Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 132397
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV del presente. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a los fines allí indicados.
Las costas de esta instancia se imponen a cargo de la vencida (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 132.397, "Maduri, María Rosa contra Ente Administrador del Astillero Rio Santiago. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la demanda deducida e impuso las costas del modo en que especificó (v. sent. de fecha 29-XII-2023).
Se dedujo, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 26-II-2024).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal interviniente hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por la señora María Rosa Maduri y condenó al Ente Administrador del Astillero Río Santiago a abonarle la suma que especificó en concepto de indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva del preaviso e integración del mes de despido, diferencias por vacaciones proporcionales y de haberes del mes de mayo de 2018, con más la sanción prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo —texto según ley 25.345— y el agravamiento normado en el art. 2 de la ley 25.323.
En lo relevante, tuvo por acreditado que la relación laboral habida entre las partes se extinguió por el despido indirecto con justa causa dispuesto por la trabajadora el 5 de junio de 2018. Asimismo, estableció que la antigüedad computable para calcular la indemnización prevista en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo ascendió a veintitrés períodos.
A continuación, señaló que en tanto la accionada no hubo de denunciar un tope indemnizatorio actualizado a la fecha del distracto conforme el Convenio Colectivo de Trabajo 91/75 "E" vigente en el establecimiento donde la actora prestó servicios —quien, precisó el juzgador, se encontraba excluida de dicha normativa— el cálculo de la indemnización por despido debía efectuarse considerando la mejor remuneración mensual, normal y habitual sin tope alguno.
En este sentido, con apoyo en lo resuelto en un precedente emanado de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, expresó que si el empleador no acreditó que a la fecha del distracto existiera un tope que debiera tenerse en cuenta y, como en el caso, el identificado por el perito contador resultaba palmariamente desactualizado, no correspondía reducir la base de cálculo de las indemnizaciones debidas a la trabajadora, ya que ello implicaría un desapego de la tutela constitucional al trabajo, la propiedad y la igualdad.
II. La Fiscalía de Estado provincial deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia arbitrariedad, violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de fecha 26-II-2024).
II.1. Cuestiona el fallo de grado por cuanto, tras endilgar arbitrariamente a la demandada que no invocó cuál era el tope actualizado aplicable en el caso, calculó la indemnización normada en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo sin la limitación legal.
Enfatiza que, al resolver de ese modo, el juzgador transgredió la doctrina legal delineada por esta Corte en las causas L. 96.278, "Mussio" (sent. de 11-III-2013) y L. 91.301, "Sobre" (sent. de 12-X-2011). Alega que de dichos precedentes se infiere que la limitación indemnizatoria es de aplicación imperativa para los magistrados, salvo su eventual declaración de inconstitucionalidad según lo resuelto por la Corte de la Nación en la causa "Vizzoti" (Fallos: 327:3677) y por esta Suprema Corte en el precedente L. 79.366, "Bravo Elizondo" (sent. de 28-VI-2006). Ello —explica— aun cuando no existiera la publicación actualizada pertinente por parte del organismo ministerial competente.
Menciona —también— en apoyo de su postura el antecedente de este Tribunal que identifica como L. 119.668, "Díaz" (sent. de 21-IX-2016).
Así, solicita que se case el fallo de grado y se ordene la aplicación del tope previsto en el art. 245 segundo párrafo del citado cuerpo normativo, y —en consecuencia— se efectúe un nuevo cálculo que incluya el agravamiento previsto en el art. 2 de la ley 25.323.
II.2. A tenor del principio de eventualidad, añade que las razones invocadas por el tribunal de grado para resolver del modo en que lo hizo son arbitrarias, en tanto —afirma— en oportunidad de contestar la demanda se sostuvo expresamente la aplicación, al caso, del tope del Convenio Colectivo de Trabajo 91/75 "E", y su forma de aplicación.
Por último, agrega que lo resuelto en la instancia de grado colisiona, a su vez, con lo decidido por la Corte federal en la causa "Nine" (sent. de 7-II-2006).
III. El recurso prospera.
III.1. Inicialmente, cabe destacar que el medio de impugnación bajo examen fue concedido por el órgano de grado —en decisión que no resultó objetada— en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo parte final de la ley 11.653 —aplicable al caso—, toda vez que el valor del litigio no supera el umbral al que alude el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (v. resol. de fecha 2-V-2024).
En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 126.806, "Giles", resol. de 21-VI-2023; L. 130.155, "Alcaraz", resol. de 11-VII-2023; L. 128.581, "Galvan", sent. de 20-IX-2024; L. 130.290, "Sauro", sent. de 30-XII-2025; e.o.).
III.2.a. En el señalado contexto, y sin perjuicio de los matices del supuesto en análisis, considero que acierta el impugnante al afirmar que lo decidido por el tribunal de grado en cuanto juzgó que no resultaba aplicable la limitación indemnizatoria prevista en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo –en su texto aplicable al caso-, conculca la doctrina legal que emerge de las causas L. 91.301, "Sobre" (sent. de 12-X-2011) y L. 96.278, "Mussio" (sent. de 11-III-2013).
Tal como hubo de pronunciarse este Tribunal en la causa L. 131.336, "Quiñones" (v. sent. de 1-IX-2025), con ciertos ingredientes análogos a los que se verifican en el presente litigio, considerando que, en autos, al contestar la demanda la accionada solicitó la aplicación del tope indemnizatorio e identificó el convenio colectivo aplicable (tal como, ciertamente, fuera precisado en el propio pronunciamiento en crisis), los argumentos sobre los que se estructura la decisión censurada no lucen hábiles para alejar el caso del criterio que emerge de los precedentes citados.
Es dable recordar que en dichas causas, de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los citados autos "Nine", se determinó que la circunstancia de que el Ministerio de Trabajo de la Nación no hubiese fijado el tope a la base salarial correspondiente al convenio colectivo aplicable al trabajador despedido, en los términos de la última disposición legal citada precedentemente, no constituye un valladar que impida preservar el propósito legislativo de establecer un límite a las indemnizaciones en concepto de despido.
En consecuencia, aquel razonamiento situado en la ausencia de denuncia de un "tope indemnizatorio actualizado" a la fecha del distracto que hubo de atribuírsele a la demandada colisiona con las directrices que emergen de la doctrina legal forjada en los casos antes aludidos.
III.2.b. Sentado lo anterior, debe acogerse favorablemente la impugnación y revocar la sentencia de grado en cuanto ordenó calcular la indemnización por despido sin tope alguno y cuantificó el agravante previsto en el art. 2 de la ley 25.323 siguiendo ese proceder. Los autos deberán retornar al tribunal de origen a fin de que —con diferente integración— dicte un nuevo pronunciamiento en los aspectos objeto de revisión conforme lo aquí resuelto.
IV. En virtud de lo dicho, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto debe prosperar en los términos establecidos en el párrafo que antecede y revocarse la sentencia de grado con esos alcances, debiendo remitirse los autos a la instancia de grado a los fines allí dispuestos.
Costas de esta instancia a la vencida (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
La señora Jueza doctora Kogan, el señor Juez doctor Soria y la señora Jueza doctora Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV del presente. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a los fines allí indicados.
Las costas de esta instancia se imponen a cargo de la vencida (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/03/2026 20:34:58 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/03/2026 13:58:47 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/03/2026 12:37:22 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/03/2026 10:43:12 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/03/2026 08:53:59 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 30/03/2026 10:50:26 hs. bajo el número RS-28-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia