Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131375
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, al recurso extraordinario de nulidad, en tanto el planteo en él introducido ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.) y disponer la anulación parcial del pronunciamiento de grado en cuanto omitió el tratamiento de la pretensión dirigida a obtener la documentación a la que alude el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (art. 298, CPCC).
Los autos se remiten al tribunal de origen a fin de que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento.
2Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC)
Los señores Jueces doctores Torres y Soria y la señora Jueza Budiño dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 perteneciente al Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar parcialmente a la demanda incoada por el señor Juan Alberto Córdoba y, en consecuencia, condenó al señor Enrique Pablo Ferullo a abonar la suma que especificó en concepto de vacaciones adeudadas, sueldo anual complementario de los períodos no prescriptos e indemnización del fondo de desempleo. Por el contrario, la desestimó en cuanto procuraba el pago de las indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de linaje laboral (v. pronunciamiento de fecha 9-II-2023).
Para así decidir, en lo que interesa destacar por constituir materia de agravios, juzgó injustificado el despido indirecto en que se colocó el trabajador en tanto no se acreditó que las comunicaciones de emplazamiento previas al distracto hubieran llegado a la esfera de conocimiento del empleador.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. presentaciones electrónicas de fecha 1-III-2023), los que fueron concedidos por el a quo (v. resolución del 14-III-2023), habiéndose conferido vista al señor Procurador General (v. dictamen electrónico de fecha 27-V-2024).
En el primero de los remedios mencionados el impugnante alega violación del art. 168 de la Constitución local.
En su presentación, plantea que el tribunal de origen omitió expedirse acerca de la entrega de las "constancias y certificado de trabajo" previstas en el art. 80 de la ley sustantiva laboral, cuya pretensión -afirma- fue incorporada en forma concreta en el escrito de demanda.
III. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el remedio interpuesto prospera con el siguiente alcance.
III.1.a. De modo liminar, corresponde señalar que la vía prevista en el art. 161 apartado 3 inc. "b" de la Constitución provincial sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. prov.; causas L. 121.026, "Autalan", resol. de 3-V-2018; L. 125.420, "Avit", resol. de 6-XI-2020; L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021 y 130.529, "Barrera", resol. de 9-VIII-2024).
Asimismo, conforme ha establecido esta Suprema Corte, constituyen cuestiones esenciales aquellos cuestionamientos que estructuran la traba de la litis y el esquema jurídico que la sentencia debe necesariamente atender para su validez (causas L. 120.303, "Muretta", sent. de 27-V-2020; L. 121.212, "Pardo", sent. de 9-XII-2020; L. 123.840, "Arrate", sent. de 10-II-2022 y L. 125.163, "Iramain", resol. de 17-V-2021; L. 128.770, "Di Levo", resol. de 22-XI-2022; L. 130.112, "Bianchi", resol. de 21-VI-2023 y L. 129.453, "Gaona", resol. de 9-VIII-2024).
III.1.b. Bajo esas directrices, es dable advertir que la entrega de los instrumentos a los que alude el art. 80 de la ley 20.744, fue sometido a conocimiento del tribunal interviniente en la etapa procesal oportuna, y también que, efectivamente, el a quo no abordó dicho planteo, sin que emerja del trazo lógico cristalizado en el fallo motivo que justifique tal inadvertencia.
En efecto, el sentenciante rechazó la sanción pecuniaria reclamada al amparo de la citada norma legal, más soslayó pronunciarse en torno al pedimento referido a la "obligación de hacer" concerniente a la extensión de la documentación prevista en aquel dispositivo.
En tales condiciones, se configura en la especie la omisión de tratamiento de una cuestión que reviste carácter esencial en los términos del art. 168 de la Constitución provincial, toda vez que la pretensión dirigida a obtener la documentación a la que alude el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, integró la estructura de la traba de la litis, conformando el esquema jurídico que el órgano de grado necesariamente debía atender para la correcta solución de la controversia.
No obsta a la decisión propuesta, la circunstancia de que el juzgador se haya expedido en torno a la multa prevista en el mismo dispositivo legal, pues lo aquí relevante es que ha excluido el tema concerniente a la extensión de la documentación requerida por descuido o inadvertencia (causas L. 86.280, "Stremiz", sent. de 14-XI-2007; L. 99.750, "Carabajal", sent. de 1-IX-2010; L. 111.174, "Covelo", sent. de 11-IX-2013; L. 124.430, "Puentes de integración S.R.L.", sent. de 23-II-2021 y L. 128.739, "Gomez", resol. de 10-XI-2022).
III.2. Por todo lo expuesto, corresponde admitir el remedio extraordinario de nulidad deducido con el alcance indicado, y, en consecuencia, anular parcialmente el pronunciamiento de grado en cuanto omitió el abordaje del planteo preterido (causas L. 80.137, "Garín", sent. de 6-IX-2006; L. 84.928, "Formigo", sent. de 19-IX-2007; L. 118.121, "Vega", sent. de 11-II-2016; L. 121.447, "Herrera", sent. de 26-V-2020 y L. 126.650, "Aranda", resol. 25-X-2021), debiendo el tribunal de origen, integrado con otros jueces, dictar nuevo pronunciamiento.
IV.1. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el recurrente denuncia absurdo, violación de las normas y doctrina legal que cita. Asimismo, plantea vulneración del principio de congruencia.
En esencia, por un lado, objeta la decisión del juzgador en cuanto rechazó la indemnización por despido, cuestionando la valoración de la prueba llevada a cabo al respecto, alegando que los telegramas remitidos a la empleadora previos a la rescisión del vínculo, fueron enviados al domicilio que surge de la documental aportada por su parte.
En ese sentido, plantea que no se encuentra acreditado cambio de dicha situación ni que la demandada haya puesto en conocimiento tal circunstancia.
Por el otro, sostiene que el sentenciante se aparta de la remuneración denunciada por el trabajador. Cuestiona que el juzgador omitió aplicar el art. 55 de la Ley de Contrato de Trabajo y el art. 39 de la ley 11.653.
IV.2. El recurso no prospera.
IV.3.a. Liminarmente, se impone observar que -en el caso- el valor de lo cuestionado ante esta instancia por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -representado por la suma de los rubros reclamados en la demanda que no prosperaron y que son motivo de agravio-, no excede el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, vigente a la fecha de interposición del remedio procesal, (causas L. 128.869, "García", resol. de 5-XII-2022; L. 129.894, "Montiel", resol. de 12-X-2023 y L. 131.106, "Flores", resol. de 6-III-2024), sin que obste a lo dicho lo expuesto en el punto II.1.b, en tanto constituyen meras apreciaciones del recurrente, razón por la cual la admisibilidad de la impugnación en examen sólo puede justificarse en el estrecho marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, aplicable al momento de la interposición del recurso extraordinario.
IV.3.b. Asimismo, debe indicarse que el impugnante no expuso razones suficientes que ilustren -en el caso- la presencia de un agravio federal que autorice el conocimiento del recurso sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478; causas L. 118.518, "Berg", resol. de 1-VII-2015; L. 125.642, "Eseiza", resol. de 4-III-2021; L. 128.521, "Bruzzo", resol. de 29-VI-2022 y L. 132.705, "Robles", resol. de 27-III-2025).
IV.3.c. Para más, corresponde dejar debidamente aclarado que esta Suprema Corte ha señalado en reiteradas ocasiones que las limitaciones establecidas por los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653 -aplicable al momento de la interposición del remedio extraordinario, en cuanto al valor del litigio para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales, desde que el art. 161 apartado 3 inc. "a" de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece que el conocimiento y resolución del indicado remedio procesal compete a este Tribunal con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan (causas L. 122.494, "Caballero Fernández", resol. de 11-IX-2019; L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020 y L. 129.268, "Senger", resol. 15-II-2023; e. o.).
Cabe agregar a ello -como también lo ha resaltado esta Corte- que el juego armónico de lo dispuesto por los citados arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, en modo alguno veda la deducción del medio de impugnación previsto, sino que lo condiciona a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa y sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio (causas L. 123.904, "González", resols. de 18-XII-2019; L. 124.714, "Tolosa", resol. de 24-VIII-2020 y L. 131.846, "Portillo", resol. de 27-IX-2024; e.o.).
Además, resta recordar que este Tribunal tiene dicho que la obligatoriedad de la doble instancia judicial prevista en el art. 8 apartado 2 inc. "h" de la Convención Americana de Derechos Humanos está establecida como tal exclusivamente para el proceso penal, por lo que no puede ser extendida a los litigios laborales (causas L. 114.953, "Ledesma", resol. de 7-IX-2011; L. 106.055, "Pellejero", sent. de 14-XII-2011 y L. 130.417, "Benavidez", resol. de 1-XI-2023).
IV.3.d. De suyo, entonces, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 128.119, "Barragán", resol. de 4-VII-2022; L. 126.806, "Giles", resol. de 21-VI-2023 y L. 132.450, "Sánchez", resol. de 29-V-2025; e.o.).
IV.4.a. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que, a través de la cita de doctrina legal, el interesado trae a análisis cuestiones de hecho y prueba -como son aquellas vinculadas al envío y recepción de las piezas postales y la determinación de la remuneración del trabajador - ajenas a la revisión casatoria por el indicado carril (causas L. 125.962, "Monsalvo", resol. de 10-V-2021; L. 127.681, "Maluendez", resol. de 10-II-2022; L. 127.709, "Lusarreta", resol. de 11-II-2022 y L. 129.472, "Mingo", resol. de 4-X-2023).
Cabe señalar que reiteradamente ha declarado esta Corte que las doctrinas referidas al vicio de absurdo no resultan idóneas a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el citado art. 55 de la ley ritual (causas L. 123.817, "Juncos", sent. 28-IV-2021; L. 124.115, "Sabels", sent. de 13-XII-2021; L. 131.128, "Carboni", resol. de 8-IV-2024).
IV.4.b. Asimismo, corresponde advertir que no se verifica el excepcional supuesto de admisibilidad cuando los precedentes traídos se encuentran relacionados con la supuesta alteración de las reglas del onus probandi y la interpretación de preceptos de carácter adjetivo, como lo es el art. 39 de la ley 11.653, aplicable al momento de la interposición del recurso extraordinario (causas L. 121.519, "Gómez", resol. 6-VI-2018; L. 121.631, "Sosa", resol. de 27-II-2019; L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020 y L. 128.903, "Lineros", resol. de 19-IX-2022).
IV.4.c. Tampoco se observa la concurrencia del mentado supuesto excepcional cuando se traen a consideración agravios vinculados con la infracción del principio de congruencia, asunto detraído de revisión en el acotado marco cognitivo en el que se examina la impugnación traída (causas L. 120.013, "Quilodran", resol. de 15-XI-2017; L. 120.040, "Salto", sent. de 3-V-2018; L. 119.551, "Ruiz Acevedo", sent. de 21-VI-2018 y L. 128.188, "Camino", resol. de 4-VII-2022).
IV.4.d. Finalmente, es dable recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 119.596, "López", sent. de 29-VIII-2017; L. 121.429, "Maravilla", sent. de 19-IX-2019; L. 127.240, "Banegas", sent. de 21-III-2024 y L. 132.724, "Catania", resol. de 27-III-2025).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar respecto a lo expuesto en los apartados IV.4.b. y IV.4.c. que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005 y L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 125.904, "Almada", resol. de 1-IX-2021; L. 124.100, "Goncalves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 126.656, "Núñez", resol. de 17-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Hacer lugar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, al recurso extraordinario de nulidad, en tanto el planteo en él introducido ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.) y disponer la anulación parcial del pronunciamiento de grado en cuanto omitió el tratamiento de la pretensión dirigida a obtener la documentación a la que alude el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (art. 298, CPCC).
Los autos se remiten al tribunal de origen a fin de que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento.
2. Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC)
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 29/10/2026 20:12:22 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/10/2026 10:40:30 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/11/2026 10:31:49 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/11/2026 12:09:32 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/11/2026 13:47:09 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 04/11/2026 14:37:46 hs. bajo el número RR-2461-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia