Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 56567
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la resolución apelada en todo cuanto ha sido materia de agravio.
Sin costas, atento el carácter de la resolución (art. 68 2° p. CPCC).
Causa Nº F3-56567 R.S. 163/2020
Con fecha 14 de Julio de 2020, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "B. E. S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA ”, Causa Nº F3-56567 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-JORDA , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
1. La Sra. Juez Titular del Juzgado de Familia nro. 3 Departamental con fecha 9 de mayo de 2019, decidió rechazar el pedido de la Curaduría Oficial, disponiendo que se mantenga en la función de apoyo de la causante para la cual fuera designada oportunamente.
Contra tal forma de decidir se alzó la Sra. Curadora Oficial, interponiendo recurso de apelación, el cual fue concedido en relación y se tuvo por fundado con la presentación de fecha 16 de Septiembre de 2019, replicada por el Asesor de Incapaces con su presentación del 12 de Febrero del corriente año. .
En esencia, la apelante sostiene que, en el caso, es posible -de acuerdo con los recursos económicos de la Sra. B. - disponer la intervención de un abogado de la matrícula.
A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse, en homenaje a la brevedad.
Llegado el expediente a la Sala con fecha 14 de Mayo de 2020, se llamó "AUTOS" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
2. Circunscripta así la cuestión, y en orden a dar respuesta a los agravios traídos, cabe focalizarnos en el planteo que motivó el auto apelado.
Así vemos que con fecha 30 de Enero de 2019, la Sra. Curadora Oficial (designada como apoyo, en los términos que de allí surgen, en la sentencia dictada el 10 de julio de 2018), formuló un planteo en el cual sostenía que, atento el monto de los ingresos de la Sra. B. y el hecho de encontrarse la misma internada, existía un remanente de dinero, señalando que no se daba el supuesto del art. 622 del CPCC, peticionando la designación de un letrado de la matrícula para que siga interviniendo en su lugar.
El Asesor de Incapaces, en su dictamen del 3 de Abril de 2019 manifestó su postura contraria a tal petición; mientras que la Defensa Oficial, con fecha 26 de Abril de 2019 adhirió al pedido de la Curaduría.
Llegado este punto, es necesario recordar -como se lo hace en el fallo apelado- que el art. 87 de la ley 12.061 prescribe la intervención de la Curaduría General en los supuestos contemplados por el artículo 622 del Código Procesal, cuando un insano carezca de familiares o estos se hubieran excusado con causa suficiente o no existan personas habilitadas para asumir su representación.
Por lo demás, el art. 622 del CPCC habla de la intervención de la curaduría, cuando el presunto insano careciere de bienes o éstos sólo alcanzaren para la subsistencia.
Lo propio hace la Resolución 127/06 de la Procuración General.
Pues bien, aquí la discusión ha girado en rededor de la suficiencia, o no, de los ingresos de la Sra. B..
El argumento del recurso es que su ingreso de algo mas de siete mil pesos (al momento de la fundamentación, poco mas de diez mil) sería suficiente para proveer a su subsistencia, alegando que una prueba de ello ha sido el remanente que se fue acumulando.
Abordando el tema, debo ahora señalar que la cuestión no puede observarse sino desde una atalaya convencional y a través del lente de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Especialmente los derechos a un nivel de vida adecuado (art. 28), que incluso nos hablan de la asistencia estatal para sufragar gastos vinculados con su situación de discapacidad (art. 2 inc. c) y los deberes estatales contemplados en el art. 12.3 (vinculados con el ejercicio de la capacidad jurídica).
Por cierto, y como lo hemos señalado en otros casos, al tiempo de definirse cualquier cuestión relativa a los temas en análisis, el interés prevaleciente debe ser el de la persona en cuyo beneficio de lleva adelante el procedimiento (esta Sala en causa nro. 53.850 R.S. 611/06).
En este contexto, tengo para mi -al igual que lo ha concluido la Sra. Juez de Grado y lo ha sostenido el Sr. Asesor de Incapaces- que si fuera menester disponer la intervención de un abogado particular, para cumplir el rol que hasta el momento viene desempeñando la Curaduría, el (magro) remanente que ha ido quedando a la Sra. B. de manera mensual, o la suma que se ha ido acumulando, se vería necesariamente afectada por tal circunstancia, debiendo detraerla frente a otras eventualidades que podrían suceder.
Aclaro que ni la suma denunciada inicialmente, ni la señalada con posterioridad (al fundar el recurso) oscilantes entre los 7 y los 10 mil pesos en el curso del año pasado (2019), son indicio de pudiencia o suficiencia económica, sino mas bien todo lo contrario.
Reflexiono, en este sentido, que si por razón de su situación de salud, la persona en cuyo beneficio de lleva adelante el proceso debiera utilizar, siquiera parcialmente, sus escasos ingresos, ello para nada se ajustaría a las antedichas pautas convencionales.
Y ni siquiera el hecho de que, mes a mes, hubiera podido quedar un remanente modifica esta conclusión, teniendo en cuenta que -de disponerse la intervención de un letrado particular- necesariamente habrá de ser retribuído, sin perder de vista las pautas arancelarias del art. 9 ap. I de la ley 14.967 (incluso las mínimas).
Coincido, entonces, con el temperamento que subyace al auto apelado y, desde mi punto de vista, no están dadas las condiciones para que se modifique lo otrora decidido en cuanto a la intervención, en autos, de la Curaduría.
3. Sobre este piso de marcha, y por tales razones, entiendo que la resolución apelada se ajusta a derecho, por lo que habré de proponer su confirmación, sin costas de Alzada atento el carácter de la resolución (art. 68 2° p. CPCC).
Lo dicho me lleva a votar en la cuestión propuesta por
LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor JORDA , por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Dr. Gallo.-
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE CONFIRMA la resolución apelada en todo cuanto ha sido materia de agravio.
Sin costas, atento el carácter de la resolución (art. 68 2° p. CPCC).
REGISTRESE. REMITASE encomendándose a la Instancia de Origen las pertinentes notificaciones.
Firmas
Funcionario Firmante: 14/07/2020 09:57:00 - JORDÁ Roberto Camilo ([email protected]) -
Funcionario Firmante: 14/07/2020 09:57:12 - GALLO José Luis ([email protected]) -
Funcionario Firmante: 14/07/2020 09:57:29 - QUADRI Gabriel Hernan ([email protected]) -
Fin de la sentencia