Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 130895
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 130.895, "Fernández, Hilda Noemí contra Ozuna, José Antonio. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Budiño.
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. vered. y sent. de fecha 6-IX-2022 y aclaratoria de fecha 6-III-2023).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica del día 26-IX-2022).
Dictada la providencia de autos, conferidos los traslados a las partes respecto de la entrada en vigencia de la ley 27.802, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal interviniente hizo lugar a la demanda promovida por Hilda Noemi Fernández y condenó a José Antonio Ozuna al pago de la suma que indicó en concepto de diferencias salariales, vacaciones no gozadas, indemnización por antigüedad, sustitutiva de preaviso e integración del mes de despido, y los resarcimientos previstos en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345); así como a la entrega de los certificados contemplados en el último precepto citado (v. vered. y sent. de fecha 6-IX-2022 y aclaratoria de fecha 6-III-2023).
En lo que es motivo de impugnación e interesa para la resolución de la litis, el sentenciante rechazó la solicitud de aplicación de intereses según la tasa activa contenida en la demanda, con cita de lo resuelto por esta Corte en las causas que identificó como "Abraham" y "Zócaro", y, en consecuencia, declaró la inconstitucionalidad del art. 48 de la ley 11.653, modificado por la ley 14.399.
En dicha línea, consideró adecuado que al capital de condena se apliquen intereses desde que cada suma era debida a la tasa más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días, conforme aquellas vigentes en los distintos períodos de aplicación, hasta el efectivo pago. Citó en sustento de su postura la causa L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016).
Seguidamente, en lo relativo al planteo de inconstitucionalidad de los arts. 4 y 5 de la ley 25.561, dispuso su rechazo con sustento en la doctrina legal que —sostuvo— emerge del precedente L. 93.185, "Miloslavich" (sent. de 23-VII-2008), el que —destacó— resulta vinculante para los jueces de la Provincia de Buenos Aires.
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 26-IX-2022).
II.1. Inicialmente, en lo atinente a la admisibilidad del medio de impugnación, sin perjuicio de afirmar que el valor de lo cuestionado supera el monto mínimo para recurrir previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, sostiene que, encontrándose en debate una cuestión federal, las formalidades procesales que regulan los recursos extraordinarios locales no pueden vedar el acceso a esta Corte a fin de que resuelva la cuestión constitucional planteada (v. rec., pág. 2).
II.2. Luego, en lo medular de su crítica, se agravia de la tasa de interés aplicada por el órgano de origen al capital de condena.
En ese orden, denuncia violada la doctrina de esta Corte que —según diversos pronunciamientos que cita—, sostuvo que, en épocas de inflación o hiperinflación "El aumento nominal de las deudas en función de los índices oficiales correctores de la depreciación monetaria no las torna más onerosas en su origen, sino que tan sólo mantiene su valor económico real frente al envilecimiento de la moneda" (v. rec., pág. 5).
Refiere que los importes de condena fijados en el fallo de origen, sin ningún tipo de actualización monetaria y con intereses que califica de "irrisorios", vulneran el derecho de propiedad del trabajador, sujeto de preferente tutela constitucional.
Seguidamente, con el objeto de evidenciar la aludida quita ilegal del patrimonio de este último, efectúa una liquidación en la que actualiza el crédito de acuerdo a la variación del ius arancelario, detallando la suma que en dicho concepto representaba el capital de condena a la fecha del distracto abril de 2015, y la que tal representación arrojaría considerando un valor de aquella variable próximo a la fecha de la condena. Adiciona al total arribado, una tasa de interés puro del 6% anual (v. rec., pág. 6).
Aduce que, en el actual contexto económico, pretender la aplicación de las leyes 23.928 y 25.561 constituye un inimaginable despropósito que convierte el tránsito por los estrados judiciales en un sitio para sufrir despojos, pues tales normas —enfatiza— han devenido manifiestamente inconstitucionales al arrasar con los derechos sociales reconocidos por los arts. 14 bis, 16, 17, 18 y 31 de la Constitución nacional.
Postula que la verdadera y única doctrina legal aplicable es la emanada de este Tribunal provincial en épocas inflacionarias, y no aquella absurdamente indicada en la sentencia de grado, solo prevista para remotos períodos de estabilidad económica.
En línea con lo expuesto, reitera el planteo de inconstitucionalidad de las referidas leyes, y que, de conformidad con el expreso pedido efectuado en la demanda, se ordene la actualización monetaria de la totalidad de los rubros de condena, conforme la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), o bien cualquier otro de similares características.
Indica que tal decisión fue admitida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en procesos económicos análogos que identifica.
Continúa señalando que la condena que omite la actualización monetaria importa una inadmisible licuación de gran parte del crédito del trabajador, siendo que las tasas de interés nunca compensan la alta inflación que padece nuestro país.
Afirma que lo reclamado en las presentes actuaciones constituye una inequívoca deuda de valor en los términos de los arts. 772 del Código Civil y Comercial de la Nación y 103 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Insiste en que la actualización pretendida no afecta el derecho de propiedad de los deudores, pues la única consecuencia es que las prestaciones adeudadas sean abonadas sin pérdida de valor adquisitivo de la moneda, cuando, como en el presente caso, los hechos ocurrieron hace más de siete años.
Señala que "la arcaica prohibición de actualizar ha sido superada por los acontecimientos y tácitamente derogada por las leyes 25.713, 26.417, 26.773, 26.844 y 27.271, entre muchas otras" (v. rec., pág. 15). A tal fin, remite a la disposición contenida en el art. 17 de la ley 26.773 que dispone la actualización de las prestaciones dinerarias por incapacidad permanente previstas por la ley 24.557 y sus modificatorias, conforme el índice de Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estatales (RIPTE) y al art. 70 de la ley 26.844, que establece que los créditos provenientes de relaciones laborales reguladas por dicha ley deberán mantener su valor conforme establezca el tribunal competente.
Postula que, en razón del principio constitucional de igualdad ante la ley, dichas normas resultan indiscutiblemente aplicables a todo crédito de naturaleza laboral.
Por último, solicita que "eventualmente" se ordene la debida capitalización de los intereses de condena conforme lo previsto en el art. 770 del Código Civil y Comercial de la Nación, norma que —aduce— omitió aplicar el juzgador de grado, pese a que resulta de aplicación al caso por tratarse de una cuestión de derecho, sin que sea necesaria una petición previa.
II.3. Luego, al evacuar el traslado conferido a ambas partes respecto de la entrada en vigencia de la ley 27.802 (v. proveído de fecha 17-III-2026), la aquí recurrente plantea la invalidez constitucional de los arts. 55 y 56 de dicho plexo normativo por considerar que vulneran los principios y derechos consagrados en los arts. 14, 14 bis, 16 y 17 de la Constitución nacional (v. presentación electrónica de fecha 31-III-2026).
Sostiene que la disposición que contempla un piso mínimo del 67% del importe que resultaría de actualizar el capital conforme la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con más una tasa del 3% anual, conduce a una pérdida de una parte sustancial del valor del crédito en beneficio del deudor incumplidor.
Agrega que tal precepto conculca el principio de igualdad ante la ley al introducir una distinción irrazonable de trato entre los sujetos que —afirma— se encuentran en una misma situación jurídica por ser titulares de créditos laborales impagos.
Sustenta su postura en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que transcribe.
III. Corresponde —seguidamente— dar tratamiento a los planteos esgrimidos.
III.1. Liminarmente, cabe señalar que, verificándose en la especie que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria supera el umbral establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, pierde virtualidad el análisis de las argumentaciones por conducto de las cuales la recurrente pretende poner en tela de juicio el recaudo de admisibilidad fundado en la cuantía económica del asunto.
Ello, sin perjuicio de dejar debidamente aclarado que esta Suprema Corte ha señalado en reiteradas ocasiones que las limitaciones establecidas por los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653 —aplicable a la época de interposición del remedio bajo estudio— en cuanto al valor del litigio para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, no vulneran derechos o garantías constitucionales, desde que no obstan su deducción, sino que lo condicionan a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa, sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio. Tampoco impiden a los litigantes ser oídos con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial (causas L. 117.612, "Aranda", sent. de 17-IX-2014; L. 123.368, "Hurtado", sent. de 22-IX-2021 y L. 121.260, "Lazarte", sent. de 12-IV-2021).
III.2. Sentado lo anterior, en lo que interesa para resolver el agravio dirigido a cuestionar la tasa de interés aplicada y a peticionar el mantenimiento del valor adquisitivo del crédito, considero pertinente efectuar una reseña de las constancias que estimo relevantes.
III.2.a. En el escrito introductorio la parte actora solicitó la invalidez constitucional de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928; 4 de la ley 25.561; 5 del decreto 214/02 y —según indicó— de todas las normas que prohíben la indexación de créditos (v. fs. 27 vta./29 vta.).
En lo esencial, argumentó que las referidas disposiciones arrasan arbitrariamente con el derecho de propiedad, de igualdad ante la ley y del debido proceso garantizados por la Constitución nacional.
Apuntó que no deben perderse de vista diversos factores de la actual realidad económica —tales como el lamentable e irreversible proceso inflacionario desatado desde el dictado de la ley 25.561, la prohibición legal de actualizar prevista en la normativa mencionada, y las demoras procesales propias de la complejidad de las cuestiones que motivan los litigios— que provocan inevitablemente la licuación y evaporación de cualquier rubro de condena, de entenderse que fue peticionado a valores nominales.
A continuación, solicitó —de conformidad con lo antes expuesto— la actualización monetaria de todos los rubros reclamados, conforme la variación que experimente el IPC o cualquier otro de similares características (v. fs. 30/35).
Fundó tal pedido en el proceso inflacionario existente que provoca —según dijo— la permanente pérdida del poder adquisitivo de nuestro signo monetario, en perjuicio del derecho constitucional de propiedad de los acreedores.
Indicó que la normativa propia de otro contexto económico —en referencia a las leyes cuya inconstitucionalidad pretende— fue superada y tácitamente derogada por la ley 26.773 y por el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares (ley 26.884), que prevén mecanismos de actualización, que, en razón del principio constitucional de igualdad ante la ley, resultan aplicables a todo crédito de naturaleza laboral.
Concluyó que no es posible mantener el nominalismo para los sectores más débiles de las relaciones económicas, en flagrante violación de los pactos internacionales que se comprometen al desarrollo de los derechos humanos y sociales, instituyendo el principio de progresividad por encima de las leyes y al mismo nivel que el resto de las normas constitucionales.
Por todo lo expuesto, solicitó la invalidez constitucional de las leyes mencionadas y la actualización del monto de condena.
III.2.b. Oportunamente, el demandado José Antonio Ozuna, contestó la acción entablada e impugnó la liquidación practicada, guardando silencio ante los pedidos de indexación y actualización de los créditos reclamados (v. fs. 93/94 vta.).
III.2.c. En la etapa de sentencia, el órgano de origen —tal como se reseñó en los antecedentes— estableció los montos de los conceptos salariales e indemnizatorios integrantes de la condena a valores históricos, y dispuso la aplicación de intereses moratorios desde que cada suma fue debida según la tasa más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días.
Asimismo, con sustento en la doctrina legal de esta Corte que individualizó, descartó el planteo de inconstitucionalidad de las leyes que prohíben la indexación.
Finalmente, ante el traslado conferido a ambas partes en fecha 17 de marzo de 2026, la parte actora recurrente plantea la inconstitucionalidad de los arts. 55 y 56 de la ley 27.802.
III.3. Reseñados los antecedentes relevantes para decidir, corresponde ingresar en el tratamiento de los planteos sometidos a estudio.
III.4. En el caso, la tacha de inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928, texto según ley 25.561, ha perdido virtualidad en su tratamiento en atención a la sanción de la ley 27.802 (B.O. de 6-III-2026; art. 217). Ello así, pues, siguiendo los lineamientos trazados por esta Suprema Corte en el antecedente registrado como C. 124.096, "Barrios" (sent. de 17-IV-2024), en el que presté mi adhesión a la opinión de mi distinguido colega doctor Soria, en la hipótesis de que la ley sea portadora de un método o sistema de actualización, como sucede en autos, corresponde —por regla— dirimir la problemática conforme sus prescripciones (v. mi voto en la causa L. 132.729, "Galarza", sent. de 30-III-2026 y lo resuelto recientemente por esta Suprema Corte en el caso registrado como L. 139.012, "Vera", sent. de 24-IX-2026).
De modo que no cabe ingresar en el abordaje de dicho planteo, toda vez que —según tiene establecido este Tribunal— resulta impropio de la judicatura el dictado de pronunciamientos abstractos (causas L. 110.244, "Gallo", sent. de 21-II-2013; L. 118.773, "Fernández", sent. de 12-IV-2017; L. 121.634, "Armada", sent. de 2-XI-2020; L. 127.967, "Paguegui", sent. de 18-IX-2023; e.o.).
III.4.a. La referida ley 27.802 introduce modificaciones, entre otras leyes, en la Ley de Contrato de Trabajo, y —en lo que aquí ahora interesa— corresponde señalar que el art. 54 sustituye el art. 276 de la ley 20.744 (t.o.) y el art. 55 regula, a renglón seguido, la actualización de los créditos en los juicios en trámite.
El primero de los preceptos mencionados establece que la repotenciación de las acreencias se realizará según la variación que resulte del IPC —Nivel General, elaborado por el INDEC—, con más una tasa de interés del 3% anual, desde que cada suma sea debida y hasta el momento del efectivo pago.
Se trata de una norma posterior y especial, que desplaza a la ley 23.928 (modif. por ley 25.561) en cuanto a la prohibición de indexar, sin perjuicio de los antecedentes normativos que establecieron excepciones expresas. Me remito al respecto, por razones de brevedad, a las menciones efectuadas por mi distinguido colega doctor Soria en los puntos V.6.c.i., V.6.c.ii. y V.6.c.iii. de su voto en el citado precedente "Barrios".
Seguidamente, el mencionado art. 55 dice textualmente que "En los juicios en trámite y aún pendientes de sentencia definitiva, a la fecha de la entrada en vigencia de la presente ley, incluidos los recursos de queja que se encuentren pendientes de resolución, los créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo serán actualizados en base a los siguientes criterios:
a) A través de la aplicación de intereses moratorios ajustados a la tasa pasiva determinada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) a estos fines para el período correspondiente;
b) En ningún caso el resultado, aplicando las pautas del inciso a) del presente artículo, podrá ser superior al importe derivado de adicionar al capital histórico la suma resultante de la aplicación sobre el mismo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) suministrado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) con más una tasa de interés del tres por ciento (3%) anual;
c) El valor resultante no podrá ser inferior al sesenta y siete por ciento (67%) del cálculo obtenido al aplicar las pautas del inciso b) del presente artículo.
Las disposiciones del presente artículo son de orden público y serán aplicadas por los jueces o por la autoridad administrativa, de oficio o a petición de parte, incluso en los casos de concurso del deudor, así como también después de la declaración de quiebra".
III.4.b. La aquí recurrente al evacuar la vista que le fue conferida sobre este último precepto no formula reparos en cuanto a su aplicabilidad al caso, sino que —como se vio— se ciñe a cuestionar su validez constitucional. Por su lado, la parte demandada guardó silencio al traslado.
Sin perjuicio de ello, me parece relevante dejar sentado que la lectura del precepto autoriza a inferir que, a partir de la vigencia de la nueva ley (esto es, el 6-III-2026) en los juicios en trámite, los créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo quedan sujetos al mecanismo de actualización dispuesto en el inc. "a", con el límite o tope previsto en el inc. "b", y el piso mínimo descripto en el inc. "c". Luego, el último párrafo del precepto refiere el carácter de orden público de la disposición, determinado que los magistrados pueden aplicarlo de oficio o a petición de parte.
El mencionado art. 55 de la ley 27.802, en cuanto se destina a regular el mecanismo de actualización de los créditos laborales reclamados en los procesos pendientes constituye una norma que tiene proyección temporal hacia el pasado (art. 7 segundo párr., Cód. Civ. y Com.) y carácter transitorio.
III.5. Zanjada esa cuestión, cabe responder el interrogante acerca de si la norma resulta constitucional —o no— a la luz de su contenido, en el marco de los agravios traídos por la parte actora impugnante.
No es ocioso recordar que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o decreto constituye una de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad institucional, considerado como ultima ratio del orden jurídico (causas L. 62.704, "Caamaño de Trincado", sent. de 29-IX-1998; L. 74.805, "Menéndez", sent. de 21-III-2001; Ac. 87.787, "C., S.", sent. de 15-III-2006 y L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014; CSJN Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:1062; 302:457 y 1.149; 303:1708; 324:920 y 335:2333; e.o.). De allí que la alegación de un supuesto de aquellaín
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