Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 134810
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido desestimados en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 298, CPCC).
Desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de Mar del Plata rechazó íntegramente la acción promovida por la señora Elizabeth Gisele Moreno contra Colón S.A.A. en concepto de indemnización por despido y otros rubros de naturaleza laboral (v. pronunciamiento de fecha 28-II-2025).
Para así decidir, a partir de la valoración de las pruebas aportadas al proceso, en lo esencial, juzgó injustificado el despido indirecto en que se colocó la trabajadora.
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada activa dedujo recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 20-III-2025), los que fueron concedidos por el a quo (v. resol. de fecha 25-III-2025).
En el remedio extraordinario de nulidad, la recurrente alega que la sentencia atacada vulnera las exigencias previstas en los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial.
III. El recurso no prospera.
III.1. Corresponde señalar que la vía prevista en el art. 161, inc. 3, apartado "b" de la Constitución provincial, únicamente puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. cit.; causas L. 121.277, "Jara", resol. de 7-III-2018; L. 124.784, "Córdoba", resol. de 2-XI-2020; L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021; L. 128.000, "Flores", resol. de 19-IX-2022 y L. 130.716, "Pereyra", resol. de 15-IV-2024; e.o.).
III.2.a. Teniendo en consideración tales premisas, y sin perjuicio de las observaciones que podrían realizarse en cuanto a la técnica recursiva utilizada, cabe indicar que del contenido del remedio extraordinario en examen no se advierte que se haya formulado desarrollo argumental alguno con sustento en el art. 168 de la Constitución provincial.
III.2.b. Cabe agregar, que tampoco se configura en el caso una infracción al citado art. 171 de la Constitución local, toda vez que el pronunciamiento dictado se encuentra respaldado en expresas normas legales, resultando extraño al recurso extraordinario de nulidad la incorrecta, desacertada o deficiente fundamentación jurídica del fallo (causas L. 124.784, "Córdoba", resol. de 2-XI-2020; L. 125.635, "García", resol. de 7-X-2021 y L. 127.398, "Rizzo", resol. de 27-II-2023; e.o.).
IV.1. En lo que respecta al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la impugnante en rigor, denuncia absurdo en la valoración de las pruebas aportadas al proceso, que derivó en el rechazo de la demanda.
IV.2. El recurso tampoco prospera.
IV.2.a. De modo liminar, se impone observar que, en el caso, el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por la suma reclamada en la demanda- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 82 de la ley 15.057, aplicable a la fecha de interposición del recurso, según resolución 1.840/2024 (causa L. 133.249, "Gutiérrez", resol. de 23-V-2025).
En consecuencia, en la especie, la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la doctrina elaborada en torno al alcance de la excepción contenida en el citado art. 82 de la ley 15.057 (causas L. 132. 789, "Testone ", resol. de 20-IX-2024 y L. 132.862, "Lallement", resol. de 15-IV-2025; e.o.).
Por consiguiente, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 128.119, "Barragán", resol. de 4-VII-2022; L. 126.806, "Giles", resol. de 21-VI-2023 y L. 130.155, "Alcaraz", resol. de 11-VII-2023; e.o.).
IV.2.b. Realizado el examen conforme los lineamientos anteriormente enunciados, dable es señalar que la cita de doctrina legal deviene ineficaz si los precedentes invocados en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley fueron elaborados sobre la base de presupuestos fácticos diferentes a los propios del caso en juzgamiento (causas L. 121.303, "Vargas", sent. de 12-II-2020; L. 119.962, "Laurenzo", sent. de 27-VI-2023; L. 132.210, "Valdez", resol. de 20-XI-2024).
IV.2.c. Además, no resultan hábiles para justificar la revisión casatoria, en el acotado marco de revisión por el que transita el recurso, las citas de doctrina definitorias del vicio de absurdo (causas L. 119.427, "De Santo", sent. de 21-II-2018; L. 128.456, "Germiniani", resol. de 29-VI-2022 y L. 133.918, "Selva", resol. de 12-III-2025).
IV.2.d. Por lo demás, cabe recordar que esta Corte tiene dicho que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores (causas L. 130.536, "Lo Nano", resol. de 20-IX-2023 y L. 133.047, "Domínguez", resol. de 14-VII-2025; e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido desestimados en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 298, CPCC).
Desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 19/02/2026 16:27:10 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/02/2026 13:56:19 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 25/02/2026 14:26:40 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/02/2026 08:15:58 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/02/2026 08:47:10 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 27/02/2026 11:01:42 hs. bajo el número RR-104-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia