Abriendo la norma
Cámara en lo Contencioso Administrativa de San Martín
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravio;
2Imponer las costas de ambas instancias a la actora vencida (art. 51 del CPCA, texto según Ley Nº 14.437);
3Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 del Decreto Ley Nº 8.904).
En la ciudad de General San Martín, a los _04_ días del mes de septiembre de 2.014, se reúnen en acuerdo ordinario los señores Jueces de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín, estableciendo el siguiente orden de votación de acuerdo al sorteo efectuado: Hugo Jorge Echarri, Ana María Bezzi y Jorge Augusto Saulquin, para dictar sentencia en la causa Nº 4.158/14 caratulada “DESYP S.A.
C/ GOBERNACION – SECRETARIA GENERAL Y OTROS S/ PRETENSIÓN INDEMNIZATORIA”.
El señor Juez Jorge Augusto Saulquin no suscribe la presente por encontrarse en uso de licencia.
I. A fs. 434/464, el señor Juez titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Trenque Lauquen resolvió: “1.- Rechazar la demanda presentada contra la Provincia de Buenos Aires, haciendo lugar a las excepciones de prescripción y falta de legitimación pasiva. 2.- Rechazar la demanda presentada contra el CODENOBA, haciendo lugar a la excepción de prescripción de la acción. 3.- Hacer lugar parcialmente a las excepciones de prescripción de la acción presentada por el Municipio de Hipólito Yrigoyen y rechazar la demanda, conforme lo expuesto supra, considerandos 2 y 3. 4.- Hacer lugar parcialmente a las excepciones de prescripción de la acción y falta de legitimación pasiva presentadas por Enrique Tkacik, conforme lo expuesto supra, considerandos 2 y 3. 5.- Con costas a la actora - art. 51 CCA, texto según ley 14.437. 6.- Teniendo en cuenta las tareas realizada por el Dr.
Juan Mario Vicente, como letrado patrocinante del CODENOBA en la causa 2.434 y apoderado del Municipio de Hipólito Yrigoyen y patrocinante del Sr. Enrique Tkacik en la causa 2.433, se regulan sus honorarios en la suma de pesos ciento veinte mil ($ 120.000) - 33% atribuible por cada una de las representaciones señaladas -, a los que deberá adicionarse el 10% en concepto de contribución previsional, y el IVA en cuanto correspondiere a la situación particular del profesional actuante -CSJN Fallos 316:1533; 325:742 - (arts. 1, 2, 10, 14, 15, 16, 21, 22, 27, y 44 cctes. DL 8904; art. 1627 CC; 13 y 15 ley 24.432). Teniendo en cuenta las tareas realizadas por el Dr. Cesar Esteban Jonas, letrado patrocinante de la Provincia de Buenos Aires en la causa 2.434, se regulan sus honorarios en la suma de pesos cuarenta mil ($ 40.000), a los que deberá adicionarse el 10% en concepto de contribución previsional, y el IVA en cuanto correspondiere a la situación particular del profesional actuante - CSJN Fallos 316:1533; 325:742 - (arts. 1, 2, 10, 14, 15, 16, 21, 22, 27, y 44 cctes.
DL 8904; art. 1627 CC; 13 y 15 ley 24.432). Teniendo en cuenta las tareas realizadas por el Dr. Benjamín Torres Arguello y Marcelo Emilio Martínez en sus caracteres de patrocinante y apoderado de la actora en las causas 2.433 y 2.434, se regulan sus honorarios en la suma de pesos ochenta y cinco mil ($ 85.000), 50% para cada uno de ellos, a los que deberá adicionarse el 10% en concepto de contribución previsional, y el IVA en cuanto correspondiere a la situación particular del profesional actuante - CSJN Fallos 316:1533; 325:742 - (arts. 1, 2, 10, 14, 15, 16, 21, 22, 27 y 44 cctes. DL 8904; art. 1627 CC; 13 y 15 ley 24.432). 7.- Atento las situaciones invocadas por las partes en sus escritos de demanda y contestación referidas a la entrega de fondos del Estado, cuya administración correspondía a entes públicos -CODENOBA, Provincia y/o municipios -, remítase oficio con copia de la sentencia al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires a efectos que, de considerarlo pertinente, realice una rendición de cuentas de los fondos públicos involucrados en la financiación de las empresas ALDESA SA y DESYP SA - arts. 1 y 5, ley 10.869. 8.- Firme la presente, y atento las situaciones invocadas por las partes en sus escritos de demanda y contestación referidas a la entrega de bienes del Estado, sin que se hubiere acreditado en esta causa un contrato y/o acto administrativo previo que las contuviere, remítase oficio con copia de la sentencia a la Fiscalía Penal de turno, a efectos que, de considerarlo pertinente, analice si la disposición de fondos y/o bienes descripta por el actor y las demandadas, pudieron implicar algún delito contra el erario. 9.- Pase el expediente a la Oficina Pericial Departamental para el cobro de la tasa de justicia oportunamente liquidada por Secretaría.
Regístrese. Notifíquese…”.
Para así decidir, reseñados los antecedentes de la causa, el Juez de grado expuso - respecto de la prescripción de la acción y falta de legitimación pasiva - que correspondía decidir la naturaleza de la relación que vinculó al actor con los demandados, debido a que el plazo de prescripción aplicable variaba si se acreditaba una relación contractual, una relación de fomento debidamente instrumentada o un reclamo de orden extracontractual. Citando jurisprudencia relativa a la cuestión, afirmó que la prueba de la existencia de un contrato administrativo o de un acto administrativo bilateral de fomento, se hallaba íntimamente vinculada con la forma en que dicho acto había sido legalmente perfeccionado.
Reseñó que la prueba aportada por la actora tendiente a acreditar la relación contractual invocada, consistía en copias simples de documentos - cfr. fs. 12 a 110 del expte. 2.433 y 3 a 100 del expte. 2.434 - que fueran desconocidos por las partes. Manifestó que dicha prueba revestía carácter de meros indicios debido a que no se acompañó ningún documento o acto administrativo que contuviera el contrato administrativo invocado y/o el régimen de promoción industrial en el cual se establezcan las obligaciones que sustenten el pedido de reparación contenido en la demanda. En este sentido, el Juez a-quo expresó que, en el caso, como requisito mínimo de validez, la expresión de la voluntad administrativa referida a la celebración del contrato invocado y/o acogimiento a algún régimen de promoción industrial, que incluya las obligaciones en las cuales se sustenta el reclamo patrimonial, debieron plasmarse en el acto administrativo formal, realizado por escrito, que contuviera los elementos mínimos que hacen a su existencia y validez - e.g., causa, objeto, funcionario interviniente, competencia del ente actuante -, que permita: i) identificar las obligaciones que asumieron las partes; ii) las razones por la cuales se seleccionó al contratista y/o se promocionó una actividad en cabeza de una empresa determinada; iii) la transparencia y legalidad en el otorgamiento de bienes y/o fondos públicos a una entidad, en demérito de otras, etc., concluyendo en su falta de acreditación.
Reseñando las constancias de la causa, el Juez de grado afirmó que, en autos, no se encontraba debidamente aclarado el título invocado por la actora para considerarse titular de los derechos y obligaciones de ALDESA S.A.
En estos términos, respecto de la demandada Provincia de Buenos Aires, expuso que le asistía razón a la demandada cuando sostiene que "...en el contexto de la confusa redacción de la demanda, se destaca la falta de imputación concreta de una acción u omisión antijurídica, que resulte causa adecuada del daño reclamado por el actor, en cabeza de la Provincia de Buenos Aires". Adujo que la actora no identificó ni el grado, ni la naturaleza del vínculo, ni los hechos puntuales mediante los cuales pretendía imputar responsabilidad a uno de sus demandados. Adicionalmente, que no probó la existencia de un contrato o acto administrativo bilateral que sustente su reclamo, ni que pueda imputarse responsabilidad por los actos realizados por alguno de los codemandados - CODENOBA; municipio, y/o funcionario municipal. Advirtió que no se acreditó el Decreto respectivo en los términos del art. 19, Ley Nº 10.547, referido al régimen provincial de promoción industrial.
Por ello, resolvió aplicar el plazo de prescripción atinente a la responsabilidad extracontractual previsto en el art. 4037 CC. Relató que, al haberse presentado la demanda el 1.12.06 y reclamarse daños desde el 30.11.99 - cfr. fs. 109 -, la acción se encontraba prescripta al momento de su interposición. Asimismo, consideró que, en el caso, también debía hacerse lugar a la defensa de falta de legitimación pasiva, ya que el actor no había acreditado en autos ninguna relación jurídica con la Provincia que sustente su reclamo indemnizatorio. Citó doctrina y jurisprudencia en apoyo de su postura.
Respecto de CODENOBA, luego de reseñados los planteos efectuados por las partes en los escritos de demanda, el sentenciante expuso que, en el presente caso, conforme sostenían ambas partes, se habían realizado desembolsos y/o se entregaron bienes por un valor mayor a los $ 2000.000, sin que se haya acreditado en autos, una forma determinada de contratación - concurso de precios, licitación pública o privada, ver art. 151, 159, 232, LOM -, ni la existencia de un acto administrativo, que contenga la voluntad de la administración y los derechos y obligaciones de los sujetos involucrados.
El magistrado de grado expuso que el art. 43 de la LOM dispone que los consorcios de municipios - CODENOBA - se rigen por la LOM y por la normativa local y general. Así, cualquier tipo de contratación que implicara, entrega de bienes, empréstitos, subsidios, fomento, etc. debió concretarse mediante un acto administrativo formal, previo, realizado por escrito - cfr. art. 104 DL 7647/70; art. 104 OG 267/80; 8 ley 19.549 aplicable en el orden federal; ver Gordillo, “Tratado de Derecho Administrativo”, tomo 3, pág. X-7, punto 2 “La forma escrita”, quinta ed.; Hutchinson, “Procedimiento administrativo de la provincia de Buenos Aires”, Astrea, pág. 394; Botassi, “Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos Aires”, pág. 412, LEP -, que contuviera los derechos y obligaciones de las partes y permitiera establecer: i) la transparencia de la operación, ii) la forma en la cual se debió seleccionar al contratista o a la empresa subsidiada, según la naturaleza de la operación, iii) la publicidad de los actos de gobierno, iv) la obtención de las condiciones más ventajosas para el interés público, y v) los funcionarios públicos actuantes y personas físicas y jurídicas ajenas a la administración, a fin de establecer su hipotética responsabilidad en el caso – cfr. los parámetros mínimos apropiados para prevenir la corrupción en la contratación pública, previstos en el artículo 9 y concordantes de la Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada por Ley Nº 26.097. Recordó que el artículo 240 LOM establece que los actos jurídicos de las autoridades públicas que no estén constituidos según la competencia, forma y contenidos dispuestos por las leyes son nulos.
Finalizó alegando la falta de acreditación del acto administrativo que formalizara un contrato entre la actora y el CODENOBA, y/o un acto administrativo bilateral de promoción industrial o fomento, y que correspondía aplicar el plazo de prescripción atinente a la responsabilidad extracontractual previsto en el art. 4037 C.C.
En cuanto a la fecha del cómputo del plazo de prescripción expuso que, al haberse presentado la demanda el 1.12.06 y reclamarse daños desde el 30.11.99 - cfr. demanda a fs. 109 -, la acción se encontraba prescripta al momento de su interposición.
Respecto a la Municipalidad de Hipólito Yrigoyen, el Juez a quo expuso que, al reiterarse en el caso la situación descripta anteriormente, referida a que la actora no acreditó (citó art. 375 CPCC) un contrato y/o acto administrativo bilateral con los requerimientos que la normativa y principios administrativos establecen, que contenga las obligaciones que sostiene incumplidas, la responsabilidad imputada no puede regirse por los principios atinentes a la responsabilidad contractual del Estado, correspondiendo aplicar el plazo de prescripción de la responsabilidad extracontractual previsto en el art. 4037 CC. En cuanto a la fecha del cómputo del plazo de prescripción, el sentenciante expuso que debía tenerse presente que la demanda se presentó el 30.11.06 y se reclamaban daños por un período de tres años anteriores a su presentación, cfr. escrito de demanda de fs. 1118 vta. y excepción presentada a fs. 149 vta. Así, dispuso que correspondía analizar para cada uno de los hechos denunciados en la demanda, el momento que denuncia la actora de su supuesto acaecimiento a los efectos del cómputo del plazo de prescripción.
En estos términos, consideró que - conforme los términos de la demanda - la primera reunión en donde se le efectúan los ofrecimientos data del año 1996 - cfr. fs. 113 vta. expte. 2333; que las notas sobre el interés del municipio en el proyecto, el actor las data en el año 1996 y 1997, cfr. fs. 114 vta. expte. 2333; las supuestas promesas de tierras, cfr. nota a la cual hace referencia en demanda a fs. 43 expte. 2333, serían anteriores al año 2002; que la inauguración de la planta fue en junio de 2002, cfr. fs. 115 expte. 2333; que el actor informa, en el punto donde indica las condiciones de faltas de servicios en el parque industrial, la existencia de otra empresa deshidratadora, y la fábrica de chacinados y talleres, que al momento de la presentación de la demanda han pasado 10 años – cfr. fs. 115, expte. 2333; que el suministro de gas se efectuó en el año 2003; que la supuesta descalificación por parte del Sr. Tkacik se efectuó mediante una nota del año 2002, cfr. fs. 115 y 115 vta., expte. 2333; que las notas referidas a la falta de seguridad y calidad del agua datan de mayo y junio del año 2003, cfr. fs. 56 y 57, expte. 2333; que la iniciación del trámite por el certificado de aptitud ambiental data del 9.5.03; que el 12.5.03 se notificó que se borraron los datos de una computadora, cfr. fs. 55 y 116 vta. expte. 2333. Asimismo, señaló que la carta documento enviada al Intendente del 17.8.05, referida a la demora en el trámite del certificado de aptitud ambiental – cfr. fs. 72 a 74 del expte. 2.433 - por la cual se le reclamó al municipio la suma de $ 1.272.648, suspendería, por una sola vez, el curso de la prescripción por un año en relación a la pretensión intimada - cfr. art. 3986 2° párrafo CC; CSJN, Fallos 333:802 "García", 325:1600 "Robledo de Pacini", 317:1437 "Sociedad Cooperativa Transporte Automotor Litoral Ltda." y 316:439 "Provincia de Buenos Aires"; SCJBA, causa B. 61.436 "Cálix SA" del 11.9.13, voto del Dr. Pettigiani.
Por ello, el sentenciante de grado entendió que la acción entablada se encontraba prescripta en relación a las conductas denunciadas cuyos hechos datan de dos años anteriores a la presentación de la demanda -30.11.06-, las cuales antes se detallaran.
Asimismo, entendió que se encuentra prescripta la acción de daños imputable a: i) la mora y/o irregularidades denunciadas referidas a la tramitación del expediente de impacto ambiental, que se hubiera producido desde el 30.11.04, en atención a los dos años anteriores a la presentación de la demanda; ii) a los impedimentos para el retiro de las máquinas del parque industrial denunciado el 5.12.05; y iii) la creación de otra planta deshidratadora en condiciones no aptas para su funcionamiento. Ello así, en atención al principio pro accione y a que no se acreditó la fecha de inicio de las actividades de dicha empresa.
Respecto del Sr. Enrique Tkaik, el Juez a quo dispuso que, atento la falta de acreditación de hechos del funcionario que originen los daños reclamados, correspondía hacer lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva, en términos similares a los considerados para la Provincia de Buenos Aires.
Sentado todo lo expuesto, el sentenciante de grado expuso que correspondía analizar si en relación al municipio y - por los hechos por los cuales no se había establecido la prescripción de la acción - se encontraban acreditados los presupuestos que hacían a la responsabilidad patrimonial reclamada.
Luego de reseñar las constancias de la causa y definir el concepto y alcance del instituto de la responsabilidad del Estado, el sentenciante analizó la existencia de mora y/o irregularidades denunciadas referidas a la tramitación del expediente de impacto ambiental, que se hubiera producido desde el 30.11.04. Concluyó en que - de las pruebas aportadas por las partes - no surgían elementos que acrediten la responsabilidad del municipio referida a la tramitación del expediente de impacto ambiental y resaltó que la demandada había negado la autenticidad de las pruebas documentales aportadas por la actora conjuntamente con la demanda, sin que se hubieran realizado pruebas tendientes a acreditar la veracidad de los documentos o de las copias simples presentadas - art. 375 CPCC. Asimismo, dispuso el rechazo de los rubros indemnizatorios reclamados por los supuestos daños sufridos por la supuesta inexistencia del referido certificado de impacto ambiental, los impedimentos denunciados para el retiro de las máquinas del parque industrial y la creación de otra planta deshidratadora en condiciones no aptas para su funcionamiento. Finalmente, respecto de la pluspetición y honorarios reclamados, el Juez a quo sostuvo que - atento la forma en la que se resolvía la causa, donde en su casi integridad se hace lugar a la acción de prescripción -, no correspondía analizar la pluspetición del monto de la demanda, ya que no se había podido resolver sobre la cuantificación del monto reclamado, por el tipo de defensa planteada. Citando lo dispuesto por los arts. 23 de la ley 8904 y arts. 505 y 1627 del C.C. (según ley 24.432), entendió que no debía tomarse el importe reclamado en su integridad como base regulatoria de los emolumentos de los profesionales intervinientes.
II. A fs. 484/491 vta., contra dicho pronunciamiento, el letrado apoderado de DESYP S.A. interpuso recurso de apelación, agraviándose en cuanto el Juez de grado hizo lugar total y parcialmente a las excepciones de prescripción y falta de legitimación pasiva presentadas por los demandados CODENOBA, Gobernación de la Provincia de Buenos Aires, Municipalidad de Hipólito Yrigoyen y Enrique Tracik. Asimismo, se agravió del rechazo de la indemnización solicitada por la pérdida del expediente de impacto ambiental, respecto de la Municipalidad de Hipólito Yrigoyen y el Intendente Tracik.
Expuso que el Juez de grado desconoció que su parte había probado el vínculo contractual que la unía con las demandadas así como el reconocimiento efectuado por los demandados en este sentido. Asimismo, alegó que el Juez a quo había intentado adecuar esta relación como netamente extracontractual de carácter bilateral, lo que le permitiría encuadrarla en la excepción de prescripción de la acción intentada. Resaltó que en el expediente se había agregado el contrato de adjudicación de noviembre de 1998 entre CODENOBA y COMERCIALIZADORA ALDESA S.A., del cual se había desarrollado la relación que vinculó a CODENOBA con DESYP S.A. continuadora comercial de COMERCIALIZACION ALDESA S.A.
Asimismo, adujo que el convenio de pago entre CODENOBA (por la Municipalidad de Hipólito Yrigoyen) y DESYP S.A., en donde ambas partes efectuaron un reconocimiento y aceptación de que CODENOBA había realizado varios desembolsos de dinero a partir de noviembre de 1998 par la instalación de la planta de deshidratado instalada en el Parque Industrial de Henderson del 11/03/05 (restructuración de la deuda del convenio de adjudicación).
Concluyó en que - en el caso - no cabía introducir la excepción de prescripción bienal ya que resultaba claro y contundente que las partes se habían vinculado contractualmente, lo que había sido reconocido por CODENOBA.
Expuso que la demandada había acompañado el acuerdo de pago entre CODENOBA y DESYP S.A., del que surgía: 1) que las partes habían acordado que CODENOBA realizó desembolsos de dinero a partir de 1998 por un monto de $ 280.000 para la instalación de una planta de deshidratado en la ciudad de Henderson; 2) la conformidad de las partes con respecto a las máquinas entregadas y 3) el reconocimiento de DESYP S.A. y el Sr. Caravaglia de una deuda de $ 280.000 a favor de CODENOBA. Expuso que el contrato existía y fue agregado al expediente y que - aunque fuera copia simple - había sido totalmente reconocido por CODENOBA. Agregó que, de conformidad con el art. 1197 del C.C., debía primar la voluntad de las partes. Asimismo, alegó que la propia Gobernación de la Provincia de Buenos Aires había reconocido que CODENOBA se vinculó contractualmente con la continuadora comercial de Comercializadora Aldesa S. A: DESYP S.A.
Consideró que existía un incumplimiento contractual total generado por CODENOBA que había afectado la actividad fabril de COMERCIALIZADORA ALDESA S.A., cuya continuadora comercial era DESYP S.A., lo que diera origen a la pretensión indemnizatoria de autos.
Afirmó que un factor que venía a confirmar la tendencia expansiva de supuestos de responsabilidad hacia el ámbito contractual estaba constituido por el régimen de defensa del consumidor.
El apelante expuso que se podía vislumbrar una vinculación contractual entre la Municipalidad de Hipólito Yrigoyen y Comercializadora Aldea S.A. (ahora DESYP S.A.), la que surgía del boleto de compra venta y escritura agregados en autos así como también de la documental agregada por CODENOBA. Consideró probada - de esta manera - la vinculación contractual con los demandados (Municipalidad y Tracik). Agregó que en el contrato de restructuración de deuda adjuntado por CODENOBA, surgía que su presidente era Tracik (por la Municipalidad de Hipólito Yrigoyen), por lo que consideró que no se podía desconocer la vinculación contractual entre la Municipalidad, el Intendente, CODENOBA y DESYP S.A.
Por último, en relación con el rechazo del Juez de grado del rubro daños por el extravío del expediente de impacto ambiental, el apelante expuso que se había acreditado en autos el extravío ya que la misma Municipalidad lo había denunciado. Agregó que ello - sumado a una serie de retardos injustificados - le causó un gravamen que generó la responsabilidad del Municipio.
III. A fs. 492, el Juez de grado corrió traslado del recurso interpuesto a la contraria, el que luce contestado a fs. 568/573 vta. y a fs. 575/577 vta. IV.- A fs. 556/561, la comuna demandada promovió incidente con el objeto de que se declare inexistente el escrito de apelación interpuesto por la parte actora, basando tal petición en la falta de autenticidad de la firma del actor.
V. A fs. 562/562 vta., el Juez de grado - entendiendo que lo que se resuelva respecto al incidente presentado hace a la existencia misma del recurso como acto procesal válido - dispuso elevar las actuaciones a esta Cámara a los fines de determinar lo concerniente a la concesión y trámite que correspondería imprimirle a la presentación y, como consecuencia de ello, denegó el pedido de suspensión del plazo para contestar la apelación.
VI. A fs. 564/565 vta., el Dr. Marcelo Martínez, en su carácter de letrado apoderado de DESYP S.A., adjuntó constancia de ratificación efectuada por José Guillermo Garavaglia respecto del recurso de apelación oportunamente presentado y, sin perjuicio de ello, hizo constar que resultando ser apoderado de la actora, a todo efecto legal, la suscripción por su parte del recurso de apelación no requeriría la firma del actor José Guillermo Garavaglia. Manifestó que la inserción de la firma del apoderado hace autosuficiente dicho recurso y, si bien por error material se consignó el carácter de patrocinante, lo cierto es que resultando ser apoderado la exigencia de la firma del Sr. Garavaglia resulta ser en un exceso de rigor formal.
VII. A fs. 578/579 las actuaciones fueron remitidas a esta alzada y, recibidas a fs. 579 in fine, pasaron los autos para resolver (ver fs. 581).
VIII. A fs. 582/584 vta., este Tribunal resolvió declarar de abstracto tratamiento el planteo efectuado a fs. 556/541 y, efectuado el pertinente examen de admisibilidad, llamó autos para sentencia.
IX. A fs. 589/589 vta. se dejó sin efecto el sorteo y se suspendió el llamado de autos por considerar que la presente causa se encuentra acumulada con la Nº 4.159 y, así, correspondía el dictado de una única sentencia.
X. Procediéndose a un nuevo sorteo en forma conjunta de los dos (2) expedientes referenciados, de modo tal de unificar el orden de estudio y votación de los magistrados para el dictado de una única sentencia de Cámara, este Tribunal estableció la siguiente cuestión para resolver:
¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
A la cuestión planteada el señor Juez Hugo Jorge Echarri dijo:
1. Relatados los antecedentes del presente caso, expuestos los fundamentos y la parte resolutiva de la sentencia hoy recurrida, mencionados los agravios y las réplicas pertinentes y efectuado el examen de admisibilidad, procedo a examinar el recurso de apelación interpuesto por la actora.
A tal fin, y tal como surge de los antecedentes reseñados, debo aclarar - en forma liminar - que toda vez que la presente causa y la Nº 4.159, caratulada “Desyp S.A. c/ Municipalidad de H. Yrigoyen s/ Pretensión Indemnizatoria”, se encuentran acumuladas, se procederá al dictado de una sentencia única.
2. Sentado ello, quiero puntualizar - como introducción - dos (2) cuestiones que se desprenden de la causa. La primera cuestión es que sin duda en la presente litis se visualiza una gestión administrativa del consorcio municipal accionado sumamente irregular. Esta cuestión no ha pasado desapercibida al Juez a quo al punto de que notifica la sentencia al Tribunal de Cuentas a los fines de que evalúe, de considerarlo pertinente, dicha irregularidad. Esta cuestión ha llegado firme a esta Alzada.
La segunda cuestión se trata justamente – y este es el quid de la litis – de subrayar que la contratación llevada a cabo entre la parte actora y una de las partes accionadas es administrativa y totalmente irregular, y por ello ilegítima. Por ello, y pese a reconocer el gran esfuerzo argumentativo que el apelante plasma en su escrito recursivo, los agravios vertidos por el mismo no pueden tener acogida favorable, en principio por lo señalado, y por las consideraciones que paso a profundizar y a exponer.
Quiero, de todos modos, resaltar dos (2) cuestiones centrales que debilitan el razonamiento lógico de la queja traída a esta instancia. En primer lugar, el eje sobre el cual el apelante centra su queja. El segundo, la falta de contestación concreta a los fundamentos dados por el Juez para rechazar la demanda. Ambos déficits de la apelación presentada se encuentran relacionados profundamente, conforme lo expongo a continuación.
3. El primer agravio de la parte actora se centra en criticar los fundamentos del Juez a quo en cuanto entiende que el mismo enmarcó la pretensión resarcitoria formulada como si fuera una cuestión extracontractual y no contractual. Dice al respecto que: “…Ahora bien, en la sentencia de autos, no solo se desconoce esta situación, sino que aunque los propios demandados reconocen la relación CONTRACTUAL que los vinculaba, el a quo, intenta adecuar la relación que promueve el actor como una relación netamente extracontractual de carácter bilateral, lo cual a prima facie resultaría encuadrarse en una excepción de prescripción de la acción incoada…”.
Debo señalar - en relación a esta cuestión - que lo expresado no se ajusta a lo argumentado por el Juez de primera instancia al dictar sentencia. Justamente lo que el Juez afirma es que lo que no se pudo probar – de acuerdo al derecho sustantivo y adjetivo que regula la cuestión – es la relación contractual en la que la parte actora funda su pretensión resarcitoria. El Juez a quo señala expresamente en relación a esta cuestión que: “…La prueba aportada por la actora tendiente a acreditar la relación contractual invocada, consiste en copias simples de documentos - ver fs. 12 a 110 del expte. 2.433 y 3 a 100 del expte. 2.434 - que fueran desconocidos por las partes. Dicha prueba reviste carácter de meros indicios debido a que no se acompañó ningún documento o acto administrativo que contuviera el contrato administrativo invocado y/o el régimen de promoción industrial en el cual se establezcan las obligaciones que sustenten el pedido de reparación contenido en la demanda. En el caso, como requisito mínimo de validez, la expresión de la voluntad administrativa referida a la celebración del contrato invocado y/o acogimiento a algún régimen de promoción industrial, que incluya las obligaciones en las cuales se sustenta el reclamo patrimonial, debieron plasmarse en el acto administrativo formal, realizado por escrito, que contuviera los elementos mínimos que hacen a su existencia y validez - e.g., causa, objeto, funcionario interviniente, competencia del ente actuante -, que permita: i) identificar las obligaciones que asumieron las partes; ii) las razones por la cuales se seleccionó al contratista, y/o se promocionó una actividad en cabeza de una empresa determinada; iii) la transparencia y legalidad en el otorgamiento de bienes y/o fondos públicos a una entidad, en demérito de otras, etc. Nada de eso se acreditó…”
Más adelante el sentenciante de grado reitera que: “…En la demanda se hace referencia a "promesas", "ofertas", "propuestas", "aceptación de proyectos", "contrato" a efectos de definir la relación que vinculó a la actora con el CODENOBA. Sin perjuicio de ello, no se acompañó ningún documento escrito en el cual se pusiera de manifiesto la expresión de la voluntad administrativa. Es decir, el actor no probó la existencia de un contrato o de un acto administrativo con las formalidades requeridas en la legislación vigente en el cual se pusieran de manifiesto las obligaciones del CODENOBA con DESYP SA invocadas en la demanda…”.
Finalmente concluye que: “…Atento la falta de acreditación del acto administrativo que formalizara, un contrato entre con la actora y el CODENOBA, y/o un acto administrativo bilateral de promoción industrial o fomento, la responsabilidad imputada no puede regirse por los principios atinentes a la responsabilidad contractual del Estado, correspondiendo aplicar el plazo de prescripción atinente a la responsabilidad extracontractual previsto en el art. 4037 CC….”
4. Queda muy en claro, entonces, que el Juez a quo tuvo por no probada la relación contractual en que se basaba el reclamo resarcitorio de la parte actora. Por ello, el reclamo quedó enmarcado en el campo extracontractual, y de ahí la evaluación de la prescripción – que se planteara en la litis como excepción – en dicha parcela de la responsabilidad estatal. Sin perjuicio de señalar que volveremos sobre las directrices rectoras en materia de carga de la prueba en cabeza de las partes y de las facultades del magistrado en materia de ponderación de la prueba colectada, debo señalar uno de los déficits que adolece el encuadre recursivo hecho por el apelante, esto es: centrar su óptica en el derecho privado y no en el derecho público, que es el que justamente rige la controversia de autos. Sobre todo en materia de contratos administrativos. Justamente señala el apelante en abono de su posición que: “…Primero, debo aclarar que el contrato existe y fue agregado en el expediente y aún, aunque fuera copia simple, ha sido totalmente reconocido por el demandado CODENOBA. Por lo expuesto - ANTE EL PROPIO RECONOCIMIENTO Y AGREGACIÓN COMO PRUEBA DOCUMENTAL DE LA PROPIA DEMANDADA: CODENOBA, de la celebración del contrato, y teniendo en cuenta que a su vez, esta última, agregó convenio de la restructuración de pago con referencia a dicho convenio de adjudicación suscripto -, es que de conformidad con el art. 1197 del C.C. debe priora la voluntad de las partes y resulta inconcebible que no se le de el valor de voluntad y adecuación a dicho contrato…”. El querer fundar la concreción contractual en lo dispuesto por el art. 1197 del Código Civil es una acabada manifestación del error conceptual de encuadre que aqueja al apelante. En el caso no se trata, como bien lo señalara el Juez a quo, de una contratación entre particulares, sino de una supuesta contratación entre un particular y entes públicos. Por ello es que la cuestión debe ser examinada desde la órbita del derecho público y no desde la perspectiva del derecho privado como invoca el recurrente. Es decir, la cuestión se encuentra regida por normas del derecho local administrativo.
En principio, debo señalar que el actor demanda a la provincia de Buenos Aires y a un consorcio municipal, Consorcio Para El Desarrollo del Noroeste de la Provincia de Bs. As., CODENOBA. Por ello, paso a transcribir algunas normas del derecho administrativo local que regulan esta cuestión.
La constitución de consorcios municipales se encuentra regulada en el art. 43 de la Ley Orgánica Municipal – Decreto Ley 6769/58 y sus modificatorias. La norma en cuestión claramente establece el carácter público del ente consorcial y su sujeción a la Ley Orgánica Municipal. Por lo cual le rigen todas las normas que dicha ley prevé en materia de contrataciones públicas.
5. En relación a la provincia de Buenos Aires también demandada, resulta conducente establecer la normativa aplicable al caso, esto es, los arts. 25 y 26 de la Ley de Contabilidad de la Provincia del Buenos Aires (Decreto Ley Nº 7.764/71, texto actualizado según T. O. por Decreto N° 9167/86 y las modificaciones posteriores); como así también los artículos 66, 67 y 68 del Decreto Nº 3.300/72, Reglamentario de la Ley de Contabilidad Nº 7.764, texto actualizado con las modificaciones introducidas por el Decreto Nº 3.059/02 (Capítulo II, Título III, “Contrataciones” (artículos 25 al 34 de la Ley, Anexo III).
Así, el artículo 25 de la Ley de Contabilidad de la Provincia del Buenos Aires (Decreto Ley Nº 7.764/71), dispone que “Todo contrato se hará por licitación pública cuando del mismo se deriven gastos y por remate o licitación pública cuando se deriven recursos”. Por su parte, el artículo 26 de la misma norma reza: “No obstante lo expresado en el artículo 25, podrá contratarse: 1. (Monto establecido por Decreto 2334/03) Por licitación privada cuando el monto de la operación no exceda de $ 400.000. 2. (Monto establecido por Decreto 2334/03) Hasta $ 400.00 según lo reglamenta el Poder Ejecutivo. 3. Directamente…”.
A su vez, el artículo 66 del Decreto Nº 3.300/72, Reglamentario de la Ley de Contabilidad Nº 7.764, establece: Las facturas serán presentadas por los proveedores en la Repartición contratante o en la Dependencia que al efecto se indique”. Finalizando, el artículo 67 del mismo cuerpo normativo dice: “Las facturas correspondientes a provisiones o servicios contratados serán conformadas, dentro de los diez (10) días de su presentación, por el Jefe de la Repartición contratante o funcionario en quien delegue y bajo su responsabilidad e implicará que el adjudicatario ha dado cumplimiento en tiempo y forma al contrato, no siendo necesario ningún otro elemento de prueba…”.
Y el artículo 68 dispone que: “El plazo previsto en el artículo anterior será interrumpido cuando no se cumpliere, por parte del proveedor, algún recaudo legal, administrativo de trámite”.
6. De las normas transcriptas surge claramente que en materia de contratos públicos, y por estar en juego no solo fines de naturaleza pública, sino recursos de tal naturaleza, las formalidades contractuales adquieren un carácter esencial como forma protectoria y ordenatoria de dichas relaciones. Lo que claramente los diferencia de los contratos del derecho privado. Y entre esas notas de diferenciación, además de aquellas relativas a las cláusulas exorbitantes del derecho común, se encuentra la nota de la “subordinación”, fundada, como sostiene Berçaitz, “…es el fin público cuya satisfacción se persigue con la celebración del contrato “(Berçaitz, Miguel Ángel, “Teoría General de los Contratos Administrativos”; pág. 229 y ss.). También Escola hace coincidir la finalidad pública como objeto distintivo del contrato administrativo, y, si bien rechaza la nota de “subordinación”, por otro lado acepta que esa finalidad pública, que traduce el objeto contractual, es una clara manifestación de una forma de la actividad administrativa, y que por ello implica poder o potestad administrativa en su formación y ejecución (cfr. Scola, Héctor Jorge, “Tratado Integral de los Contratos Administrativos”, Tº I, fs. 110 y ss.). Potestad o prerrogativa que también señala como nota exclusiva del contrato administrativo Fiorini (cfr. Fiorini, Bartolomé, “Manual de Derecho Administrativo”, pág. 416 y ss.).
Debemos señalar además que, si bien con diferencias en relación al alcance dado al término, la mayoría de la doctrina administrativa que ha estudiado en profundidad el tema, considera que la forma resulta un elemento esencial de toda contratación administrativa - (Berçaitz, Miguel Ángel, “Teoría General de los Contratos Administrativos”; pág. 229 y ss.; Scola, Héctor Jorge, “Tratado Integral de los Contratos Administrativos”, T I, fs. 184 y ss.;) - y que su incumplimiento acarrea su nulidad absoluta.
Incluso posiciones menos tradicionales como la de Gordillo, claramente señalan que los mismos se rigen por sus “normas y principios especiales, y que solo subsidiariamente, o analógicamente, se recurrirá a las normas y principios de los actos unilaterales” (refiriéndose a los actos administrativos), cfr. Gordillo, Agustín, “Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo 3, pág. IV-23. Posición ya compartida con anterioridad por Canasi (cfr. Cansi, José, “Derecho Administrativo”, Volumen II, pág. 523).
Concluyendo, debemos señalar que la contratación administrativa tiene un perfil propio y diferencial de la contratación privada, ratificada tanto desde el punto de vista teórico, como así también desde el normativo. Por ello, no resulta posible aceptar la posición del recurrente en cuanto a que rige - en el caso - primariamente el principio de primacía de la voluntad de las partes que contempla el artículo 1197 del C.C., disposición mediante la cual debe darse por probada la relación contractual invocada para fundar su pretensión resarcitoria.
En este punto debo señalar, a mayor abundamiento, que debe ser el propio particular el mayor interesado en hacer cumplir, con la mayor diligencia posible en esta parcela del derecho, los procedimientos y formas que vienen impuestos por el orden jurídico vigente local. Pues su incumplimiento atenta con la finalidad que persiguen las formas impuestas, entre otras, la finalidad de transparencia en la administración de los recursos públicos; y ello no puede traer otra consecuencia que la nulidad o inexistencia del contrato, con los perjuicios derivados para el propio interés privado.
7. Bajo tales parámetros, resulta perceptible que las actividades contractuales desplegadas por las partes del presente litigio, se ejecutaron al margen del marco administrativo predeterminado por las normas aplicables en la materia, esto es, prescindiendo de un vínculo contractual regular.
Este punto de partida, tal como lo entendiera el señor Juez de la instancia anterior, debilita la situación del reclamante. Es que en el campo de los contratos administrativos, el carácter imperativo, no disponible, de las formalidades y contenidos materiales impuestos por normas jurídico-públicas, descarta la vigencia irrestricta de la autonomía de la voluntad de los contratantes (ver doct. C.S.J.N., Fallos 316:3157 y 326:3700; y las causas B. 56.764, "La Jirafa Azul", sentencia del 19 de Julio de 2.006; B. 63.370, "Estudio de Profesionales en Ciencias Económicas Asociados c/ Municipalidad Partido General Pueyrredón s/ Demanda contencioso administrativa”, Juez Soria (SD)", sentencia del 29 de octubre de 2.008; causa B 62.940, “Unión Transitoria de Empresas (U.T.E.) c/ Provincia de Buenos Aires (Dirección Cultura) s/ Demanda contencioso administrativa), Juez Pettigiani (SD), sentencia del 17 de marzo de 2.010; causa B 56.681, “Catanzaro, Roberto Agustín y otro c/ Municipalidad de General Alvarado s/ Demanda Contencioso Administrativa”, Juez Soria (SD), sentencia del 6 de abril de 2.011 y causa B. 64.068, "Investigaciones Médicas S.A. contra Provincia de Buenos Aires (I.O.M.A.) s. Demanda contencioso administrativa”, sentencia del 24 de mayo de 2.011).
Nuestro más alto Tribunal Provincial ha expuesto que: “Al margen de la lógica sujeción de la Administración a la juridicidad, que impone a sus órganos y entidades un obrar consistente con el ordenamiento, las especificidades de su actuación contractual, en cuanto involucran la asignación de recursos públicos, la comprometen singularmente y determinan el riguroso cumplimiento de las disposiciones que encauzan los procedimientos de selección del contratista, las modalidades de contratación y, en suma, todos los recaudos concernientes a la adecuada ejecución del gasto público (doct. causa B. 66.693, "Recovering", sent. de 6-VII- 2005 y sus citas). Por ello la existencia de un contrato administrativo se halla tan íntimamente vinculada a la forma en que las partes han sellado el respectivo acuerdo.
Ciertos requisitos específicos para la conclusión de un determinado contrato (v.gr., en lo atinente a la publicidad, los medios de control, la idoneidad de oferentes o el examen de la conveniencia de sus propuestas, competencia de los órganos adjudicadores) dejan de ser meramente instrumentales y adquieren la condición de elementos estructurales de la existencia válida del negocio jurídico. Estas notas, de indudable pertinencia en el derecho administrativo, concuerdan con el principio general según el cual los contratos que tengan una forma determinada por las leyes no se juzgarán probados si no la observaren en el modo prescripto (arts. 975 y 1191, Cód. Civil; doc. C.S.J.N., Fallos 323:1515, 3924, 329:809, entre otros)”.
Ver SCBA, causa B. 64.068, "Investigaciones Médicas S.A. contra Provincia de Buenos Aires (I.O.M.A.) s. Demanda contencioso administrativa”, sentencia del 24 de mayo de 2.011 y causa B 61.015, “Astilleros Alfa Centauro S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa”, Juez Negri (SD), Voto del Dr. Soria, sentencia del 30 de mayo de 2.012. Asimismo, que: “La sujeción de la Administración al principio de legalidad impone a sus órganos y entidades un obrar consistente con el ordenamiento jurídico, principio que importa el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias que encauzan los procedimientos de selección del contratista estatal, las modalidades de contratación y, en suma, la ejecución del gasto público.
De allí que se haya supeditado la validez de los contratos administrativos al cumplimiento estricto de los requisitos exigidos por las disposiciones vigentes en cuanto a la forma y procedimientos de contratación. Ello determina, como contrapartida, una justificada estrictez a la hora de admitir reclamos basados en la realización de prestaciones realizadas al margen de los procedimientos reglados de la contratación administrativa, a fin de no trocar en regla aquello que, por esencia, debe ser un temperamento de excepción y para evitar convalidar hechos consumados al margen de la juridicidad” (SCBA, B 61.015, sentencia del 30 de mayo de 2.012, Juez Negri (SD), “Astilleros Alfa Centauro S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa” y SCBA B 65.285, “H.S.
Informática SRL c/ Municipalidad de Pilar s/ Demanda contencioso administrativa”, Juez De Lázzari (SD), sentencia del 6 de noviembre de 2.013).
Y que: “En la especie, los recaudos que debieron observarse para el perfeccionamiento de un acuerdo válido no se verifican. Aquí no se trata de deficiencias intrascendentes, carentes de utilidad o subsanables al momento de la conformación de la voluntad estatal, sino que se somete a consideración de esta Corte un supuesto en el que, lisa y llanamente, hay actuación de hecho: no existe contrato. En consecuencia, no merece acogerse el reclamo…. La solución contraria conduciría a asimilar a contratos regulares aquellas situaciones nacidas al margen de la legalidad, estimulando, al menos de modo indirecto, la propagación de prácticas que vacían de contenido las normas que regulan la contratación administrativa y la asignación del gasto público. En cambio, la posición de mayor estrictez en cuanto a la salvaguarda de los requisitos y formalidades que garantizan la adecuada aplicación del patrimonio público, que aquí propicio, armoniza con los principios informadores de la Convención Interamericana contra la Corrupción, celebrada por la Organización de los Estados Americanos e incorporada por ley 24.759, que, entre otros criterios, manda asegurar la publicidad y la eficiencia de los sistemas en la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado (conf. art. III, pto. 5; doct. causa B. 55.399, "La Jirafa Azul S.A.", sent. de 14-XII-2005)”. Ver SCBA, Causa B. 64.068, "Investigaciones Médicas S.A. contra Provincia de Buenos Aires (I.O.M.A.) s. Demanda contencioso administrativa”, sentencia del 24 de mayo de 2.011).
En virtud de lo dicho, advierto que la pretensión de la parte actora deviene inatendible, sin perjuicio de las consideraciones que, a mayor abundamiento, y relativas a la ponderación de la prueba, paso a exponer.
8. Todo el líbelo recursivo de la parte actora se centra en cuestionar la ponderación efectuada por el Juez a quo del acervo probatorio colectado en la litis. Por ello, y con la finalidad de dar respuesta a esta cuestión traída ante esta alzada, debo recordar cuales son las normas y principios que regulan la cuestión. El primero de ellos al que se debe acudir para verificar lo actuado por el Juez a-quo es aquel que establece el principio de apreciación de la prueba según las reglas de la sana crítica – cfr. art. 384 CPCC –, es decir aquellas reglas “que son aconsejadas por el buen sentido aplicado con recto criterio, extraídas de la lógica, basadas en la ciencia, en la experiencia, y en la observación para discernir lo verdadero de lo falso” – cfr. SCBA, Ac. y Sent, 1959, V.IV, p. 587.
La disconformidad que manifiesta el agraviado con algunos medios de prueba resulta solo una opinión en desacuerdo o en discordancia con la apreciación que ha hecho el Juez de grado, pero ninguno de los ataques formulados tiene entidad suficiente para conmover lo decidido. Por el contrario, y tal lo señalado en los considerandos anteriores el magistrado ha ponderado correctamente la prueba producida en el marco de una contratación sumamente irregular y por ello nula y no efectiva a los efectos de poder basar en ella los resarcimientos reclamados a titulo de daño por el particular accionante. Tampoco tiene entidad el último agravio relativo a la pérdida del expediente administrativo, al cual le caben los mismos argumentos expuestos en los considerandos anteriores y a los cuales, por una cuestión de economía procesal, me remito. Por todo lo expuesto, propongo a mis distinguidos colegas:
1. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravio; 2º) Imponer las costas de ambas instancias a la actora vencida (art. 51 del CPCA, texto según Ley Nº 14.437); 3º) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 del Decreto Ley Nº 8.904).
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
La Señora Jueza Ana María Bezzi votó a la cuestión planteada en igual sentido y por los mismos fundamentos.
El señor Juez Jorge Augusto Saulquin no suscribe la presente por encontrarse en uso de licencia.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente
En virtud del resultado del Acuerdo que antecede el Tribunal
1. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravio; 2º) Imponer las costas de ambas instancias a la actora vencida (art. 51 del CPCA, texto según Ley Nº 14.437); 3º) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 del Decreto Ley Nº 8.904).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
HUGO JORGE ECHARRI ANA MARÍA BEZZI ANTE MI ANA CLARA GONZÁLEZ MORAS SECRETARIA
Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo - San Martín. Registro de Sentencias Definitivas Nº. . F° .
Fin de la sentencia