Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130044
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Ofíciese a la Subsecretaría de Control Disciplinario a los efectos señalados en el punto V del voto emitido en primer término.
El señor Juez doctor Soria dijo:
I. El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Azul, con asiento en dicha ciudad, rechazó la demandada articulada por el señor Maximiliano Gastón Almaida contra Azul Natural Beef S.A. por la que perseguía el cobro de indemnizaciones derivadas del despido y demás rubros de linaje laboral (v. veredicto y sentencia de fecha 27-IX-2022 y 30-IX-2022, respectivamente).
Para así decidir juzgó que la existencia de los antecedentes disciplinarios que pesaban sobre el trabajador y la comprobación de un nuevo hecho actual sancionable -esto es que el actor los días 6 y 7 de marzo del año 2020 no cumplió con su deber de asistir y prestar el servicio- conformaron una injuria de entidad suficiente en los términos del art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo para justificar el distracto.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 19-X-2022), el que fue concedido por el a quo (v. pronunciamiento de 26-X-2022).
En su presentación relata los antecedentes de la causa. Cita la doctrina que considera vulnerada. Objeta que el sentenciante injustificadamente invirtió la carga de la prueba. Alega violados los arts. 39 inc. "3" de la Constitución provincial, 375 del Código Procesal Civil y Comercial y 9 y 242 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Finalmente, expresó que el órgano de grado publicó en la Mesa de Entradas Virtual de esta Suprema Corte un primer veredicto dictado con fecha 22 de septiembre 2022, debidamente suscripto por los tres jueces intervinientes en la causa, el cual - afirma - luego fue borrado del sistema, apareciendo posteriormente publicado otro fallo de los hechos distinto, que modifica de forma unilateral y sin dar explicación alguna al primero publicado.
III. Arribados los autos a esta instancia, y en atención a lo manifestado por el recurrente, se solicitó un informe a la Subsecretaría de Tecnología Informática de la Suprema Corte (v. proveído de fecha 22-IV-2024 y de fecha 14-V-2024), el que fue contestado (v. constancia de fecha 20-V-2024). Posteriormente, se le requirió al citado organismo una ampliación (v. providencia de 2-VII-2024; 8-VIII-2024 y 5-IX-2024), cuya respuesta fue enviada mediante un nuevo oficio el día 5 de septiembre de 2024.
En lo que interesa, los informes técnicos recibidos dan cuenta que entre las 12:16:05.653 horas y las 18:04:25.327 horas del día 22 de setiembre de 2022, el tipo de trámite "veredicto" se encontró en estado "público" y suscripto por los señores jueces Sachet, Berlingieri y Raverta (v. anexo del oficio de fecha 5-IX-2024). Que dicho trámite se mantuvo luego en estado "Privado" hasta las 10:10:57.910 horas del día 30 de septiembre de 2022 en que aparece nuevamente como "Público" y firmado por aquellos mismos magistrados, aunque esta vez con fechas 23, 26 y 27 de septiembre de 2022.
IV. El recurso no puede prosperar.
IV.1. Liminarmente, se impone destacar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria -representado por el importe reclamado en la demanda- no excede el importe mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141). Por tal razón, el tratamiento del remedio procesal deducido sólo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 -aplicable a la fecha de interposición del recurso extraordinario- (causas L. 129.902, "Leihner", resol. de 10-IV-2023 y L. 130.306, "Mangiapane", resol. de 21-VI-2023; L. 131.467, "Jorge", resol. de 27-VI-2024 y L. 132.697, "Lazarte", resol. de 27-III-2025; e.o.).
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 128.119, "Barragán", resol. de 4-VII-2022; L. 126.806, "Giles", resol. de 21-VI-2023; L. 130.155, "Alcaraz", resol. de 11-VII-2023 y L. 132.450, "Sánchez", resol. de 29-V-2025; e.o.).
IV.2.a. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que, mediante la denuncia de vulneración de doctrina legal, el impugnante trae a consideración agravios vinculados a cuestiones de hecho y prueba -como es la valoración de la prueba a los fines de determinar la configuración de la injuria que habilita la disolución del vínculo-, detraídos de revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto antes citado (causas L. 124.763, "Román", resol. de 2-X-2020; L. 128.451, "García", resol. de 15-VI-2022; L. 131.658, "Sanabria", resol de 20-XI-2024 y L. 132.756, "Almaraz", resol. de 27-III-2025; e.o.).
IV.2.b. Tampoco se verifica el indicado excepcional supuesto cuando la doctrina legal que se acusa transgredida se relaciona con la interpretación de preceptos de carácter adjetivo (como lo atingente a las normas que regulan la atribución de la carga de la prueba; causas L. 119.693, "Tapia", resol. de 15-VI-2016; L. 121.347, "Burgos", resol. de 6-VI-2018: L. 123.666, "Santarelli", resol. de 27-V-2020 y L. 132.726, "González", resol. de 11-VI-2025; e.o.).
V. Finalmente, en atención a las especiales circunstancias reseñadas (v. apartado III) y a los fines que pudieran corresponder, debe darse intervención a la Subsecretaría de Control Disciplinario.
El señor Juez doctor Torres dijo:
I. Frente a la anomalía reseñada en el punto III del voto que antecede, entiendo que corresponde anular de oficio el veredicto y la sentencia suscriptos digitalmente, más allá de su contenido y de cualquier otra irregularidad que pudiera atribuírsele.
II.1. Liminarmente, cabe recordar que la declaración oficiosa de nulidad de las sentencias judiciales es una facultad exclusiva y excluyente de esta Suprema Corte (causas L. 93.027, "Coto", sent. de 19-III-2008 y L. 78.135, "Barreiro", sent. de 9-VI-2004), que puede y debe ejercerse en casos excepcionales, en resguardo de la estricta observancia de las formas instituidas en procura de una mejor administración de justicia (causas L. 100.658, "Ciotti", sent. de 7-VII-2010; L. 82.360, "Datola", sent. de 8-VII-2008 y L. 123.196, "Copes", resol. de 23-X-2019), tal lo que sucede en el caso.
II.2. En este marco, cabe señalar que lo ocurrido en autos provoca preocupación y perplejidad sobre el desapego manifiesto hacia las normas que rigen el debido proceso, lo que condujo a un irregular proceder y a la severa lesión de derechos consagrados constitucionalmente (art. 18, Const. nac. y 15, Const. local), que reclaman en su resguardo la excepcional actuación oficiosa de esta Suprema Corte (causas L. 104.656, " Folmer", sent. de 24-VIII-2011 y L. 123.196, cit.).
En consecuencia, la anulación de oficio responde en el presente caso, dadas sus particularidades, a defectos sólo imputables al incorrecto obrar de los judicantes y funcionarios responsables (arts. 18, Const. nac. y 15, Const. local).
III. Por lo expuesto, se impone así declararlo respecto del veredicto rubricado digitalmente con fecha 23, 26 y 27 de septiembre de 2022, y, en su consecuencia, la sentencia de fecha 30 de septiembre de 2022.
IV. Asimismo, corresponde exhortar a los miembros del tribunal de trabajo interviniente a prestar extremo celo en la conducción del proceso de acuerdo a las exigencias constitucionales legales y al Actuario a dar debido cumplimiento con su labor como tal.
V. Finalmente, coincido con la propuesta del colega doctor Soria en cuanto a que debe darse intervención a la Subsecretaría de Control Disciplinario.
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos vertidos, adhiere al voto del señor Juez doctor Torres.
La señora Jueza doctora Budiño y los señores Jueces doctores Kohan y Mancini , por los mismos fundamentos vertidos, adhieren al voto del señor Juez doctor Soria.
Por ello, por mayoría, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Ofíciese a la Subsecretaría de Control Disciplinario a los efectos señalados en el punto V del voto emitido en primer término.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 19/02/2026 16:28:05 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/02/2026 10:39:29 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/02/2026 13:57:27 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 23/02/2026 14:02:36 - MANCINI HEBECA Fernando Luis Maria - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/02/2026 14:26:59 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/02/2026 08:17:20 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/02/2026 08:49:13 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 27/02/2026 11:02:37 hs. bajo el número RR-127-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia