Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 132557
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la decisión impugnada con arreglo a la cual el tribunal de trabajo decretó de oficio su falta de aptitud jurisdiccional para intervenir en el caso, cuya competencia se declara. En consecuencia, se remiten los autos a la instancia de grado para que continúe el trámite según su estado.
Sin costas, atento la naturaleza de la cuestión debatida y la ausencia de contradicción, inclusive en lo referente a la queja articulada en los términos del art. 292 del Código Procesal Civil y Comercial (arts. 68, seg. párr. y 289, CPCC; ley 14.967).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 132.557, "Méndez, Juan Carlos contra Municipalidad de Carlos Casares y otro. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Budiño.
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Trenque Lauquen se declaró de oficio incompetente para entender en las presentes actuaciones y dispuso su remisión al Juzgado Contencioso Administrativo departamental (v. pronunciamiento de fecha 13-V-2024).
Se interpusieron, por la parte actora, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. escrito de fecha 23-V-2024), los que denegados por el órgano de grado (v. resolución de fecha 28-V-2024), fueron concedidos por este Tribunal (v. resolución de fecha 13-III-2025) al resolver la queja interpuesta (v. presentación de fecha 8-VI-2024), habiéndose rechazado el primero de los nombrados con sustento en el art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente decretó de oficio su incompetencia para entender en las presentes actuaciones promovidas por el señor Juan Carlos Méndez contra el señor Jorge Ariel Roldán y la Municipalidad de Carlos Casares, mediante la que pretendía el pago de distintos rubros de naturaleza salarial y de las indemnizaciones derivadas del despido, así como las previstas en los arts. 8 y 15 de la ley 24.013; 2 de la ley 25.323 y las sanciones de los arts. 53 ter de la ley 11.653 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345).
Para así decidir, señaló que en el caso la relación laboral pretendida y reclamada por el accionante lo fue contra una persona física y el Municipio de Carlos Casares, intentando vincularlo solidariamente como empleado público, y como tal, excluido de la Ley de Contrato de Trabajo y de la competencia asignada a los tribunales de trabajo (conf. arts. 2 inc. "a", LCT y 1 y 2, ley 11.653). Destacó que los rubros reclamados resultaban propios de la materia contencioso administrativa sujeta a la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia (conf. arts. 161, Const. prov. y 1, 2 y 5, CCA).
Al respecto, con cita de doctrina legal, precisó que es competencia del fuero contencioso administrativo entender sobre los conflictos suscitados con motivo de la relación de la administración con sus agentes. Adunó que esa aptitud jurisdiccional no quedaba desplazada por la invocación por parte del actor de normas de carácter laboral.
Con esos fundamentos, y teniendo en cuenta la índole administrativa del vínculo —sujeto a un régimen de derecho público local— declinó su intervención en la presente causa y ordenó remitirla al fuero contencioso administrativo.
II. Contra dicho pronunciamiento, el actor dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación de los arts. 2 de la ley 11.653; 2 inc. "a", 26 y 29 a 31 de la Ley de Contrato de Trabajo; 4 inc. 1 de la ley 12.008 y 4 y 6 del Convenio Colectivo de Trabajo 507/07, así como de la doctrina legal que cita (v. escrito de 23-V-2024).
II.1. Sostiene que el tribunal de grado realizó una absurda y antojadiza interpretación de los hechos relatados en la demanda, desconociendo totalmente el derecho en el cual se sustentó la acción.
Aduce que el trabajador no solo basó su pretensión en las normas de la Ley de Contrato de Trabajo y de las leyes 24.013 y 25.323, sino también en el Convenio Colectivo de Trabajo 507/07. Señala que todos los rubros reclamados estuvieron motivados en el marco de una relación jurídica laboral de tipo privado y no sujeta al régimen de derecho público.
Alega que demandó a la Municipalidad de Carlos Casares en carácter de responsable solidario en virtud de lo previsto en los arts. 29 a 31 de la Ley de Contrato de Trabajo, es decir, con sustento y fundamento en normativa de derecho privado. Aduna a ello que nunca sostuvo que el actor fuera empleado municipal, circunstancia que además fue expresamente negada por el propio municipio en el intercambio postal previo.
II.2. Postula que el juzgador aplicó erróneamente lo normado en los arts. 2 de la Ley de Contrato de Trabajo y 4 de la ley 12.008, toda vez que este último precepto excluye del fuero contencioso administrativo a aquellas controversias que se encuentran regidas por el derecho privado o por las normas o convenios laborales.
Argumenta que la cuestión a dirimir por el tribunal de trabajo estaba dada en determinar si por aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo o del Convenio Colectivo 507/07 corresponde a la Municipalidad de Carlos Casares la solidaridad prevista en los arts. 29 a 31 de la ley citada, en virtud de la relación de empleo mantenida por el accionante con el señor Roldán, quien —como prestador de servicios de seguridad— le asignó funciones de vigilador en dependencias de la comuna demandada.
III. El recurso prospera.
III.1. En lo que interesa destacar, el actor promovió demanda contra el señor Jorge Ariel Roldán y la Municipalidad de Carlos Casares, persiguiendo el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de naturaleza laboral.
Alegó que la referida persona física, en su condición de prestador de servicios de seguridad en la ciudad de Carlos Casares, contrata personas para que cumplan tales funciones en distintos lugares.
Señaló que el día 20 de enero de 2011 el promotor del juicio ingresó a trabajar bajo relación de dependencia del nombrado y que desde fines del año 2013 hasta el distracto (24-I-2024), se desempeñó en tareas de vigilancia y seguridad —comprendidas en el Convenio Colectivo de Trabajo 507/07, en cuyo marco debió encuadrarse el vínculo— exclusivamente en dependencias del hospital municipal de Carlos Casares.
A continuación, transcribió el intercambio telegráfico cursado al empleador y a la municipalidad coaccionada, relatando detalladamente las circunstancias que rodearon su vínculo con el señor Roldán y los motivos que llevaron a extinguirlo.
Por otra parte, solicitó se extendiera la responsabilidad por el pago de los créditos reclamados al municipio codemandado, con sustento en los arts. 29 a 31 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Seguidamente, practicó liquidación por despido indirecto, reclamando el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido en los términos de la Ley de Contrato de Trabajo y las demás previstas en las leyes 11.653, 24.013, 25.323 y 25.345 ya referidas.
III.2. Como quedó expuesto, en su pronunciamiento el tribunal de origen se declaró de modo oficioso incompetente para intervenir en el presente caso, ordenando la remisión de las actuaciones al fuero contencioso administrativo.
Este Tribunal tiene dicho —como acertadamente indica el recurrente— que la competencia se determina, en principio, por la naturaleza jurídica de los reclamos que el actor propone a decisión judicial, es decir, por la índole de la acción ejercida. Luego, la aptitud jurisdiccional de los tribunales de trabajo resulta siempre que la pretensión se vincule con un contrato o relación de trabajo y se halle fundada en normas laborales, más allá de lo que la sentencia definitiva resuelva respecto de la procedencia de los derechos invocados (causas L. 107.398, "García", sent. de 5-IX-2012; L. 116.682, "Suko", sent. de 26-III-2015; L. 122.160, "Reggiani", sent. de 21-X-2020 y L. 129.291, "Picar", sent. de 26-XI-2025; e.o.).
Bajo tales premisas y a partir de los antecedentes antes expuestos, se colige que el juzgador no reparó en las razones que condujeron a la parte actora a iniciar la acción ante el fuero laboral, en tanto demandó con fundamento en normas de linaje laboral en virtud del vínculo de trabajo que denunció haber mantenido con el señor Jorge Ariel Roldán, sin perjuicio de la pretendida extensión de condena respecto de la Municipalidad de Carlos Casares.
En consecuencia, la decisión atacada debe ser rescindida porque, más allá de lo que pudiera opinarse acerca de si las normas laborales invocadas resultan —en definitiva— aplicables o no al caso —conforme la propuesta efectuada por el accionante (cuestión sobre la que no corresponde abrir juicio aquí)—, al solo efecto de dirimir la competencia en este estado, es dable advertir que dado las partes involucradas y el planteo esgrimido, la circunstancia de que se encuentre demandada solidariamente la Municipalidad de Carlos Casares no alcanza para justificar la decisión adoptada. El hecho de que una de las demandadas revista el carácter de persona de derecho público, no impone —per se— que el litigio deba ser considerado contencioso administrativo y excluido de la competencia de los tribunales de trabajo (conf. causa L. 124.093, "Rojas", sent. de 10-VIII-2021).
En ese sentido, es doctrina legal que no es la naturaleza del órgano actuante lo que determina la competencia contencioso administrativa, sino la índole del derecho que se denuncia vulnerado y cuya tutela el accionante reclama (causa L. 125.051, "Rojas", sent. de 22-XII-2020; e.o.).
En definitiva, entiendo que la causa corresponde a la competencia material de los tribunales de trabajo, por lo que el sentenciante se desprendió indebidamente de su aptitud jurisdiccional para entender en las presentes actuaciones.
III.3. Para finalizar, limitada la revisión extraordinaria traída a resolver sobre la competencia en razón de la materia, lo expresado no importa anticipar opinión sobre la solución que, en el caso, corresponda adoptar respecto de la cuestión de fondo.
IV. A tenor de lo señalado, propongo hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y revocar la decisión atacada en cuanto el tribunal de trabajo decretó de oficio su falta de aptitud jurisdiccional para intervenir en el caso, cuya competencia se declara. Los autos deberán volver a la instancia de grado a fin de que continúe la tramitación de la causa según su estado.
Sin costas, atento la índole de la cuestión debatida y la ausencia de contradicción, inclusive en lo referente a la queja articulada en los términos del art. 292 del Código Procesal Civil y Comercial (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC; ley 14.967).
Voto por la afirmativa.
La señora Jueza doctora Kogan, el señor Juez doctor Soria y la señora Jueza doctora Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la decisión impugnada con arreglo a la cual el tribunal de trabajo decretó de oficio su falta de aptitud jurisdiccional para intervenir en el caso, cuya competencia se declara. En consecuencia, se remiten los autos a la instancia de grado para que continúe el trámite según su estado.
Sin costas, atento la naturaleza de la cuestión debatida y la ausencia de contradicción, inclusive en lo referente a la queja articulada en los términos del art. 292 del Código Procesal Civil y Comercial (arts. 68, seg. párr. y 289, CPCC; ley 14.967).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 19/03/2026 17:08:03 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/03/2026 09:45:35 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/03/2026 10:47:58 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/03/2026 15:55:22 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/04/2026 08:42:28 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 01/04/2026 10:15:46 hs. bajo el número RS-32-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia