Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 136631
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar a la queja traída, y dejar sin efecto, con el alcance aludido, la denegatoria de 16 de julio de 2025 (arts. 292, CPCC y 89, ley 15.057; y Acordada 1.790, Resol. 24/20 y Resol. 1.840/24).
I. En el caso, el Tribunal de Trabajo n° 5 con asiento en la ciudad de Lanús, perteneciente al Departamento Judicial de Avellaneda - Lanús, en lo que aquí interesa destacar, condenó a Congregación Misionera Mariana del Espíritu Santo a abonarle a María Victoria Aveggio la suma que especificó en concepto de indemnización por despido y otros rubros de naturaleza laboral, monto al que actualizó y adicionó intereses (v. sent. de 31-III-2025).
II. Contra dicha decisión, la legitimada pasiva interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 11-VI-2025), ocasión en que alegó encontrarse imposibilitada de cumplir con el depósito previo a recurrir establecido en el art. 83 de la ley 15.057. A tal fin, invocó el precedente emanado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re : "Troche Báez, Prostacio c. Salvador Olivadese e Hijos S.R.L.", y ofreció prueba de informes a tal fin. Luego, denunció que su parte se encuentra exenta del pago de tasas judiciales por estar incluida en el art. 330 inc. 4 del Código Fiscal -ley 10.397- (v. acápite VI. del escrito recursivo).
III. El a quo , a su turno, denegó la mencionada impugnación con sustento en la insuficiencia del valor del litigio y en atención a que el decisorio emitido puesto en tela de juicio no viola la doctrina legal de la Suprema Corte, sino que toma en consideración los lineamientos sentados en los autos: "Barrios, Héctor Francisco y otra c/ Lascano, Sandra Beatriz y otra s/ Daños Y Perjuicios" la que, especificó, resulta doctrina legal vigente (v. resol. de 16-VII-2025), lo que motivó la articulación de la queja en tratamiento (art. 292, CPCC; v. escrito electrónico de 4-VIII-2025).
En la vía directa intentada ante estos estrados, la demandada denuncia que la resolución que resolvió sobre la admisibilidad del remedio extraordinario deducido, carece de sustento fáctico y jurídico, pues el Tribunal laboral no explicita, menciona ni examina el monto de la condena recurrida, limitándose a formular una conclusión que torna la decisión en arbitraria y que vulnera el derecho al recurso y a la tutela judicial efectiva. Asimismo, entiende que contradice la doctrina legal vigente y desconoce el carácter federal de la cuestión debatida.
IV. La queja prospera con el siguiente alcance.
IV.1. De inicio, sin perjuicio de las motivaciones dadas por el sentenciante de grado para denegar la impugnación traída, resulta excluyente en la especie memorar que esta Suprema Corte ha dicho que, en caso de sentencia condenatoria, el art. 83 de la ley 15.057 -aplicable a la fecha de interposición del recurso extraordinario, según Resol. 1.840/24- establece, como carga ineludible para la admisibilidad de los recursos extraordinarios, el depósito previo de capital, intereses y costas, cuya finalidad es la de asegurar al trabajador la posibilidad de hacer efectivo sin dilaciones su crédito, del que el fallo atacado constituye fuerte presunción favorable, y que el mencionado depósito debe ser integrado en término y en su totalidad, desde que los plazos otorgados para su cumplimiento son perentorios e improrrogables (causa L. 132.937, "Moreno", resol. de 27-IX-2024; L. 135.294, "Parra", resol. de 29-V-2025; L. 135332, "Páez", resol. de 4-VI-2025 y L. 133.437, "Cardón", resol. de 14-VII-2025; e.o.).
IV.2. Ahora bien, corresponde observar -para despejar equívocos- que, como se desprende de la detenida lectura de los antecedentes de la causa, que, al interponer el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, tal como se anticipó, la demandada alegó por un lado encontrar la imposibilidad económico-financiera de afrontar el depósito previo para recurrir, con el propósito de que se la dispense del pago de la mentada carga, ofreciendo prueba de ello (v. escrito de 11-VI-2025, acápite VI).
En este tránsito, no obstante que la circunstancia invocada -referida a la naturaleza de la entidad demandada, de institución religiosa y a las exenciones impositivas de que gozaría- no permite encuadrarla en ninguno de los supuestos que la citada norma ritual prevé para eximirla de la carga legal allí establecida (cfr. causas Ac. 88.682, "Fábregas", resol. de 10-III-2004; e.o.), se advierte que el a quo debió, y no lo hizo, expedirse en torno a la invocada imposibilidad de cumplimentarla. En tal sentido, esta Corte ha dicho, en torno a lo regulado en la norma procesal aludida, que la desproporcionada magnitud del monto con relación a la capacidad económica del impugnante y la falta comprobada e inculpable de los medios para afrontar dichas erogaciones, constituyen supuestos de excepción al mencionado dispositivo normativo (causas CSJN, "Troche Báez, Prostacio c/ Olivadese e Hijos S.R.L., Salvador", agosto, 26-1997; Ac. 101.291, "Nierez Duarte", resol. de 31-X-2007; Ac. 103.263, "Godoy", resol. de 16-IV-2008 y Ac. 103.497, "Porciuncula González", resol. de 3-IX-2008).
Así, el principio general que marca aquella norma ritual puede sufrir excepciones cuando el atacante demuestra cabalmente y sin ninguna hesitación la imposibilidad para efectuar el depósito de marras (causas Ac. 104.299, "Gómez", resol. de 8-X-2008; Ac. 103.497, cit. y L. 125.804, "Cattaneo", resol. de 26-V-2021).
IV.3.e En la especie, siendo que la recurrente alegó verse impedida de efectivizar la carga procesal impuesta en la citada norma y ofreció prueba para demostrarlo -tal como se referenció en los acápites precedentes-, y en atención a que el a quo soslayó sustanciarla a fin de acreditar la alegada imposibilidad según establece la doctrina legal de esta Corte, al no abrir a prueba el incidente (causas Ac. 94.115 "Maidana", res. de 9-VIII-2006; L. 105.908 "Bernardello", res. de 30-IX-2009; L. 111.240 "Cadorini Zampini", res. de 22-IX-2010; L. 116.373 "Dib", res. de 27-VI-2012; L. 118.891 "Palomeque", res. de 21-X-2015; entre otras muchas), corresponde -en este aspecto- hacer lugar a la queja traída, dejar sin efecto la denegatoria del recurso extraordinario articulado y devolver los autos al órgano de grado para que, nuevamente integrado, sustancie la prueba y decida, en consecuencia, lo que corresponda (causa L. 120.086, "Magallanes", resol. de 13-X-2016).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar a la queja traída, y dejar sin efecto, con el alcance aludido, la denegatoria de 16 de julio de 2025 (arts. 292, CPCC y 89, ley 15.057; y Acordada 1.790, Resol. 24/20 y Resol. 1.840/24).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. art. 1 acápite 3 "c", Resol. 10/20) y vuelvan los autos al tribunal de origen para que obre de conformidad con lo decidido.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/10/2026 22:30:02 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/10/2026 11:49:51 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 20/10/2026 15:07:03 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/11/2026 19:36:22 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/11/2026 08:45:43 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 03/11/2026 11:10:39 hs. bajo el número RR-2375-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia