Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 134072
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, rechazó la demanda promovida por la señora Melisa Ayelén Rivara contra Meily S.A. en concepto de indemnización por despido y otros rubros de naturaleza laboral (v. pronunciamiento de fecha 1-X-2024).
Para así decidir, juzgó injustificado el despido indirecto en que se colocó la trabajadora.
Por último, concluyó que la pretensión vinculada con la sanción del art. 80 de la ley 20.744 resultaba inadmisible, ya que los instrumentos respectivos fueron otorgados por la accionada y satisfacen los requerimientos previstos en la citada norma.
II. Contra dicha decisión, la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 22-X-2024), el que fue concedido por el a quo (v. resol. de fecha 29-X-2024).
En su presentación relata los antecedentes de la causa. Denuncia violadas las normas y la doctrina que cita. En sustancia, se agravia de la decisión de los magistrados de origen en cuanto consideraron injustificada la situación de despido en la que se colocó. Entiende que tal conclusión es fruto de una arbitraria valoración de la prueba, en especial de la testimonial y de las circunstancias fácticas de la causa.
Luego, dirige su crítica a objetar el rechazo de la multa prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.
III. El recurso no prospera.
III.1. De manera liminar, corresponde indicar que carece de virtualidad expedirse sobre el planteo introducido por la accionante en el apartado VIII de su presentación, pues -sabido es- en casos como el presente, el trabajador se encuentra exento de la carga del depósito previo para la concesión del recurso de inaplicabilidad de ley, toda vez que goza del beneficio de gratuidad que le otorga el art. 27 de la ley 15.057 (según Resolución 1.840/2024), aplicable a la fecha de interposición del recurso extraordinario.
Sentado ello, cabe señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en examen -representado en el caso por el monto de la demanda de cuyo rechazo se agravia la interesada- no excede el mínimo fijado por el art. 82 de la ley 15.057, aplicable a la fecha de interposición del remedio extraordinario (según Resolución 1.840/2024). Por lo tanto, su admisibilidad sólo puede justificarse en el marco de la excepción contenida en el citado precepto legal (causa L. 132. 789, "Testone ", resol. de 20-IX-2024).
En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede en un caso similar (causas L. 125.781, "Mora", resol. de 17-II-2021; L. 127.372, "Faure", sent. de 27-III-2023; L. 132.963, "Bazán", resol. de 4-VI-2025).
III.2. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, porque, mediante la denuncia de vulneración de doctrina legal, la recurrente trae a consideración agravios vinculados a cuestiones fácticas y probatorias -tales como aquellas relativas a la valoración de la prueba, la evaluación de la conducta asumida por las partes en la fase previa a la rescisión del vínculo contractual y la configuración y determinación de la injuria con aptitud para justificar la rescisión del vínculo en los términos del art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo- detraídas de revisión en el estrecho marco cognitivo del remedio procesal intentado (causas L. 126.436, "Cuello", resol. de 26-V-2021; L. 123.516, "Ramos", sent. de 9-XI-2021; L.132.588 "Lardies", resol. de 13-III-2025).
III.3. En relación al restante agravio traído, tampoco se advierte configurado en la especie el supuesto excepcional mencionado, en tanto que, por un lado, el planteo propuesto también remite al análisis de típicas cuestiones fácticas y probatorias -como lo son, aquellas relacionadas a la determinación de si se configuraron o no los presupuestos para la procedencia de la multa prevista en el art. 80 de la ley 20.744- ajenas al ámbito de la casación por la vía indicada (causas L. 121.646, "Martínez Aquino", resol. de 5-XII-2018; L. 122.256, "Mendoza", resol. de 24-IV-2019; L. 122.550, "Buonincontro", resol. 14-VIII-2019, L. 127.090, "Ollamburo", resol. de 13-X-2021, L. 130.002, "Gonzalez", resol. de 21-III-2023 y L.130.974, "Pirola", resol. de 26-II-2024) y, por el otro, por cuanto los precedentes de esta Corte que la impugnante cita en apoyo de sus agravios no guardan correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de su decisión, ni refieren a situaciones similares, atento a su distinto contenido fáctico y jurídico (causas L. 118.187, "Riple", resol. de 10-XII-2014; L. 118.309, "Di Rocco", resol. de 19-II-2015; L. 119.909, "Waslet", resol. de 28-XII-2016; L. 121.314, "Aristemuño", resol. de 8-VIII-2018; L. 124.719, "Di Lernia", resol. de 21-IX-2020; L. 127.029, "Nicolini", resol. de 1-XI-2021 y L. 128.186, "Gala", resol. de 19-V-2022).
III.4. Por lo demás, cabe recordar que no constituye doctrina legal -en los términos y con los alcances señalados por esta Suprema Corte- la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia ni de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 119.596, "López", sent. de 29-VIII-2017; L. 121.429, "Maravilla", sent. de 19-IX-2019; L. 127.240, "Banegas", sent. de 21-III-2024).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/09/2026 13:32:11 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/09/2026 15:56:29 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 23/09/2026 17:02:46 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/09/2026 14:48:47 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/09/2026 08:22:44 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 25/09/2026 11:07:05 hs. bajo el número RR-2059-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia