Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 132701
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto III.2.b. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a los fines allí indicados.
Las costas de esta instancia se imponen a cargo de la vencida (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 132.701, "Ferreri, Rubén Darío contra Ente Administrador del Astillero Rio Santiago. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda deducida e impuso las costas del modo que especificó (v. sent. de fecha 28-XII-2023 y aclaratoria de fecha 28-VI-2024).
Se dedujo, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 23-II-2024).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por el señor Rubén Darío Ferreri y condenó al Ente Administrador del Astillero Río Santiago a abonar la suma que especificó en concepto de indemnización por despido, sustitutiva del preaviso, integración del mes de despido y vacaciones proporcionales, con más la multa prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y el agravamiento contemplado en el art. 2 de la ley 25.323 (v. sent. de fecha 28-XII-2023 y aclaratoria de fecha 28-VI-2024).
Para así resolver, en lo que resulta de interés, juzgó acreditado que la relación laboral habida entre las partes culminó por el despido indirecto con justa causa dispuesto por el trabajador el día 6 de junio de 2018; también que la antigüedad computable para calcular la indemnización prevista en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo ascendió a cuarenta y dos periodos.
Seguidamente, entendió, en tanto la accionada no hubo de denunciar un tope indemnizatorio actualizado a la fecha del distracto conforme el Convenio Colectivo de Trabajo 91/75 E, que el cálculo de la indemnización por despido debía efectuarse considerando la mejor remuneración mensual, normal y habitual sin tope alguno y sin que resulte de aplicación la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Vizzotti". En ese sentido, con apoyo en lo resuelto en un precedente emanado de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, expresó que si el empleador no acreditó que a la fecha del distracto existiera un tope que debiera tenerse en cuenta y el denunciado en la contestación de demanda resultó superlativamente desfasado en el tiempo, no correspondía reducir la base de cálculo de las indemnizaciones del trabajador, ya que ello implicaría un desapego de la tutela constitucional al trabajo, la propiedad y la igualdad, razonamiento que encontró reforzado en la hipótesis de un dependiente "fuera de convenio".
II. La Fiscalía de Estado provincial deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia arbitrariedad, violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de fecha 23-II-2024).
II.1. Alega que el tribunal interviniente, tras endilgar arbitrariamente a la demandada que no invocó cuál era el tope actualizado aplicable en el caso, calculó la indemnización normada en el art. 245 de dicho cuerpo normativo, sin la limitación legal.
Arguye que, al resolver de ese modo, el sentenciante de grado transgredió la doctrina legal delineada por esta Corte en las causas L. 96.278, "Mussio" (sent. de 11-III-2013) y L. 91.301, "Sobre" (sent de 12-X-2011). Alega que de dichos precedentes se infiere que la limitación indemnizatoria es de aplicación imperativa para los magistrados, salvo su eventual declaración de inconstitucionalidad según lo resuelto por la Corte de la Nación en la causa "Vizzoti" (Fallos: 327:3677) y por esta Suprema Corte en el precedente L. 79.366, "Bravo Elizondo" (sent. de 28-VI-2006); ello —explica— aun cuando no existiera la publicación actualizada pertinente por parte del organismo ministerial competente.
Cita también en apoyo de su postura el antecedente de este Tribunal que identifica como L. 119.668, "Díaz" (sent. de 21-IX-2016).
Así, solicita que se case el fallo de grado y se ordene la aplicación del tope previsto en el art. 245 segundo párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo, y —en consecuencia— se efectúe un nuevo cálculo que incluya el del agravamiento previsto en el art. 2 de la ley 25.323.
II.2. A tenor del principio de eventualidad, añade que las razones invocadas por el tribunal de origen para resolver del modo en que lo hizo, consistentes en que la respuesta al oficio librado al Ministerio de Trabajo de la Nación carece de información, y en la falta de invocación por parte de la accionada de un tope actualizado a la fecha del distracto, son arbitrarias.
Al respecto, afirma que en oportunidad de contestar la demanda se solicitó expresamente la aplicación al caso del convenio colectivo de trabajo 91/75 E, denunciando, igualmente, el límite a la base de cálculo que consideró aplicable, lo cual quedó corroborado —asegura— mediante la prueba informativa agregada con fecha 28 de octubre de 2021 y la información complementaria a esta respuesta adunada con el escrito del 5 de noviembre del mismo año que se agregó a la causa mediante proveído del 26 de noviembre de 2021.
Por último, agrega que lo resuelto en la instancia de grado colisiona a su vez con lo decidido por la Corte federal en la causa "Nine" (sent. de 7-II-2006).
III. El recurso prospera.
III.1. Liminarmente, cabe señalar que el medio de impugnación deducido fue concedido por el tribunal de grado —en decisión que no resultó objetada— en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo parte final de la ley 11.653 —aplicable al caso—, toda vez que el valor del litigio no supera la suma determinada por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial local (v. resol. de fecha 28-VI-2024).
Entonces, la función revisora de esta Corte debe limitarse a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal (causas L. 123.817, "Juncos", sent. de 28-IV-2021; L. 127.429, "Sack", sent. de 23-VIII-2023; L. 129.677, "Morgan", sent. de 3-VI-2024; e.o.), siendo que el impugnante no evidencia con su discurso la eventual presencia de una cuestión federal que conduzca aquí a juzgar no aplicables las restricciones legales derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir.
III.2.a. En el referido contexto de análisis, y sin perjuicio de los matices del caso, dable es anticipar que le asiste razón al impugnante cuando denuncia que lo decidido por el tribunal de grado en cuanto juzgó que no resultaba aplicable la limitación indemnizatoria prevista en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo –en la versión aplicable al caso-, conculca la doctrina legal que emerge de las causas L. 91.301, "Sobre" (sent. de 12-X-2011) y L. 96.278, "Mussio" (sent. de 11-III-2013).
Tal como hubo de pronunciarse este Tribunal en la causa L. 131.336, "Quiñones" (v. sent. de 1-IX-2025), con ciertos ingredientes análogos a los que se verifican en el presente litigio, considerando que en el sub examine al contestar la demanda la accionada solicitó la aplicación del tope indemnizatorio e identificó el convenio colectivo aplicable (tal como, ciertamente, fuera precisado en el propio pronunciamiento en crisis), los argumentos sobre los que se estructura la decisión en crisis no lucen hábiles para alejar el caso del criterio que emerge de los precedentes citados.
Vale memorar, que, en los antecedentes referidos, de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos "Nine" (sent. de 7-II-2006), se determinó que la circunstancia de que el Ministerio de Trabajo de la Nación no hubiese fijado el tope a la base salarial correspondiente al convenio colectivo aplicable al trabajador despedido en los términos de la última disposición legal citada, no constituye un valladar que impida preservar el propósito legislativo de establecer un límite a las indemnizaciones en concepto de despido.
Luego, aquel razonamiento situado en la ausencia de denuncia de un "tope indemnizatorio actualizado" a la fecha del distracto que hubo de atribuírsele a la demandada colisiona con las directrices que emergen de la doctrina legal forjada en los mencionados casos, máxime cuando durante el desarrollo del litigio la accionada hubo de diligenciar un oficio a la autoridad administrativa del trabajo competente para que informe acerca del tope correspondiente, que fuera contestado en fecha 28 de octubre de 2021.
III.2.b. Sentado lo anterior, debe acogerse favorablemente la impugnación y revocar la sentencia de grado en cuanto en ella se ordenó calcular la indemnización por despido sin tope alguno y se cuantificó el agravante previsto en el art. 2 de la ley 25.323 siguiendo aquel proceder. Los autos deben retornar al tribunal de origen a fin de que —con diferente integración— dicte un nuevo pronunciamiento en los aspectos objeto de revisión conforme lo aquí resuelto.
IV. En virtud de lo dicho, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley prospera en los términos delineados en el párrafo que antecede.
Costas de esta instancia a la vencida (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Como señala el colega ponente, en la especie, el recurso extraordinario de inaplicabilidad deducido fue concedido por el tribunal de grado en decisión que no resultó objetada —en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo parte final de la ley 11.653 aplicable al caso—, toda vez que el valor del litigio no supera la suma determinada por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial local (v. resol. de fecha 28-VI-2024).
En consecuencia, situados en el marco de análisis que provee la aludida norma, comparto los argumentos expuestos por el doctor Soria en los puntos III.2.a. y III.2.b. de su voto.
Por lo dicho, el recurso prospera en los términos propuestos por el citado colega, con costas de esta instancia a la vencida (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto.
Las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto III.2.b. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a los fines allí indicados.
Las costas de esta instancia se imponen a cargo de la vencida (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/03/2026 20:34:59 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/03/2026 13:58:48 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/03/2026 12:37:23 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/03/2026 10:43:14 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/03/2026 08:53:59 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 30/03/2026 10:50:33 hs. bajo el número RS-29-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia