Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 167243
REGISTRO N ° 64-S FOLIO N° 326/32
Expte. N º 167.243 Juzgado de Familia N ° 4
//En la ciudad de Mar del Plata, a los 22 días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, reunida la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos: " D. M. B. S/ DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD JURÍDICA – Cuadernillo del art. 250 del CPC ". Habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó del mismo que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Roberto José Loustaunau y Ricardo Domingo Monterisi.
1. ¿Es justa la resolución obrante a fs. 13/14?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION EL SR. JUEZ DR. ROBERTO JOSÉ LOUSTAUNAU DIJO :
I. En el auto atacado, el a quo receptó favorablemente la medida cautelar genérica solicitada por el Sr. Curador Oficial y, en consecuencia, dispuso el inmediato ingreso de la Sra. M. B. D. al Hogar Nuestra Señora de Lourdes de la ciudad de Mar del Plata, con la correspondiente cobertura del INSSJP (PAMI), al que se encuentra afiliada.
El pronunciamiento es apelado a fs. 18 por la Dra. Andrea E. Rodríguez, apoderada del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI). El recurso es fundado a fs. 21/22, obrando la contestación del titular de la Curaduría Oficial -Dr. Duilio Daniel Gaboto- a fs. 33/37. A través de la presentación electrónica del 5 de diciembre del 2018, la Sra. Asesora de Incapaces -Dra. Silvia E. Fernández- adhirió a los fundamentos vertidos por el Dr. Gaboto.
II. Sostiene la recurrente que la medida cautelar no pertenece a la red prestacional del Instituto y tiene un costo por demás elevado respecto de la cobertura que brinda, y que al resolver se dejó de lado el principio de reserva previsto en el art. 19 de la Constitución Nacional, agregando que la normativa aplicable no fue tachada de inconstitucional, por lo que goza de legitimidad y vigencia.
Afirma que la conducta de su mandante no es arbitraria, y que no se negó ninguna prestación, pues no fue solicitada. Expresa que las prestaciones se otorgan mediante una minuciosa administración de sus recursos financieros, ya que todos y cada uno de los beneficiarios deben gozar de aquéllas en igualdad de condiciones.
Efectúa una explicación de los denominados “sistemas solidarios”, tal el adoptado por el Pami, y concluye que se debe velar para que no se otorguen y amparen prestaciones innecesarias que afecten los intereses del resto de los afiliados.
Reitera que, en este caso, la conducta del Instituto no es arbitraria e ilegítima; que cumplen con las normas vigentes y no se les requirió la internación oportunamente, y efectuada en su momento por la paciente en una residencia, ajena a las prestaciones cubiertas, constituye un acto voluntario cuyas consecuencias debe asumir personalmente, ya que de aceptarse esto, cualquier afiliado podría concurrir por su voluntad a una institución y requerir luego el reintegro de los gastos a su obra social sin limitaciones.
Cita un precedente jurisprudencial en apoyo a su postura, y solicita que se revoque el decisorio atacado. Plantea el caso federal en los términos del art. 14 de la ley 48.
III. Tratamiento del recurso .
1. Cabe mencionar, que en nuestro derecho se conforma un verdadero sistema de tutela de las personas con discapacidad, articulado en una propia y singular “policromía” normativa, que tiene su vértice en la Constitución Nacional y las convenciones internacionales -en especial la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidades (CDPD) aprobada por ley 26.378 de 2008-, la ley 26.657 de Salud Mental (LSM) de 2010, el Código Civil y Comercial de la Nación, las reglas administrativas y los ordenamientos procesales. Así, bajo el manto de la Constitución y la CDPD, los derechos de los incapaces están protegidos de modo preferente, privilegiado, y el Estado, en todos sus departamentos, incluyendo el Poder Judicial, deben promover medidas de acción positiva para garantizar su concreta, real y efectiva tutela (art. 75 inc. 23, in fine Const. Nac.). Medidas de fondo que se completan e integran con una tutela procesal diferenciada (BERIZONCE, Roberto O., “Normas procesales del Código Civil y Comercial de la Nación. Personas con capacidades restringidas”, LL, 2015-C-735; Revista de Derecho de Familia y de las Personas, noviembre de 2015, p. 175).
El cambio de paradigma que representa considerar a la persona como eje del sistema jurídico, lleva a que el art. 34 del CCyC amplíe el alcance de las medidas cautelares a los derechos personales, además de los patrimoniales. A fin de evitar los riesgos que pudieran derivarse de la tardanza en el proceso para aquel a quien pudiera restringírsele su capacidad o declararse su incapacidad, se autoriza al juez para adoptar con carácter cautelar, las medidas que estime necesarias para la adecuada protección de su persona o patrimonio (BUERES, Alberto J., Código Civil y Comercial de la Nación y normas complementarias , Editorial Hammurabi, Buenos Aires, 2016, T. 1ª, p. 323; esta Sala en causa N° 165.426 RSI-143-18 del 2/5/2018).
2. En este lineamiento, la ley 26.378 (pub. B.O: 09/06/2008) que aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo (aprobados mediante resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas A/RES/ 61/ 106, el 13/12/2006; art. 75 inc. “22” C.N.), en lo atinente a la salud, dispone que los Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad (…) que exigirán a los profesionales de la salud que les presten atención de la misma calidad que a las demás personas, entre otras formas, mediante la sensibilización respecto de los derechos humanos, la dignidad, la autonomía y las necesidades de las personas con discapacidad; que impedirán que se nieguen, de manera discriminatoria, servicios de salud o de atención de la salud por motivos de discapacidad (conf. art. 25).
Por su parte, la ley Nacional de Salud Mental (26.657, promulgada el 2/12/2010) prevé en su art. 1 que “la presente ley tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional, reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, con jerarquía constitucional…”. El art. 7 establece que el Estado reconoce a las personas con padecimiento mental los siguientes derechos: a) recibir atención sanitaria y social integral y humanizada, a partir del acceso gratuito, igualitario y equitativo a las prestaciones e insumos necesarios, con el objeto de asegurar la recuperación y preservación de su salud; (…) d) a recibir tratamiento y a ser tratado con la alternativa terapéutica más conveniente, que menos restrinja sus derechos y libertades, promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria…”.
De lo expuesto se desprende que, el derecho a la salud, como bien constitucionalmente tutelado, fue convalidado expresamente a partir de la reforma de 1994, y su consagración plena ha tenido lugar indirectamente a través de la jerarquización constitucional de una serie de declaraciones y tratados de derechos humanos, entre ellos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (arts. 12.1 y 12.2 d); la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 29.c); la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. 11); la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 25.1) (art. 75 inc. “22” de la CN; art. 36 inc. 8 Const. Pcial; CSJN Fallos: 302-1284; 310-112; 323-1339; 324:3569; entre otros).
3. En este caso, la recurrente alegó que el Pami no incumplió con los deberes impuestos por las normas vigentes, pues la prestación no fue requerida oportunamente, señalando, luego, que la internación ordenada no pertenece a la red prestacional del instituto y su costo es muy elevado, sin advertir que para el tratamiento de la enfermedad de la causante es necesario su ingreso a una institución especializada.
En efecto, de los informes agregados al presente surge que la Sra. D., desde los 28 años, padece “esquizofrenia paranoide”, y desde el fallecimiento de sus padres quedó sin referentes familiares que pudieran asistirla (su hermana reside en la Provincia del Chaco), ya que es soltera y no constituyó su propia familia; siempre convivió con sus padres y actualmente vive sola. La Curaduría Oficial ejerce su representación y se le designó una acompañante socio-terapéutica. Se hizo referencia al aspecto económico: cuenta con la pensión derivada del padre (desde septiembre de 2012), y se le entrega el monto del haber más el subsidio habitacional otorgado a fin de pagar el hospedaje ($ 4.800), que se complementa con el dinero que le gira su hermana ($ 2.500 cada dos meses), administrando sus ingresos correctamente.
Se indicó, también, que desde enero de 2018 se la observó con cierto desmejoramiento físico al presentar algunas caídas y episodios confusionales, no obstante mantener un estado de compensación; que con la inclusión de la Asistente se regularizaron los controles médicos y, sobre todo, los psicofarmacológicos, detallándose el plan de medicación prescripto (v. fs. 1/3).
Por otra parte, a través del informe de seguimiento de acompañamiento socio-terapéutico -febrero y marzo/2018- se indicó el plan de trabajo, el estado general de la causante, y la relación con su A.S.T., y en las observaciones se mencionó que la Sra. D. concurrió al médico ya que había manifestado no sentirse bien y tener mucha inestabilidad al caminar y realizar sus actividades cotidianas, por lo cual se la derivó a un neurólogo. Se mantuvo una entrevista con la dueña del Hogar donde reside y ésta expuso que la causante no podía permanecer en ese espacio porque tenía caídas con frecuencia y no la observaba bien de salud, recomendando un lugar con enfermería constante (v. fs. 4/6).
En razón de lo informado, en su presentación de fs. 10/11, el Curador Oficial expresó que el proceso de desmejoramiento físico y clínico de la Sra. D., desde enero de 2018, determinó atenciones en la guardia por su principal y severo cuadro de “insulino dependiente”, desencadenante de una mala predisposición por su patología de base, que le impedía visualizar los altos riesgos que corría al no seguir una dieta específica; que a pesar de haberse reforzado las redes para permitirle la mayor autonomía posible, cuando ésta ponía en riesgo cierto a la paciente, los efectores judiciales debían arbitrar los medios de protección necesarios para encausar los tratamientos. Por ello, solicitó, como medida cautelar genérica, que se ordenara su inmediato ingreso al Hogar Nuestra Señora de Lourdes, con la correspondiente cobertura de su obra social Pami.
A fs. 13/14 el a quo hizo lugar a la medida cautelar requerida por la Curaduría Oficial (el 28/5/2018).
Posteriormente, en el informe de seguimiento de acompañamiento socio terapéutico del mes de abril/2018 se evaluó el plan de trabajo, el estado general de la causante, especificándose que la capacidad para deambular era mala; que necesitaba ayuda constante para andar porque manifestaba inestabilidad al caminar. En las observaciones se hizo referencia a las gestiones realizadas en cuanto a medicación, recetas, consultas médicas con especialistas (neurólogo, hematólogo, diabetólogo), advirtiéndose la posibilidad de Parkinson farmacológico debido a los síntomas y a la cantidad de años que llevaba tomando medicamentos (v. fs. 19/20).
El equipo interdisciplinario del Hogar de Lourdes realizó una evaluación a la Sra. D. -el 22/8/2018- y concluyó que, dada su situación actual, sumado a su patología el alto grado de dependencia para sus actividades diarias y deambulación, se sugería una pronta internación en una institución que abordara su problemática y pudiera contenerla con los cuidados correspondientes para mantener su calidad de vida y estado de salud general (v. fs. 25).
A fs. 26 obra la constancia del oficio librado a Pami -el 8/6/2018-, con fecha de entrada en el Dpto. de Asuntos Judiciales el 12/6/2018, a través del cual se le comunicó el dictado de la medida cautelar solicitada por el Curador Oficial.
A fs. 29/30 se glosa la pericia social para informar el seguimiento del caso. Como dato relevante, se destacó que la causante no efectuaba ni colaboraba con la dieta indicada por su diagnóstico de “insulino dependiente”; que sufrió una descompensación con desmayo, antes divagaba, detectándose en la evaluación médica que se había aplicado dos veces la insulina porque se había olvidado; que el desmejoramiento físico es importante y no hay colaboración de su parte (pidió a un compañero de la pensión que le comprara una docena de facturas, y se las comió, a pesar de que no debía hacerlo). En consecuencia, se decidió que la medicación -aplicación de insulina y control diario de glucemia- no sería administrada por ella sino por una enfermera contratada a través de su Acompañante. Se expuso que D. necesitaba una supervisión constante y sistematizada que su actual lugar de residencia no podía brindarle y, por ello, la dueña de la pensión dio 30 días para reubicarla en un geriátrico; que desde la Dependencia se coordinaba la búsqueda de la documentación requerida por la obra social -Pami- para solicitarle que se le otorgara de forma inmediata una vacante en residencia para adulos mayores (RAM).
A fs. 31/32 se adjunta un nuevo informe de seguimiento del caso - del 3/10/2018-, a través del que se expuso que, a partir del desmejoramiento físico, fue evaluada clínicamente en varias oportunidades por cuadros de “hipoglucemia a repetición” (falta de adherencia al tratamiento e ingesta de alimentos prohibidos por su diagnóstico); que actualmente no controla esfínteres, presenta un notable deterioro psicofísico, deambula con limitaciones y con asistencia de un tercero. Señaló que desde el Servicio Social se coordinó una evaluación, realizada por el equipo del Hogar Gruta de Lourdes, donde se le otorgó una vacante de ingreso, comunicada al juzgado para que solicitara la cobertura del Pami, a quien también se le informó sobre su resultado, requiriendo el Instituto la entrega de documentación específica del Hogar (presupuesto, habilitación, “seguridad contra incendios”, entre otros); que esta documentación fue entregada a la Licenciada Villaverde (el 2/10/2018) del Dpto. de Prestaciones Sociales, y se le explicó la gravedad del caso y los detalles del estado de salud de la causante; que la documental acompañada fue ingresada a Pami, y la Lic. Villaverde indicó que desde la Curaduría se indagara sobre la posibilidad de admisión de la paciente en el Hogar Gruta de Lourdes y que en dos meses comenzarían a abonar la prestación; que la citada institución manifestó la imposibilidad de acceder a lo propuesto por las severas dificultades luego para percibir la prestación en casos ingresados de esta forma.
El Dr. Gaboto, al contestar el traslado del memorial planteó la necesidad de que su representada ingresara a un hogar RAMP (Residencia para adultos mayores con asistencia psicogeriátrica), señalando que, en la actualidad, en Mar del Plata únicamente hay un Hogar con estas características que tiene convenio para la cobertura de Pami, el San Jorge II.
4. De los antecedentes reseñados, se desprende que Pami no puede negarse a autorizar la cobertura de la prestación que la Sra. D. necesita por su patología y, fundamentalmente, por el deterioro de su actual estado de salud, argumentando -vagamente- que la internación requerida no pertenece a la red prestacional del Instituto; que éste debe velar para que no se otorguen prestaciones innecesarias que afecten al resto de los afiliados, o, que su elevado monto ocasionaría un desequilibrio económico en el sistema de salud pública.
En otros términos, es evidente que para la obra social es un problema de costos, y en realidad, el derecho a la salud no debe evaluarse dentro de esos parámetros.
Repárese que, contrariamente a lo alegado por la Apoderada del Instituto, la internación ordenada en primera instancia el 28/5/2018 no sólo fue notificada al Pami a través del oficio librado el 8/6/2018 , con fecha de entrada en el Dpto. de Asuntos Judiciales el 12/6/2018 (conf. fs. 26), sino que, además, se le informó sobre la evaluación realizada a la causante -el 22/8/2018 - por el equipo interdisciplinario del Hogar Gruta de Lourdes (obrante a fs. 25).
Asimismo, de acuerdo al informe de fs. 31/32, el Pami requirió la entrega de documentación específica del Hogar (presupuesto, habilitación, “seguridad contra incendios”, entre otros); que ésta fue entregada a la Licenciada Villaverde (el 2/10/2018) del Dpto. de Prestaciones Sociales, a quien se le comunicó la gravedad del caso; que la documental acompañada fue ingresada a Pami, y la Lic. Villaverde solicitó a la Curaduría que averiguara si podían admitir a la paciente en el mencionado Hogar, y que en dos meses comenzarían a abonar la prestación.
Pero, a pesar de los diez meses transcurridos, el Organismo obligado a brindar la cobertura para su afiliada no dio cumplimiento a la manda judicial, circunstancia que surge de la presentación efectuada por el Curador Oficial el 27/2/2019 , mediante la cual informó al juzgado que la prestadora Pami no cumplió con la orden de ingreso de la paciente al Hogar Nuestra Señora de Lourdes, tal lo dispuesto el 28/5/2018 y reiterado el 3/10/2018, agregando que concurrieron al Instituto y la respuesta fue “que no encuentran la documentación presentada el 12/6/2018, y que sería necesario que inicie el trámite nuevamente” (conf. consulta a la Mesa de Entradas Virtual).
Considero que la conducta arbitraria y negligente de Pami -que no está ni podría estar amparada por la normativa vigente- coloca a la Sra. D. en una situación de absoluta vulneración de los derechos que le asisten como persona con padecimiento mental, agravado por su diagnóstico de insulino dependiente y el deterioro psicofísico que viene experimentando desde hace más de un año.
5. Es preciso tener en cuenta, que en el conflicto entre los derechos fundamentales a la salud y a la propiedad la Corte Nacional ha otorgado primacía axiológica y jurídica al primero (SAUX, Edgardo, “Conflicto entre derechos fundamentales”, en LL-2004-B-1071), debiendo justificarse la restricción pública o privada que se haga de él (LOVECE, Graciela, “El derecho civil constitucional a la salud. Circunstancias de cumplimiento”, en Lexis Nexis, JA, p. 73 y sgtes. del 22-1-2003; esta Sala en causas N° 152.922 RSI-592-12 del 7/12/2012; 165.227 RSI-114/18 del 13/4/2018; entre otras), ya que sin la prueba del desequilibrio sistémico, del desfasaje financiero, del daño irreparable, no se puede invocar legítimamente la violación a la libertad de contratar de la empresa prestadora (CSJN, “Peña de Márquez Iraola Jacoba María c. Asociación Civil Hospital Alemán”, sent. del 16-4-2002, en LL-2002-C-630).
La proclamación de derechos sin la provisión de garantías para hacerlos valer queda en el vacío (…) Por ello es preciso establecer las garantías que permitan reclamar el reconocimiento de los derechos, recuperarlos cuando han sido desconocidos, restablecerlos si fueron vulnerados y ponerlos en práctica cuando su ejercicio tropieza con obstáculos indebidos (cfr. voto razonado concurrente del Juez Sergio García Ramírez a la Opinión Consultiva OC-18/03, del 17 de Septiembre de 2003, en “Estudio de los estándares fijados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El acceso a la Justicia como garantía de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, OEA/Ser.L/V/II.129, Doc. 4, 7 septiembre 2007).
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.