Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 134203
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, rechazó íntegramente la acción promovida por Joaquín Tomás Martínez contra Delivery Hero Logistics S.A. (antes denominada Repartos Ya S.A.), por la que pretenda el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de naturaleza laboral (v. pronunciamiento de fecha 21-XI-2024).
Para así decidir, tras valorar el material probatorio producido en la causa, tuvo por no demostrada la relación laboral entre las partes, en tanto juzgó no acreditadas sus notas tipificantes de subordinación jurídica, económica y técnica. Por el contrario, entendió que la vinculación entablada entre aquellas se desarrolló en el marco de una locación de servicios.
Finalmente, impuso la condena en costas a la parte actora, en su calidad de vencida, en los términos del art. 24 de la ley 15.057.
II. Frente a lo así resuelto, esta última dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 5-XII-2024), el que fue concedido por el a quo (v. resol. de fecha 16-XII-2024).
En su presentación relata los antecedentes de la causa y denuncia vulnerados los arts. 9 y 10 de la Constitución provincial; 10, 11 y 15 de la ley 24.013; 1 y 2 de la ley 25.323; 330, 354, 375 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial.
En sustancia, mediante la invocación de absurdo, sostiene que el rechazo de la acción se fundó en una errónea apreciación de la prueba, en particular -señala- la testimonial y la omisión de considerar la confesión ficta emergente de la absolución de posiciones del representante legal de la demandada. Señala que dicha probanza -a su juicio- daba cuenta de la existencia de los elementos tipificantes de la vinculación laboral, a la par que reconocía el empleo de un contrato civil y comercial como ocultamiento a la ley laboral.
Por otra parte, cuestiona la imposición de costas a su cargo porque -dice- transgrede el principio de gratuidad. A todo evento, solicita que, para el hipotético caso de confirmarse el fallo recurrido, éstas sean impuestas en el orden causado.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. De modo liminar, corresponde destacar que determinar la existencia de la relación de dependencia o subordinación, típica del vínculo contractual de linaje laboral, constituye una cuestión reservada -en principio- en forma privativa a los magistrados del trabajo y, por lo tanto, no resulta susceptible de revisión en esta instancia, salvo que se demuestre absurdo (causas L. 120.238, "Bogari", resol. de 22-XI-2022; L. 130.724, "Ballesteros", resol. de 4-XII-2023 y L. 132.033, "Beguiristain", resol. de 5-VIII-2026).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 124.111, "Ferreyra", resol. de 16-VI-2020; L. 124.997, "Petri", resol. de 4-II-2021 y L. 130.013, "Cepeda", resol. de 4-XII-2023; e.o.).
III.1.b. Tal como se anticipó, el sentenciante de grado -con apoyo en los elementos de la causa (escritos constitutivos de la litis, prueba documental, testimonial y pericial contable)- declaró no acreditada la vinculación laboral. A tal efecto, aclaró que la declaración testimonial ofrecida por el legitimado activo -por los motivos que indicó- no fue idónea para formar convicción al respecto.
Desde esa perspectiva, se advierte que -en definitiva- la argumentación del recurrente se disipa en un reproche que tan sólo traduce una mera discrepancia subjetiva con el criterio seguido por el juzgador de grado y, en ese derrotero, no logra demostrar que medie error en el modo como resolvió la controversia, método que, sabido es, resulta insuficiente para demostrar la concurrencia del endilgado vicio invalidante (cfr. doctr. causas L. 116.825, "Narváez", sent. de 6-11-2013 y L. 116.975, "Kilimik", sent. de 27-8-2014).
De igual modo, en nada mejora la suerte adversa de la impugnación la implicancia que pretende extraer de las posiciones absueltas en rebeldía por la demandada, pues como también lo ha plasmado esta Casación, los jueces del fuero laboral están facultados para tener por ciertos los hechos señalados en las posiciones en rebeldía, mas no están en modo alguno obligados a acceder -por la sola confesión ficta- automática o mecánicamente a las pretensiones deducidas (causas L. 124.704, "Ríos", resol. de 6-XI-2020; L. 125.056, "López", resol. de 2-III-2021 entre muchas otras y L. 126.954, "Aquino", resol. de 23-VIII-2021).
III.2. De igual modo deviene inatendible la objeción relativa a la imposición de las costas.
En efecto, dable es recordar que reiteradamente esta Suprema Corte ha declarado que esa tarea, así como distribución constituyen el ejercicio de una facultad privativa de los jueces de grado que no es susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, salvo absurdo, que se verifica cuando se ha alterado burdamente el carácter de vencido o existe iniquidad manifiesta en el criterio de distribución (causas L. 123.156, "Puzzolo", resol. de 4-III-2020; L. 127.932, "Naranjo", resol. de 23-II-2022 y L. 129.620, "Pereyra", resol. de 21-VI-2023), supuestos que no han sido siquiera denunciados, en tanto el agraviado sólo expresa en esta temática una mera discrepancia, de suyo insuficiente para concitar la revisión del extremo cuestionado.
Sentado ello, cabe añadir que el beneficio de gratuidad consagrado en la normativa laboral sólo puede beneficiar a quien logra demostrar, en un proceso determinado, la existencia de la relación laboral en base a la cual sustentó sus pretensiones (causas L. 111.789, "Di Lorenzo", resol. de 25-VIII-2010; L. 101.884, "Rando", sent. de 6-X-2010 y L. 109.701, "De la Fuente", sent. de 26-IX-2012 (causa L. 123.922, "Fernandez", cit.), circunstancia que -en el caso- no fue probada, subsistiendo firme -a tenor de lo dicho supra- tal decisión.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/09/2026 19:03:16 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 28/09/2026 11:06:07 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 05/10/2026 19:21:33 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/10/2026 18:27:19 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/10/2026 09:36:05 - KROTTER Juan Jose - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 21/10/2026 11:42:57 hs. bajo el número RR-2229-2026 por KROTTER JUAN JOSE.
Fin de la sentencia