Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 64431
Causa nº: 2-64431-2019
"N., D. O. S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 2 - TANDIL
Sentencia Registro nº: 137 Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los ocho días del mes de octubre del año Dos Mil Diecinueve, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores María Inés Longobardi, Víctor Mario Peralta Reyes y Jorge Mario Galdós, para dictar sentencia en los autos caratulados: "N., D. O. s/ Determinación de la capacidad jurídica” (Causa Nº 64.431), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dr. Peralta Reyes – Dr. Galdós- Dra. Longobardi.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ª.- ¿Es justa la sentencia definitiva de fs. 172/180 vta.?
2ª.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Señor Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
I. La Sra. Jueza de Familia de Tandil, dictó sentencia con fecha 28 de mayo de 2018, declarando la incapacidad de D. O. N. para la realización de todo acto jurídico, y designando como su curador al Curador Oficial, quien deberá requerir autorización judicial sólo para los actos de disposición, debiendo rendir cuentas cada seis meses, y garantizar por sí, o a través de terceros, la atención médica que requiere el padecimiento del Sr. N., y el/los tratamientos que se dispongan a tal fin. Mantuvo la inhibición general de bienes ya ordenada; dispuso la realización de una nueva pericia en el plazo de tres años de quedar firme la sentencia, e impuso las costas al causante en cuyo beneficio se ha instado el proceso (fs. 172/180 vta.)
Frente a esa decisión, el Asesor de Incapaces plantea recurso de apelación, fundándolo por escrito electrónico impreso a fs. 183/185 vta. Se agravia allí el mencionado de la valoración de la prueba efectuada por el a quo, considerando que acorde los antecedentes de autos, el Sr. N. debió declararse persona con capacidades restringidas, por lo que solicita que se revoque el decisorio, determinándose los actos jurídicos alcanzados por esa limitación. Esgrime que el decisorio no concuerda con los parámetros que emanan del art. 32 CCCN en materia de restricción de capacidad y declaración de incapacidad; argumentando que acorde ese precepto, la incapacidad es un supuesto de excepción que se funda en la valoración objetiva de la “situación” de la persona (no en un diagnóstico, o la pertenencia a un determinado grupo social), que requiere la absoluta imposibilidad de interacción y/o comunicación por cualquier medio, modo o formato. Sostiene que se trata de aquella persona carente de conciencia de sí, de su entorno; carente de toda posibilidad de comunicación, lo que determina la insuficiencia de las medidas de apoyo, siendo entonces necesaria la intervención de un curador que ejerza una representación pura.
Señala una serie de indicios provenientes de las constancias de autos, demostrativos, a su juicio, de la ausencia de incapacidad absoluta en el causante. Destaca así que el mencionado firmó cédulas de notificación (fs. 67, 95, 112 y 154 cf. foliatura originaria); que en el informe interdisciplinario de fs. 105/109 se expresó que el mencionado se encuentra orientado en espacio y persona, con ciertas fallas en el tiempo, y que es autosuficiente para vestirse, higienizarse e ingerir alimentos, aunque requiere de una red de apoyo y salvaguarda. Destaca fragmentos del mencionado informe en que se dejó constancia de manifestaciones del Sr. N., lo que da cuenta de que efectivamente se comunica. En esa línea, agrega que del informe del equipo interdisciplinario de la Comisaría de la Mujer y Familia de Tandil, se dejó constancia de que si bien le constaba pronunciar palabras, el causante “entiende todo lo que se le explica y comenta, manifestando constantemente acuerdo a lo que su mamá refiere”. Asimismo advierte que de la presentación agregada por la Sra. Defensora Oficial, Dra. Liliana Castell (fs. 132) surge que el causante y su madre (ambos), le expusieron sus requerimientos. Por otra parte, pone de relieve que del informe de la Lic. Julia Méndez de la Defensoría General Departamental (fs. 162/164), también surgen múltiples manifestaciones efectuadas por el propio causante, y que el médico del Sr. N., el Dr. Modaffari, refiere que el mencionado se encuentra estable, pudiendo ingresar a actividades de Centro de Día, lo que realiza dos veces por semana desde octubre de 2017.
De allí que el Asesor de Incapaces peticiona que se revoque la restricción absoluta de la capacidad, especificándose los actos que requieran asistencia, y reemplazándose la designación del curador por los apoyos que estime corresponder.
II. Arribados los autos a esta Alzada, se fijó audiencia para tomar contacto personal con el Sr. D. O. N. (fs. 199), dándose cumplimiento así al art. 8 inc. 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto San José de Costa Rica); arts. 1 y 13 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, las "100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad", el art. 35 del CCCN y el art. 627 del CPCC. En la aludida audiencia, que a pedido del causante fue realizada por videoconferencia, se encontraron también presentes el Secretario de la Asesoría de Incapaces n° 3 de Tandil, Dr. Matías Girordo, y la psicóloga de la Asesoría Pericial Departamental, Lic. Victoria M. Pérez Bitonte, a quien se encomendó la confección de un informe pormenorizado de lo observado en el acto (ver fs. 209 y vta.).
A fs. 210/211 la referida perito psicóloga presenta su informe, dejando constancia de que el Sr. N. “se presenta a la evaluación con una actitud defendida y reticente”; “si bien se ajusta al encuadre y responde a las preguntas que se le formulan, en líneas generales, se lo muestra renuente a explayarse frente a aquellos interrogantes que se evalúa que vivencia de forma conflictiva. En algunas oportunidades, incluso, al ser repreguntado, modifica rápidamente sus respuestas, lo que da cuenta de un funcionamiento psíquico en el que prevalece la labilidad.” Da cuenta de que el causante se encuentra “ubicado temporoespacialmente y sin alteraciones sensoperceptivas objetivables”; que “refiere padecer alteraciones del sueño, para lo cual recibe medicación”, y “comenta que asiste a éste espacio con una frecuencia quincenal”; y que “si bien posee conciencia parcial de situación, se evalúa ausencia de conciencia de enfermedad”; que hace referencia a su internación en una institución de “salud mental”, expresando que “me llevó mi hermana, porque tenía problemas para dormir, nada más”.
En ese marco, la Lic. Bitonte expresa que el discurso del Sr. N. “resulta espontáneo, sin que se adviertan indicadores francos de ocultamiento, sino que sus relatos resultan acordes a sus características de personalidad.” Agrega que el Sr. N. expresa haber realizado tratamiento psicológico durante el transcurso del año 2015, por “vacíos momentáneos, nada raro”, y advierte una “modalidad discursiva ligada a la suspicacia, que resulta acorde a su funcionamiento psíquico”. Finalmente, la Licenciada da cuenta de que el entrevistado “refiere realizar actividades en su lugar de residencia, en líneas generales ligadas a la pintura o a la restauración de objetos con fines de uso personal”, y que “expresa que se maneja de forma independiente en la resolución de actividades cotidianas”, como higiene y cuidado personal básico; afirmando desplazarse y manejar de forma autónoma su dinero.
Así es que a partir de la audiencia y las constancias de autos, la experta concluye que se está frente a “una estructuración psicótica de la personalidad, en la que prevalece la suspicacia, la susceptibilidad y desconfianza respecto del mundo externo”; advirtiendo en el evaluado “proyección como mecanismo defensivo prevalente, con escasos recursos simbólicos que le permitan implicarse subjetivamente en aquello que vivencia como intolerable y/o conflictivo”, y evidenciando “aislamiento en lo que respecta a los vínculos en general”. Finalmente, si bien la perito advierte que al momento de la entrevista el Sr. N. se encuentra estable, no descarta eventuales descompensaciones, por lo que sugiere continuidad del tratamiento psiquiátrico instaurado, bajo estricto control y seguimiento.
Corrido traslado del aludido informe (fs. 212) sin que las partes lo contesten, se resuelve a fs. 214 que la cuestión de autos resulta definitiva, por lo que debe resolverse con la formalidad del acuerdo. Encontrándose firme ese despacho (fs. 214 vta.), y habiéndose practicado el sorteo de ley (fs. 215), los autos se encuentran en condiciones de ser resueltos.
III. 1. Anticipo opinión en el sentido de que el recurso deducido por el Asesor de Incapaces es procedente, pues no advierto que se reúnan los recaudos jurídicos exigibles para la declaración de incapacidad efectuada en autos.
A esos fines, recuerdo que para requerir la determinación de capacidad del Sr. N. (fs. 18/24), el Asesor de Incapaces expresó que el mencionado padece una adicción o una alteración mental permanente, que le impide gobernarse autónomamente y procurar su integridad personal. Puso de relieve dos causas en trámite ante el a quo (“N., D. O. s/ Diligencia Preliminar” –causa n° 9557-; y “N., Silvina Mariel c/ N. D. O. s/ Violencia familiar” -causa n° 14.999-), y se sustentó en la solicitud efectuada ante esa Asesoría por la hermana del causante, Silvina Mariel N., conforme acta del 07/04/16 (fs. 2/4). De la aludida acta –transcripta por el Asesor de Incapaces- surge que la mencionada denunció que el causante, de 51 años a ese momento, presenta diagnóstico psiquiátrico de “Esquizofrenia Paranoide. Trastorno mental no especificado debido a lesión y disfunción cerebral” desde los ocho años; antecedentes de internación en Salud Mental; que cuando era chico estuvo en tratamiento psiquiátrico durante siete años; que su médico psiquiatra es el Dr. Martín Modaffari; posee Certificado Único de Discapacidad y un subsidio por discapacidad otorgado por la ANSeS que, según se manifestó en el acta, es percibido por la declarante y utilizado para los gastos del hogar e insumos del causante; que no tiene bienes inmuebles ni muebles registrables a su nombre (lo cual no condice con la constancia de fs. 57, de la que resulta que el causante posee el 25% indiviso de un inmueble); que el grupo familiar del Sr. N. está compuesto por su madre, N. B. M, y su hermana declarante; que no posee productos bancarios ni negocios o comercios, ni participa en sociedades; no posee sepulcros, bonos de ningún tipo, ni es usufructuario de bien inmueble ni ha sido declarado heredero o legatario en sucesión alguna, ni posee deuda ni créditos en su favor, ni ha adquirido por boleto ningún inmueble, y posee vocación hereditaria respecto de la vivienda familiar de sus padres.
A fs. 9, se acompañó certificado médico expedido el 06/04/16 por el psiquiatra particular del causante, el Dr. Juan Martín Modaffari, en el que consta que el causante se encuentra en tratamiento por psicosis crónica de tipo esquizofrénica, de fuente orgánico cerebral, y padece ruptura del lazo psico-socio-laboral y familiar.
A fs. 99/103 obra el informe interdisciplinario realizado por el Equipo Técnico del Juzgado de origen, en el que se concluye que “El Sr. N. Daniel padece una psicosis, no especificada. Reside en hogar geriátrico donde también está alojada su madre. Su hermana Silvina N., es el único referente afectivo, que funciona como sistema de apoyo y salvaguarda observando en la fecha dificultades en el ejercicio del rol, dado su estado emocional” (fs. 103).
Por otra parte, en punto a la impresión personal (art. 35 CCCN) que me provocó el Sr. D. O. N. en la entrevista llevada a cabo por videoconferencia el 24 de junio de 2019 (ver acta de fs. 209 y vta.), me interesa destacar que más allá de las características actitudinales y de funcionamiento psíquico luego descriptas por la perito psicóloga en su informe de la audiencia (informe de fs. 210/211), advertí –al igual que lo refiere en su informe la experta- que durante la entrevista el Sr. N. se mantuvo ubicado temporoespacialmente y sin alteraciones sensoperceptivas manifiestas; pudo comunicar por sí mismo fragmentos de su historia vital con aceptable coherencia y espontaneidad; y describir con mediana lógica y verosimilitud aspectos de su realidad actual.
2. En el marco de lo anterior, destaco que, como lo ha señalado el Superior Tribunal provincial, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD, aprobada el 13/12/06, y ratificada por Argentina por Ley 26.378), “ha venido a poner en evidencia un nuevo paradigma respecto a las personas con discapacidad, basado en la promoción y protección de su autonomía y dignidad (arts. 1, 3 inc. a. y 4, CDPD). Así, la discapacidad se aprecia hoy como un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás, por lo que aparece como necesario promover y proteger los derechos humanos de todas las personas con discapacidad ...En dicho marco, el art. 12 establece que los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica, en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida, debiéndose adoptar las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de dicha capacidad jurídica... Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y la preferencia de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de la autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas…" (SCBA, causa n° C. 117.244, del 9/10/2013; C. 116.954, del 8/7/14, entre otras).
La Ley Nacional de Salud Mental (Ley 26.657), estableció que "se reconoce a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. Se debe partir de la presunción de capacidad de todas las personas…" (art. 3). El art. 7, enumera una serie de derechos del cual gozan las personas con padecimiento mental, entre los cuales se destaca "el derecho a que el padecimiento mental no sea considerado un estado inmodificable" (inc. n).
En referencia a la aludida ley de salud mental, el Superior Tribunal bonaerense dijo que “la norma vigente parte de la presunción de capacidad de la persona para determinar que la incapacidad sólo lo es con relación a determinados actos jurídicos, aquellos respecto de los cuales no puede manejarse por su cuenta y en ese sentido, la ley 26.657 expresamente en su art. 1 determina: ‘La presente ley tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional….”. Además observó que resulta necesaria la publicidad de la sentencia mediante la inscripción en el registro pertinente de los actos cuyo ejercicio se encuentra restringido, y, como salvaguarda, la inscripción de la sentencia en el Registro del Estado y Capacidad de las Personas (haciendo saber quién ejerce el apoyo, sus funciones y los alcances del mismo); Y, por otro lado, que se establezca un plazo de tres años para la revisión de la sentencia”. (SCBA, C. 115.091, “D. E. J. s/Insania y curatela”, del 3/04/2014; ver asimismo: C. 115.346, “Z., A. M. s/ Insania”, del 7/5/2014).
En ese marco normativo, al que se agregan otros antecedentes internacionales y de la legislación local de las provincias, cuya cita excede el objeto de la presente (al respecto, ver Código Civil y Comercial Comentado, Dir. Jorge H. Alterini; La Ley, Bs. As., 2015, T. I dirigido por José W. Tobías; págs. 250 y ss.), se aprobó por Ley 26.994 el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que se hizo eco de los principios y reglas que venían pregonándose por la legislación internacional, nacional y provincial, así como por la doctrina y jurisprudencia, dando un salto cualitativo al ritmo de la evolución del pensamiento jurídico humanista en la materia. Así, en su artículo 31 enumera seis “principios comunes” a las restricciones a la capacidad, manteniendo la regla de la capacidad genérica o presunción de capacidad de ejercicio que ya contenía el derogado Código Civil (inc. a), pero agregando que la capacidad se presume aún cuando la persona esté internada, y que las limitaciones a la capacidad de ejercicio son de carácter excepcional y se imponen siempre en beneficio de la persona (inc. b). Añade garantías judiciales, como el carácter interdisciplinario de toda intervención estatal consagrado -inc. c-, y el derecho a participar en el proceso con asistencia letrada, en su caso proporcionada por el Estado previsto en el inc. d. Asimismo, recepta derecho sustanciales como el derecho a la información a través de medios y tecnologías adecuados, y la regla fundamental de que “deben priorizarse las alternativas terapéuticas menos restrictivas de los derechos y libertades” (inc. f; el resaltado es propio) consagrando así, el derecho a una alternativa terapéutica digna (cf. José W. Tobías, en Código Civil y Comercial Comentado, Dir. Jorge H. Alterini, ob. cit., T. I; págs. 259 y ss.).
Por su parte, el art. 32, que abandona el sistema binario del Código de Vélez entre la capacidad plena y la interdicción o incapacidad absoluta (sistema moderado luego por el instituto de la inhabilitación, introducido por la Ley 17.711), “recoge los reiterados reclamos de la doctrina argentina tendientes a implementar un sistema graduable y flexible que ampliara el margen de decisión judicial, a modo de permitir adecuar la restricción de la capacidad a las circunstancias personales de las persona, resguardando en el mayor grado posible su esfera de autonomía” (José W. Tobías, en Código Civil y Comercial Comentado, Dir Gral. Jorge H. Alterini, ob. cit., T. 1, pág. 266). En esa línea, deslinda con claridad los dos supuestos (que poseen distintas causales y efectos) de limitación a la capacidad de ejercicio (la restricción a la capacidad y la declaración de incapacidad), estableciendo que “el juez puede restringir la capacidad para determinados actos de una persona mayor de trece años que padece una adicción o una alteración mental permanente o prolongada, de suficiente gravedad, siempre que estime que del ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a su persona o a sus bienes. En relación con dichos actos, el juez debe designar el o los apoyos necesarios que prevé el artículo 43, especificando las funciones con los ajustes razonables en función de las necesidades y circunstancias de la persona. El o los apoyos designados deben promover la autonomía y favorecer las decisiones que respondan a las preferencias de la persona protegida. Por excepción, cuando la persona se encuentre absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato
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