alguna prueba (causas L. 124.031, "Coronel", resol. de 16-VI-2020; L. 129.535, "Polak", resol. de 26-IV-2023; L. 130.956, "Gottau", resol. de 26-II-2024 y L. 133.139, "Porfidio", resol. de 4-VI-2025).
IV.3.b. La carga de evidenciar los extremos indicados no ha sido cumplimentada por el interesado.
Ello así, por cuanto, a partir de su escueta argumentación recursiva, no logra concretar una réplica idónea que desvirtúe el razonamiento medular del sentenciante de grado, para quien el despido dispuesto por el trabajador resultó injustificado.
En efecto, las conclusiones expuestas en la sentencia que ha sido impugnada no logran ser descalificadas, pues no sólo no se observa el error flagrante en la ponderación de los hechos y la prueba de la causa, sino que la impugnación transita sobre la exposición de meros conceptos teóricos y apreciaciones personales, formulando un análisis de las circunstancias fácticas según su propio criterio valorativo, lo que resulta estéril para rebatir el argumento central sobre el que se sustenta el fallo, esto es, que la conducta que la trabajadora le imputó a la empleadora para considerarse injuriada y despedida no resultó de entidad suficiente para justificar la disolución del contrato de trabajo.
Al respecto, ha señalado esta Corte que es requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el impugnar concreta, directa y eficazmente todas las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que la misma se asienta (causas L. 121.538, "Cabral", resol. de 26-IX-2018; L. 122.683, "Aguado", resol. de 16-VI-2020; L. 128.504, "Montani", resol. de 1-XI-2023; L. 129.932, "Vega", resol. de 4-III-2024 y L. 134.555, "Batalla", resol. de 4-VI-2025).
IV.3.c. En definitiva, este aspecto de la impugnación no logra aportar elementos convincentes con virtualidad para descalificar el contenido del fallo, derivando la crítica en una mera contraposición de criterios que, como tal, no resulta idónea a los fines del recurso deducido (causas L. 120.802, "Mandagaran", sent. de 28-VIII-2019; L. 130.169, "Uruzuna", resol. de 4-XII-2023 y L. 131.421, "Vilche", resol. de 20-XI-2024).
IV.4. Tampoco prospera la crítica mediante la cual se cuestiona la parcela del pronunciamiento que, a fin de calcular los acrecidos, utilizó la tasa más alta que paga el Banco Oficial en sus operaciones de depósito a treinta días en su variante denominada "Banca Internet Provincia" -tasa pasiva digital-, vigente en los distintos períodos de aplicación a partir del 8 de marzo de 2021 y hasta el efectivo e íntegro pago.
Ello así, en tanto, en virtud de lo solicitado en el escrito de impugnación, cabe señalar que en las causas L. 90.768, "Vitkauskas"; L. 102.210, "Campana"; L. 108.142, "Díaz"; L. 108.164, "Abraham" y L. 110.487, "Ojer" (sents. de 13-XI-2013), esta Suprema Corte -por mayoría- declaró la inconstitucionalidad de la ley 14.399 (B.O., 21-XII-2012), en cuanto modificó la norma del art. 48 de la ley 11.653, por juzgarla en pugna con la Constitución nacional.
V. Por último, el planteo traído por el recurrente en el escrito electrónico presentado ante esta instancia con fecha 5 de julio de 2024 no puede ser abordado, atento su improcedencia.
Al respecto, corresponde recordar que las atribuciones de esta Suprema Corte se encuentran taxativamente enumeradas en los arts. 161 y 163 a 165 del texto constitucional nombrado ("Acuerdos y Sentencias", serie 14a-III-pág. 190; 1959-I-61; L. 120.280, "Autotransportes Andesmar S.A.", resol. de 19-X-2016; e.o), las que no pueden extenderse a decisiones que no se encuentran entre las enumeradas en el primer párrafo del art. 55 de la ley 11.653, aplicable a la fecha de interposición de los recursos extraordinarios ("Acuerdos y Sentencias", serie 14a-III-pág. 190; 1959-I-61; L. 120.280, "Autotransportes Andesmar S.A.", resol. de 19-X-2016; L. 131837, "Gallardo", resol. de 15-IV-2024 y L. 133.352, "Romo", resol. de 20-XI-2024).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Rechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos, y denegar el de inaplicabilidad de ley, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
2. Desestimar el planteo efectuado mediante escrito electrónico de fecha 5 de julio de 2024 por improcedente.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/12/2025 10:47:28 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/12/2025 11:35:58 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/12/2025 12:32:39 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/12/2025 11:27:53 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/12/2025 12:39:03 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 15/12/2025 14:32:17 hs. bajo el número RR-2107-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia