Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 132727
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 132.727, "Amato, Graciela Edith contra Obra Social de Docentes Particulares. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Budiño .
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora rechazó la acción promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. vered. y sent. de fecha 30-V-2024).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 10-VI-2024).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal interviniente rechazó la demanda promovida por Graciela Edith Amato contra Obra Social de Docentes Particulares, por la que reclamaba las indemnizaciones derivadas del despido arbitrario, el agravamiento previsto en el art. 2 de la ley 25.323, así como otros rubros derivados de la extinción contractual.
Para así decidir, en lo que resulta de interés, tuvo por demostrado que la relación laboral habida entre las partes comenzó el 1 de junio de 1992 y que su finalización se produjo el día 6 de mayo de 2022 por decisión de la empleadora, fundada en la obtención del beneficio previsional por parte de la trabajadora.
Puesto a analizar la legitimidad de la aludida decisión rupturista, consideró que correspondía aplicar al caso el segundo párrafo del art. 252 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Desde esa óptica, destacó que del informe emitido por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) agregado el 22 de septiembre de 2022, se desprende que la promotora del pleito inició el trámite tendiente a obtener el beneficio jubilatorio el día 24 de noviembre de 2021, el que -finalmente- le fue acordado el 22 de abril de 2022.
Tuvo en cuenta -además- que la señora Amato no había informado a la patronal el inicio de las referidas actuaciones previsionales, por lo que -apuntó el juzgador- recién tomó conocimiento de su existencia al consultar el padrón del citado organismo.
En dicho escenario, concluyó que no podía exigirse a la empleadora el vencimiento del plazo de un año previsto en la disposición legal citada, desde que el beneficio en cuestión le había sido otorgado a la dependiente antes de su finalización, a lo que añadió que su percepción no constituye un requisito legal para la extinción del vínculo contractual.
Mencionó, para abonar lo anterior, el precedente de esta Corte que identificó como L. 101.529, "Saldaño" (sent. de 15-VI-2011).
II. La legitimada activa interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 14 bis y 16 de la Constitución nacional; 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo; de los arts. 10, 11, 15, 25 y 57 de la Constitución provincial; 9, 10 y 252 de la ley 20.744; 1.066 del Código Civil y Comercial de la Nación; 44 y 47 de la ley 11.653; y de la doctrina legal que cita.
II.1. En sustancia, cuestiona el fallo de grado por haber rechazado los conceptos indemnizatorios reclamados en el escrito de demanda (v. rec., pág. 7).
II.1.a. En este sentido, argumenta que conforme surge de las constancias del expediente, la señora Amato había iniciado el trámite jubilatorio el 24 de noviembre de 2021, siendo notificada de la concesión del beneficio el 22 de abril de 2022; y que el demandado resolvió extinguir el contrato de trabajo el 6 de mayo de 2022; es decir -manifiesta- cuando la reclamante aún no había comenzado a percibir el haber previsional, lo que recién ocurrió en junio de ese mismo año.
En el contexto fáctico descripto, entiende que la ruptura contractual dispuesta por la patronal resulta violatoria del art. 252 de la Ley de Contrato de Trabajo y de doctrina legal de este Tribunal.
Alega -además- que en el precedente L. 101.529, "Saldaño" (sent. de 15-VI-2011), mencionado por el juzgador mediaron presupuestos diversos a los del caso en juzgamiento.
II.1.b. Afirma que la interpretación efectuada por el órgano de la instancia de grado respecto de la normativa que estimó aplicable (art. 252, ley 20.744) es absurda y violatoria del principio protectorio.
Para reforzar su postura, alude a sentencias de esta Corte que individualiza como B. 55.956, "Pérez Demarchi" (sent. de 17-V-2000); B. 57.253, "Rodríguez" (sent. de 9-V-2002); B. 57.780, "Stefancik" (sent. de 11-VI-2003); L. 75.132, "Asociación Bancaria" (resol. de 14-III-2023); L. 122.217, "Jara Arias" (sent. de 14-XII-2020); L. 32.283, "Papail de Lavorato" (sent. de 31-V-1983); L. 87.788, "Sala" (sent. de 28-V-2010); L. 90.485, "Liencura" (sent. de 7-VI-2010); entre otras. Menciona -también- el criterio seguido por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en el caso que refiere como "Couto de Capa".
II.2. Desde otro vértice, sostiene que el sentenciante incurrió en absurdo en la valoración de los escritos constitutivos del proceso, por cuanto -aduce- omitió ponderar lo manifestado por la demandada en su responde, donde habría reconocido expresamente que el goce efectivo del beneficio jubilatorio importa la extinción del contrato de trabajo.
Invoca, en este punto, el quebrantamiento de la teoría de los propios actos y del principio de congruencia. Cita doctrina legal vinculada a dicho postulado.
II.3. Finalmente, asevera que el juzgador incurrió en absurdo en la valoración del informe emitido por la ANSES -no objetado por la contraria-, desde que de su análisis surge nítido que la fecha de inicio de cobro del haber previsional es en junio de 2022, por lo que el despido dispuesto al amparo de la norma contenida en el art. 252 de la Ley de Contrato de Trabajo no resulta ajustado a derecho.
Por las razones expuestas, solicita la revocación de la sentencia en crisis y, en consecuencia, la imposición de costas a su cargo.
III. El recurso no prospera.
III.1. De modo preliminar, corresponde señalar que -contrariamente a lo manifestado por el interesado en la impugnación (v. pág. 2)- en la especie el valor de lo cuestionado -representado por los rubros reclamados en la demanda que fueron rechazados y son motivo de agravio- no supera el límite mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), vigente al momento de la interposición del remedio procesal, razón por la cual la admisibilidad del recurso solo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo última parte de la ley 11.653, aplicable al caso.
En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando se ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 124.183, "Britos", sent. de 9-XII-2020; L. 126.466, "Antuña", sent. de 22-XII-2022; L. 131.947, "Alaise", sent. de 27-X-2025; e.o.).
III.2. Reducido de tal modo el marco de análisis del recurso, no se verifica la hipótesis de excepción prevista en la ley adjetiva local.
III.2.a. Liminarmente, y alterando por razones metodológicas el orden en que los agravios han sido planteados, considero necesario aclarar que, aun cuando participo de la opinión de que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como de las adjetivas o de forma (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), dicha posición ha resultado minoritaria. Siendo ello así, puesto que uno de los objetivos del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es el de mantener y -especialmente- procurar la unidad en la jurisprudencia, ante la reiteración de los pronunciamientos habidos sobre el tema y a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias (dejando siempre a salvo mi opinión al respecto), analizaré la impugnación con los alcances de la doctrina forjada por mayoría.
Con arreglo a tales premisas, los argumentos a través de los cuales la compareciente intenta traer a consideración de este Tribunal cuestiones vinculadas a la supuesta violación del principio de congruencia son inatendibles por encontrarse detraídos de revisión en el acotado marco de conocimiento por el que transita la impugnación (causas L. 126.656, "Núñez", resol. de 17-XI-2021; L. 128.276, "Casco", resol. de 29-XI-2022; L. 127.103, "Borba", sent. de 27-VI-2023 y L. 128.448, "Lagos", sent. de 28-XI-2024).
III.2.b. En lo concerniente a las objeciones planteadas en orden al modo en que, al influjo de lo dispuesto en el art. 252 de la Ley de Contrato de Trabajo, entiende la impugnante que debieron examinarse las circunstancias en que se produjo la desvinculación de la trabajadora; cabe recordar -más allá del precedente al que hubo de aludir el juzgador- que la supuesta configuración del vicio del absurdo y la alegada violación de la teoría de los actos propios que invocadas para apuntalar esta parcela de la impugnación remiten necesariamente al análisis de materias de índole fáctica y probatoria, cuya valoración es privativa de los jueces de la instancia de origen, y ajenas al estrecho margen de revisión por el que transita el presente remedio procesal (causas L. 117.785, "Sias", sent. de 28-X-2015; L. 119.886, "Maffi", sent. de 10-IV-2019; L. 119.903, "Fernández", sent. de 18-IX-2019; L. 130.432, "López", sent. de 30-IV-2024; e.o.).
No es ocioso agregar que la doctrina vinculada a la referida anomalía sentencial no es apta a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el estrecho conducto por el que corre la impugnación en análisis (causas L. 121.445, "Balbi", sent. de 9-II-2021; L. 123.817, "Juncos", sent. de 28-IV-2021; L. 126.044, "López", sent. de 27-II-2023 y L. 130.504, "Basterrechea", sent. de 20-XI-2024).
Luego, debiendo subsistir incólumes por las razones apuntadas, las definiciones centrales del fallo en crisis, cabe agregar que la construcción argumental que ensaya en torno al precedente de este Tribunal que identifica como L. 101.529, "Saldaño" (sent. de 15-VI-2011), deviene infructuosa, desde que -en aquella oportunidad- el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley resultó rechazado por este Tribunal por resultar insuficientemente fundado, no derivando del mismo doctrina legal alguna.
III.2.c. En otro orden, y sin que ello implique abrir juicio respecto del acierto sustancial de la decisión del tribunal de grado, cabe señalar que en los precedentes que identifica en la impugnación en estudio, mediaron presupuestos distintos a los propios del caso en juzgamiento (causas L. 124.183, "Britos", sent. de 9-XII-2020; L. 121.911, "Carrión", sent. de 30-XII-2021; L. 128.067, "Matto", sent. de 27-VI-2023; L. 131.173, "Duarte", sent. de 28-XI-2024; e.o.).
III.2.d. Finalmente, no es ocioso recordar que la opinión de autores, o los pronunciamientos emanados de otros tribunales de justicia, quedan excluidos del concepto de doctrina legal contenido en el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 123.405, "D'Ascenzo", sent. de 14-III-2022; L. 127.286, "Riveros", sent. de 7-IX-2023; L. 131.947, "Alaise", cit.; e.o.).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
A excepción de lo expuesto en el primer párrafo del apartado III.2.a., adhiero al voto emitido por mi distinguida colega doctora Kogan, incluso en materia de costas.
Con el alcance indicado, así lo voto.
El señor Juez doctor Soria y la señora Jueza doctora Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/12/2025 13:13:09 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 29/12/2025 10:48:22 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/12/2025 11:28:05 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/02/2026 09:54:13 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/02/2026 11:17:50 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 06/02/2026 13:10:02 hs. bajo el número RS-3-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia