Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132841
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 292 del CPCC y 89, ley 15.057; Ac. 4.068/2022; Resol. 24/20 y Resol. 1.840/24).
Las costas se difieren para el momento en que se resuelva el mérito del recurso que se concede y la regulación de honorarios para su oportunidad.
I. En el caso, el Tribunal de Trabajo n° 1 con asiento en la ciudad de San Miguel, perteneciente al Departamento Judicial de San Martín, hizo lugar a la demanda promovida por Facundo Ezequiel Ferrari y condenó a Disem S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de indemnización por despido y otros rubros de naturaleza laboral. Suma a la que adicionó intereses calculados conforme la tasa pasiva digital que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días. La rechazó, en cambio, en cuanto pretendía la extensión solidaria de la condena al señor Gonzalo Lucas Batalla (v. sent. de 11-IV-2024).
II. Contra dicha decisión, el legitimado activo interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 9-V-2024), ocasión en que se agravió respecto del modo en que el tribunal de grado actualizó el crédito laboral, a cuyo fin cuantificó su importe conforme los parámetros que destacó (v. acápite V del escrito de 9-V-2024).
El a quo, a su turno, denegó la mentada impugnación por entender que el recurrente no logró evidenciar la violación legal o inobservancia de la aplicación de la ley que considera violada (v. resol. de 29-VII-2024), lo que motivó la articulación de la queja en tratamiento (art. 292, CPCC; v. escrito electrónico de 5-VIII-2024).
En el recurso de hecho deducido de modo directo ante esta sede, el interesado, controvierte la decisión dictada en materia de admisibilidad del remedio extraordinario intentado, a cuyo fin, con apoyo en la doctrina legal que destaca, reitera los agravios en dicha oportunidad desarrollados.
III. La queja prospera.
Ello así, desde que el tribunal laboral al denegar el recurso de inaplicabilidad de ley se extralimitó en sus atribuciones, desde que debió limitarse a juzgar si estaban o no reunidos los requisitos de admisibilidad (arts. 55, 56 y 63 ley 11.653 -vigente a la fecha de su interposición- y 281, CPCC).
Sentado ello, se observa que el impugnante, al mencionar los requisitos de admisibilidad del remedio extraordinario intentado, estableció cómo estaría representado el valor de lo cuestionado y cuantificó su importe, cumpliendo de ese modo con la carga procesal de acreditar que el monto de su agravio supera el umbral establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto conforme ley 14.141) para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. acápite V del escrito de 9-V-2024).
Lo expuesto, en el presente caso y más allá de lo que con posterioridad se resuelva sobre la procedencia de los agravios fundantes del recurso impetrado, basta para habilitar la instancia de casación local a sus efectos.
IV. En consecuencia, encontrándose reunidos la totalidad de los requisitos de admisibilidad del remedio intentado corresponde hacer lugar a la queja traída (arts. 292, CPCC y 89, ley 15.057; Ac. 4.068/22; Resol. 24/20 y Resol. 1.840/24) y, en atención a ello, declarar carente de virtualidad el tratamiento de los restantes agravios desarrollados en la misma.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 292 del CPCC y 89, ley 15.057; Ac. 4.068/2022; Resol. 24/20 y Resol. 1.840/24).
Las costas se difieren para el momento en que se resuelva el mérito del recurso que se concede y la regulación de honorarios para su oportunidad.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y pasen los autos a despacho.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 19/03/2026 17:06:33 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/03/2026 09:44:55 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/03/2026 10:44:53 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/03/2026 15:53:49 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/04/2026 08:40:43 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 01/04/2026 10:15:02 hs. bajo el número RR-283-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia