Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 132396
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 132.396, "Covas, María del Carmen contra Fundación Médica de Bahía Blanca. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, rechazó la acción deducida, imponiendo las costas a la parte actora (v. vered. y sent. de fecha 22-III-2024).
Se interpusieron, por esta última, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 4-IV-2024).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de fecha 7-II-2025), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente desestimó la demanda promovida por María del Carmen Covas contra Fundación Médica de Bahía Blanca, mediante la cual perseguía el cobro de haberes adeudados, vacaciones no gozadas y sueldo anual complementario, así como de las indemnizaciones derivadas del despido, con más los incrementos previstos en las leyes 24.013 y 25.323, la sanción establecida en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y la suma que especificó en concepto de daños y perjuicios (v. vered. y sent. de fecha 22-III-2024).
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de nulidad en el que denuncia violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial y 18 de la Constitución nacional (v. presentación electrónica de fecha 4-IV-2024).
En sustancia, plantea que el fallo no satisface las exigencias previstas en el citado art. 168, toda vez que el órgano de grado incumplió con la formalidad de acuerdo y voto individual de los jueces y, por ello, el pronunciamiento carece de la necesaria mayoría de opiniones, tornándose nulo.
Explica que la sentencia fue dictada el 21 de marzo de 2024 —conforme surge de la Mesa de Entradas Virtual— y que en esa fecha no contaba con la firma de una de las magistradas intervinientes —doctora Germano—, quien la suscribió recién al día siguiente, al igual que lo hizo el secretario del tribunal.
En tal sentido, aduce que la referida jueza no pudo expresar su voluntad para lograr la mayoría en el veredicto y en la sentencia al haber emitido su voto con posterioridad al pronunciamiento definitivo.
III. En coincidencia con lo dictaminado por el señor Procurador General (v. dictamen de fecha 7-II-2025), el recurso no puede prosperar.
III.1. Dable es recordar que el recurso extraordinario de nulidad solo puede fundarse en la omisión de tratamiento de cuestiones esenciales, en la carencia de fundamentación legal, en la inobservancia de la forma de acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de mayoría de opiniones en la decisión (arts. 168 y 171, Const. prov.; causas L. 122.013, "Vitale", sent. de 4-III-2020; L. 123.216, "Bravo", sent. de 9-IX-2021; L. 125.466, "Fraccaro", sent. de 3-V-2023; L. 131.546, "Mendoza", sent. de 1-IX-2025; e.o.).
III.2. Sentado ello, como he anticipado, el embate no merece recepción.
III.2.a. Liminarmente, cabe advertir que según surge de las constancias digitales obrantes en la causa, el pronunciamiento cuenta con el voto individual de los jueces integrantes del tribunal de trabajo y sus respectivas firmas electrónicas, las que fueron efectuadas —tal como el impugnante refiere— por dos de las magistradas el 21 de marzo de 2024 y por la restante jueza y el secretario del órgano al día siguiente.
En ese contexto, no se configura la irregularidad denunciada toda vez que, conforme la reglamentación vigente, las resoluciones y sentencias judiciales que requieran de la suscripción de dos o más magistrados se tendrán por perfeccionadas en la fecha y hora del último o del secretario, si correspondiere (art. 7, Anexo, Ac. 3975/20, SCBA), tal como acontece en la presente causa.
Lo expuesto conduce a desestimar este tramo de la crítica siendo que la sentencia de grado cumple con las formalidades del acuerdo previo, voto individual de los jueces integrantes y la conformación de la necesaria mayoría de opiniones.
III.2.b. Por otro lado, y más allá de su orfandad argumental, no es acertada la invocada violación del art. 171 de la Constitución local, desde que dicho precepto solo se infringe cuando el pronunciamiento carece de toda fundamentación jurídica, de suerte que aquel aparezca sin otro sustento válido que el mero arbitrio del juzgador (causas L. 120.627, "Viñau", sent. de 31-VIII-2021; L. 126.814, "Fernández", sent. de 5-V-2022; L. 122.208, "León", sent. de 9-VIII-2022; L. 129.187, "Gramajo", sent. de 27-III-2025; e.o.), hipótesis que no concurre en la especie.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de nulidad, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Soria y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora denuncia absurdo y arbitrariedad en la valoración de la prueba, violación de los arts. 14, 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 6, 12, 26, 55, 156, 231, 232, 233, 245, 260 y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo; 666 bis del Código Civil; de los decretos 6.732/87 y 1.433/05; de las leyes 11.653, 25.323, 25.345, 25.561 y 25.972; y de la doctrina legal que cita (v. escrito electrónico de 4-IV-2024).
I.1. Objeta por absurda la conclusión de la mayoría del órgano de grado que declaró no probada la existencia de un contrato de trabajo entre las partes.
Refiere que el correcto, pormenorizado y destacado análisis efectuado en el voto minoritario evidencia la relación laboral invocada por su parte.
Critica que la opinión mayoritaria fundara el rechazo de la demanda en la supuesta falta de reclamo anterior por parte de la actora. Afirma que el hecho de que un trabajador no requiera el reconocimiento de sus derechos en el marco de una relación de trabajo no registrada no puede considerarse como un elemento determinante para resolver la inexistencia de un vínculo laboral, ni implica que el empleado acepte o convalide una situación ilegal.
Postula que, contrariamente a lo sostenido en el fallo impugnado, surge de las pruebas pericial contable y testimonial que la fundación demandada era la encargada de la organización y coordinación del servicio de neonatología del hospital (v.gr. materiales, enfermeros, médicos de guardia) bajo su propio riesgo, y que ninguna injerencia tenía la actora, quien simplemente detentaba el cargo de "Jefa del Servicio de Internación Conjunta". Agrega que el señor Alda —su esposo— fue "Jefe del Servicio de Neonatología" desde el 2012 hasta el 2021, habiéndose consignado en el voto mayoritario fechas y períodos erróneos.
Sostiene que, a diferencia del resto de los profesionales que integraban el staff médico, la señora Covas era la única que no cobraba un salario y cuya relación no estaba registrada. Enfatiza que deviene absurdo considerar que la accionante podía tener un acuerdo distinto a los otros profesionales médicos, a pesar de ocupar un cargo en el mismo servicio.
En dicha línea, aduce que acreditada la prestación de tareas en las mismas condiciones que lo hacían otros médicos, debió presumirse la existencia del contrato de trabajo, estando a cargo de la demandada demostrar que la vinculación con su parte obedecía a otro tipo de "acuerdo" que la diferenciaba del resto.
De este modo, afirma que el sentenciante invirtió la carga probatoria en perjuicio de la trabajadora, sin argumentos que justifiquen el apartamiento de la presunción establecida en el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, en tanto la demandada no aportó prueba idónea a los fines de evidenciar que su parte hubiera actuado como médica en forma autónoma o que asumiera el riesgo por los actos médicos que cumplía para ella.
Por otra parte, objeta la valoración de la prueba testimonial efectuada en el voto mayoritario, pues —refiere— algunas de las conclusiones que extrajeron de las declaraciones recibidas no se condicen con lo dicho por los testigos, mientras que otras, se desentienden del resto de las constancias probatorias obrantes en autos.
Analiza luego cada una de las declaraciones testimoniales, expresando las consideraciones por las que entiende que —a contrario de lo dicho en la sentencia— de su correcta apreciación surge que la relación que existió entre las partes fue la invocada al demandar.
Argumenta que fueron acreditados todos los elementos que caracterizan una relación laboral de dependencia.
Sostiene que verificado que la relación que unía a los otros profesionales médicos (Alda, Medina y Quintana) con la fundación accionada no era diferente a la que mantuvo la señora Covas, resultaba aplicable lo dispuesto en el decreto provincial 6.732/87.
Por último, indica que resulta inaplicable el antecedente "Cairone" de la Corte Suprema nacional, desde que las circunstancias constatadas en autos no pueden asimilarse a los presupuestos fácticos tenidos en cuenta en el referido precedente.
I.2. Desde otroángulo, se agravia de la imposición de costas a la actora, por considerar que en el caso existen razones suficientes para imponerlas por su orden, o con el beneficio de gratuidad.
Argumenta que la accionante actuó sobre la base de una convicción razonable acerca de la existencia de una relación laboral y que tal ha sido la razonabilidad del reclamo que en el voto minoritario se consideró acreditado el vínculo de trabajo invocado.
Añade que convalidar dicha decisión implicaría que aquellos trabajadores convencidos de que le asiste razón para reclamar sus derechos se abstengan de efectuar reclamos por temor a las consecuencias económicas en caso de ser rechazada su pretensión, resultando vulnerado el acceso a la justicia tutelado por la Constitución nacional.
I.3. Postula que la regulación de honorarios efectuada transgrede lo dispuesto en los arts. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo y 730 del Código Civil y Comercial, en tanto conforme la liquidación practicada por el actuario, aquella supera el 25% del monto reclamado en demanda.
I.4. Finalmente, expone las circunstancias por las cuales considera que una de las magistradas incumplió con su deber de excusarse, solicitando que esta Suprema Corte tome las medidas que estime correspondan.
II. El recurso prospera parcialmente.
II.1. De la lectura del veredicto dictado por el tribunal de origen surge que la jueza cuyo voto concitó la mayoría —doctora González Pardo— al evaluar las circunstancias del caso, sostuvo que —por razones de celeridad— haría propio el relato de los antecedentes expuesto y de las pruebas citadas por la magistrada que inauguró el acuerdo. Sin embargo, indicó que su interpretación de los hechos y elementos probatorios resultaba diferente al que hiciera su colega preopinante.
En ese orden, expuso distintos conceptos y características que permitían diferenciar entre el trabajo subordinado y el autónomo. Seguidamente, enumeró las premisas que a su criterio debían tenerse en cuenta a los fines de dilucidar la contienda, con apoyo en diversos precedentes de esta Suprema Corte, de la Corte nacional y de otros tribunales de justicia.
Sentado lo anterior, se dispuso a analizar si la accionante había mantenido una relación de dependencia con la demandada o bien había prestado tareas en el marco de una locación de servicios.
Destacó que la señora Covas no hubo de reclamar derecho laboral alguno sino hasta luego de haber obtenido la jubilación y que el conflicto ahora invocado surgió cuando la Fundación Médica de Bahía Blanca asumió la explotación del Hospital Privado del Sur. Indicó que lo expuesto en la pericia contable respecto a la ausencia de registración de la actora en los libros y documentación laboral de la contraria, resultaba coincidente con la postura de la demandada en cuanto al contrato civil alegado.
Tuvo por verificado que la accionante organizó y coordinó el servicio de neonatología de la aludida institución, siendo el señor Alda —su esposo— el jefe del mismo hasta el año 2012, quien era remunerado "por sueldo y honorarios". Expresó que nada aportaba el hecho de que algunos profesionales del hospital fueran dependientes y otros autónomos, pues dicha situación no implicaba "per se" que existiera el mismo acuerdo entre la actora y la fundación demandada.
Ponderó que las declaraciones testimoniales resultaron coincidentes en cuanto a que la demandante no cobraba un salario, no estaba sujeta a órdenes o instrucciones, disponía de su tiempo, decidía sus vacaciones y que atendía en consultorios externos. También que los integrantes del equipo de neonatología eran médicos liberales que facturaban a la Asociación Médica de Bahía Blanca y que la señora Covas, al igual que los restantes profesionales, presentaba las prestaciones brindadas y la aludida asociación gestionaba el cobro a las obras sociales y liquidaba los honorarios a los matriculados (Covas, Alda, Giuliano), cuya distribución no era igualitaria.
Sostuvo que la prueba adquirida en la causa le generaba convicción en orden a que entre las partes no había existido una relación laboral dependiente, toda vez que no se verificaban en autos las notas típicas de dependencia técnica, económica y jurídica. Destacó que reforzaba su conclusión lo manifestado por los testigos respecto al modo en que era cubierto el servicio mientras la señora Covas atendía en consultorios externos, atento que la prestación no era intuitu personae.
Concluyó que la forma en que se insertaba la doctora Covas en el servicio de neonatología, la facturación por su labor, el hecho de que no estuviera sujeta a órdenes o instrucciones y que no efectuara reclamo alguno de índole laboral a lo largo de más de cuarenta años, implicaban —a su entender— su consentimiento a la situación de trabajo autónomo e independiente invocada por la demandada.
Resolvió entonces —por mayoría— que debía desestimarse íntegramente la demanda e imponerse las costas a la parte actora vencida (art. 19, ley 11.653 de aplicación al caso), sin el beneficio de gratuidad estatuido en el art. 22 de la ley adjetiva —ello, señaló, sin perjuicio de la solidaridad de la accionada en el pago de honorarios del perito contador— y reguló los estipendios de los profesionales que actuaron en el proceso —según dijo— bajo las pautas establecidas por la ley 14.967 y el art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. ley 24.432).
II.2. Los argumentos expuestos por la recurrente no logran conmover lo resuelto por el órgano judicial de origen.
II.2.a. Es doctrina de esta Suprema Corte que la evaluación del material probatorio, como la determinación de las circunstancias fácticas que en cada caso concurren para establecer si entre las partes medió —o no— un contrato de trabajo, corresponde privativamente a los magistrados de los tribunales de trabajo, siendo su decisión irrevisable en esta Sede extraordinaria salvo la demostración de absurdo (causas L. 120.468, "Ferreyro", sent. de 18-VIII-2020; L. 122.549, "Armanino", sent. de 26-V-2021; L. 124.828, "Rodríguez", sent. de 6-XII-2021; L. 132.969, "Nivayuolo", sent. de 26-V-2026; e.o.).
II.2.b. Bajo tales premisas, la impugnación resulta insuficiente.
En efecto, la interesada se limita a oponer a las conclusiones sentadas por el tribunal su propia interpretación —naturalmente, favorable a sus intereses— sobre los hechos y las pruebas de la causa, ignorando que la mera exhibición de un criterio discrepante, o la crítica basada solo en razones de preferencia o conveniencia personal (causas L. 122.965, "Juárez", sent. de 23-II-2021; L. 127.967, "Paguegui", sent. de 18-IX-2023; L. 127.960, "Nebelung", sent. de 3-VI-2024; e.o.) distan, en mucho, de constituir una vía idónea para demostrar el absurdo.
En este sentido, a través de una crítica fragmentaria de las motivaciones que dieron sustento al fallo, solo expone su propio criterio respecto al modo en que debieron evaluarse los elementos de juicio que indica —y que fueran ponderados en el fallo, aunque con un alcance distinto al aquí pretendido— sin lograr descalificar el razonamiento que condujo al sentenciante a la decisión que impugna.
En cuanto a los cuestionamientos que esgrime respecto a la ponderación de las declaraciones brindadas en la audiencia de vista de la causa, cabe precisar que la valoración de la prueba testimonial queda reservada a los jueces de grado, quienes gozan de amplias atribuciones en razón del sistema de "apreciación en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones (causas L. 125.848, "Fernández", sent. de 22-XII-2022; L. 128.642, "Municipalidad de San Cayetano", sent. de 27-II-2024; L. 131.241, "Copetro Sociedad Colectiva", sent. de 19-XII-2025; e.o.). En este marco, el disenso que plantea la compareciente en torno a las conclusiones que extrajo el sentenciante de las declaraciones testimoniales, permanece en el plano de su disconformidad y disentimiento personal que no satisface una réplica susceptible de modificar lo resuelto.
Luego, en el contexto probatorio de la causa cuyo análisis integral llevó al tribunal a rechazar la tesis de la actora, se advierte que la interesada solo expone una serie de argumentos que en verdad pretenden apoyarse en su subjetiva versión sobre los hechos y de cómo —a su criterio— debieron apreciarse las pruebas, en una estructura de razonamiento que traduce el mero intento de disputarle al juzgador de origen el uso de facultades que por regla le son privativas, técnica reiteradamente calificada como inhábil para evidenciar el vicio de absurdo (causas L. 122.554, "Marinado", sent. de 9-II-2021 y L. 126.591, "D'Onofrio", sent. de 27-III-2023).
Resta indicar que en nada varía la suerte del recurso lo argumentado por el recurrente sobre el precedente "Cairone" de la Corte Suprema nacional, en tanto fue citado por el órgano de grado, entre otros, al enumerar ciertas premisas que —a su criterio— debían considerarse para resolver la controversia planteada.
Corresponde recordar una vez más, que no constituye absurdo cualquier error o la aplicación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente, sino que se requiere algo más: el error grave y manifiesto que conduzca a conclusiones claramente insostenibles o inconciliables con las constancias de la causa (causas L. 126.343, "Arias", sent. de 10-VII-2023; L. 127.755, "Herrera", sent. de 3-VI-2024; L. 128.835, "López", sent. de 9-VIII-2024; e.o.), extremo que como —se dijo— no evidencia el quejoso.
Para más, la selección y ponderación de la prueba es una facultad privativa de los jueces de mérito, quienes pueden preferir unos elementos de convicción a otros, sin que sea necesario que se refieran a todos los producidos, bastando que lo hagan respecto a los que consideren relevantes al cumplimiento de su labor axiológica (causas L. 125.955, "Claramunt", sent. de 3-XI-2022; L. 129.635, "Cabaretta", sent. de 3-VI-2024 y L. 131.343, "Fratelli", sent. de 15-IV-2025).
II.3. En nada mejora la suerte del recurso la impugnación emparentada con la pretendida aplicación de la presunción contemplada en el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo (en la versión vigente al momento del dictado del fallo, anterior a la ley 27.742) y la evocada inversión de la carga de la prueba.
Esta Corte tiene dicho que queda desvirtuada la presun
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