Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 131410
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 131.410, "Jiménez, Carolina del Valle contra Bugueiro, Graciela Haide. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la pretensión deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. vered. y sent. de 7-VII-2023).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 8-VIII-2023).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de origen admitió la demanda promovida por Carolina del Valle Jiménez y condenó a Graciela Haide Bugueiro al pago de la suma que estableció en concepto de indemnización por despido, sustitutiva de preaviso, integración del mes de despido, sueldo anual complementario proporcional, vacaciones no gozadas, agravamiento del art. 50 de la ley 26.844 y multa del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345); asimismo, ordenó la entrega del certificado previsto en la última norma citada.
Para así decidir, juzgó acreditado que la demandante trabajó para la accionada prestando tareas en su casa particular en el marco de un contrato de trabajo en los términos de la ley 26.844. Asimismo, sostuvo que no se acreditó la registración del mentado vínculo, que tuvo su inicio el día 20 de enero de 2018 y que finalizó en virtud del despido dispuesto por la empleadora el día 7 de diciembre de 2018, invocando "pérdida de confianza", causal que juzgó no acreditada.
Al analizar la procedencia de los rubros reclamados, declaró la inconstitucionalidad del art. 72 inc. "d" de la ley 26.844, en tanto dispone que la ley 25.345 no es aplicable al régimen que regula. Sostuvo que ninguna consideración que con honestidad intelectual conecte con la fase protectoria del orden público laboral podría válidamente concluir que el último párrafo del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo incorporado por ley 25.345, no ampara a una trabajadora de casas particulares, pues se estaría proclamando —por omisión— que estos trabajadores deben soportar estoicamente que la patronal les niegue el derecho de acceder a la documentación laboral que establece la primera parte de aquel precepto de la Ley de Contrato de Trabajo, contraviniéndose los arts. 14, 14 bis, 16 y 17 de la Constitución nacional. Aclaró, asimismo, que los jueces se encuentran habilitados para declarar de oficio la inconstitucionalidad de las normas, basó esta aseveración en variada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Luego, y en tanto entendió demostrado que la trabajadora hubo de intimar a la entrega del certificado de trabajo y de la constancia de aportes, sin que la accionada hubiese dado cumplimiento al requerimiento, condenó su entrega bajo apercibimiento de aplicar astreintes, como así también el pago de la multa establecida en el último párrafo del art. 80 antes citado.
Por otro lado, señaló que el art. 70 de la ley 26.844 dispone expresamente que los créditos laborales de las trabajadoras comprendidas en su ámbito de aplicación deben ser actualizados, consagrando una excepción a la prohibición de indexar establecida por las leyes 23.928 y 25.561 y delegando la elección del medio adecuado al arbitrio judicial. En ese marco, consideró adecuado como mecanismo de actualización aplicar al importe de condena el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) previsto en otras normas laborales.
En lo tocante a los intereses moratorios, dispuso que, en razón de tratarse de un capital actualizado, desde la exigibilidad del crédito y hasta el día 30 de abril de 2023 (último dato del índice RIPTE), correspondía aplicar una tasa "pura" del 6% anual; ya para el período posterior, y hasta la fecha de la sentencia, debían calcularse con arreglo a la tasa pasiva digital que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
II. La parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo, violación de los arts. 1, 75 y 116 de la Constitución nacional; 72 inc. "d" de la ley 26.844; y de la doctrina legal que cita.
II.1. Afirma que lo decidido por el tribunal en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 72 inc. "d" de la ley 26.844 viola los arts. 1, 75 y 116 de la Constitución nacional, por haberse arrogado el juzgador facultades privativas del Congreso nacional.
Alega que los argumentos blandidos por el juzgador son insuficientes e inapropiados, por haber calificado a aquel poder del Estado de carecer de "...honestidad intelectual...", recurriendo a expresiones generales y dogmáticas; agrega el quejoso que tampoco se indica en el fallo cuál sería la norma de jerarquía superior que se encontraría violada.
Asevera que la mencionada ley 25.345 fue dictada con una finalidad recaudatoria; y no para tutelar los derechos de los trabajadores en relación de dependencia.
A su vez, sostiene que el a quo soslayó meritar que el legislador ha ponderado las particularidades de las relaciones laborales enmarcadas en el régimen especial del caso, así, la ausencia de fines de lucro del empleador, quien mayormente no posee un patrimonio significativo.
II.2. Afirma que el tribunal efectuó una interpretación errónea del art. 70 de la ley 26.844 desde que su texto no contempla la actualización monetaria del capital, debiendo entenderse de modo congruente con las previsiones de las leyes 23.928 y 25.561.
Seguidamente, esgrime que el reajuste establecido sobre el capital de condena según el índice RIPTE, con más la tasa del 6% anual, es violatorio de la doctrina que cita.
II.3. Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, expone que los jueces no están facultados para actualizar el monto de las "multas" impuestas por la ley. Cita precedentes de la Corte nacional que —en su criterio— apoyan su postura.
A todo evento, expresa que aquellas solo podrían generar intereses o reajustarse a partir de la fecha en que el deudor incurre en mora por incumplimiento del plazo fijado en el pronunciamiento. Entiende que al actualizar el monto de las aludidas sanciones, el juzgador inobservó los arts. 737 inc. 1, 765, 766, 767, 768, 867 inc. " b", 886 y 1.732 del Código Civil y Comercial de la Nación.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente cabe señalar que el medio de impugnación deducido fue concedido por el tribunal de grado en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (aplicable al caso), toda vez que —en efecto— el valor del litigio no supera la suma determinada por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial local (v. resol. de fecha 10-X-2023).
Entonces, en principio, la competencia revisora de esta Suprema Corte debe quedar acotada a verificar si lo resuelto en autos contradice su doctrina legal (causas L. 127.429, "Sack", sent. de 23-VIII-2023; L. 128.810, "Enciza", sent. de 26-II-2024 y L. 130.458, "Brandoni", sent. de 12-XII-2025).
Sin embargo, en lo estrictamente tocante a la declaración de inconstitucionalidad del art. 72 inc. "d" de la ley 26.844, corresponde dejar de lado aquel recaudo reflejado en el valor de lo cuestionado y tratar dicho agravio sin la aludida restricción procesal, toda vez que, acudiendo a las directrices trazadas por la Corte federal en los precedentes "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478), el recurrente evidencia la presencia de una cuestión federal (causas L. 120.947, "Centauro S.A.", sent. de 15-IX-2021; L. 128.876, "Pereyra", sent. de 23-XI-2023 y L. 130.709, "Toffoli", sent. de 17-IX-2025).
III.2. La crítica inaugural luce infructuosa.
Es que el quejoso no ataca idóneamente aquellos argumentos antes descriptos con los cuales el tribunal de grado pergeñó el basamento jurídico de su decisión. Antes bien, se limita a formular genéricas consideraciones, que así pergeñadas, se exhiben inocuas a los fines pretendidos. Muestra de ello es aquella afirmación del quejoso en la que asegura que el a quo no identificó en el fallo las normas de jerarquía superior que estimó vulneradas, cuando claramente se observan presentes diversos preceptos de nuestra carta magna individualizados en este semblante de la sentencia.
Son aplicables las directrices de esta Corte que indican que es requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley impugnar en forma concreta, directa y eficaz todas las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado (causas L. 126.767, "Avalos", sent. de 5-XII-2022; L. 130.533, "Colón", sent. de 16-XII-2024 y L. 130.869, "Dure", sent. de 19-XII-2025).
III.3. Tampoco los demás agravios, ya analizados bajo el estrecho marco de revisión previsto en el art. 55 primer párrafo última parte de la ley 11.653 (aplicable en especie) han de variar la suerte del medio de impugnación.
III.3.a. El embate por el que aduce que el juzgador efectuó una interpretación errónea del art. 70 de la ley 26.844 debe desecharse toda vez que los precedentes cuya vulneración denuncia el recurrente han sido elaborados sobre la base de presupuestos diversos a los propios del caso en juzgamiento (causas L. 127.786, "Martínez", sent. de 27-VI-2023; L. 128.964, "Calvo", sent. de 30-IV-2024 y L. 130.938, "Petro", sent. de 19-XII-2025).
III.3.b. Finalmente, las objeciones emparentadas con la "actualización" efectuada por el tribunal, y —a todo evento— con el momento a partir del cual aquella podría llevarse a cabo, o calcularse intereses, es inatendible, desde que no se ha denunciado a su respecto la vulneración de doctrina legal alguna, presupuesto esencial e inicial para pretender la revisión de lo resuelto en el presente ámbito de excepción (causas L. 122.558, "Trápani", sent. de 17-XI-2021; L. 126.882, "Jara", sent. de 20-IX-2023 y L. 130.939, "Gago", sent. de 17-IX-2025).
Adicionalmente, no es ocioso memorar que los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no constituyen la doctrina legal a la que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 125.959, "Guinski", sent. de 27-X-2022; L. 125.939, "Ostertag", sent. de 27-III-2023; L. 127.290, "Carbone", sent. de 10-IV-2023 y L. 131.909, "Quintana", sent. de 15-XII-2025; e.o.).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. Coincido con lo expuesto por el colega doctor Soria en el punto III.1. de su voto.
Es que, aun cuando el valor de lo cuestionado en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar al tratamiento —únicamente— del planteo de inconstitucionalidad del art. 72 inc. "d" de la ley 26.844 contenido en la impugnación, sin las restricciones referidas a la cuantía del litigio, pues involucra claramente, una cuestión federal que esta Corte debe abordar en tanto órgano máximo de la judicatura local (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada"; 311:2478 in re "Di Mascio" y causa L. 120.479, "Guzmán", sent. de 21-XI-2018).
I.2. Aclarado ello, adhiero a las consideraciones vertidas por el citado colega en los puntos III.2. y III.3. de su voto.
II. En consecuencia, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto.
Las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 19/02/2026 16:29:09 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/02/2026 10:39:54 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/02/2026 14:28:16 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/02/2026 08:18:41 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/02/2026 08:52:42 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 27/02/2026 11:03:16 hs. bajo el número RS-14-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia