Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 130042
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar competente para seguir interviniendo en estas actuaciones al Juzgado Civil y Comercial n°7 del Departamento Judicial de General San Martín.
C. 130.042 "Q. N. R. S/ DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD JURÍDICA. ASESORÍA 2 DR. PORTHE, CURADOR DR. COSTA, DEFENSOR DR. DAGORRET"
I.1. Se eleva a consideración de esta Corte el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Civil y Comercial n°7 del Departamento Judicial de General San Martín y el Juzgado de Familia n°2 del Departamento Judicial de Mercedes, en el marco del proceso de determinación de la capacidad de la señora R. N. Q.
I.2. Surge de las constancias de la causa que el presente proceso fue iniciado el 3 de julio de 1989, ante el Juzgado Civil y Comercial n°7 del Departamento Judicial de General San Martín, por la entonces titular de la Asesoría de Incapaces n°2 departamental con el objeto de restringir la capacidad de R. N. Q., quién padecía una patología de salud mental. Se advierte, asimismo, que la causante se encuentra alojada en el Hospital Nacional y Comunidad "Dr. Ramón Carrillo" (ex Colonia doctor Manuel Montes de Oca), sito en la localidad de Torres, partido de Luján, desde el 21 de diciembre de 1984 (v. "Observación" de 20-III-2025 y sus PDF adjs.).
Por su parte, el 2 de agosto de 1994, el titular del organismo dictó sentencia declarando la incapacidad de la causante -en los términos del Código Civil derogado- y le designó un curador, cargo que recayó en la Curaduría Oficial. Tal pronunciamiento ha sido revisado el 23 de octubre de 2012 y el 14 de abril de 2023 (v. "Observación" de 20-III-2025 y sus PDF adjs, "Interlocutoria registrable" de 23-X-2012, "Interlocutoria registrable" de 14-IV-2023).
I.3. Transcurridos treinta años desde su inicio, el día 17 de julio de 2019, el magistrado interviniente se declaró incompetente. Contra dicha resolución, el titular de la Asesoría de Incapaces interpuso recurso de apelación, que fue admitido por la Sala III de la Cámara de Apelación Civil y Comercial departamental revocando la declinación de competencia y disponiendo que el proceso continúe su tramitación ante ese órgano jurisdiccional (v. "Competencia-se resuelve" de 15-VII-2019, "Vista-contesta" de 16-VIII-2019 y "Sentencia definitiva" de 7-VIII-2020).
I.4. Tiempo después, ante el pedido de la Curaduría Oficial, el titular del juzgado resolvió -nuevamente- inhibirse de continuar interviniendo en autos. Para así decidir, entendió que la causante se encontraba internada en el Hospital Nacional y Comunidad "Dr. Ramón Carrillo" de la localidad de Torres, partido de Luján y que su residencia en el referido establecimiento se hallaba consolidada, por lo que debía intervenir el juez con competencia territorial en ese lugar. Sostuvo que de esa forma se garantizaban los principios de inmediatez, entrevista personal, debido proceso, acceso a la justicia, tutela judicial efectiva y defensa en juicio. Así, con apoyo en los arts. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 35, 36, 73 y 706 del Código Civil y Comercial, y con cita de antecedentes de este Tribunal y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, remitió la causa a la Receptoría General de Expediente de Mercedes (v. "Competencia-se resuelve" de 8-X-2024).
I.5. Recibidas las actuaciones por el Juzgado de Familia n°2 del Departamento Judicial de Mercedes que resultó desinsaculado (v. "Receptoría oficio de respuesta" de 11-XI-2024 y "Pase a" de 14-XI-2024), el magistrado a cargo rechazó la competencia endilgada. Para ello, entendió que el organismo que había prevenido venía interviniendo por más de 30 años y que la distancia entre aquél y el lugar de internación, no había sido obstáculo para que todos los operadores judiciales pudieran tomar contacto personal y directo con el causante en reiteradas oportunidades. De este modo entendió que debía primar el principio de la "perpetuatio jurisdictionis" por sobre el de inmediación y que este último concepto se reformulaba a partir de la utilización de los medios telemáticos en la administración de justicia. Citó antecedentes de este Tribunal y de la Corte Federal, y devolvió las actuaciones (v. "Competencia- se resuelve" de 29-XI-2024 y "Pase a" de 13-XII-2024).
I.6. Finalmente, el juez de General San Martín sostuvo sus argumentos y atento al conflicto negativo de competencia, elevó el expediente a este Tribunal (v. "Competencia-se resuelve" de 19-XII-2024 y "Pase a" de 23-XII-2024).
Tal el conflicto a dirimir (art. 161, inc. 2, Const. prov.).
II.1. Liminarmente, es dable señalar que por resolución de este Tribunal n°1.204/17 se estableció que las causas de familia que, con carácter residual, tramitan por ante los juzgados civiles y comerciales -como acontece en autos- a fin de garantizar un efectivo y pleno goce de los derechos reconocidos y al propio tiempo coadyuvar a asegurar una mejor administración de justicia, debían continuar tramitando en dichos juzgados hasta su finalización.
Sumado a lo expuesto, esta Corte ha tenido oportunidad de pronunciarse en causas similares, habiendo abordado la cuestión por primera vez en los expedientes C. 121.959, "H., J. A." y C. 121.111, "H., T." -ambas resols. de 25-X-2017- cuya doctrina ha sido seguida en forma ininterrumpida (causas C. 123.552, "C., G. A.", resol. de 16-X-2019; C. 123.824, "C., J. L. ", resol. de 4-III-2020; C. 124.727 "F., J. R.", resol. de 18-V-2021; C. 130.008, "R. M., A.", resol. 24-II-2025; e. o.).
En los antecedentes señalados se afirmó que no era admisible la sorpresiva declaración de incompetencia del órgano que había prevenido y tramitado la causa durante un prolongado lapso de tiempo si, más allá de la cita de los principios de inmediatez y economía procesal contenidos en el texto de la inhibitoria, no se apreciaba la concurrencia de algún acontecimiento que hubiera "producido una alteración de las condiciones imperantes con suficiente entidad como para justificar un traslado de la competencia" (Dictamen del Procurador Fiscal subrogante, en CS, "G., A. S. y otro s/ insania", 8-IX-2015, LL 6-X-2015, 9; Cita online: AR/JUR/29742/2015). Se valoró entonces que el causante continuaba internado en el mismo centro de salud desde hacía mucho tiempo y ello no había sido obstáculo para que los operadores judiciales concurrieran al hospital a fin de tomar contacto con el usuario del servicio de salud. En sentido similar ya se había expresado la Corte federal (G., A. S. y otro s/ insania", 8-IX-2015, cit.).
II.2. En la contienda traída a resolver, son plenamente aplicables los argumentos enunciados pues, en el supuesto que se considera, la causa ha sido iniciada en el año 1989 ante el órgano civil y comercial y la causante se encuentra alojada en el Hospital Nacional y Comunidad "Doctor Ramón Carrillo" ex Colonia Montes de Oca, sito en la localidad de Torres, partido de Luján, desde el año 1984 (v. "Observación" de 20-III-2025 y sus PDF adjs., y "Documentación-acompaña" de 5-VII-2024 y su PDF adj.). Además, en todo este tiempo, no ha sucedido ningún hecho que modifique la situación en que se encontraba la causante desde que comenzaron las actuaciones.
En efecto, la distancia existente entre el mentado nosocomio y el Juzgado de inicio es de aproximadamente 80 kms., mientras que la diferencia con el órgano de Mercedes es de 65 kms., no resultando una diferencia significativa que impida -a simple vista- garantizar el principio de inmediatez reglado por el art. 35 del Código Civil y Comercial de la Nación (causa C. 130.008, "R. M., A.", resol. 24-II-2025).
Por lo expuesto, corresponde declarar hábil para seguir actuando en esta causa al órgano que previno (conf. art. 1, Resol. 1.204/17 y causas C. 121.959, cit., C. 121.930, "B., O. A.", resol. de 29-XI-2017; C. 122.139, "J., M. L.", resol. de 20-XII-2017; C. 130.008, "R. M., A.", resol. 24-II-2025; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar competente para seguir interviniendo en estas actuaciones al Juzgado Civil y Comercial n°7 del Departamento Judicial de General San Martín.
Regístrese, hágase saber por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por los medios que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/04/2025 13:19:12 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/04/2025 10:08:29 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/04/2025 11:36:37 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/04/2025 16:18:00 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/04/2025 14:27:28 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 16/04/2025 13:12:24 hs. bajo el número RR-256-2025 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia