Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 129793
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto III.3. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a sus efectos.
Las costas de la instancia ordinaria por los rubros cuyo rechazo se dispone, y las de esta Sede extraordinaria, se imponen a la vencida (arts. 24, ley 15.057 —resol. SCBA 1.840/24— y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 129.793, "Valenti, Raúl Andrés contra Ente Administrador Astillero Río Santiago. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Budiño .
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata, hizo lugar a la demanda promovida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. pronunciamiento de fecha 24-VIII-2022).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 12-IX-2022).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por el señor Raúl Andrés Valenti y condenó al Ente Administrador del Astillero Río Santiago, al pago de las sumas que estableció en concepto de vacaciones proporcionales, indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva de preaviso e integración del mes de despido, así como del agravamiento indemnizatorio previsto en el art. 2 de la ley 25.323 y de la multa del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.
En lo que interesa destacar, señaló que no resultaron controvertidos los diferentes períodos laborados por el actor, primero para Astilleros y Fábricas Navales del Estado S.A. —desde el 1 de junio de 1972 hasta el 31 de marzo de 1993— y luego para el Ente Administrador del Astillero Río Santiago —desde el 22 de diciembre de 1997 hasta el 15 de febrero de 2019—.
Puntualizó que el primer tramo de la relación culminó por acuerdo de las partes, abonando la empleadora en dicha ocasión la cantidad de $23.082 en concepto de antigüedad —por el lapso de veintiún años— preaviso, vacaciones no gozadas y sueldo anual complementario. Y, respecto al segundo tramo del vínculo, tuvo por acreditado que se le abonó al accionante la suma de $374.213,06 en concepto de liquidación final, en el mes de febrero de 2019 (v. vered., primera y tercera cuestión).
Por otro lado, consideró acreditado que el día 26 de agosto de 2016, la empleadora intimó al actor mediante carta documento, en los términos del art. 252 de la Ley de Contrato de Trabajo, y que, posteriormente, en fecha 15 de febrero de 2019 resolvió la extinción del contrato de trabajo que los unía en razón del vencimiento del plazo establecido en la citada norma (v. vered., segunda cuestión).
Sobre dicha plataforma fáctica, ya en la sentencia, juzgó que no se habían verificado en el caso los presupuestos previstos en el citado art. 252 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Refirió que la intimación y el preaviso efectuados por la patronal carecían de efecto jurídico, en virtud de lo dispuesto por el art. 4 del decreto 110/18 —reglamentario del art. 7 de la ley 27.426, que modificó el mencionado art. 252—, por lo que, estimó, el despido dispuesto debía interpretarse como directo, sin causa justificada.
Desestimó, asimismo, el planteo de inconstitucionalidad del mencionado decreto, por considerar que la argumentación brindada por la demandada —afincada en que la norma impugnada consagra la retroactividad de lo dispuesto en la norma de referencia, afectando la seguridad jurídica y el derecho de propiedad—, no lograba su cometido, toda vez que al momento del despido el contrato de trabajo se encontraba plenamente vigente.
Por otra parte, señaló que el inicio del trámite de la jubilación por parte del trabajador no provocaba la extinción de pleno derecho del contrato de trabajo, sino que simplemente confería al empleador una facultad que, en el caso, no había sido ejercida —al haber quedado sin operatividad la intimación efectuada—, de modo que cabía calificar al despido, en tal contexto, como producto del desconocimiento del marco normativo vigente o en franca e imprudente violación del mismo.
Resaltó que el indicado art. 252 de la Ley de Contrato de Trabajo habilita al empleador a extinguir el vínculo laboral una vez que el trabajador reúne los requisitos para obtener el beneficio previsional o transcurrido un año desde que fuere intimado a ello. En esta línea, afirmó que si la patronal renuncia a extinguir el contrato sin responsabilidad indemnizatoria, luego, al despedir al trabajador sin causa justificada, la extinción del vínculo y su indemnización se rigen por los arts. 18 y 245 del mismo cuerpo legal, que prescriben que debe calcularse la tarifa de una remuneración por año de antigüedad, teniendo en cuenta el tiempo efectivamente trabajado desde el comienzo de la vinculación. Esta solución —resaltó— además de encontrarse respaldada por calificada doctrina, es la que mejor se compadece con los principios generales del derecho del trabajo conforme lo normado por el art. 9 de dicho plexo legal.
Bajo estos lineamientos, estimó que la antigüedad computable para calcular la indemnización prevista en el citado art. 245 ascendió a cuarenta y dos periodos.
A continuación, juzgó que en la medida en que la parte demandada no invocó un tope indemnizatorio actualizado a la fecha del distracto, conforme el Convenio Colectivo de Trabajo 91/75, para calcular la indemnización por despido del accionante debía considerarse la mejor remuneración mensual, normal y habitual, sin limitación alguna y sin que resultase de aplicación la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación invocada.
Finalmente, cuantificó los rubros requeridos y las multas previstas en los arts. 2 de la ley 25.323 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y al importe total alcanzado, le descontó las sumas que percibió el señor Valenti, tanto en virtud del convenio celebrado con Astilleros y Fábricas Navales del Estado S.A., como de la liquidación final abonada por el Ente Administrador del Astillero Río Santiago.
II. La Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo, arbitrariedad y violación de los arts. 16, 17, 18, 19, 28 y 99 inc. 2 de la Constitución nacional; 39 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 44 inc. "d" de la ley 11.653; 9, 18, 26, 230, 245, 252 y 255 de la Ley de Contrato de Trabajo; 10 de la ley 27.426; 4 del decreto 110/18; 7 del Código Civil y Comercial de la Nación; y de la doctrina legal que invoca (v. presentación electrónica de fecha 12-IX-2022).
II.1. Inicialmente, se agravia de la conclusión del órgano de grado que consideró que el actor fue despedido sin causa justificada, por no encontrarse verificados los presupuestos previstos en el art. 252 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Refiere que tal conclusión es absurda y arbitraria debido a que el empleador cumplió cabalmente con los requisitos previstos en la mencionada norma para poder extinguir la relación laboral, sin obligación de efectuar el pago de la indemnización que se pretende.
Alega que el tribunal de origen no advirtió que el art. 4 del decreto 110/18 —reglamentario del art. 7 de la ley 27.426—, invocado para considerar ineficaz la intimación y preaviso efectuados por la accionada mediante la pieza postal de fecha 26 de agosto de 2016, devenía inaplicable al caso, en tanto, conforme el art. 10 de la última ley mencionada, el actor se encuentra expresamente excluido de su ámbito subjetivo de aplicación, atento su carácter de trabajador del sector público.
En este sentido, sostiene que, al conservar plena eficacia jurídica dicha intimación, carece de fundamento válido la conclusión del sentenciante que refiere que la patronal renunció al derecho de invocar la extinción de la relación en los términos del citado art. 252 del régimen laboral mencionado.
A todo evento, impugna la decisión del juzgador, en cuanto decretó la validez constitucional del decreto 110/18. De un lado, por considerar que afecta la garantía patrimonial del empleador al aplicarlo en forma retroactiva y, del otro, en tanto —asegura— fue dictado por el Poder Ejecutivo en exceso de las potestades conferidas por el art. 99 inc. 2 de la Constitución nacional.
II.2. Para el caso de mantenerse firme la conclusión en torno a la configuración del despido sin causa, cuestiona tanto el cómputo de la antigüedad del accionante considerado a los fines indemnizatorios, como el rechazo de la aplicación del tope previsto en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.
II.2.a. Respecto del primer cuestionamiento, indica que Astilleros y Fábricas Navales del Estado (AFNE) y el Ente Administrador del Astillero Río Santiago, son personas jurídicas distintas, por lo que no resultan ser el mismo empleador, de acuerdo a la hipótesis que prevén los arts. 18 y 255 de la ley citada.
Agrega que computar el tiempo del primer tramo en que el actor laboró resulta absurdo y arbitrario, además de provocar un enriquecimiento ilícito al demandante, quien percibiría dos indemnizaciones por una misma causa, en virtud de la convenida y percibida por el periodo allí trabajado.
II.2.b. Finalmente, con relación al tope indemnizatorio referido, considera que el argumento del juzgador para descartar su aplicación —afincado en que los convenios colectivos de trabajo adjuntados en el expediente por la accionada se encontraban desactualizados— deviene manifiestamente absurdo y viola lo normado por el mencionado art. 245.
Indica que el tribunal debió aplicar la doctrina elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Vizzoti", que fue receptada por esta Suprema Corte en la causa L. 79.366, "Bravo Elizondo" (sent. de 28-VI-2006), "...limitando el tope indemnizatorio hasta un 33% de la mejor remuneración normal y habitual computable al trabajador."
III. Entiendo que el recurso merece favorable acogida.
III.1. Tal como surge del relato de antecedentes efectuado, el órgano de grado tuvo por probado que el día 26 de agosto de 2016, la empleadora intimó al accionante mediante carta documento, en los términos del art. 252 de la Ley de Contrato de Trabajo (CD 767312446), y que, posteriormente, el 15 de febrero de 2019 resolvió la extinción del contrato de trabajo que los unía en razón del vencimiento del plazo establecido en la norma (v. vered., segunda cuestión).
Luego, en la sentencia, juzgó que no se habían verificado en el caso los presupuestos previstos en el mencionado precepto normativo, en tanto la intimación y el preaviso efectuados por la patronal carecían de efecto jurídico en virtud de lo dispuesto por el art. 4 del decreto 110/18, reglamentario del art. 7 de la ley 27.426, que modificó la ya citada norma de fondo, por lo que —concluyó— el despido dispuesto debía interpretarse como directo, sin causa justificada.
III.2. Bajo tal plataforma fáctica y jurídica, estimo que es de recibo el inicial embate que porta la impugnación, dirigido a cuestionar la conclusión del sentenciante que consideró que el actor sufrió un despido directo sin causa justificada por no encontrarse verificados los presupuestos previstos en el citado art. 252 de la Ley de Contrato de Trabajo.
III.2.a. Advierto que acierta el impugnante al indicar que el juzgador de grado al resolver con fundamento en lo previsto por el decreto que reglamenta al art. 7 de la ley 27.426 violó lo dispuesto por el art. 10 de la misma ley (v. rec., págs. 2 y 12), en tanto prescindió de considerar que, por efecto de este último precepto —que establece expresamente que quedan "excluidos de lo establecido en este Capítulo, los trabajadores del sector público aunque los organismos en los que presten servicios se rijan por la Ley de Contrato de Trabajo"—, sus disposiciones no resultan aplicables al caso en la cuestión debatida, toda vez que el accionante se desempeñaba con cargo jerárquico para el ente autárquico de derecho público de la Provincia de Buenos Aires "Ente Administrador del Astillero Río Santiago" (conf. decreto nacional 1.787/93, ley provincial 11.615 y decretos provinciales 4.538/93 y 962/99).
III.2.b. Para más, sin perjuicio de lo anteriormente señalado, el tribunal actuante —al considerar ineficaz el emplazamiento cursado por la empleadora con fecha 26 de agosto de 2016— también infringió la norma contemplada en los arts. 1 Anexo I y 4 del decreto 110/18, toda vez que, a tenor de su texto, aquella no alcanzaría para suprimir los efectos consumados del término anual fenecido al tiempo de la entrada en vigencia de la ley 27.426 (29-XII-2017); ello así, en razón de que el plazo anual de la referida comunicación epistolar —efectuada en los términos del art. 252 de la Ley de Contrato de Trabajo aplicable a esa época— no se encontraba en curso al momento de la entrada en vigencia de la normativa invocada en sustento del fallo, sino que se hallaba vencido —el día 26 de agosto de 2017— habiendo operado su efecto jurídico (contemplado en el párrafo segundo de la citada norma), más allá de que el empleador hubiera actuado su potestad recién mediante la comunicación del 15 de febrero de 2019, concediendo un mayor beneficio al trabajador, circunstancia que no imponía la emisión de una nueva notificación.
III.2.c. Bajo tales fundamentos, la mentada intimación formulada en el mes de agosto de 2016 resultó válida y eficaz, por lo que encontrándose el accionante en aquella oportunidad en condiciones de acogerse a su jubilación al contar con cuarenta y dos años de servicios y con los certificados a su disposición (v. pieza postal adunada a fs. 6), considero acreditado que el empleador extinguió válidamente la relación laboral en los términos del art. 252 de la Ley de Contrato de Trabajo, sin obligación de pago de la indemnización por despido que el accionante pretende.
III.3. De este modo, la solución que se propicia conlleva a la revocación parcial del fallo en la parcela que ordena la indemnización por despido en los términos del art. 245 —y rubros derivados— del referido cuerpo normativo, así como la procedencia de la multa contemplada en el art. 2 de la ley 25.323.
III.4. En atención a lo resuelto, no cabe abordar los restantes planteos en tanto el tratamiento de cuestiones abstractas es impropio de la judicatura (causas L. 122.771, "Pécora", sent. de 11-V-2021; L. 125.708, "Agra", sent. de 31-VIII-2022 y L. 128.224, "Medina", sent. de 28-X-2024; e.o.).
IV. En consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y revocar parcialmente el pronunciamiento de grado con el alcance establecido en el punto III.3. del presente voto.
Las costas de la instancia ordinaria por los rubros cuyo rechazo se dispone, y las de esta Sede extraordinaria, se imponen a la vencida (arts. 24, ley 15.057 —resol. SCBA 1.840/24— y 289, CPCC).
Con los alcances señalados, voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
A excepción de lo expuesto en el apartado III.2.b., adhiero al sufragio emitido por mi distinguido colega doctor Torres, incluso en materia de costas.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
Las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto III.3. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a sus efectos.
Las costas de la instancia ordinaria por los rubros cuyo rechazo se dispone, y las de esta Sede extraordinaria, se imponen a la vencida (arts. 24, ley 15.057 —resol. SCBA 1.840/24— y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/02/2026 14:35:00 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/02/2026 00:00:00 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/02/2026 11:34:47 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/02/2026 15:01:38 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/02/2026 09:12:27 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 25/02/2026 10:10:28 hs. bajo el número RS-10-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia